Al filo del cierre de las sesiones extraordinarias y luego de conseguir la sanción de la baja la edad de imputabilidad penal a los 14 años, el oficialismo busca convertir en ley la controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El Gobierno apuesta a repetir el resultado que obtuvo cuando el proyecto se trató por primera vez en la Cámara alta. Aquella vez, el 12 de febrero pasado, la iniciativa fue aprobada por 42 votos a favor y 30 en contra.

Si lo logra, el oficialismo podrá ofrendarle a Milei su ansiada ley para poder exhibirla como un trofeo ante la Asamblea Legislativa del próximo domingo, cuando el Presidente tiene previsto dar su discurso sobre el estado de la Nación en la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

En esta oportunidad, el Senado tiene que decantarse entre dos posibilidades: acepta el cambio introducido por la Cámara baja, postura sostenida por el oficialismo y sus aliados de la oposición dialoguista, o insiste con la versión que aprobó hace dos semanas atrás.

En el inicio de la discusión, el kirchnerismo hizo un intento por hacer caer el debate, pero no tuvo éxito. El senador Mariano Recalde (Capital) pidió que el proyecto volviera a comisión a la luz de una disposición contemplada en el acuerdo Mercosur-Unión Europea que impide sancionar leyes regresivas en materia ambiental y laboral. La moción fue rechazada por 43 votos en contra y 29 a favor.

“Rechazamos esto porque afecta derechos de los trabajadores, viola articulo 14 bis de la Constitución Nacional y va a impactar negativamente en el empleo, va a precarizar el trabajo y deteriorar el salario”, denunció, a su turno, el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco).

El texto llegó al Senado para su tratamiento en comisiones en la mañana del 20 de febrero, apenas ocho horas después de que la Cámara de Diputados lo aprobara en revisión introduciendo un cambio en el texto que había salido de la Cámara alta la semana anterior.

La modificación fue, en realidad, una eliminación: el oficialismo aceptó quitar el polémico artículo 44 que modificaba el régimen de licencias médicas, aplicando descuentos en los salarios de los trabajadores según si la enfermedad o la dolencia declarada fuera involuntaria o producto de una actividad extracurricular del empleado.

La controvertida cláusula no estaba en el texto original que envió el Poder Ejecutivo en diciembre último, sino que apareció a último momento, antes de que comenzara la sesión en el Senado del 12 de febrero. Hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta quién lo impulsó. Lo cierto es que, como consecuencia de la polémica que generó, el oficialismo aceptó eliminarla en la Cámara baja.

En sus más de 200 artículos, la norma introduce profundos cambios en la legislación laboral, en la relación entre empleado y empleador y hasta en materia fiscal, ya que contempla la reducción de aportes patronales como parte de los beneficios para incentivar la registración de los trabajadores.

Además, tiene un todo un capítulo dedicado a la justicia laboral. Por lo pronto, traspasa el fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al ratificar el convenio sellado entre el Poder Ejecutivo y la administración de Jorge Macri. Pero también impone límites a las costas procesales y a los métodos de actualización como forma de desalentar los litigios judiciales por despido o accidentes.

En el tema de la litigiosidad puso énfasis el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco), quien señaló que “el empleo formal privado se mantiene constante desde 2012″ y lo contrastó con “los juicios laborales (que) crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%”. “Estamos ante un sistema que creó más litigios que empleo formal”, remató.

Las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual y permite la cancelación de sentencias hasta en 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plan de pagos puede llegar a las 12 cuotas para las pymes.

El texto también reduce las indemnizaciones al acotar la base de cálculo, eliminando la consideración de las vacaciones, propinas, bonos o aguinaldo. Además, establece un tope que no podrá superar tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.

Otro de los temas más cuestionados de la reforma laboral es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el que las empresas realizarán aportes mensuales que serán del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Serán una suerte de reedición de las administradoras de jubilaciones y pensiones, ya que se crearán cuentas inembargables para la cancelación del cese laboral de un empleado que serán manejadas por la Comisión Nacional de Valores.

“Esto es lo que está escondido en la modernización laboral: un curro como el FAL, que va a ir a financia a los amigos del Presidente”, denunció la kirchnerista Ana Marks (Río Negro), quien dijo que con lo que se recaudará de los aportes que se desviarán para esos fondos “podríamos financiar a todas las universidades o pagar 10 millones de jubilaciones anuales”.

