POLITICA
Cristina Kirchner apelará ante la Corte Interamericana, pero sus chances son escasas: el desaire de la Corte, el caso Petro y la advertencia de Zaffaroni
Desde que la Corte Suprema dejó firme la sentencia contra Cristina Kirchner comenzó a correr el plazo de seis meses para que la expresidenta acuda con su caso ante la justicia internacional. Este domingo, el abogado de la expresidenta Alberto Beraldi confirmó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Es tan grotesco lo que hizo la Corte que yo no tengo dudas de que hace falta un análisis serio, objetivo y responsable por parte de las instancias internacionales, que van a llegar a una solución contraria”, se envalentonó.
Días atrás, Gregorio Dalbón, otro abogado de la expresidenta, anticipó vía X que acudirá a la CIDH, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional (CPI).
La intervención de la CIDH está contemplada de manera explícita en un artículo del nuevo Código Penal, el 366, inciso f, que señala los motivos por los que podría revertirse una condena firme, como la que pesa sobre la dos veces presidenta en la causa Vialidad.
Sin embargo, las chances de que prospere un planteo ante ese tribunal son remotas, según deslizó días atrás Eugenio Zaffaroni, un jurista ideológicamente afín al kirchnerismo que fue miembro del tribunal por cuatro años. Además, no está clara la fuerza normativa de un eventual fallo en favor de la expresidenta y los antecedentes de la CIDH tampoco abren perspectivas alentadoras para la expresidenta.
En primer término, ese tribunal no está facultado, en principio, para revertir sentencias de tribunales nacionales. Su función es la de garantizar que los países que suscriben a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Argentina, no violenten su contenido, cuyo acatamiento asumieron al adherirse al pacto. Su tarea, explican fuentes judiciales, es comparable a la que realiza la Corte Suprema respecto a la Constitución.
Sin embargo, de constatar que un caso particular presenta violaciones al Pacto de San José de Costa Rica -como también se conoce a la convención- la CIDH puede ordenar al Estado miembro que ponga en marcha alguna medida restaurativa para enmendar la garantía vulnerada. En principio, un Estado suscripto al pacto tendría escaso margen para desatender un fallo así.
La Argentina adhirió al pacto en 1984 -seis años después de que entrara en vigor- y con la reforma constitucional de 1994 le dio a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes. Pese a ello, en una sentencia de 2018, estando ya vigente el nuevo código procesal, la Corte Suprema se negó a plegarse a lo resuelto por la CIDH.
En el marco de un caso sobre libertad de expresión, el tribunal internacional pedía revertir un fallo contra el periodista Jorge Fontevecchia que había sido avalado por la propia Corte Suprema en 2001. Es decir, la CIDH le pidió a la Corte que vaya contra su pronunciamiento.
No ocurrió. Por mayoría, el máximo tribunal resolvió que acatar la orden sería “transformar a [la Corte IDH] en una ‘cuarta instancia’”, lo que implicaría “un exceso de las obligaciones asumidas por Argentina”.
En ese sentido se expresaron Elena Highton de Nolasco, que dejó el cargo en 2021, y los tres ministros que conforman actualmente el máximo tribunal: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
El fallo quedó rodeado de cuestionamientos, avivados en parte por el voto en disidencia de Juan Carlos Maqueda: afirmó que el deber de cumplir con la CIDH era un principio básico del derecho. Maqueda dejó el cargo en diciembre del año pasado.
Existe otro fallo de la CIDH que sí puede encender alguna expectativa en la expresidenta y al mismo tiempo jugarle en contra. En 2012, el ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue destituido como alcalde de Bogotá −su cargo en aquel entonces− y sancionado por la Procuraduría General a 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fue en el marco de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el servicio de recolección de basura de la capital colombiana.
El caso llegó a la CIDH, que en 2018 falló en favor de Petro, luego de emitir cautelares en el mismo sentido. El tribunal sostuvo que los derechos políticos del mandatario fueron vulnerados (artículo 23 del pacto) porque fue un órgano administrativo el que instrumentó la sanción y no un “juez competente” a través de una condena. “La sanción de inhabilitación para ser elegido en un cargo de elección popular no puede ser impuesta sino a través de una condena penal en firme y no por la vía administrativa”, se lee en la sentencia. El juez Zaffaroni integró aquella Corte. En su voto, afirmó la existencia de una “persecución política y discriminación” contra Petro y denunció “lawfare”.
