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POLITICA

Crisis en la Justicia de Santa Cruz: la Corte se dividió y anuló el aumento millonario para jueces

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El Poder Judicial de Santa Cruz enfrenta una nueva escalada en su crisis interna. Después de que un sector del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) definió un aumento salarial de más de $20 millones para los miembros de ese organismo, el juez Daniel Mariani —que firmó como presidente de la Corte— ordenó frenar el incremento.

La resolución de Mariani, notificada formalmente este miércoles, instruyó a la Administración General judicial a no liquidar el incremento del 42% dispuesto por cuatro miembros de la Corte provincial. Según el propio Mariani, esta medida carece de legitimidad porque “se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo” y, por tanto, resulta “inexistente y carente de toda validez”.

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La disputa salarial agudizó una fractura institucional que comenzó en agosto, cuando la Legislatura provincial amplió de cinco a nueve los miembros del máximo tribunal. Desde entonces, los cuatro jueces antiguos, alineados con el kirchnerismo, se niegan a reconocer a los nuevos integrantes propuestos por el gobernador Claudio Vidal.

En medio de ese quiebre institucional, Mariani rechazó la última medida y señaló que “el aumento fue firmado por un órgano que no está debidamente integrado ni cuenta con la mayoría prevista en la ley orgánica de la justicia y la Ley 3949”.

El conflicto pone en riesgo al funcionamiento judicial, hasta que se le encuentre una solución a la interna de los sectores enfrentados, que se acusan mutuamente de usurpar facultades.

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El acto de jura de los nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia

El aumento impugnado, que preveía subas escalonadas del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual entre agosto y octubre, habría llevado los haberes de algunos magistrados hasta 24 millones de pesos. Esta cifra generó un abierto repudio desde Ejecutivo provincial. El gobernador Vidal denunció que los jueces “están atrincherados en sus privilegios” y que han sido “cómplices del saqueo” durante tres décadas.

La resolución que otorgaba el aumento fue rubricada solo por Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta, es decir, apenas cuatro de los nueve vocales que deberían conformar el pleno del Tribunal Superior. El problema constitucional radica en que esa misma facción impugnó y desconoció la reforma judicial del gobernador. El grupo, que encabeza como su presidenta Fernández, sigue controlando los resortes del aparato judicial.

La protesta del gobernador Vidal y el detrás de escena de la polémica

En el fondo, hay una pelea sobre dónde está el poder de Santa Cruz.

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En su impugnación al incremento, Mariani subrayó que esta situación vulnera el reglamento interno del máximo tribunal. “No existe respaldo de quórum necesario”, advirtió en su escrito oficial.

Otro aspecto que alimenta el conflicto es la ausencia de acceso a los registros oficiales. El juez díscolo denunció que “los libros de registros de resoluciones se encuentran retenidos y se priva a la Presidencia de acceso a los mismos”, lo que impidió detallar tomo, registro y folio en la resolución de este miércoles.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, repudió el aumento salarial para los jueces

Esta semana, el gobernador fustigó contra la medida. “$24.000.000. Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia. Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”, expuso en sus cuentas de redes sociales. Vidal los volvió a acusar que fueron “30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios”. “Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”, reprochó.

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La controversia no es nueva. Se remonta desde el momento en que Claudio Vidal resolvió ampliar en cuatro el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Tras la aprobación inicial del proyecto en la Legislatura, un juez de Primera Instancia consideró admisible el amparo presentado por el gremio judicial y dispuso medidas cautelares que suspendieron durante diez días el tratamiento de las ternas remitidas por el Ejecutivo provincial.

Vidal cuestionó la resolución judicial y la calificó como un “golpe judicial”. Además, acusó al magistrado que aceptó el amparo, Marcelo Bersanelli, así como al exministro de Gobierno y actual vocal del TSJ, Fernando Basanta, de actuar en favor del kirchnerismo.

