POLITICA
Crisis en el PJ: aumentan en el bloque del Senado los gestos de rebeldía a la conducción de Cristina Kirchner

Como una flor mustia, el poder de Cristina Kirchner se deshoja a pasos acelerados y empieza a mostrar señales de debilitamiento en lugares impensados hasta no hace mucho tiempo atrás. Es el caso del bloque peronista del Senado, ámbito que la expresidenta considera como su coto de caza político privado, pero que en la última semana dejó al descubierto una serie de gestos que ponen en cuestión la conducción de la bancada que ejercen los kirchneristas José Mayans (Formosa), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires).
La señal de descomposición quedó registrada en una foto tomada en la noche del miércoles en la sede del PJ nacional, en la calle Matheu. Allí se puede ver a los senadores -los electos más los que se van y los que se quedan-, que se dieron cita en la tradicional cena de camaradería que celebra el bloque peronista antes de cada renovación de la Cámara alta.
Sin embargo, la toma adquiere relevancia no por lo que muestra sino, valga la paradoja, por lo que no está a la vista: los senadores que decidieron no sumarse a la convocatoria de Mayans para mostrar unidad partidaria, tal como lo ordenó Cristina Kirchner.
Para darse una idea del impacto basta con mencionar que a la reunión asistieron 27 senadores. De ese total, una docena dejará su banca el próximo 10 de diciembre. En otras palabras, apenas 15 legisladores de los 28 que conformarán el nuevo bloque aceptaron el convite. Es algo más de la mitad. “Pero muchos de esos son jabonosos”, acotó un funcionario de la Cámara que conoce al dedillo la dinámica del peronismo en la Cámara alta.
Siempre habrá excusas a la mano para negar el desplante, pero lo concreto es que la reunión tuvo ausencias significativas en momentos en que en el peronismo cada gesto se lee en clave de interna y la conducción partidaria se encuentra cuestionada tras el terremoto electoral del 26 de octubre último.
Así, por ejemplo, un senador destacó, no sin malicia, que el tucumano Juan Manzur no fue de la tenida y que tampoco lo hizo su comprovinciana y aliada política Sandra Mendoza. El faltazo de la legisladora es más llamativo aún si se toma en cuenta que esa misma tarde había participado, como vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la reunión en la que se discutió el título de la senadora electa libertaria Lorena Villaverde (Río Negro).
También estuvieron en esa reunión de comisión y tampoco asistieron a la sede de la calle Matheu el pampeano Daniel Bensusán y la fueguina Cándida López. El faltazo de la senadora patagónica no sería casual. “Hace rato que viene queriendo despegarse del kirchnerismo”, explicó uno de sus compañeros de bloque. Avala esta teoría el énfasis puesto por la oficina de la senadora por corregir algunos artículos periodísticos en los que apareció mencionada como seguidora de la expresidenta.
Tampoco estuvieron los integrantes del bloque Convicción Federal, el conglomerado integrado al interbloque de Unión por la Patria y que conforman Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja). Salvo la legisladora, que mantiene desde hace rato un duro enfrentamiento con Cristina Kirchner por la intervención del PJ jujeño, el resto de los senadores tienen terminales con gobernadores o líderes políticos territoriales enfrentados o que buscan tomar distancia de la expresidenta.
Por último, otra ausencia notable fue la del santiagueño Gerardo Zamora. Amo y señor de la provincia norteña, el todavía gobernador asumirá el próximo 10 de diciembre como senador, en lo que será su segundo mandato en la Cámara alta.
Sin embargo, y a diferencia de su anterior etapa, Zamora tendría decidido armar un bloque propio bajo el sello de su alianza provincial, el Frente Cívico de Santiago del Estero, junto con Elia Moreno, electa segunda en la boleta que encabezó el mandatario. Lo único que salvaría a la conducción del bloque del cachetazo político que implicaría esta deserción sería que el santiagueño se sume con su bancada al interbloque de Unión por la Patria.
