POLITICA
Cristina, el fallo y el cambio de ciclo político
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena detener e inhabilita de por vida a Cristina Fernández de Kirchner marca, sin duda, un punto de inflexión en la historia política argentina. Probablemente, en los últimos 40 años solo el juicio a las Juntas tenga una relevancia mayor en términos simbólicos y políticos. No estamos hablando solamente de Cristina Kirchner en su carácter de doble expresidenta y exvicepresidenta, sino que se trata de la presidenta del partido más grande y dominante del país y de la opositora actual más destacada, cuyo liderazgo sigue siendo referencia obligada incluso con su imagen desgastada y un caudal electoral más limitado que en el pasado.
La sentencia cambia las reglas internas del peronismo. Cristina Kirchner pierde con la inhabilitación su principal herramienta de poder: la posibilidad de competir electoralmente. A lo largo de su trayectoria, Cristina enfrentó cada cuestionamiento interno con una candidatura y, en la mayoría de los casos, con una victoria. Incluso su única derrota formal —la de 2017 frente a Esteban Bullrich— fue en términos políticos una victoria interna, ya que logró imponerse sobre todas las demás expresiones del peronismo que cuestionaban su liderazgo. Con esta opción cerrada, se disipa también su capacidad de ordenar y disciplinar su espacio político. Durante años, Cristina operó como un dique que frenó la renovación peronista; ahora ese territorio, previamente bloqueado, se libera, aunque es posible que sus efectos no se expresen plenamente en las próximas elecciones, es un proceso estructural que ya está en marcha.
Es importante diferenciar claramente las reacciones políticas y mediáticas de las sociales ante el fallo. Mientras que hubo un respaldo inmediato del peronismo y una intensa cobertura mediática, la reacción social fue mínima.
La sociedad permaneció serena, sin festejos ni defensas significativas, lo que se manifestó en la ausencia de manifestantes espontáneos en la calle (ni cacerolazos, bocinazos, cortes o movilizaciones) y repercusiones en las redes sociales muy contenidas.
A las nueve de la noche millones de argentinos miraban el partido de la selección nacional, más interesados en las gambetas de Messi y Julián Álvarez que en los canales de noticias donde se discutía el destino de la expresidente. La indiferencia -lo peor que le puede ocurrir a Cristina- predominó. Para muchos argentinos, especialmente los menores de 30 años, no se trata de un hecho histórico sino de un hecho que pertenece a la historia: refiere a un personaje lejano, desconectado de sus sensibilidades y prioridades actuales. Cabe aquí la distinción entre minorías intensas y mayoría silenciosa, asumiendo que son las mayorías las que definen las elecciones y las minorías las que producen el ruido: no puede descartarse que en los próximos días manifestaciones vinculadas, no a lo espontáneo, sino a lo estructural tengan impacto: queda ver cómo y cuánto se movilizarán los sindicatos, los movimientos sociales, los intendentes del conurbano, La Cámpora y otras fuerzas políticas, y cómo el gobierno nacional responde al desafío que le presenten en la calle.
A su vez, el fallo genera un replanteo del panorama electoral de la provincia de Buenos Aires, debido a que la expresidenta había anunciado su candidatura para la elección de legisladores locales. Ahora esa postulación queda anulada, generando incertidumbre sobre quién la reemplazará, cómo reaccionará el peronismo bonaerense y si aumentará o disminuirá el margen de maniobra del gobernador Axel Kicillof y sus aliados. Hoy un quiebre del peronismo bonaerense parece mucho menos probable y la defensa de CFK será eje ordenador de todos los sectores. Incluso no hay que descartar que el gobernador dé marcha atrás con el desdoblamiento de la elección provincial de septiembre.
Paradójicamente, para el gobierno de Javier Milei, este nuevo escenario presenta más inquietudes que motivos de festejo. Luego de la salida del cepo, la acentuación de la caída de la inflación, el resonante triunfo en la ciudad de Buenos Aires y la convergencia con el Pro en la provincia de Buenos Aires, el panorama se presentaba lo suficientemente favorable como para no desear un cambio en la dinámica. Sin Cristina en escena, pierde al adversario ideal, que facilitaba la polarización y contenía la renovación peronista. Sin ella, la política argentina podría comenzar a moverse hacia configuraciones nuevas, como ocurrió en otros países de la región; coaliciones transversales, articulaciones entre actores que en el pasado fueron radicales, peronistas o macristas, podrían ser parte del nuevo mapa. El eje ideológico tradicional podría dar paso a clivajes institucionales o de gestión. Lo que antes era impensable, tal vez empiece a volverse necesario.
