POLITICA
Cristina Kirchner hizo su primera aparición pública del año, tras el revés judicial que le mantuvo el uso de la tobillera electrónica
En su primera aparición pública de este año, la ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, para observar una comparsa que se congregó en la calle.
El episodio, que quedó registrado en video, ocurrió este viernes, durante la previa del fin de semana largo por Carnaval.
“¡Llevamos un poco de carnaval a quien nos devolvió el carnaval!”, describió Mariel Fernández, intendente de Moreno, quien participó del evento y compartió imágenes del mismo.
En su cuenta de X, escribió este sábado por la madrugada, tras la comparsa: “¡Amor con amor se paga cantaron las murgas de Moreno! Ya pasaron quince años de la recuperación del feriado de carnaval y la vuelta de los Corsos”.
Y agregó: “¡Los pueblos tristes no vencen! ¡Y hoy desbordamos de alegría desde el asfalto al balcón!”.
El Carnaval Porteño reunirá a miles de personas a lo largo de todo febrero y hasta el domingo 1 de marzo, con más de 100 murgas que participarán en 20 corsos ubicados en distintos barrios. Durante este fin de semana largo, se prevén cuatro días de festejos que se extenderán hasta el próximo martes.
Este viernes, la Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de la defensa de CFK, con lo cual seguirán vigente el uso de tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a las visitas y uso de la terraza en la prisión domiciliaria de la expresidenta, condenada en la causa Vialidad.
La sala IV del máximo tribunal penal del país dejó firme así en un voto mayoritario de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña las decisiones y la ampliación de restricciones resueltas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta en el expediente que analizó la asignación irregular de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky, quien consideró que lo resuelto en la etapa de ejecución de la pena no constituyó un “temperamento válido como derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias de la causa”, según el fallo de 131 carillas al que tuvo acceso Infobae.
“Evitar privilegios indebidos”
CFK está detenida desde junio de 2025 con prisión domiciliaria en un departamento en San José 1111, Constitución. Sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían presentado dos recursos ante la Casación Federal contra decisiones vinculadas a la forma en que su defendida cumple la condena: el uso de tobillera electrónica, los límites a las visitas, reforzados luego del escándalo por una reunión en su domicilio con nueve economistas en noviembre pasado, y el máximo de dos horas diarias otorgado para subir a la terraza del edificio.
En su exposición, el juez Hornos remarcó que “lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos”.
“Lo contrario (esto es, flexibilizar sin control las condiciones de cumplimiento de la pena en atención a la notoriedad pública, el rol institucional previo o la gravitación política de la persona condenada) comprometería seriamente la legitimidad del sistema de justicia penal y supondría un apartamiento inadmisible del principio de igualdad”, agregó el titular de la sala IV.
Este criterio cobra mayor relieve cuando se tiene en cuenta que, expresó, se trata de “vinculadas a delitos graves de corrupción que involucraron a las máximas autoridades del Estado”.
“Las restricciones cuestionadas se encuentran dentro del marco de facultades que la ley reconoce al órgano encargado de supervisar la ejecución de la pena”, agregó el juez en alusión al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo y resolvió una condena que quedó firme en la Corte Suprema de Justicia y comenzó a cumplirse.
Hornos recordó el episodio del 17 de noviembre último -la visita simultánea de los economistas- y su posterior difusión “efectuada por la propia Fernández de Kirchner en la red social ‘X’”.
En ese momento, el juez de ejecución Gorini interpretó que se incumplieron autorizaciones vigentes y estableció que en lo sucesivo dichas visitas deberán ser autorizadas de manera individual, expresa y previa, con motivación concreta, fijando un límite máximo de dos horas de duración, hasta dos veces por semana y con un máximo de tres personas por ocasión. Casación dejó ahora esto en pie.
También ratificó el uso de tobillera electrónica y la restricción diaria para subir a la terraza. “No se advierte arbitrariedad ni irrazonabilidad en las condiciones impuestas para el cumplimiento de la detención domiciliaria”, precisó el fallo.
La defensa “no ha logrado demostrar que las medidas cuestionadas resulten innecesarias o desproporcionadas en relación con los fines de control que persiguen”, concluyó.
En cuanto a la tobillera, Hornos y Barroetaveña coincidieron en que “el monitoreo electrónico constituye una herramienta válida para asegurar el cumplimiento efectivo de la modalidad de detención dispuesta».
