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Cristina Fernández vuelve a la actividad política y en febrero el kirchnerismo iniciará una campaña por su liberación

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Cristina Fernández de Kirchner retomó en los últimos días su actividad política de manera gradual y bajo estrictas indicaciones médicas, luego de haber atravesado una apendicitis aguda que derivó en una cirugía y una prolongada internación. La ex presidenta recibió el alta médica el 3 de enero de 2026, tras estar dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, y continuó la recuperación en su departamento porteño ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

En ese mismos espacio —convertido otra vez en un centro de decisiones políticas— Cristina realiza caminatas diarias en la cinta como parte de su rehabilitación física y recibe a dirigentes de su entorno más cercano. En los últimos días pasaron por allí figuras clave del kirchnerismo, entre ellos el diputado nacional Juan Grabois y el ex senador Oscar Parrilli, uno de sus operadores político que retomara labores directivas en el Instituto Patria.

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Presentes y manifestaciones que la militancia deja cerca del departamento de Constitución dónde vive la ex presidenta  REUTERS/Alessia Maccioni/File Photo

En su tiempo de convalecencia la ex vicepresidenta, además de entablar comunicaciones telefónicas y por videollamas, leyó varios libros: “El niño resentido”, de César González; “El rengo yeta”, de César González; “Perón, pensamiento para la acción política”, de Carlos Piñeiro Iñiguez; La francotiradora de Stalin, de Liudmila Pavlichenko y el último trabajo del periodista y escritor frances Giuliano Empoli “La hora de los depredadores”. El ex asesor del presidente del Consejo de Ministros italiano Matteo Renzi es autor de dos libros imprescindibles para comprender los actuales tiempos políticos: El mago de el Kremlin y Los ingenieros del caos.

Tan actuales son los trabajos del ganador del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa que en la página 121 de “La hora de los depredadores” Da Empoli abre el capítulo con una cita del Christian Linder -ex ministro de economía y líder del parido libera-demócrata alemán- dirigida a Elon Musk que dice así: “Elon, he abierto un debate político inspiradas en tus ideas y en las de (Javier) Milei.”

Se trata del mismo presidente Argentino al que CFK y el cristinismo duro intentarán dar batalla instalando una vez más una campaña con el lema “Cristina libre” y mostrandola como alternativa a las políticas de La Libertad Avanza. También instalando una agenda mediática distinta a la que se impulsa desde la Casa Rosada.

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Desde el kircnerismo entienden que Javier Milei es sostenido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump REUTERS/Jonathan Ernst

Si bien la escena que trascurre en el departamento de Constitución es conocida, el contexto es distinto: Cristina vuelve a moverse en un escenario atravesado por la condena judicial, la reorganización del peronismo y la proyección de las elecciones presidenciales de 2027.

Visitas, señales y un nuevo ciclo político

La reaparición que comenzará a hacer la ex mandataria después del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada eíleo postoperatorio no es casual ni improvisada.

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En el kirchnerismo dan por iniciado un nuevo ciclo político a partir de febrero, con una campaña que volverá a girar sobre una consigna ya conocida: “Cristina Libre”. El objetivo es reinstalar la idea de la proscripción política de la ex senadora y advertir que, sin su participación, las elecciones presidenciales de 2027 estarán atravesadas por una “dudosa legitimidad democrática”, en una analogía directa con lo ocurrido con Juan Domingo Perón durante los años de proscripción.

Entre entre sus allegados de paladar negro la proyectan lanzada a una hipotetica candidatura presidencial, aunque, argumentan “la palabra final” la tendrá la ex diputada.

CFK está imposibilitada de disputar cualquier cargo y función pública ya que la Corte Suprema, en junio de 2015 dejó firma la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”.

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CFK en el Instituto Patria con dirigentes de confianza

Más allá de ese escollo, en el entorno de CFK aseguran que la ex presidenta insistirá en los ejes de agenda que viene planteando desde hace tiempo: la necesidad de una “nueva estatalidad”, la discusión sobre la deuda externa y una crítica frontal al fracaso de las políticas económicas del presidente Javier Milei, a quien describen como políticamente sostenido por el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Sobre la “nueva estatalidad” Cristina Fernández ya había reflexionado que en la Argentina hay una discusión que nadie quiere dar: pensar un nuevo Estado para una nueva nación y vinculó esa idea con la dependencia estructural del país respecto del Fondo Monetario Internacional. “Lo que hay hacia adelante es una muralla de endeudamiento”, y advirtió que: “nadie quiere discutir la deuda.”

