Las paritarias arden. Mientras el Gobierno sigue presionando a los sindicalistas y empresarios para respetar el tope del 1% mensual en los aumentos de sueldos, la CGT tomó la batalla contra “el cepo salarial” como un estandarte, pero hay un escollo: algunos gremios están firmando en sintonía con la pauta a la baja del Ministerio de Economía.

En la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, hay entusiasmo por el flamante acuerdo firmado por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que dirige Marcelo Rucci: consiste, por un lado, en el cierre de la paritaria del período abril 2024-marzo 2025, con un incremento total del 4,3%, aplicable sobre los salarios de enero, febrero y marzo de 2025, que representa una pauta inferior a la inflación estimada para ese trimestre, ya que se distribuye en aumentos del 1,8% para enero, un 1,5% para febrero y un 1% para marzo.

Además, incluye un aumento del 12% que rige para todo un año (abril 2025-marzo 2026), distribuido en cuotas del 3% cada tres meses. “Este aumento se calculará íntegramente sobre la base salarial del mes de abril de 2025, lo que implica que, en términos acumulados, el incremento mensual promedio será inferior al 1%”, destacó el Ministerio de Capital Humano en un inusual comunicado de prensa para informar sobre la paritaria de petroleros.

De esta forma, este sindicato clave en la estratégica Vaca Muerta se convirtió en el caso testigo que el Gobierno pretende imponer para las negociaciones salariales. Y provino de un dirigente como Rucci, un ex combativo que mutó en negociador cuando reemplazó a Guillermo Pereyra al frente del gremio, de una excelente relación con el poder libertario.

¿Cuántos sindicalistas más se animarán a firmar acuerdos de ese tipo? Es muy difícil que se generalice. Para los dirigentes que ya venían aceptando el techo salarial del Gobierno desde principios de año, el salto inflacionario del 3,7% del mes de marzo los dejó descolocados ante sus bases.

Para consolidar el descenso del costo de vida que comenzó a insinuarse en abril, con el 2,8%, el Ministerio de Economía quiere que no se recupere lo perdido y se negocie por la inflación futura, es decir, que se firmen paritarias por debajo del 1% mensual.

El primer rebelde fue, sugestivamente, un dialoguista de pura cepa como Armando Cavalieri, líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), quien pateó el tablero luego de largos meses de rubricar aumentos alineados con la pauta oficial, con un acuerdo del 5,4% trimestral (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que Economía objetó y amenazó con no homologar.

Por eso, Cavalieri se puso el traje de opositor. “¿Tener salarios que aumentan 1,5% o 1,7% es realmente un peligro para la estabilidad que busca Milei? Si es así, estamos en una situación muy delicada», afirmó en una entrevista con Infobae. Y agregó: “Si creemos que esto va a hacer peligrar la inflación de la Argentina, estamos perdidos. No hay salida».

Por ahora, no hubo salida para su acuerdo salarial porque el Gobierno se niega a convalidarlo, aunque el líder de Comercio sacó a relucir una cláusula que “garantiza la validez y aplicación del convenio, incluso en el caso de que la homologación administrativa no se produzca de manera inmediata”.

Una cláusula similar se analizó entre dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales cuando firmaron un acuerdo con cifras que podría rechazar Economía: un 7,6% de aumento para el período abril-agosto en cinco tramos: 3,3% en abril, 1,2% en mayo, 1,1% en junio, 1% en julio y 1% en agosto, más cinco sumas fijas de $30 mil para abril y $25 mil para cada uno de los meses restantes.

La UOM cerró el acuerdo este miércoles y al día siguiente fue aprobado por el consejo directivo del sindicato que lidera Abel Furlán, pero ahora está a la espera de la evaluación de la Secretaría de Trabajo. En el texto final del convenio no figura la cláusula que replica la de Comercio, pero si Cordero dictamina que no se va a homologar, en los pasillos del gremio metalúrgico deslizan que podría incorporarse ese añadido que garantiza el pago de los aumentos.

En teoría, ese es el escenario posible porque al 3,3% de mejora para abril se agregan las 5 sumas fijas, que engrosan el incremento en los bolsillos de los trabajadores y, por supuesto, en las arcas de las empresas. Por algo el acuerdo salarial no fue firmado por las pymes agrupadas en la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA): considera que el aumento “hace peligrar en forma real y cierta la economía de las pymes ante la recesión que afecta al sector, poniendo en situación de peligro las fuentes de trabajo”.

El que salió airoso del desafío paritario es la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que firmó un aumento acumulativo del 3,2% para el bimestre mayo-junio en dos cuotas del 1,2% para mayo, con un retroactivo del 1% (que cubriría abril), y del 1% para junio, más dos sumas fijas no remunerativas de entre 35 y 40 mil pesos.

El impacto de las sumas fijas, que potencia el efecto de los porcentajes y crean la expectativa real de que serán incorporadas a los sueldos, también podría haber provocado el cuestionamiento de Economía, aunque la muñeca negociadora de Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, disipó los temores: la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo homologó el convenio a través de la disposición 1273, que fue oficializada el martes pasado.

Los sindicalistas están resignados a que la homologación tenga hoy un peso relativo por la insistencia oficial en el tope salarial del 1% y algunas cámaras aceptan pagar igual los aumentos, aun sin convalidación de Trabajo, porque quieren apaciguar el eventual malestar de los trabajadores.

Siempre existieron limitaciones no explícitas a las paritarias. Todos los gobiernos, aun los más cercanos teóricamente a las “causas populares”, impusieron topes a los aumentos salariales para tratar de que no interfirieran en los niveles inflacionarios. El gobierno de Javier Milei no es la excepción, aunque la diferencia es que sus máximos representantes reconocen sin ponerse colorados que las negociaciones de salarios no son libres, como lo hicieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Por eso aparecen recursos para saltear el tope salarial, como la cláusula que garantiza los aumentos aunque no se homologuen o las sumas fijas que mejoran los ingresos dejando a salvo la formalidad del porcentaje. Se trata de una fórmula liberal que prescinde del Estado mientras gobierna una administración libertaria que no lo es tanto en materia salarial porque fija límites para las tratativas.

“Reclamamos el libre ejercicio de la negociación colectiva y rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial. Levantemos el cepo al salario”. Lo dijo este viernes Gerardo Martínez, en nombre de la CGT, en su discurso ante la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mientras el dirigente cegetista explicitaba este reclamo, en Buenos Aires y en la sede de la OIT en Ginebra circulaba la inquietante versión de que la Secretaría de Trabajo pasaría a la órbita del Ministerio de Economía. Es cierto que Trabajo debe pasar todas los números de las paritarias por el estricto filtro de Luis Caputo, pero esa supuesta decisión, si se concreta, será mucho más que un blanqueo de lo que pasa hoy: se convertirá en una confirmación de que el Gobierno reduce el margen de acción de dialoguistas como Cordero y amplía el poder del ministro que se adueñó del cepo salarial.

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