A pesar de la medida cautelar, la mayoría oficialista en la Legislatura aprobó en una sesión extraordinaria la designación de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos miembros del TSJ, quienes prestaron juramento al día siguiente.

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Sin embargo, el pasado 17 de diciembre, los mismos cuatro vocales que impulsaron el aumento ya habían declarado inconstitucional la ampliación del tribunal. Para alcanzar la mayoría necesaria en esa oportunidad, convocaron a un juez subrogante. El fallo está actualmente bajo apelación por parte de los nuevos vocales y la Fiscalía de Estado, lo que mantiene la decisión en suspenso.

Los nuevos jueces que buscan integrar el máximo tribunal, junto a Daniel Mariani

Desde octubre, el doble poder de presidencias en el TSJ quedó expuesta cuando Mariani y Fernández firmaron resoluciones simultáneas como presidentes. Mientras Mariani tomaba juramento a los nuevos vocales, Fernández instruía a los jueces a desobedecer las directivas del presidente rival.

El incremento generó bronca y fastidio, tanto desde el oficialismo como en sectores críticos del gobernador Vidal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz repudió lo que calificó como un “salariazo auto otorgado” por la cúpula del Poder Judicial y estimó que el esquema aprobado implica subas cercanas al 50% anual. El sindicato pidió que el aumento debe quedar sin efecto.

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“Mientras las y los trabajadores santacruceños atravesamos momentos sociales y económicos de absoluta vulnerabilidad, la cúpula judicial se autoconcede en pleno enero un aumento anual, se otorga privilegios y consolida una casta judicial completamente desconectada de la vida real del pueblo”, lamentó en un comunicado.

La puja por el control de la Corte local convirtió a Mariani y Fernández se en referentes visibles de bandos antagónicos. La gobernación y el sector liderado por Mariani insisten en que solo una sentencia firme podrá destrabar la legitimidad de los nombramientos y la validez de las resoluciones.

Mientras tanto, la Justicia provincial permanece sumida en una parálisis sin precedentes, bajo la sombra de su propia fragmentación.

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La interna del Gobierno se traslada al Senado: lucha por la permanencia del “espía” de Santiago Caputo

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La guerra interna entre Karina Milei y Santiago Caputo se disputa en varios frentes simultáneos, algunos de ellos impensados. Es el caso del Senado, donde el asesor presidencial se juega sus últimas fichas para tratar de mantener una mínima cuota de poder y evitar que la hermana presidencial vete la designación en la mesa de conducción de la Cámara alta de un funcionario al que en varios despachos libertarios bautizaron como “el espía de Caputo”.

El personaje en cuestión se llama Manuel Chavarría, un ignoto funcionario que ocupó la prosecretaría de Coordinación Operativa del Senado hasta el 24 de febrero pasado y al que Caputo logró designar, a mediados de enero, como consejero en el Ente Binacional Yaciretá (EBY) con un sueldo varias veces millonario.

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Sin embargo, la promoción a la EBY de su satélite político no parece ser suficiente para Caputo, que pretende que Chavarría retenga la prosecretaría que ocupó en el Senado, a pesar de que un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta sostiene que ambos cargos son incompatibles y que, por, lo tanto, no puede asumir uno sin renunciar al otro.

En su intento por retener el cargo, el funcionario llegó a ofrecer trabajar ad honorem y, ya en una jugada desesperada, se acercó a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, para que le mantuviera el lugar.

Manuel Chavarría, prosecretario de Coordinación Operativa del Senado

Caputo, por su parte, también movió sus piezas. En este caso, el asesor presidencial buscó el respaldo del senador peronista y aliado del Gobierno Carlos Espínola (Corrientes), para que apadrinara la continuidad de Chavarría.

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A pesar de este esfuerzo, la prosecretaría quedó vacante en la sesión preparatoria del 24 de febrero pasado ante la falta de un acuerdo para designar a su ocupante. Al menos dos miembros del bloque libertario le dijeron a este diario que el veto a Chavarría llegó desde el entorno de la hermana presidencial.