En su entorno interpretan que ese silencio no es casual. “Ni los libertarios ni sectores del propio peronismo quieren discutir un nuevo Estado para un nuevo país. No, quieren discutir a Cristina”, repiten cerca de la ex mandataria.

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En el entorno de CFK son muy criticos con buena parte del peronismo: “la dejaron aislada”, repiten y de inmediato sostiene que su jefa política mantiene en alto “las tres C”: “cabeza, corazón y coraje.”

Cristina Kirchner y Axel Kicillof en el Teatro Argentino de La Plata (Aglaplata)

El factor Francisco y el encono con Kicillof

En el entorno más cercano a la ex presidenta evalúan que la muerte del papa Francisco actuó como un factor catalizador para los magistrados avanzaran en la condena judicial en su contra. Y no dejan afuera a los magistrados de las instancias inferiores y los cortesanos.

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Según esa mirada, la voz del pontífice argentino era escuchada con atención en distintos ámbitos de poder, además de haber expresado en más de una oportunidad su preocupación por el uso político del sistema judicial en América Latina.

Siempre de acuerdo a esa interpretación interna, la desaparición física del Papa habría dejado a Cristina sin una referencia moral y política de peso internacional, lo que facilitó —según sostienen— que determinados sectores judiciales avanzaran sin costos simbólicos ni resistencias externas.

Ese encuadre es parte central de la campaña “Cristina Libre”, que el kirchnerismo relanzará con fuerza a partir de febrero. No se trata solo de una consigna militante: es una estrategia política y jurídica orientada a volver a poner en discusión el rol de la Corte Suprema, la validez de las condenas y el impacto de la proscripción en el sistema democrático.

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En el Instituto Patria sostienen que el objetivo no es únicamente defender a la dos veces presidenta, sino interpelar a un electorado más amplio, incluso por fuera del kirchnerismo, que -entienden- empieza a mostrar signos de desgaste frente a “la política de la motosierra” liberal de Milei, en sectores como discapacidad, salud pública y ciencia.

Hay un dato que en el kirchnerismo repiten en voz baja y, cada vez más, también en público: Cristina sigue midiendo. Según números que manejan sus allegados, la ex presidenta conserva una imagen positiva que oscilaría entre el 34 y el 37 por ciento, un piso que ningún otro dirigente del espacio logra consolidar.

Esa lectura alimenta otra conclusión, más incómoda: en el kirchnerismo creen que ningún gobernador peronista, ni dirigente actual podría vencer a Javier Milei en una eventual segunda vuelta presidencial. Es una apreciación que incluso dentro del propio espacio reconocen como prematura, teniendo en cuenta que faltan casi dos años para la elección, pero que ya circula como argumento interno en mesas políticas y conversaciones reservadas.

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El diputado Juan Grabois hizo pública su visita a CFK y habló de proscripción

La comparación no es solo de volumen electoral, sino de centralidad simbólica. “Milei necesita enfrentarse a Cristina para validar su propio relato”, deslizan cerca de la ex presidenta, convencidos de que ningún otro candidato opositor logra polarizar con el Presidente como ella.

Puertas adentro, en el Instituto Patria no disimulan el malestar por la distancia política que el gobernador bonaerense Axel Kicillof tomó desde hace tiempo respecto de la figura de Cristina. La relación, que supo ser de extrema cercanía, atraviesa su momento más frío.

En mesas de café recuerdan con fastidio el mes de marzo de 2024. El mandatario bonaerense mantenía una conversación privada en el Instituto Patria con la ex vicepresidenta. De manera simultánea se desarrollaba una reunión de la juventud. Los militantes K, al enterarse que estaba por terminar el encuentro, solicitaron sacarse una foto con el ex ministro de Economía.

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Según ese relato, Kicillof accedió, pero, al ver que el retrato sería tomado en el Salón de las Mujeres desistió. Aquella actitud fue tomada como una negativa del bonaerense a fotografiarse en el Instituto Patria. Exagerado o no, es un dato político el alejamiento entre el reelecto gobernador y quien supo ser su jefa política.

Grabois y un discurso para ordenar al peronismo

Quien sí decidió exponer públicamente su encuentro de las últimas horas con Cristina Fernández de Kirchner fue Juan Grabois. El dirigente de Argentina Humana y diputado nacional difundió en sus redes sociales una extensa y dura reflexión política después de las más de dos horas de interacción en San José 1111.

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“Ayer estuve un par de horas con @CFKArgentina, con nuestras coincidencias, diferencias y el cariño que nos une hace ya diez años. La vi muy bien, íntegra y digna, con la lucidez que tanto nos hace falta”, escribió.