En otro intento por mostrar unidad de acción, Mayans anunció hace diez días que se fundirán en un único Bloque Justicialista las bancadas Unidad Ciudadana y Nacional y Popular, artilugios creados por Cristina Kirchner en 2022 con la finalidad de quedarse con tres de los cuatro escaños del Senado en el Consejo de la Magistratura. Aquella maniobra fue desactivada por la Corte.
Sin embargo, la fusión no cambia nada la realidad del peronismo en el Senado y, además, es más una muestra de debilidad que de fortaleza. Por lo pronto, la existencia de Convicción Federal obliga a la continuidad de un interbloque de Unión por la Patria, por lo que no habrá unidad formal.
Además, la fusión de bancadas desnuda que, tras la pérdida de ocho escaños en la elección de este año, la continuidad de los dos bloques de ficción sería perjudicial para las aspiraciones del peronismo de tallar con fuerza en el reparto de lugares en las comisiones.
Gestos como los registrados en el Senado se suman a las señales de debilitamiento expuestas con los últimos manotazos de ahogado político de la expresidenta, intentando mostrar en los medios una influencia partidaria que en los hechos ya no tiene.
Así, en la semana que pasó sus allegados se encargaron de filtrar una supuesta “autorización” de Cristina Kirchner a los gobernadores para que puedan negociar con el Gobierno la aprobación del Presupuesto siempre y cuando no rompan la unidad de los bloques legislativos.
“Ni ellos se creen las mentiras que tratan de instalar. ¿Vos crees que mi gobernador tiene que pedirle permiso a Cristina para sentarse a negociar con la Casa Rosada?”, respondió, indignado, un senador con terminal política en la casa de gobierno de su distrito. “Y si no rompemos el bloque es porque no queremos ser nosotros los culpables de la fractura”, agregó este legislador que suele tener muy buena relación con el sector kirchnerista de la bancada, pero que cada vez comulga menos con La Cámpora y la conducción partidaria de la expresidenta que purga condena domiciliaria por corrupción.
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POLITICA
Javier Milei reúne a su gabinete en la Casa Rosada por primera vez en el año

Dos meses después del último encuentro, y en un clima festivo a juzgar por los rostros de sus participantes, el presidente Javier Milei reúne desde las 9.30 al gabinete nacional, por primera vez en lo que va de 2026.
Minutos antes de las 9, el Presidente llegó a Balcarce 50. Uno a uno, los ministros fueron arribando a la cita, aunque ninguno hizo declaraciones a la prensa, que estaba apostada en el Patio de las Palmeras. Algo más serio llegó el asesor presidencial Santiago Caputo, dos minutos antes de la reunión, a la que también se agregaron algunos participantes habituales, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La agenda parlamentaria de esta semana fue tratada ayer por la mesa política, reunión de la que no participó el Presidente y sí la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se incluyeron en ese debate, según trascendió, la reforma laboral que será nuevamente tratada por el Senado luego de su aprobación con modificaciones en la Cámara de Diputados, el Régimen Penal Juvenil (tiene la aprobación de la Cámara de Diputados y será tratada el jueves en el Senado) y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, a tratarse el viernes junto a la reforma laboral y con altas chances de ser aprobado. La ley de Glaciares, que comenzará a debatirse esta semana también en el Senado, es otra de las prioridades de la gestión libertaria, en acuerdo con las provincias mineras.
El Gobierno tiene en carpeta otras iniciativas legislativas, como una nueva ley de financiamiento universitario, a tratarse el próximo mes, o una nueva ley de Inteligencia que incluya parte del decreto 941, emitido en enero pasado, aunque este último está en preparación, según contaron ayer a fuentes de la SIDE.