Típico burócrata estatal, Chavarría fue designado prosecretario del Senado en diciembre de 2023 con el patrocinio del peronista salteño Juan Carlos Romero (Salta). Sin embargo, poco después empezó a acercarse a las huestes libertarias con la mira puesta en convertirse en candidato en las elecciones de 2025, algo que finalmente no consiguió.

Sin embargo, estableció una sólida relación con Caputo, tanto que en el Senado todos saben que, de manera periódica, Chavarría rendía cuentas con el asesor presidencial de todo lo que ocurría en la Cámara alta.

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De ahí el mote de “espía” que, con malicia, le pusieron algunos senadores libertarios, molestos tras enterarse que habían sido protagonistas de los chismes que llegaban al escritorio de Caputo de la boca del funcionario que con tanto respeto los había saludado apenas unos minutos antes.

La tarea de Chavarría no se limitó sólo a llevar y traer información del Senado a la Casa Rosada. También fue identificado como el responsable de filtrar a la prensa, en particular a un portal de noticias políticas, información negativa sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel y su equipo de colaboradores.

El fracaso en mantener a Chavarría en el Senado fue un golpe duro para Caputo, al extremo que movió sus contactos en medios de comunicación para denunciar la jugada como una maniobra de Villarruel. Así, en un famoso pase entre dos programas en un canal de noticias se acusó, la misma tarde de la sesión preparatoria del 24 de febrero, a la vicepresidenta de haber sellado un acuerdo con la UCR para dejar afuera a “un funcionario clave del Poder Ejecutivo” en el Senado, en referencia a Chavarría.

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La permanencia de Chavarría no es la primera batalla que protagoniza y pierde Caputo a manos de Karina Milei en la lucha por manejar los resortes de poder de la Cámara alta.

A mediados de febrero, el bloque libertario decidió designar como presidente de la estratégica comisión de Acuerdos al riojano Juan Carlos Pagotto, de relación directa con los primeros Martín y Eduardo “Lule” Menem, principales aliados de Karina Milei en la interna del Gobierno.

El cargo es clave, ya que por esa comisión deberán pasar los candidatos que impulse el Poder Ejecutivo para ocupar los casi 400 cargos judiciales vacantes -entre jueces, fiscales y defensores oficiales-, que se han ido acumulando en los últimos tres años.

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El postulante para conducir Acuerdos era el jujeño Ezequiel Atauche, quien había pedido ese lugar a cambio de cederle la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a Agustín Monteverde, economista amigo de Javier Milei y senador por la Capital Federal desde el 10 de diciembre.

El caso de Atauche es otro ejemplo de la pérdida de poder que viene experimentando Caputo en el Senado. Nombrado jefe de bloque en diciembre de 2023, cuando el oficialismo apenas tenía seis senadores, tras la renovación de diciembre el jujeño perdió todos los cargos que tenía -también debió cederle la conducción de la bancada oficialista a Patricia Bullrich-, quedando relegado a un segundo plano.

Si bien no se dice en voz alta, en el oficialismo reconocen por lo bajo que Atauche está pagando la estrecha relación que forjó con el asesor presidencial en las épocas de vacas flacas libertarias en el Senado y que ahora tendrá que recomponer su relación de Karina Milei para no convertirse en una efímera estrella del firmamento libertario.

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Gustavo Ybarra,Conforme a,,Análisis. La guerra amenaza el plan de Javier Milei,,El «mejor vino» y una propaganda viral. Once gobernadores y un encuentro a puertas cerradas con inversores extranjeros,,Senado. Bullrich empuja una sesión para darle ingreso a los ascensos militares y al pliego de Mahiques

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Ley de Defensa al Consumidor: el Ministerio de Economía actualizó el listado de cláusulas abusivas en contratos

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El Ministerio de Economía de Argentina actualizó el listado oficial de cláusulas abusivas prohibidas en los contratos de consumo. Según el Boletín Oficial, esta nueva medida entrará en vigor desde el 11 de marzo de 2026 y obliga a adecuar todos los contratos a las nuevas disposiciones.