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El reclamo salarial policial en Jujuy avanzó hacia una solución tras una propuesta formal presentada por el Gobierno a los delegados de agentes activos y retirados durante una reunión en la Central de Policía. Se trata de un esquema que aplicaría aumentos escalonados y establecería un piso salarial de $1.150.000, además de adicionales por presentismo.
Uno de los puntos claves del sistema que buscaimplementar la gestión que lidera Carlos Sadir sería alinear las actualizaciones salariales con el resto de los sectores de la administración pública. En este sentido, se tomaría como punto de partida el incremento del 10% anteriormente otorgado.
Al mismo tiempo, el paquete garantizaría a los agentes recién incorporados un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.
La propuesta habría sido aceptada por los delegados policiales, aunque todavía se tendrían que realizar una serie de ajustes para terminar de definir el esquema final de remuneraciones. Según la información publicada por Jujuy al Momento, la prioridad del Gobierno provincial es retomar el funcionamiento habitual de la Policía y consolidar el consenso alcanzado.
Para destrabar el conflicto, el Poder Ejecutivo jujeño exigió «un compromiso mutuo por la paz y el respeto“. Por esto, pidieron que no haya encapuchados en las próximas manifestaciones que se realizaran, así como tampoco se quemen cubiertas o se lleve a cabo cualquier acto que pueda producir daños a propiedades públicas o privadas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad y la imagen de la fuerza.
En las horas previas, el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad había escalado hacia la vía judicial, debido a que las autoridades presentaron una denuncia penal contra los responsables de encabezar los disturbios ocasionados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.
Frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación de oficio para determinar a los autores materiales de los ataques registrados en el edificio gubernamental.
Incluso, indicaron que ya tendrían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que permitieron identificar a personas involucradas en la remoción de vallas y el uso de pirotecnia de alto poder. Bajo el punto de vista del Gobierno provincial, estas acciones son consideradas actos de vandalismo planificado.
En un comunicado, las autoridades calificaron los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada”, ejecutada por sectores sin “representatividad” en la fuerza. Desde los despachos oficiales, el mensaje fue claro al asentar que no se permitirán maniobras de minorías que “pongan en jaque la paz social”, un bien considerado estratégico ante el aumento de la conflictividad dentro del sector estatal.
Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación destacó que los incidentes no derivaron en enfrentamientos directos entre miembros de las propias fuerzas de seguridad. “Lo peor se evitó: el choque entre pares”, afirmaron.
En este sentido, los investigadores resaltaron la disciplina mostrada por quienes custodiaban el edificio, pese a la presión ejercida por sus propios colegas y los familiares presentes. Así, confirmaron que la investigación judicial avanzará con el análisis detallado de las pruebas recolectadas, con el objetivo de determinar eventuales sanciones penales para los responsables.
El reclamo de efectivos de la Policía de Jujuy por un aumento salarial desencadenó movilizaciones y protestas en la provincia, luego de que exigieran la actualización del salario básico y mejoras en condiciones de trabajo. Estas abarcarían tanto la revisión de la jornada laboral como la dotación de recursos y renovaciones en la infraestructura de dependencias policiales.
El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango, de acuerdo con Noticias (d) Jujuy.
En respuesta a este descontento, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serán anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial.
El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a autoridades de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión, se acordó la conformación de una mesa de diálogo dedicada a analizar la situación salarial y los reclamos.
Los delegados anticiparon la presentación de un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario. Aunque ese encuentro no logró contener el descontento de ese sector de las fuerzas de seguridad, se espera que el acuerdo con el Gobierno derive en el fin de las protestas.
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POLITICA
Legislatura porteña: La Libertad Avanza y Fuerza Patria presionan a Jorge Macri y desplazan a Pro de las principales comisiones
La oposición busca capitalizar la debilidad de Jorge Macri en la Legislatura porteña y presiona al jefe de gobierno para quedarse con la presidencia de las principales comisiones. Aunque Pro retendrá presupuesto, el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) postergan al sello amarillo en las negociaciones y se encaminan a conducir los órganos que revisarán los pliegos judiciales y los vetos del mandatario.