Si ampliamos el foco, lo que estamos viviendo es el final de un ciclo. En el último mes, los dos grandes referentes de las últimas dos décadas —Cristina Kirchner y Mauricio Macri— recibieron los golpes más duros de su trayectoria política. En paralelo, La Libertad Avanza gana centralidad. El sistema político argentino, tal como lo conocimos desde 2003, está siendo desmontado. Lo nuevo todavía está en formación, pero lo viejo empieza a quedar atrás.
En conclusión, no habrá una épica peronista como la de octubre de 1945. Cuando se torne rutinaria la detención de Cristina Kirchner, irá disminuyendo paulatinamente su poder convocante, lo que activará la sucesión peronista, probablemente a partir de 2026. La despolarización del conflicto entre Milei y Cristina, y la falta de sucesores que le garanticen a ella competitividad electoral, abrirán oportunidades para una renovación de liderazgos y para la articulación de nuevas fuerzas de centro, si estas tuvieran la lucidez de unificarse. En el 2023 comenzó la implosión de las estructuras políticas y los liderazgos que dominaron la argentina por veinte años, este último mes pareciera mostrarnos que queda poco por demoler antes que comience la reconstrucción.
POLITICA
Córdoba impulsó una ley para proteger a las víctimas de delitos cometidos por menores tras el caso Joaquín Sperani
A pocos meses de cumplirse tres años del crimen de Joaquín Sperani, el adolescente de 13 años, asesinado en 2023 por un amigo de 14 en Laboulaye, el Gobierno de la provincia de Córdoba presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca implementar nuevos derechos y garantías para las víctimas de delitos.
La iniciativa, denominada “Ley Joaquín”, propone la creación de un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos y la modificación del Código Procesal Penal, con el objetivo de mejorar el trato, la participación y la protección de quienes atraviesan un proceso penal. El texto fue impulsado por el gobernador Martín Llaryora.
La familia de la víctima insistió en la necesidad de cambiar las normas para garantizar la intervención de los familiares en el proceso judicial y el acceso a la información del expediente. A raíz del pedido, desde la Legislatura provincial avanzaron con el proyecto que fija estándares mínimos en el trato, la información y la protección de las víctimas, junto con obligaciones precisas para el Estado y los operadores judiciales.
“El proyecto establece estándares claros de actuación para el Estado y para todos los operadores del sistema penal. Además, fija un piso común de protección para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso entre las partes”, escribió el gobernador en su cuenta de X. Y afirmó: “Propusimos que lleve el nombre de “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en Laboulaye en 2023. Su familia transformó el dolor en un compromiso para que ninguna víctima vuelva a sentirse sola frente al sistema“.
Entre los derechos que se garantizan desde el primer contacto con la Justicia, la propuesta incluye: trato digno, privacidad y no revictimización, acceso a información clara sobre el proceso penal, patrocinio jurídico especializado y gratuito, y la posibilidad de participar activamente en audiencias relevantes. Además, la iniciativa contempla la asistencia médica, psicológica, social y jurídica sin costo, medidas urgentes de protección ante riesgos o intimidaciones, y la reparación integral del daño sufrido.
El proyecto incorpora el principio de “debida diligencia”, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras para evitar que el trámite judicial profundice el daño de la víctima. Según detalló El Doce, la propuesta también habilita que familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
El asesinato del menor ocurrió el 29 de junio y su cuerpo fue hallado luego de tres días de búsqueda, en una casa abandonada cerca del colegio donde ambos adolescentes asistían. El chico de 14 declaró semanas después ante el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, Sebastián Ignacio Moro. “Ha reconocido que es el autor del crimen”, confirmó en aquel entonces el magistrado. Sin embargo, lo declararon inimputable bajo la legislación vigente.
Según fuentes de la investigación, el relato del joven señalado como autor del hecho coincidía con lo que se reconstruyó a través de las imágenes de tres cámaras de seguridad, “en donde claramente se los ve ingresar a los dos (a un baldío)”
Durante su declaración, el compañero de colegio de Joaquín sostuvo que “no tuvo intención de matarlo”. Explicó que el adolescente “hizo un relato en donde admite que participó solo, que no hubo participantes, que todo sucedió a partir de una fuerte discusión, que tomó un fierro y le pegó en la cabeza”.
En octubre del año pasado la familia del adolescente había demandado civilmente al Gobierno provincial y a los padres del asesino por una suma de $600 millones. En el caso del Gobierno, lo señaló “por daños y perjuicios como ente rector, a través del Ministerio de Educación”, de la escuela IPEM 278 Malvinas Argentinas.