Esta acción surge tras un proceso de revisión normativa que responde tanto a la experiencia acumulada como a los cambios introducidos en el marco legal durante los últimos años.

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La medida contempla la sustitución del anexo de la Resolución 53/03, la cual establecía el listado de apartados considerados abusivos en los contratos de consumo. Ahora, el Anexo IF-2025-100956608-APN-SSDCYLC#MEC pasa a constituir el nuevo marco de referencia.

Esta actualización fue determinada a partir del análisis jurídico correspondiente y es consecuencia directa de la ampliación de facultades otorgadas a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.

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El anexo actualizado reemplaza la versión anterior implementada en 2003 y sus sucesivas revisiones, adaptándose así a los lineamientos de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y la jurisprudencia nacional e internacional. La normativa prohíbe expresamente la inclusión de cualquier cláusula que, conforme al artículo 37 de la Ley 24.240, resulte desfavorable, ineficaz o abusiva para los consumidores.

El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial Fernando, Martín Blanco Mulño, firmó la disposición que establece la actualización. Según el texto, el objetivo central reside en optimizar la detección y remoción de cláusulas ineficaces, dificultando que se vulneren derechos básicos de los consumidores

Se aclara que todos los contratos vigentes y futuros deberán ajustarse al nuevo listado. Según el comunicado, la medida se adoptó en función de las facultades conferidas por el artículo 43 de la Ley 24.240 y sus modificatorias, el Decreto 50/19 y la Resolución 227/23.

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El Boletín Oficial publicó: “Se considera necesario llevar a cabo la actualización, modificación y especificación de ciertos supuestos que constituyen cláusulas abusivas y, por ende, que no podrán ser incluidas en los contratos de consumo, para lo cual deviene pertinente proceder a la sustitución del Anexo de la Resolución Nº 53/03″.

En el anexo se detalla que se consideran abusivas las cláusulas que: “Confieran al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el significado, alcance y cumplimiento de las cláusulas contractuales y de las prestaciones respectivas”, “otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, excepto en aquellos casos que la autoridad de aplicación determine conforme pautas y criterios objetivos”, y “autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que medie incumplimiento del consumidor”, entre otros puntos que rigen en el Boletín Oficial. Así, esta publicación marca el inicio formal de la obligación de revisión contractual para todas las empresas y proveedores que ofrezcan bienes o servicios en el país.

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Qué establece la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor en su artículo 37

El artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor prohíbe que los contratos tengan cláusulas que sean injustas para quienes compran productos o servicios. Si un contrato incluye reglas que quitan derechos al consumidor, que limitan la responsabilidad de la empresa o que hacen más difícil reclamar, esas reglas no tienen validez.

La nueva norma publicada en el Boletín Oficial no modifica el fondo del artículo 37, sino que detalla y amplía el listado de cláusulas que se consideran abusivas y, por lo tanto, prohibidas en los contratos de consumo. Esta actualización entra en vigor a partir del 11 de marzo de 2026 y obliga a que todas las empresas revisen sus contratos y eliminen cualquier cláusula que esté en ese nuevo listado que lo restrinja.

De esta manera, la ley mantiene su marco protector para los consumidores, mientras que la actualización normativa fortalece los mecanismos de control sobre los contratos. Esto significa que si una empresa incluye una cláusula abusiva, el Ministerio de Economía puede obligarla a quitarla o cambiar el contrato. Así, se busca que los derechos de los consumidores estén siempre protegidos y que los contratos sean más justos.