En el caso de Cristina Kirchner, no obstante, todos los “jueces competentes” involucrados en el proceso −más de una docena− fallaron en el mismo sentido. La expresidenta, así, tampoco podrá llevar ante el tribunal siquiera un voto de algún magistrado, puesto que no hubo ninguno que la encontrara inocente por el delito de fraude al Estado.
Otra sentencia de la CIDH −anterior al caso “Fontevecchia”− sí fue acatada a nivel local. Fue citada por el propio Maqueda en su disidencia de 2018. Se conoce como “Mohamed”, por el apellido del condenado, un colectivero que atropelló y mató a una señora, fue absuelto por un tribunal y condenado luego por otro.
Tuvo resonancias internacionales porque la apelación de Mohamed a esta segunda sentencia condenatoria fue desestimada, una decisión que incumplió con el estándar del “doble conforme”, es decir, la garantía de que una primera sentencia pueda ser recurrida.
El caso llegó a la CIDH, que resolvió en favor de Mohamed: sostuvo que, al no respetarse esta garantía, se había incurrido en una violación de sus derechos humanos.
Nada de esto ocurrió, sin embargo, con la expresidenta. Su procesamiento fue revisado por la Cámara Federal, que lo ratificó, y su sentencia, confirmada por la Cámara de Casación, creada en 1991 para cumplir con el estándar internacional del “doble conforme”. Y si bien su recurso extraordinario para acudir a la Corte fue rechazado, el máximo tribunal sí escuchó y contestó cada uno de los reclamos en su queja.
Por ejemplo, los ministros dijeron −a través del juez de Casación Gustavo Hornos− que las obras públicas elegidas para ser auditadas “no fueron arbitrarias ni antojadizas”, como alegaron las defensas, o que las conexiones entre jueces, fiscales y funcionarios aludidas, que buscaban probar una presunta conspiración, eran “conjeturas” que no alcanzaban a probar imparcialidad, además de que muchos de los más de 20 funcionarios que intervinieron en el proceso fueron designados durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
En la escena internacional, surgió un planteo desde Bolivia sobre los derechos políticos cuando el expresidente Evo Morales, desafiando un referéndum adverso, buscó presentarse para un cuarto mandato, algo prohibido por la Constitución de su país.
En 2021, la Corte IDH emitió una opinión consultiva –una interpretación del Pacto de San José de Costa Rica− tras una solicitud especial del Gobierno de Colombia, por la que definió que la “reelección indefinida” −por la que Evo Morales todavía insiste− no era un derecho humano. En este caso, Zaffaroni también votó en disidencia: sostuvo que la CIDH no es competente para juzgar las formas de gobierno que adoptan los Estados.
Además de las dudas respecto al alcance de un eventual fallo, están los largos tiempos procesales del tribunal. El recorrido de los casos comienza en la Comisión Internacional del organismo que evalúa si amerita o no elevar el caso a la Corte. Ese proceso es muy largo, según dijo Zaffaroni en declaraciones a Radio 10. “No va a servir para nada”, anticipó, antes de que se conociera el fallo. Y añadió: “Tiene que pasar por la Comisión y la Comisión Interamericana demora años en resolver. De modo que no, en el sistema interamericano la cosa no funciona”.
POLITICA
Con el apoyo de Rodríguez Larreta, la Coalición Cívica competirá bajo el sello “Hagamos Futuro” en las elecciones
Este jueves, a pocas horas del cierre de las alianzas para las elecciones del 26 de octubre, un sector del radicalismo, que decidió abandonar el armado alternativo de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la unión de fuerzas. Elisa Carrió anunció su apoyo a Hagamos Futuro, que irá con Graciela Ocaña como Senadora Nacional y con Hernán Reyes como Diputado Nacional. Además, contará con Horacio Rodríguez Larreta en sus filas. “Vamos a caminar juntos para recuperar un lugar seguro para todos los argentinos”, aseguró Lilita.