POLITICA
Tras jurar como ministro de Justicia, Mahiques espera que le entreguen el expediente de la AFA para definir si designa veedores
Este jueves asumió Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y su primer acto administrativo podría ser la designación de veedores en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Es que días atrás Cúneo Libarona recibió a especialistas en derecho civil y comercial para analizar la situación en la AFA, pero este miércoles formalizó la renuncia que venía impulsando desde hace tiempo.
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Cúneo Libarona ya tenía definida la decisión, pero abandonó el cargo antes. Sobre esta postura hay dos versiones: la primera que circulaba dentro del Gobierno era que estaba “pateando el problema para adelante” y que no quería que la eventual designación de veedores en la AFA sea su último acto administrativo al frente del Ministerio.
“Se quiere ir y no quiere definir sobre los veedores; que en todo caso lo haga su reemplazante”, deslizó una fuente con llegada a la Casa Rosada días atrás. En ese marco, también hubo quienes creían que estaba demorando la decisión para dejar el tema sin resolver antes de su salida.
La segunda, según pudo saber TN de altas fuentes del Ministerio de Justicia, se debió a que simplemente los tiempos de la documentación no le permitieron llevar adelante la medida.
Es por eso que previo a su renuncia, aseguraron que Cúneo Libarona estaba “tratando de dejar todo ordenado” y que su intención era resolver el planteo con fundamento jurídico.
Ahora será Mahiques quien debe definir si designa veedores en la AFA. Pero el proceso es largo. En la IGJ, distintas dependencias analizarán el expediente y recién después de ese proceso pasará al Ministerio.
En primer lugar, lo recibirá Carlos Medina, quien está a cargo del control del organismo. Luego pasará a legales de Justicia y recién ahí definirá el flamante ministro.
El trámite para determinar a los veedores no es sencillo. En el Ministerio explican que el proceso es “engorroso”: se debe elaborar un proyecto de resolución, someterlo a consideración del titular de la cartera y articular la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Recién entonces puede formalizarse una respuesta. Ese circuito administrativo explica, según fuentes oficiales, por qué la definición aún no se produjo.
La investigación en la AFA
El conflicto se originó luego de que la AFA no presentara el balance financiero correspondiente a 2025. La IGJ sostiene que la entidad fue entregando documentación de manera parcial en los últimos meses, pero no cumplió con la presentación del último ejercicio.
Por eso pidió la designación de veedores que auditen los estados contables de 2025, los números de la Universidad de la AFA y todos los movimientos económicos de TourProdEnter.
En el último balance presentado, correspondiente a 2024, se consignaron gastos por 39 mil millones de pesos en selecciones nacionales, sin desagregar el destino de esos fondos.
Además de los egresos, la IGJ requirió el detalle de los ingresos y de todos los movimientos económicos de la institución.
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Cuando comunicó la medida, el Ministerio de Justicia señaló que la AFA se negó a entregar “la documentación requerida, a pesar de que la IGJ le otorgó todos los plazos legales para regularizar su situación”.
En ese mismo mensaje se indicó que “los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”.
El organismo también advirtió que la entidad “no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años”, lo que —según el comunicado oficial— impide conocer el origen y destino de los millones de dólares que ingresaron y salieron de la institución en ese período.
El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, sostuvo públicamente que en las últimas semanas trascendió una investigación sobre “eventuales maniobras que podrían implicar el ocultamiento de importantes ingresos de AFA”, que habrían sido derivados a través de entidades ajenas, tanto locales como extranjeras, sin pasar por su contabilidad.
AFA, Juan Bautista Mahiques
POLITICA
Tras la salida de Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques juró como nuevo ministro de Justicia
El periplo presidencial no terminará allí: el miércoles 11, Milei estará en Santiago de Chile para asistir a la asunción del derechista Antonio Kast como nuevo presidente del país vecino. La delegación norteamericana para ese evento estará encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, con la cual se reducen las chances de una visita al país del poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, a quien desde el Gobierno esperaban para el jueves 12.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno formarán parte de la comitiva, según fuentes oficiales. Precavido, y con el objetivo de no generar un vacío en la gestión durante sus días de ausencia del país, el Presidente firmó ayer un original decreto, que lleva el número 130/26, que designa a cargo de la jefatura de gabinete de modo “interino” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y en su ausencia a su par de Defensa, Carlos Presti.
La reunión de El Doral, convocada por Trump, incluirá a presidentes aliados como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Paz, de Bolivia y Nasry Asfura, flamante presidente de Honduras desde el 27 de enero pasado. La necesidad de Trump de frenar la influencia de China, su principal adversario económico y geopolítico, en la región, será según fuentes oficiales uno de los temas clave a tratar en esa reunión, con hasta cinco invitados adicionales por país.
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