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POLITICA

Una ex Gran Hermano aseguró haber sido novia de Alberto Fernández y que la ayudó a gestionar licitaciones de Procrear

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Lorena González del Valle, la primera eliminada de la primera edición de Gran Hermano, afirmó que fue pareja de Alberto Fernández antes de su llegada al Ejecutivo y que se benefició durante su mandato al ganar cuatro licitaciones para construir viviendas del plan Procrear.

La exparticipante del reality narró que durante la pandemia su empresa Niro Construye SA sufrió una importante crisis económica por la paralización casi total del sector. En ese contexto, dijo que le pidió auxilio al entonces presidente, quien le habría presentado a Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat durante su gestión.

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Me rebajé para pedir trabajo. Le mandé un mensaje: ‘Alberto, disculpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?’”, recordó sobre el contacto inicial. “Me dijo que tenía cinco minutos y aproveché para explicar lo que afrontábamos”, continuó. Poco después, el jefe de Estado la habría contactado para un encuentro en persona. Siempre según su relato al streaming Border Periodismo, la reunión se concretó y ella expuso la situación de las 1200 familias que dependían de su actividad.

Tras esa reunión donde habrían evaluado posibilidades para ayudar a la empresa, González del Valle dijo que Fernández resolvió involucrar al integrante de su gabinete encargado de la construcción de viviendas sociales. “Yo voy a hablar con Jorge Ferraresi y vamos a ver qué es lo que podemos hacer”, le manifestó, dijo.

El contacto con la cartera ocurrió semanas más tarde y el diálogo fue fluido, repasó la empresaria. “A los dos meses me llama Ferraresi y me dice: ‘¿Por qué no se presentan a cotizar Procrear?’”. La firma adaptó su sugerencia y contrató personal técnico para el proceso licitatorio. Más tarde resultó adjudicataria de múltiples desarrollos de vivienda social: “Ganamos una, ganamos dos, ganamos tres, ganamos cuatro obras de Procrear”.

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Pese a haber sido beneficiada con las licitaciones, la mujer desmarcó su relación personal con el mandatario de la legalidad de los contratos obtenidos y sostuvo que su organización “posee antecedentes en el rubro desde hace 57 años”.

Alberto Fernández inauguró el complejo habitacional que la empresaria afirma haber construidoPresidencia de La Nación

Uno de los complejos habitacionales fue construido en Esteban Eceheverría e inaugurado por el mismo Alberto Fernández. La empresaria remarcó que su organización financió los trabajos con capital propio, no percibió adelantos financieros por parte del Tesoro Nacional y afrontó el pago de intereses del 180 por ciento para sostener la actividad.

Luego, González del Valle denunció que el Estado falló en los pagos de las obras y que se le adeuda a su empresa el pago de unos 50 millones de dólares de la época. “A Niro Construye lo estafó el Estado”, lanzó.

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Según la empresaria, el vínculo se dio entre 2008 y 2012; se conocieron en la celebración de un abogado allegado a ambos. En ese momento el político no integraba el gabinete nacional, sino que realizaba tareas de consultoría privada y análisis de estadísticas para organizaciones.

Yo tenía una historia seria con él; linda”, describió González del Valle. Pero su relación tuvo un final inesperado: «Me enteré después de que era una más”. El vínculo concluyó antes de que Fernández asumiera la presidencia de la Nación, cuando la mujer se enteró de su candidatura a través de los medios de comunicación.




Alberto Fernández,Gran Hermano,Fernanda Iglesias,Conforme a,,»Lo quiero mucho». Macri habló desde Expoagro: la ironía con Kicillof y su relación con Milei,,Cuándo será. Diputados convoca a audiencia pública por la reforma de la ley de glaciares,,Análisis. La guerra amenaza el plan de Javier Milei,Alberto Fernández,,»Me han cumplido un sueño». El video del día en que Alberto Fernández entregó el edificio que hoy sufrió el derrumbe,,Grabois, titiritero de la pobreza,,Análisis. Bocetos de una economía diferente

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