La reforma introduce severos cambios en las condiciones laborales. Flexibiliza la jornada laboral, permitiendo turnos de hasta 12 horas con igual plazo para descanso obligatorio antes de retomar las tareas y se crea el banco de horas extra, por el que el trabajador podrá acordar con su empleador la posibilidad de compensarlas con días libres. En la misma línea, se podrá negociar la fragmentación de las vacaciones.

Otro capítulo que mereció críticas fue el de la derogación de una serie de estatutos profesionales que fueron sancionados por ley en su momento. En la lista se encuentran los marcos laborales de peluqueros, periodistas, viajantes de comercio y operadores de radio y telegrafistas.

Bajo una metodología poco habitual para el gremialismo y que amenaza con desatar una polémica, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), uno de los sindicatos fuertes del mundo de los aviones que ya tuvo fricciones con la gestión de Javier Milei, lanzó en las últimas horas una campaña en los aeropuertos del país para señalar a los senadores nacionales que votaron a favor de la reforma laboral oficialista.

Enrolado en la CTA de los Trabajadores, y también partícipe de la movilización al exterior del Congreso, APA mostró en sus canales de difusión fotos y videos de integrantes del sindicato en el momento en que repartían volantes en terminales aéreas de la Argentina, estampados con las caras de senadores que colaboraron con los votos en favor del Gobierno, con su nombre, su partido político y la leyenda: “votaron en contra del pueblo trabajador argentino”.

Según pudo saber , ya desplegaron esta medida por el interior del país, mientras que está previsto que en los próximos días llegue a los aeropuertos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y que la semana que viene también los mismos volantes se repartan en la puerta del Congreso.

El titular del gremio, Edgardo Llano, ferviente detractor de Milei, de raíces peronistas y con más cercanía al kirchnerismo, que también respaldó la campaña presidencial de Sergio Massa, buscó justificar la acción en diálogo con .

“Son 72 senadores en total y solo 10 o 15 conocidos, al resto nadie los conoce; por eso queremos que se hagan responsables de su voto; lo único que hacemos con esta campaña es decir quiénes son y a qué partido pertenecen”, sostuvo Llano.

Electo secretario general de APA en 2004 y con mandato renovado este año hasta 2030, el jefe gremial negó ante el planteo de que haya una intención de “escrachar” a los representantes políticos que acompañaron a la Casa Rosada.

“No es un escrache, le hacemos conocer al público quién es el senador y cómo votó. Es lo que votaron, también lo mostraron los medios, nadie se puede sentir molesto”, manifestó Llano.

Sin embargo, en 2024, el líder gremial ya había dicho que había que “escrachar” a los legisladores que votaran la Ley Bases de Milei, cuando se tomaran vuelos en Aerolíneas Argentinas. Aquellas expresiones le habían generado fuertes críticas y hasta una denuncia en la Justicia de parte de diputados de Pro por amenazas, instigación a cometer delitos e intimidación. En su momento, esa campaña de señalamiento no se llevó finalmente a cabo.

Ahora, el gremialista dice que fue sobreseído y que por eso su sindicato avanzó con esta otra modalidad, a través de panfletos.

Este gremio tuvo alta conflictividad con el gobierno de Milei, sobre todo en el primer año de gestión, por las negociaciones laborales en Aerolíneas Argentinas y las amenazas de paros.

En ese momento, el Presidente decía en una crítica a los sindicatos del sector: “En la Argentina se sale trabajando, no extorsionando”. El Gobierno asegura sentirse cómodo cuando aparece como blanco del sindicalismo, porque considera que eso le reditúa en su electorado.

De momento, el reparto de folletos contra libertarios y aliados estuvo exclusivamente dirigida a senadores. El gremio también compartió en sus redes sociales imágenes de la campaña con los mismos volantes, pero en formato digital, con el sello de APA, la CTA de los Trabajadores y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF). Los sindicalistas ya desarrollaron la acción en aeropuertos de Resistencia (Chaco), Santa Fe, San Juan, Formosa, Jujuy, Paraná (Entre Ríos), San Luis, Chapelco (Neuquén), Mendoza, Esquel (Chubut) y Córdoba.

“Las compañeras y compañeros aeronáuticos iniciamos una campaña en los aeropuertos del país para que todos conozcan a sus representantes que votaron en contra del trabajador argentino”, dijeron en redes.

El Senado avanzaba esta noche hacia la aprobación definitiva de la reforma laboral. Tras ganar las elecciones, el Gobierno, a través de negociaciones con gobernadores, senadores, diputados y parte de la CGT, logró los avales tanto en la Cámara alta como en la Cámara baja para tener el texto listo antes de que el domingo arranquen las sesiones ordinarias de 2026.