POLITICA
Crece la preocupación por la ludopatía digital en jóvenes porteños

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue sede del lanzamiento de un ciclo de talleres que apunta a prevenir y visibilizar los consumos digitales problemáticos asociados a las apuestas online, una problemática que se expande con fuerza entre adolescentes y jóvenes.
El encuentro, realizado en el Salón Montevideo, incluyó un conversatorio con estudiantes del último año del Instituto María Auxiliadora y se enmarca en el cumplimiento de la Ley N.º 6330, que establece acciones concretas en materia de prevención del juego patológico y su asistencia.
Impulsado por el Consejo de la Magistratura en conjunto con la Lotería de la Ciudad (LOTBA), el ciclo de talleres busca generar un abordaje integral de una situación que, lejos de ser un fenómeno aislado, ya constituye una emergencia silenciosa en muchos hogares y escuelas.
El acto contó con la presencia de funcionarios legislativos y judiciales, entre ellos el vicepresidente segundo del Consejo, Manuel Izura, quien remarcó la importancia de ofrecer herramientas concretas a los jóvenes:
“Queremos acercarles conocimientos para que puedan decidir libremente, sabiendo que cada conducta tiene consecuencias que impactan en su entorno. Esta es una problemática que crece día a día y que requiere reflexión profunda como sociedad.”
En la misma línea, Alicia Caruso, directora de Justicia y Educación del Consejo, advirtió:
“La escuela no puede estar sola frente a esta situación. Necesita el acompañamiento de otras instituciones para prevenir y combatir esta adicción digital que ya está muy extendida.”
El juego online, una adicción en aumento entre adolescentes
El auge de las plataformas de apuestas digitales —muchas veces sin controles eficaces ni barreras de acceso para menores de edad— ha encendido alarmas en escuelas, centros de salud y organismos públicos, frente al aumento de casos de ludopatía digital temprana. Desde el Consejo y LOTBA señalan que el fenómeno se está tornando cada vez más difícil de contener, especialmente por la accesibilidad de los juegos online y su normalización social.
Durante el conversatorio, participaron especialistas en prevención de adicciones digitales, quienes dialogaron con los estudiantes sobre los riesgos del juego compulsivo, los mecanismos de manipulación detrás de las plataformas y la necesidad de construir estrategias de autocuidado.
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Milei, sobre la campaña de espionaje ruso: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos”

Javier Milei aseguró este viernes que va a “llegar hasta las últimas consecuencias” para “identificar a todos” los actores involucrados en una campaña de espionaje ruso para desacreditar a su Gobierno. La red ilegal fue destapada por un consorcio de periodistas que reveló que el Kremlin financió más de 250 artículos publicados en medios locales.
“Los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande”, escribió en su cuenta de la red social X.
La campaña, revelada en las últimas horas, ocurrió durante 2024 por un grupo de espionaje ruso conocido como “La Compañía”, y consistió en un serie de maniobras de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar a Milei y su gestión con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo y apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.
Luego de que la campaña se diera a conocer, Milei usó sus redes sociales para desacreditar al periodismo involucrado. “El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los ‘periodistas” y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!“, publicó.
Según el material al que accedió el consorcio de periodistas, la campaña de desacreditación incluyó la realización de encuestas, reuniones y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes políticos y “entrevistas con expertos”, incluyendo “políticos (peronistas), politólogos de la oposición y economistas”.
Los trabajos de “La Compañía” en la Argentina también abarcaron análisis de la situación militar-industrial argentina y de los recursos petrolíferos en la Antártida, una campaña para promover proyectos de ley contra la adhesión de la Argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania y un plan para apoyar a los candidatos de la oposición en las elecciones legislativas que se desarrollaron durante 2025.
La filtración abarca un total de 76 documentos sensibles a los que accedieron el medio africano The Continent, que lo compartió con un consorcio de medios de investigación que incluye a openDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además de Filtraleaks, que lidera el periodista argentino Santiago O’Donnell.
“La Compañía” es una continuación del Grupo Wagner, el brazo paramilitar de Yevgeny Prigozhin. De acuerdo con lo publicado, tras su muerte en 2023, la estructura quedó bajo el control de la inteligencia militar (GRU), mientras que sus operaciones de información y desinformación en el extranjero fueron puestas bajo el control del Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR), liderado por Sergei Naryshkin, un alfil de máxima confianza de Vladimir Putin.
El SVR no es ajeno a la Argentina. Esta agencia coordinó el despliegue de los espías “ilegales” Artem Dultsev y Anna Dultseva, quienes vivieron una década en el barrio de Belgrano bajo las identidades de Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muños. Según revelaron los propios agentes tras ser canjeados en 2024, su plan a largo plazo incluía que sus dos hijos, nacidos en Buenos Aires, continuaran con la profesión de espías aprovechando la “leyenda” de su nacionalidad argentina.
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En vísperas de la llegada de José Kast, buscan a un exguerrillero chileno que está refugiado en el país hace quince años