Hagamos Futuro está integrado por diferentes partidos, entre los que se encuentran: Coalición Cívica ARI, Confianza Pública, Partido Federal, MID, Demócrata Cristiano, Partido de las Ciudades y Transformación.
“Quiero contarles que desde Hagamos Futuro voy a acompañar a Graciela Ocaña como Senadora Nacional y a Hernán Reyes como Diputado Nacional por la Ciudad. Vamos a caminar juntos para recuperar un lugar seguro para todos los argentinos”, expresó Lilita Carrió en su cuenta oficial de X (Twitter).
Por su parte, Ocaña escribió: “Hoy es un día importante. Un reencuentro con muchos recuerdos de luchas compartidas. La vida y los valores nos volvieron a poner en el mismo camino con Lilita: tolerancia cero a la corrupción y defensa de la República”.
Además, explicó que Hagamos Futuro va a contar “con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta”. Todavía no se definió el papel que tendrá Larreta en esta campaña, ya que el ex jefe de Gobierno fue electo legislador.
A su vez, Reyes afirmo: “Junto a Graciela Ocaña, candidata a Senadora Nacional, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta, vamos a caminar juntos para recuperar un lugar seguro para todos los argentinos”.
Hace una semana, la Coalición Cívica de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo su congreso partidario, donde se había confirmado a Reyes como su candidato a diputado nacional.
La Coalición Cívica viene de reelegir a Maximiliano Ferraro como titular del partido, en un acto en el que Carrió lanzó fuertes críticas a la gestión de Javier Milei.
Más fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires definieron sus alianzas
La noticia que marcó la jornada política de este jueves fue el acuerdo sellado entre La Libertad Avanza y el PRO. Por otro lado, la Unión Cívica Radical (UCR) inscribió su propio espacio, que llevará el nombre de Ciudadanos Unidos.
“Junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre”, anunció Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a través de sus redes sociales.
Según indicaron a Infobae, el cónclave se produjo durante la noche de este miércoles en la Quinta Presidencial de Olivos. Se trató de un encuentro a solas, sin la participación del Javier Milei, y tampoco del jefe de Gobierno y presidente del PRO Capital, Jorge Macri, con quien el presidente no está dispuesto a tener contacto ni acercamientos después de la traumática elección de CABA.
Mauricio Macri había mantenido un estricto hermetismo y ni siquiera sus colaboradores y allegados más cercanos conocían de la realización de la cumbre.
Mientras tanto, la UCR formalizó su espacio, el frente Ciudadanos Unidos que conformó junto al Partido Socialista, el GEN y Unión Federal, con Facundo Manes como candidato a senador y Martín Lousteau encabezando la lista de diputados. La alianza se presenta como una alternativa de centro y busca “llevar la voz de quienes quieren progreso y equilibrio, sin gritos ni violencia”.
El domingo 26 de octubre, los ciudadanos argentinos elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales en los comicios legislativos.
El sistema de reparto de bancas en la Cámara de Diputados utiliza el método D’Hondt, que asigna los escaños de cada provincia en función de su población. Así, la Capital Federal se renovarán 13 de sus 25 bancas.
En el caso del Senado, cada provincia elige tres senadores: dos corresponden al partido con mayor cantidad de votos y uno a la agrupación que obtenga el segundo lugar.
POLITICA
Lilia Lemoine reaccionó a las declaraciones de Diana Mondino y dijo que “atentó” contra el Presidente: “Está armado”
Después de que la excanciller Diana Mondino diera una entrevista en el exterior y realizara declaraciones sobre Javier Milei -entre las que plantó la duda sobre si $LIBRA fue un error y si tiene “inestabilidad mental”-, la diputada Lilia Lemoine defendió al Presidente y señaló que el reportaje fue armado. Además dijo que, en plena campaña electoral, “buscan hacerle daño” al Gobierno y acusó a la exministra de no haber estado a la altura del cargo que tenía.
La diputada de La Libertad Avanza (LLA) reaccionó a la entrevista que brindó Mondino y, en un principio, se mantuvo cautelosa y dejó lugar a que haya sido un furcio de la exministra. “Dicho en inglés quizás no suena igual que en español y no se entiende el sentido que le quiso dar. Sin embargo, siendo este un contexto electoral en el que la oposición está intentando tildar a Milei de corrupto, me hace pensar que no fue inocente del todo. O es propensa a caer en esas trampas. Me cuesta creer que fue accidental, quiero creer que sí“, expresó en diálogo con José Del Rio en Mesa Chica por LN+.