La última vez que Milei había juntado a todo su gabinete fue el 22 de diciembre pasado, en la quinta de Olivos, una reunión en la que el presidente regaló a sus ministros el libro “defender lo indefendible” del pensador liberal Walter Block. Para encontrar la última reunión de gabinete en Casa Rosada encabezada por el Presidente hay que remontarse hasta el 26 de noviembre pasado.
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POLITICA
Las declaraciones golpistas de Ricardo Quintela contra Javier Milei: “Este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó una fuerte embestida contra la administración de Javier Milei y encendió la polémica con declaraciones sobre la continuidad del mandato presidencial.
“Este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027”, afirmó, al sostener que, de mantenerse el actual rumbo, la Argentina terminaría “totalmente destruida, entregada”.
Durante una entrevista radial, Quintela aseguró que la situación social atraviesa un deterioro acelerado y habló de un posible “genocidio social enorme” si no hay un cambio de dirección.
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Mencionó el avance de la desnutrición, la pérdida del poder adquisitivo y dificultades en el acceso a la salud como señales de alarma. “Hay una desnutrición que avanza, familias que no tienen o no les alcanza para comer”, advirtió.
El mandatario también comparó el presente con la crisis de 2001 y remarcó que, ante escenarios extremos, la dirigencia debe “asumir esa responsabilidad histórica rápidamente”. En esa línea, planteó la necesidad de una “intervención fuerte” por parte de quienes ocupan cargos institucionales.
Las declaraciones generaron fuertes repercusiones en el arco político, donde sectores oficialistas interpretaron sus palabras como un planteo desestabilizador.
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POLITICA
El Gobierno apura una nueva ley de financiamiento universitario con el guiño de los rectores

Confiado en su buena estrella tras la aprobación de la reforma laboral, el oficialismo buscará un nuevo triunfo político con la sanción de una ley de financiamiento universitario que ponga fin al conflicto judicial con las casas de altos estudios. La iniciativa se presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados y ya cuenta con el guiño de los rectores de las principales universidades.
Tras fracasar en su intento por derogar la ley de financiamiento que la oposición aprobó en el Congreso el año pasado, el Gobierno volvió sobre sus pasos y optó por negociar. Así surgió esta nueva iniciativa que no deroga la que está vigente, aunque sí la modifica; el Gobierno busca, así, desactivar el frente judicial que tiene abierto por no cumplir con una ley que fue insistida por ambas cámaras parlamentarias tras el veto presidencial.
La propuesta se negoció en el último mes con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, a priori, recibió el aval de las principales casas de altos estudios, entre ellas las universidades de Buenos Aires (UBA) y La Plata.
“Aunque prefieran no decirlo en público, la mayoría de los rectores está de acuerdo; si bien hoy contamos con un fallo a nuestro favor en primera instancia en la Justicia, el Gobierno apeló y nada nos garantiza que la Justicia resuelva la cuestión en tiempo perentorio. Si se aprueba esta ley, el financiamiento de todas las universidades está garantizado. Ahora no lo está”, justificó una importante autoridad universitaria que ya dio su aval.
El proyecto en cuestión recoge, aunque parcialmente, algunos de los puntos de la ley hoy vigente. Uno de los más sensibles es el referido a los salarios de los docentes y no docentes universitarios. La norma actual obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida que éstos tuvieron por efecto de la inflación desde el 1° de diciembre de 2023; el proyecto del Gobierno, sin embargo, solo propone reconocer la pérdida salarial de 2025. Nada dice de 2024.
Esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.
La propuesta del Gobierno también difiere de la norma actual en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley vigente obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025 y, respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.
Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80 mil millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.
En vísperas del inicio del ciclo lectivo universitario, el Gobierno quiere desactivar los conflictos en un sector social que ha dado muestras de movilización y resistencia a los sucesivos intentos de la Casa Rosada de ajustar el presupuesto de las casas de altos estudios. Si bien los rectores parecen dispuestos a firmar la paz, los gremios universitarios ya anunciaron medidas de fuerza en contra del proyecto.
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