Luego, apuntó sin filtros contra quienes relativizan la situación judicial de la ex mandataria:“Si a cualquiera de ustedes, libertos ignorantes y macristas renegados, les hubieran hecho atravesar el 1 % de lo que le hicieron a ella, ya estarían con chaleco de fuerza o se hubieran dado un corchazo. Lo mismo aplica a unos cuantos de los nuestros. Blandengues.”

Grabois enumeró una larga lista de políticas públicas que, según sostuvo, explican la persecución contra Cristina Kirchner, y dejó una advertencia directa al peronismo: “Cualquiera que quiera representar a nuestro frente político tiene que garantizar que el primer día de su gobierno va a firmar el indulto y mandar a juicio político a la Corte Suprema.”

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“Ninguno de los nuestros puede liderar si no reconoce el hecho básico de que el régimen político está viciado de ilegitimidad desde la proscripción de Cristina”, concluyó.

Sus palabras, conversadas o no con CFK, forman parte de la estrategia política que comenzara a desplegar el kirchnerismo más afin a CFK.

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Harán una audiencia para definir si sigue adelante la causa por evasión contra la AFA o si la cierran por inexistencia de delito

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La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico convocó a una audiencia para la semana próxima para definir si sigue adelante con el caso por evasión y apropiación de aportes de los empleados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o si corresponde cerrar el expediente por inexistencia de delito.

La convocatoria de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio es para el miércoles 18 de marzo y allí la defensa del presidente de la entidad, Claudio Tapia, y la de los integrantes de la comisión directiva argumentarán en favor de que se cierre el caso, mientras que la fiscalía peleará para mantenerlo abierto.

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En esta causa, Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que serán indagados en los tribunales mañana y pasado, están acusados por la ARCA de retener aportes y no pagar impuestos, en 2024 y 2025, por 19.000 millones de pesos.

Los jueces Carolina Robiglio y Roberto HornosArchivo

Los defensores argumentaron que no correspondía pagar esas sumas porque estaban suspendidos los embargos. No obstante, vencida la fecha prevista para el cobro, pagaron la suma que le reclamaban a la AFA.

Por eso, como ya pagaron, los defensores sostienen que no hay delito y que la causa debe ser cerrada.

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Sin embargo, la fiscalía de Claudio Navas Rial señaló que cuando se había fijado la fecha de pago, la obligación no se cumplió y eso es suficiente para acreditar el delito. Y señaló que la resolución del Ministerio de Economía que suspendía los embargos no implicaba que no se debían hacer los pagos.

El juez en lo penal económico Diego AmaranteFabián Malavolta

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó el pedido para cerrar la causa y avanzó con las declaraciones indagatorias. Ya declararon los secretarios generales de la organización Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors.

Las defensas apelaron y ahora resolverá la Cámara en lo Penal Económico: hay en realidad dos audiencias previstas, una para el jueves 12 para discutir la prohibición de salida del país de Tapia y Toviggino; y otra el 18 para debatir el cierre del caso por inexistencia de delito.

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Si se mantiene la prohibición, Tapia y Toviggino deberán pedir permiso para ir al campeonato mundial de fútbol en los Estados Unidos.

En la causa penal se investiga la falta de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Víctor Blanco y Chiqui TapiaJUAN MABROMATA – AFP

Tanto Malaspina como Blanco recordaron en un escrito presentado cuando fueron indagados, sin responder preguntas, que estaba pendiente esta decisión de la Cámara de Apelaciones.

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“Antes de ingresar al análisis de los hechos que se me intiman en este acto como imputación, corresponde señalar que al momento de la presente audiencia se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, una cuestión que incide directamente en la habilitación misma del ejercicio de la acción penal en estas actuaciones”, sostuvo la presentación del abogado Lucio Simonetti.

Además de esta causa por evasión, hay otros tres expedientes donde se investiga a la AFA, a Tapia y a Toviggino.

Uno de ellos lo tiene el juez federal de Campana Adrián González Charvay sobre los dueños de la quinta de Pilar, que se sospecha pertenece a Toviggino. Pero ahora ese magistrado pidió concentrar en sus juzgado todas las causas incluidas aquellas por el supuesto desvío de fondos de dinero cobrado por la AFA en los Estados Unidos.

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El juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay

Los imputados pidieron que la causa de la quinta de Pilar quede en ese juzgado de Campana porque entienden que les irá mejor que en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky, que avanzó con la investigación.

De todos modos, no está dicha la última palabra acerca de quién resolverá esta cuestión de competencia, algo que debe hacer la Cámara Federal de Casación Penal.