Acto seguido, argumentó que Mondino “no aseveró que Milei es un corrupto” y sostuvo: “El propio Presidente dijo en su momento que no tendría que haberlo publicado. Él compartió para que la gente se anote para participar para cuando se repartiera el dinero, no para que compre”.
En tanto, minutos después le mostraron las cifras de voluntad de voto en Córdoba, las cuales dejaron a Mondino muy bien parada. Al respecto, Lemoine dudó: “Si se presenta en estas elecciones con otro partido ya sabemos por qué fue”.
“No es la primera vez que pasa. La pregunta es por qué. Rinde muy bien en Córdoba y justo esta semana le hacen una entrevista de ese estilo en Estados Unidos. Es prácticamente atentar contra el Presidente. Y si fue un furcio y se equivocó, no está a la altura del cargo que tenía. No la vi bien”, continuó.
Luego reaccionó a otro fragmento de la entrevista, en el cual le consultaron a Mondino sobre declaraciones anteriores del exasesor presidencial Carlos Rodríguez, quien, al dejar su cargo, afirmó que es difícil trabajar con el Presidente por su salud mental. Ante la pregunta, la exministra indicó que el exfuncionario menemista “siempre tiene la razón”.
En este contexto, Lemoine estalló contra Mondino y expresó: “Ella está buscando hacer daño. Carlos Rodríguez terminó muy resentido con el Gobierno y ella dijo que es su amigo desde hace muchos años. Es una cuestión personal. Nadie en el gabinete se queja. Al contrario, hay un buen ambiente laboral”.
La diputada, además, cuestionó la entrevista y acusó que fue organizada para complicar al Gobierno en vísperas de elecciones: “La gente de Villarruel hace esas acotaciones de Milei. ¿Quién le hizo llegar esa pregunta a ese entrevistador? ¿Cómo conocen a Carlos Rodríguez en Estados Unidos? Está armado, no seamos inocentes. A mi me lo hicieron desde 2021 hasta 2023. Estos ataques aparecen en campaña. Si no supo avisar cuando le estaban haciendo macanas [a Mondino] es porque no estuvo a la altura».
Qué dijo Mondino sobre Milei
La excanciller dio una entrevista al programa Head to Head, del periodista Mehdi Hasan en la cadena Al-Jazeera English, donde tocó diversos temas vinculados a su etapa dentro del gobierno de Javier Milei. Con un estilo incisivo y por momentos provocador, el entrevistador le preguntó por la salud mental del Presidente, la relación del mandatario con sus perros y el escándalo de $LIBRA.
“Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”, respondió Mondino luego de que Hasan la inquiriera repetidamente por el escándalo $LIBRA, la criptomoneda que Milei promocionó y que, tras desplomarse en su valor, dejó un tendal de inversores en la banquina.
Entre otros temas, la exfuncionaria abordó la salud mental presidencial. “Cuando era ministra de Asuntos Exteriores, ¿[Milei] siguió más consejos suyos o de sus perros?“, le preguntó Hasan, a lo que Mondino aseguró que vio a las mascotas del jefe de Estado ”dos veces» y no los contó por su apatía con los perros.
Asimismo, Hasan insistió: ““¿No cree que la aptitud mental importa cuando se trata de un líder de un país?“. En consecuencia, Mondino dijo: ”Es extremadamente relevante y le ruego que mencione a un líder, uno de los grandes líderes del mundo en este momento, que no tendría ningún tipo de, digamos, narcisismo“, respondió Mondino.
“No, no, tiene razón en eso, pero yo podría dar vuelta la pregunta y decir: ¿podría nombrar a otro líder mundial que consulte a sus perros sobre cuestiones políticas?“, preguntó Hasan. ”Quizá tengan un gato», retrucó Mondino.
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POLITICA
La oposición en Diputados reabrirá la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda Libra
La oposición logró quebrar, en la última sesión de Diputados, la resistencia de La Libertad Avanza y del sector del PRO que acompañó al oficialismo para reabrir la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $Libra.
