POLITICA
Cristian Ritondo aseguró que el PRO mantendrá la alianza con LLA en la provincia de Buenos Aires en 2027
El diputado Cristian Ritondo aseguró que el PRO mantendrá la alianza electoral con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2027. “No hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo“, afirmó.
La confirmación de Ritondo se da luego del encuentro encabezado por Mauricio Macri en Parque Norte. “Hay que completar el rumbo y no cuestionarlo. No vamos a ser oposición ni boicotear nada, eso no va a pasar nunca”, enfatizó el expresidente.
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“El acuerdo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, que lo hice con Karina (Milei) y con todo el equipo, para nosotros fue un muy buen acuerdo”, señaló Ritondo.
En ese sentido, el legislador ratificó su apoyo a la candidatura del ministro del Interior, Diego Santilli, para la gobernación bonaerense. “Para mi, Diego es el mejor. Y yo estoy comprometido a acompañarlo», deslizó en diálogo con radio Rivadavia.
Al ser consultado por un posible candidato del PRO para la Presidencia, Ritondo, lanzó: “Mauricio Macri es el más responsable de todos, pero a nosotros nos importa la Argentina, no las candidaturas. Aprendimos después de que a nuestros dos últimos candidatos no les fue bien”.
Mauricio Macri reapareció en el PRO con el foco puesto en 2027
Ayer, el expresidente Mauricio Macri encabezó un evento del PRO en Parque Norte. En su discurso, Macri ratificó su apoyo al Gobierno, pero advirtió: “El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real”.
El jefe del PRO volvió a marcar sus diferencias con la administración del presidente Javier Milei, en la cumbre partidaria en Parque Norte. Planteó que “está en juego si el cambio tiene raíces profundas para perdurar”.
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El exmandatario volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno: “Tenemos diferencias, las hemos expresado y las vamos a expresar cada vez que haga falta, pero nuestra prioridad es el cambio. Nuestra lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal. Lealtad es defender al cambio de todos los que quieren destruirlo”.
También descartó la posibilidad de que el PRO vaya a definir un candidato propio en el corto plazo. “No íbamos a cometer ese error”, sentenció.
Cristian Ritondo, La Libertad Avanza, PRO
POLITICA
Chubut: la mujer que instaló el portal en una ruta provincial denuncia acoso y amenazas de una comunidad mapuche
Luego de la controversia que generó la instalación de una tranquera metálica en un tramo de la ruta provincial 12, en Chubut, la propietaria de las tierras asegura que actuó con autorización oficial y lo hizo para evitar el robo de ganado y la circulación de integrantes de una comunidad mapuche por su territorio.
El gobierno provincial, a través de la Dirección de Vialidad, aclaró que la mujer actuó a derecho, debido a que la traza atraviesa un campo privado, propiedad de Luciana Zárate y su pareja. La obra quedó trunca y el gobierno suspendió el trámite para expropiar el tramo que ingresa al predio particular.
En diálogo con Infobae, Zárate explicó que antes de colocar el portal metálico tuvo el aval de Vialidad Provincial e incluso la Policía de Chubut tomó conocimiento de la medida. Nadie objetó la decisión, ya que el tramo es de su propiedad y no de uso público.
Sin embargo, el caso tiene un trasfondo aún más grave. Uno de los argumentos para la instalación de la estructura es evitar la sustracción de ganado en pie y la circulación de integrantes de una comunidad mapuche que reside en la zona, a quienes acusa de hostigamiento y amenazas.
El caso tomó estado público cuando un integrante de una comunidad mapuche, de apellido Millán, registró en videos cuando instalaban el pórtico y denunció que un terrateniente estadounidense compró el campo y ordenó la colocación de una tranquera para cortar el tránsito en la ruta provincial 12.
Zárate desmintió la versión. “Soy Luciana Zárate, argentina y dueña de las tierras, no hay ningún estadounidense acá, soy yo y mi pareja”, aseguró en diálogo con Infobae.
El origen del conflicto es una disputa anterior con integrantes de una comunidad mapuche que residen en un predio fiscal de las inmediaciones, quienes utilizaban el tramo de pavimento de la ruta provincial 12 –que en realidad pertenece a Zárate- para transitar hacia su territorio.