Los jueces que votarán dónde se queda el caso, si en Campana o en el Penal Económico de Aguinsky, son Javier Carbajo y Angela Ledesma. Y hoy se sorteó al tercer juez que decidirá el asunto de la quinta valuada en unos 20 millones de dólares.

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El sorteo recayó en el juez Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación y postulado para el Ministerio de Justicia, antes de que asumiera Juan Bautista Mahiques, cargo que desestimó para no dejar la neutralidad del Poder Judicial.

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, en LN+

Mientras se decide dónde queda la causa de la quinta, el juez Gonzalez Charvay planteó al juzgado de instrucción 11 Paula Petazzi, y a su colega Luis Armella de Quilmes, interinamente a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, que le envíen la causa de la AFA donde se investigan desvíos de fondos.

El juez Armella y la jueza Petazzi investigan el rol de la firma TourProdEnter LLC, dirigida por Érica Gillette como presidenta y su marido Javier Faroni como su cara visible, constituida en los Estados Unidos.

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De acuerdo al contrato firmado con la AFA, Tour ProdEnter LLC era su agente comercial exclusivo en todo el mundo excepto en la República Argentina, en virtud de lo cual tenía potestades de representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos o comerciales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de la AFA en el exterior.

La empresa habría desviado sumas millonarias hacia sociedades “fantasma” en Florida, tales como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Estas firmas están a nombre de personas con perfiles de insolvencia que coincidirían con el patrón de “prestanombres” detectado por ARCA en la operatoria local.

Ahora se deberá definir si el juez Armella y la jueza Petazzi le entregan sus investigaciones a González Charvay.

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Si los jueces Petazzi y Armella se allanan al pedido, no hay conflicto y el caso queda concentrado en González Charvay. Si los jueces rechazan el pedido de Armella, el asunto puede que sea resuelto por la Cámara Federal de San Martín y eventualmente al final del proceso por la Cámara Federal de Casación, integrada por Carbajo, Ledesma y Borinsky.


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Reforma de la Ley de Glaciares: la oposición pide ampliar la audiencia pública en Diputados por la gran cantidad de inscriptos

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El tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares enfrenta posibles demoras en medio de reclamos de la oposición y de organizaciones ambientales por el formato de la audiencia pública convocada para debatir la iniciativa.

Legisladores de distintos bloques enviaron una carta a las autoridades de la Cámara baja para pedir que se amplíe la convocatoria y la duración de la audiencia pública, al considerar que el esquema previsto impediría que participe la mayoría de las personas que se anotaron para exponer.

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El planteo fue dirigido al presidente de Diputados, Martín Menem, a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, y a la Secretaría Parlamentaria.

El Gobierno logró aprobar la Ley de Glaciares en el Senado, en las sesiones extraordinarias. (Foto: Senado)

El proyecto, que tiene media sanción en el Senado, propone modificar la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La norma, sancionada en 2010, protege estos ecosistemas al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectar su estado natural.

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Según indicaron los legisladores, la convocatoria a la audiencia despertó un fuerte interés social. Hasta el momento se registraron más de 10.000 personas inscriptas, aunque algunas estimaciones hablan de cifras aún mayores a medida que avanza el proceso de inscripción.

Sin embargo, el formato previsto —dos jornadas de nueve horas cada una con intervenciones de cinco minutos— permitiría la exposición de poco más de 200 oradores. Para la oposición, ese esquema dejaría afuera a la gran mayoría de los participantes que manifestaron su intención de intervenir en el debate.

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En la carta enviada a las autoridades de la Cámara Baja, los diputados advirtieron que las audiencias públicas en materia ambiental deben garantizar un proceso de deliberación real y no convertirse en una instancia meramente formal.

En ese sentido, recordaron que el derecho a la participación ciudadana está reconocido en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a asegurar mecanismos abiertos e inclusivos en decisiones con impacto ambiental.

El Gobierno quiere modificar la ley de Glaciares. Foto: Martín Katz
El Gobierno quiere modificar la ley de Glaciares. Foto: Martín Katz

En paralelo, organizaciones de la sociedad civil también reclamaron mayor transparencia en el proceso. El Círculo de Políticas Ambientales solicitó formalmente que se publique la lista completa de personas registradas para participar de la audiencia pública.

Según la entidad, la medida permitiría verificar la cantidad real de inscriptos y garantizar la validez del procedimiento, luego de que algunos participantes reportaran problemas para recibir los correos electrónicos de confirmación del registro.