La cita será el martes a las 17, en dos comisiones legislativas. La Cámara aprobó el emplazamiento, es decir, fijó la fecha para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento —que presiden el libertario Nicolás Mayoraz y la diputada del PRO Silvia Lospennato, respectivamente— dictaminen cambios que agilicen y permitan alcanzar los objetivos planteados cuando se discutió la resolución y conformación de dicha comisión.
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El próximo martes están convocados los diputados para dictaminar el proyecto del lilito Maximiliano Ferraro, que establece cambios a la resolución que creó la comisión e impulsa el inicio de una verdadera investigación legislativa. El emplazamiento se votó con una mayoría de 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones.
“Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses. Han pretendido garantizar la impunidad y el encubrimiento de los implicados en la criptoestafa, pero es clave determinar el rol y las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei y de sus funcionarios más cercanos que promocionaron y promovieron la crypto $Libra», dijo el diputado de la Coalición Cívica en sus redes sociales.
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Y agregó: “La sociedad tiene derecho a saber. En Argentina no puede haber impunidad ni privilegios, sea el gobierno que sea”.
En tanto, la diputada del PRO Silvana Giudici explicó que “la resolución que creó la comisión tenía plazos establecidos y los tres meses se cumplieron el pasado 30 de julio”. “Ahora estamos en el tiempo administrativo de presentación de dictámenes. No hay motivo para emplazar, lo que corresponde es presentar los informes”, señaló.
La comisión investigadora
La comisión investigadora se creó por resolución del Cuerpo, con 128 votos afirmativos, 93 negativos y siete abstenciones, el pasado 8 de abril. Estaría abocada al caso $Libra y a investigar la conducta del presidente Milei. Para ello, se citó al Parlamento al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. También al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva. Solo Francos concurrió a la interpelación.
Los legisladores en ningún momento lograron elegir a sus autoridades y terminaron con el secretario parlamentario Adrián Pagán coordinando las reuniones. Hubo dos intentos por destrabar la paridad —entre oficialistas y opositores— de los 28 diputados integrantes de la comisión. Ambos fracasaron. Las postulaciones de Gabriel Bornoroni (LLA) y de Sabrina Selva (Unión por la Patria) no rompieron el empate en 14. Además, los legisladores organizaron una larga sesión informativa con diferentes invitados, pero con la ausencia de los funcionarios del Gobierno nacional.
Para el oficialismo, el 30 de julio se cumplieron los tiempos de la comisión —los 90 días de trabajo—, mientras que para la oposición esos tiempos nunca se iniciaron, ya que el conteo comienza desde la designación de las autoridades, hecho que nunca ocurrió.
El proyecto de Maximiliano Ferraro
El proyecto, en su artículo 1, pide que se modifique el artículo 4 de la resolución de la Cámara que aprobó la creación de la comisión el pasado 8 de abril. Allí está la referencia a las autoridades, estableciendo que la comisión designará un presidente, un vicepresidente y un secretario.
“En caso de empate en la elección de la presidencia, será designado aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados”, aclara, mientras que como vicepresidente se designará al otro miembro propuesto para la presidencia.
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La iniciativa de Ferraro deja en claro que el titular de la comisión investigadora será “el miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno”.
“Esta regla evita la parálisis sin introducir privilegios arbitrarios, respetando el principio elemental de representatividad democrática y parlamentaria: si el Cuerpo, por mayoría, decidió avanzar con esta investigación, la comisión debe reflejar esa voluntad en sus autoridades”, se planteó.
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Otro cambio importante es el referido al quórum de la comisión investigadora, que estará establecido por el artículo 108 del Reglamento de la Cámara de Diputados: “Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes, salvo que se exija una mayoría especial. En caso de empates, la decisión adoptada será la que cuente con el voto o la firma del presidente de la comisión”. De allí la importancia de encabezar la misma.
Otro de los artículos que se propone modificar establece el plazo de la investigación, fijado en tres meses: “A partir de la designación de las autoridades y la fijación de los días y horarios de reunión, buscando garantizar que el tiempo perdido no impida cumplir con el objeto de la investigación”.
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