La tranquera, además del robo de ganado, tenía como objetivo evitar que circulen por allí. “Fui víctima de amenazas de muerte y de otros hechos graves”, expuso la mujer.
Relató un caso en el que integrantes de esa autoproclamada comunidad intentaron enterrarla viva cuando construía una fosa para colocar un guardaganado.
“Se presentaron los mapuches y pretendían tapar la fosa conmigo adentro, cuando paleaba para construirla”, dijo la mujer, en un relato que grafica la grave confrontación que mantiene con quienes aseguran tener derechos ancestrales sobre las tierras.
Aseguró: “Lo único que quieren es que yo me vaya de acá para apropiarse de todo, pero no lo van a conseguir. Este es mi lugar, vivo en una cabaña de adobe y este es mi lugar, y será el de mis hijos”.
“Se ajusta a derecho”
La dirección de Vialidad Provincial defendió la colocación del pórtico metálico sobre el tramo de la ruta, debido a que la traza se encuentra dentro de una propiedad privada.
Zárate aseguró que el pórtico “se va a quedar donde está”. “Es mi propiedad”, insistió. Y aseguró que “la tranquera está abierta y es posible circular”.
El organismo provincial aclaró que la mujer instaló el pórtico en pleno “ejercicio de un derecho de propiedad, sobre un proyecto vial que nunca se consolidó legalmente”.
La carpeta asfáltica que atraviesa el campo privado corresponde a un proyecto vial inconcluso, ejecutado entre los años 2005 y 2009. La obra fue materializada físicamente, aunque el proceso de adquisición de tierras y transferencia a favor del Estado (expropiación) nunca se cristalizó.
El sector afectado, según Vialidad Provincial, pertenece legalmente al predio “La Cancha”, aquirido por Zárate a su titular original, Emilia Méndez de Medina, quien colaboró con Vialidad Nacional permitiendo la instalación de los obradores y la ejecución de la cinta asfáltica.
Cuando se concretó la obra, existió un proyecto de convenio para realizar obras de cerramiento por parte de Vialidad Provincial, aunque el mismo nunca fue firmado. Al no formalizarse la cesión, la tierra mantuvo su carácter de propiedad privada.
Vialidad autorizó a Zárate a colocar el pórtico, para evitar la confusión de automovilistas en un desvío, impidiendo además el ingreso de particulares al terreno de la mujer,
“El pórtico de hierro no constituye una invasión de hecho sobre el patrimonio público, sino la delimitación de una propiedad privada legítima” concluyó Vialidad Provincial, y agregó que, ante esa situación “el Estado no posee derechos de jurisdicción al haber quedado la obra y su proceso expropiatorio inconclusos”.
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POLITICA
Caso Libra: el fiscal se defendió de las críticas por supuestas demoras en la investigación y filtraciones de documentos
En un comunicado, el fiscal Eduardo Taiano dio precisiones sobre el análisis técnico de los dispositivos secuestrados en la investigación conocida como causa $LIBRA y explicó las medidas adoptadas tras la filtración de documentación privada de los imputados.
En medio de las críticas por presuntas demoras de la investigación, la fiscalía detalló que luego del secuestro de dispositivos electrónicos, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
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Durante ese proceso, profundizó el comunicado, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba “en curso”. “Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”, aclaró Taiano.
En esa línea, el fiscal aclaró que “el informe final con conclusiones rigurosas, fue elevado a esta fiscalía el 13 de enero de 2026 y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026, quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026″.
Por último, en el comunicado emitido se aseguró que “las precisiones servirán para llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”.
En la causa están imputados Hayden Mark Davis (representante de “Kelsier Ventures”), Julian Peh (de “Kip Protocol”), Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy (socios de “Tech Forum Argentina”), Bartosz Lipinski (de “Cube Exchange”) y Sergio Daniel Morales (ex asesor de la CNV y socio de Terrones Godoy en “City Entertainment SRL”).
También el Presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencial, Karina Milei.
El fiscal a cargo del caso aseguró que se trata de una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas que podrían estar relacionadas con “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos”.