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El reclamo también fue replicado por el diputado Maximiliano Ferraro, uno de los impulsores de la iniciativa de ampliar la audiencia. A través de su cuenta de X, sostuvo que las autoridades de Diputados deberían difundir el listado completo de inscriptos y actualizar la información periódicamente para asegurar la transparencia del proceso.

El Congreso tiene la obligación de hacerlo público”, señaló el legislador al referirse al pedido presentado junto a otros diputados para que se difundan los registros de participación.

El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares generó una fuerte movilización de organizaciones ambientales, especialistas y sectores productivos vinculados a las provincias cordilleranas. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y ahora debe ser analizado en la Cámara baja antes de avanzar hacia su eventual aprobación.

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El Gobierno concedió el estatus de refugiado a un bolsonarista condenado a 13 años en Brasil por intentar un golpe de Estado

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El Gobierno otorgó el estatus de refugiado a un bolsonarista condenado a 13 años de prisión y extraditado a Brasil por intentar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.

Se trata de Joel Borges Correa, a quien el juez Daniel Rafecas concedió la extradición por pedido de la Justicia brasileña, en un trámite que estaba apelado ante la Corte Suprema de Justicia.

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Antes de que se resuelva el asunto, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, concedió a Borges Correa la condición de refugiado.

Con este estatus el exprófugo Borges Correa quedó a salvo de ir preso en su país, donde había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por el ataque al Palacio del Planalto el 8 de enero de 2023, en un intento de golpe de Estado.

Manifestantes bolsonaristas se enfrentaron con la policía y tomaron varios edificios gubernamentalesEraldo Peres – AP

El Gobierno dijo que había “temor fundado” de que Borges Correa fuera objeto de una persecución política en su país. Es sabido el encono y enfrentamiento de Milei con Lula por su posición política y su simpatía y alineamietnto ideológico con el expresidente Jair Bolsonaro.

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Junto a este Borges Correa fueron extraditados Joelton Gusmao de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Todos habían sido condenados y estaban en prisión domiciliaria a la espera de que se resuelvan sus pedidos de refugio.

Borges Correa es el único al que le fue concedido el estatus de refugiado. El bolsonarista declaró haber ingresado a territorio argentino el 13 de abril de 2024 por el paso Bernardo de Irigoyen, en Misiones, de manera clandestina para no ser detenido, porque había un pedido de captura en su contra.

Un cartel que reclamaba la libertad de Joel Borges Correaarchivo

Vivía en Tubarão, Santa Catarina, con su esposa y dos hijos, y trabajaba como camionero. Borges Correa viajó el 8 de enero de 2023 a Brasilia en micro con otras 50 personas de su ciudad para una movilización. Dijo que ya había desmanes y destrozos cuando llegó al centro del conflicto en la Plaza de los Tres Poderes. Acusó a un grupo de personas “vestidas de negro”. Por la represión decidió refugiarse en el Planalto, dijo.

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Dentro del edificio, Borges Correa fue esposado y trasladado a una delegación policial, donde, según denunció, lo habrían presionado para declarar que había participado en un intento de golpe de Estado. Posteriormente, fue llevado a prisión sin que se le informaran los delitos de los que se le acusaba.

Borges Correa estuvo preso siete meses en Brasil hasta que en agosto de 2023 obtuvo la prisión domiciliaria, con tobillera electrónica. Fue condenado a 13 años y medio de prisión por atentar contra la democracia, además de daños y asociación criminal armada. Su sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Brasil.

Pero Borges Correa huyó. Se sacó la tobillera electrónica e ingresó a la Argentina con otros condenados. Lo atraparon poco tiempo después y estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza. La CONARE le creyó a Borges Correa en cuanto sus condiciones de detención e hizo caso omiso de la sentencia confirmada por la Corte de Brasil.

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Joel Borges Correaarchivo

La CONARE argumentó que los bolsonaristas creían estar frente a un fraude electoral y por eso actuaron y lo tomó como causal de justificación de las acciones. Cuestionó el fallo del vecino país que lo condenó y dijo que “el Estado brasileño actuó como agente persecutor”. Si avanza la suspensión del proceso judicial, el bolsonarista podría recuperar su libertad.

Rafecas había dispuesto al término de un juicio oral la extradición a Brasil de cinco condenados por la Corte Suprema de ese país, que estaban prófugos y fueron detenidos en Argentina, a raíz de haber participado en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia en enero de 2023. El fallo estaba apelado directamente ante la Corte Suprema de Justicia.

La decisión del juez Rafecas alcanzó a Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, todos condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión. Todos ellos iniciaron en su momento el trámite de refugiados en Argentina, que ahora se resolvió solo en favor de Borges Correa.

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