En vísperas de la llegada a la Argentina del presidente chileno José Antonio Kast, la policía busca al exguerrillero Galvarino Sergio Apablaza Guerra, quien estaba refugiado aquí desde hace quince años, para extraditarlo al país trasandino, donde lo buscan por el crimen del senador derechista Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.
Galvarino Sergio Apablaza Guerra vivía en Moreno con su familia, donde lo fue a buscar Interpol a comienzos de esta semana. Los efectivos allanaron su casa, pero no lo encontraron.
La orden de captura de Apablaza Guerra fue firmada por la jueza María Servini, que subroga al juez federal Ariel Lijo, a cargo interinamente del juzgado federal 11, actualmente vacante por la muerte de Claudio Bonadio.
Servini escribió en su orden de detención que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad le informó que la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el lunes pasado, 31 de marzo, le denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por la Defensoría Pública Coadyuvante de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección de Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación.
Por eso es que “ante la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, resulta inminente su entrega a las autoridades policiales de Interpol Chile, con el objeto de materializarse su traslado” hacia el país vecino.
Así ordenó detener a Galvarino Sergio Apablaza Guerra y allanó su casa de Aime Schiffely 1653, de Moreno, sin hallarlo. La policía, dijeron fuentes policiales a , estaba haciendo operativos durante el fin de semana de Pascua para encontrarlo.
Días antes, los policías de Interpol, de civil, ya habían estado siguiendo los pasos de la mujer y de los hijos de Galvario Apablaza Guerra, en lo que su abogado Rodolfo Yanzón denunció como “una maniobra de hostigamiento”.
“Es que [Javier] Milei quiere hacerle un regalo a Kast cuando llegue el lunes al país, es una persecución porque su condición de refugiado aún está judicializada”, dijo Yanzón a .
En las últimas horas, el ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, ofreció “la suma de veinte millones de pesos, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura” de Apablaza Guerra.
Apablaza Guerra perteneció al izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMN), nacido del Partido Comunista de Chile y que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
De 75 años, el exguerrillero llegó a la Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 ante un pedido formal de Chile, se encuentra en libertad desde 2005.
La Corte Suprema de Justicia llevó adelante el juicio de extradición y lo concedió, pero el Gobierno argentino no lo ejecutó y le concedió en 2005 el estatus de refugiado político, al entender que si lo extraditaban iba a encarcelarlo sin someterlo a un juicio justo.
Cristina Kirchner fue quien sostuvo su estatus de refugiado, pero fue revocado en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri.
Con el auxilio de su abogado Yanzón, Apablaza Guerra judicializó esa medida administrativa para intentar mantener el estatus que le permitía seguir en libertad.
Y ahora esa causa está en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, donde fue rechazado el recurso extraordinario planteado.
Por eso es que Yanzon entiende que puede llegar a la Corte mediante una queja por lo que sigue abierta la vía judicial para discutir el estatus de refugiado. Argumenta que no se puede ejecutar la extradición, ya que ese caso fue cerrado con el pedido de refugio.
Según explicó el abogado, la causa por el pedido de extradición, iniciada en 2010, es un procedimiento paralelo y que esa solicitud se cerró tras el otorgamiento del asilo. Cree el abogado que, en todo caso, Chile debería pedir la extradición nuevamente.
Kast es del mismo signo político que Milei. Se replican situaciones cuando Mauricio Macri, en sintonía con el entonces presidente de Chile Sebastián Piñera, le revocó el estatus de refugiado.
En su último viaje a la Argentina, Kast se reunió con Milei y le pidió que Apablaza sea juzgado en Chile.
El crimen por el que Apablaza es acusado de ser el autor intelectual es el del senador Jaime Guzmán, que es el mentor y referente de Kast.
Guzmán fundó la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI) y fue el ideólogo de la Constitución de 1980, instaurada durante la dictadura.
Guzmán, de 44 años, murió de un disparo el 1 de abril de 1991, ya en democracia.
Galvarino Sergio Apablaza Guerra,pic.twitter.com/KqlrJOEHv2,April 3, 2026,Hernán Cappiello,Conforme a
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Manuel Adorni inicia su estrategia judicial: ya contrató a un estudio de abogados para defenderse en Comodoro Py