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“Es claro que nos encontramos ante una pesquisa cuya extrema complejidad impacta en la duración del proceso, en el que se hallan imputadas gran cantidad de personas relacionadas entre sí mediante complejos vínculos informales, que incluyen actividades en el extranjero; y frente a la posibilidad de que los fondos detectados en USDT sean convertidos en otra moneda sin autoridad central, por lo que la demora podría tornar de imposible su cautela posterior», sostuvo el fiscal.
La investigación busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de Libra, la criptomoneda promocionada por Milei a través de sus redes sociales, el viernes 14 de febrero.
Eduardo Taiano, Libra, Justicia
POLITICA
Allanan las dos sedes de la AFA en la causa que investiga la quinta de Pilar adjudicada a Toviggino
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó allanamientos en las dos sedes principales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): las oficinas de la calle Viamonte 1366, en el centro porteño, y el predio de Ezeiza.
Es en el marco de la causa que investiga la quinta de Pilar adjudicada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. González Charvay busca información de la empresa TourProdEnter, que recolectaba ingresos comerciales de la AFA en el exterior y cobraba, a cambio, el 30%, según el acuerdo comercial firmado.
El operativo está a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Lo que busca la Justicia son documentos contables.
Fuentes de la AFA dijeron a que el operativo es una “orden de requisitoria con allanamiento en subsidio”; es decir, que la Prefectura tenía la instrucción de pedirle a la AFA la documentación y solo si no se la daban, estaban autorizados a avanzar por la fuerza. Fuentes judiciales dijeron, en cambio, que la orden era directamente allanar.
La AFA luego emitió un comunicado: “En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”, dice el texto, que agrega: “El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarrolla con absoluta normalidad”.
González Charvay avanza con esta medida mientras en la Cámara Federal de Casación se discute si la causa debe tramitarse en su juzgado o volver al de Marcelo Aguinsky, juez del fuero penal económico de la Capital Federal.
Para definir eso, los camaristas Javier Carvajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky convocaron a una audiencia para el 30 de marzo. Abrieron el recurso del fiscal de Cámara de San Martín Carlos Cearras, que se había opuesto a que el asunto quedara en Campana como pidió el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
TourProdEnter pertenece al productor teatral Javier Faroni. No solo se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la AFA en el exterior durante los últimos cuatro años; también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de “logística” en los contratos que intervino para la entidad de la calle Viamonte y de la Selección desde 2021, según surge de la copia firmada del contrato entre las partes que obtuvo .
Titulado “Acuerdo de Agente Comercial Internacional”, el documento lo firmaron Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, el 9 de diciembre de 2021; es decir, apenas un día después de que la esposa de Faroni, Erica Gillette, presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La oferta de TourProdEnter fue enviada el 8 de diciembre de 2021.
El contrato, tal como quedó formulado, le otorgó a TourProdEnter LLC su representación comercial exclusiva en todo el mundo, con la sola excepción del territorio argentino, para promover en nombre de la AFA “la suscripción de acuerdos de sus marcas, emblemas, imágenes y otros derechos incluidos”. Y, también, la “concertación de distintos eventos deportivos y comerciales”.
Como parte de sus funciones, TourProdEnter LLC también quedó autorizada a “actuar como agente de cobro de los contratos de esponsoreo y/o patrocinio que genere, y en aquellos casos que así AFA se lo requiera”, y a abocarse a la “promoción de las distintas actividades de AFA y/o sus Selecciones Nacionales a los fines de obtener distintos acuerdos que produzcan dinero para AFA”.
La quinta de Pilar, en Villa Rosa, tiene cinco hectáreas y está valuada en 20 millones de dólares. Cuenta con helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y un garage con 45 autos de alta gama, de colección, motos y hasta dos karting de competición, como los que usa el hijo de Toviggino.
La tasación definitiva de esos bienes, junto con otros, como dos terrenos en Pilar y uno más sobre la ruta 8, está aún en curso, en manos de peritos de la Corte Suprema.
La Justicia investiga a quienes figuran como sus dueños, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, titulares de la firma Real Central. Se trata de un exdirigente de la AFA que es monotributista y una señora jubilada. Sus perfiles económicos no se condicen con la dimensión de la quinta y sus prestaciones. Distintas pruebas reunidas en la causa vinculan el predio a los máximos dirigentes de la AFA, puntualmente a Toviggino.
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