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató al abogado penalista Matías Ledesma para comenzar a elaborar su estrategia judicial para defenderse en las dos causas más inmediatas que tiene en Comodoro Py, una por presunto enriquecimiento ilícito y otra que averigua las circunstancias de su viaje a Punta del Este realizado el pasado mes de febrero.
La información fue confirmada desde el entorno del ministro coordinador a Infobae, desde donde no dan pistas de cuál pudo ser la vía de recomendación de esa defensa.
La contratación se materializó en los últimos días y forma parte de un pedido que venían haciendo desde varias partes del Gobierno para que el otrora vocero presidencial comenzara a alinear una estrategia clara respecto a su situación mediática-judicial. Ledesma forma parte del estudio Guillermo Ledesma Abogados, creado por el juez del mismo nombre que integró el tribunal del Juicio a las Juntas.
Uno de los primeros en sugerir públicamente que Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito. Aun así, también dejó una recomendación para el funcionario nacional: pese definirlo como un “enorme expositor, brillante”, le sugirió que lo mejor es delegar la defensa.
“Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, había dicho en un reportaje radial.

Las dos causas más importantes que involucran al jefe de Gabinete están bajo el paraguas del juez federal Ariel Lijo. Una investiga si hubo algún delito detrás del viaje familiar que realizó a Punta del Este y en el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio, quien según los primeros testimonios de la causa fue quien pagó ante la empresa de vuelos privados. En paralelo se gestó otra causa sobre el patrimonio de Adorni bajo el encuadre de presunto enriquecimiento ilícito.
Hay una tercera causa por el viaje de Adorni con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York que está a cargo del juez Daniel Rafecas y delegada en la fiscal Alejandra Mangano. Aun así, en el entorno del ministro coordinador marcan que no hay un riesgo latente al respecto de la misma.
Como última novedad en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte de Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegado la causa.
La decisión se tomó luego de conocerse el valor por el cual se escrituró el bien, 230 mil dólares y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. La escribana deberá presentarse el 8 de abril. El valor y la existencia de ese crédito privado consta en los documentos legales del departamento y por eso el fiscal convocó a la profesional que intervino, Adriana Mónica Nechevenko.
Se trata de la primera testigo llamada en esta investigación, el cual se encuadra como una de las 12 medidas de prueba ordenadas para esclarecer el origen de los fondos con el que se financiaron tanto la compra de la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, como de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito.
El derrotero mediático del ministro coordinador comenzó el domingo 8 de marzo cuando se conoció que Adorni estaba en Nueva York junto a su esposa en el marco del viaje oficial que había hecho por la realización del Argentina Week. Días después, versiones periodísticas dieron cuenta de un viaje por vacaciones que había hecho a Uruguay en un avión privado, lo cual fue el disparador de las revisiones sobre su estado patrimonial. En las semanas posteriores se conocieron los nuevos domicilios de la familia Adorni que fueron adquiridos con posterioridad a la publicación de su única declaración jurada desde que es funcionario, conocida en 2024.
En ese transcurso, Adorni mantuvo algunas entrevistas televisivas que a los ojos de mismos funcionarios del Gobierno no fueron satisfactorias para terminar de saldar estos asuntos ante la opinión pública. En paralelo, la Justicia avanzó con celeridad y las revelaciones periodísticas generaron material con mayor rapidez que la estrategia comunicacional del Gobierno. Fue por ese motivo que el jefe de Gabinete tuvo que desistir de hacer una conferencia de prensa el miércoles de esta semana.
En el entorno presidencial coincidieron con Adorni en que debía mejorar su estrategia judicial y mediática para no perjudicar su perspectiva de defensa en tribunales y, al mismo tiempo, la imagen del Gobierno.
Ledesma es socio del estudio de su padre Guillermo Ledesma desde 2003, según informa él mismo en su perfil de LinkedIn. También fue director de Investigación y consultor en el marco del convenio realizado entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Como uno de los siguientes pasos de la investigación, fuentes judiciales indican que Pollicita está buscando pruebas de un viaje que el jefe de Gabinete habría hecho al Caribe, presuntamente a Aruba, a finales de 2024. Los movimientos migratorios de Adorni durante este período, según la documentación oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, registra un vuelo de ida a Perú y otro de regreso desde Ecuador en fechas coincidentes con las supuestas vacaciones.
Dado que el fiscal está en la primera etapa de recolección de la evidencia documental, en la defensa de Adorni trabajarían para lo que pueda llegar a ser el primer llamado a indagatoria. El cual no tiene fecha prevista. Asimismo, Adorni tiene que prepararse para comparecer ante el Congreso el próximo 29 de abril con 4.800 preguntas por responder.
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