La magra cosecha de Pro en los comicios de mayo pasado dejó al oficialismo en una situación frágil en el parlamento local con apenas 11 legisladores. La semana pasada logró completar la docena, con la adhesión de Pablo Donati, de Republicanos Unidos, a la bancada, pero todavía se mantiene detrás de Fuerza por Buenos Aires -cuyo bloque concentra un tercio de la cámara (20 bancas)- y los 14 libertarios, incluida Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez desde las filas larretistas.
En este contexto, las dos principales bancadas opositoras buscaron hacer valer su superioridad numérica y tensaron las negociaciones con el oficialismo por el reparto de las comisiones. “Nuestro bloque entiende que, siendo el bloque mayoritario, nos corresponden comisiones más relevantes que en otras oportunidades”, explicaron en la bancada peronista.
Según pudo saber , aunque las negociaciones continúan en marcha, Fuerza por Buenos Aires se encamina a conducir la Junta de Ética, un órgano que jugará un rol clave este año si se concreta en el corto plazo el traspaso del fuero laboral a la ciudad. Es que por esa comisión pasan los pliegos para ocupar cargos públicos y vacantes judiciales previo a su discusión en el recinto.
En la Legislatura afirman que el oficialismo tiene los votos para aprobar el convenio firmado con el gobierno de Javier Milei para avanzar con el traspaso de competencias. Es el paso final para que el acuerdo entre en vigor, dado que ya recibió el aval de las dos cámaras del Congreso Nacional.
La Libertad Avanza también tendrá un rol central en los debates sobre temas judiciales en el nuevo período de sesiones ordinarias. Sucede que el sello violeta habría logrado quedarse con la comisión de Justicia, un nicho que buscaba mantener bajo su órbita la Unión Cívica Radical (UCR), en particular el sector del partido que responde a Daniel “Tano” Angelici, aliado de los primos Macri que, desde mediados del año pasado, integra la mesa chica del jefe de gobierno.
El dirigente radical tiene una fuerte injerencia en la Justicia porteña, un área en la que también talla el presidente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, quien ubicaría a uno de sus alfiles al frente de la Junta de Ética: Matías Lammens. Angelici -que tiene terminales en la Secretaría de Justicia porteña y el Consejo de la Magistratura local- apostaba a conservar el control sobre el órgano legislativo que digita los proyectos en materia judicial a través de su ladera Aldana Crucitta.
Según señalaron tres fuentes parlamentarias consultadas por separado, el operador judicial del macrismo habría intervenido directamente en las negociaciones para retener la comisión. En particular, advirtieron que habría mantenido diálogo con Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque libertario para destrabar la puja por esa codiciada comisión, aunque el partido de Milei terminó imponiendo su posición.
Se prevé que LLA se quede también con la comisión de Asuntos Constitucionales, que, entre otras cuestiones, revisa los vetos del jefe de gobierno. El presidente del órgano sería Nicolás Pakgojz, mano derecha de Ramírez.
Angelici no se quedará, de todos modos, al margen de las comisiones con mayor actividad. Legisladores de la oposición indicaron a que su alfil Crucitta finalmente presidiría Seguridad, que hasta el año pasado controlaba Pro a través de Gimena Villafruela.
En algunos bloques esperan que el oficialismo resista el intento por desplazarlo de este órgano, en especial ahora que Jorge Macri busca apuntalar su vocación reeleccionista en una agenda de mano dura y orden. Sin embargo, al cierre de esta nota, era Crucitta quien lideraba la carrera por la presidencia de esta comisión.
De confirmarse esta distribución, de las principales comisiones, Pro apenas conservaría Presupuesto. A pesar de los embates al oficialismo, tanto en fuerza por Buenos Aires como en LLA acordaron respetar la regla tácita por la que es el partido que gobierna el que conduce esta comisión. Según pudo reconstruir , dos nombres se barajaban para su presidencia: por un lado, la propia Villafruela, y, por el otro, Ignacio José Parera, un hombre del riñón de Cristina Ritondo.
El presidente de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados y titular de Pro bonaerense -que renovó su mandato la semana pasada- participó de la apertura de sesiones ordinarias de Jorge Macri.
La decisión final probablemente recaiga en cuánto poder estará dispuesto a concederle a Angelici el alcalde porteño. Sucede que, aunque no es alguien de su fuero más íntimo, Villafruela mantiene una relación asidua con algunos aliados del radical como el secretario de Justicia, Francisco Quintana.
El oficialismo también controlará la comisión de Salud, que estará a cargo del dirigente de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso. Aunque no es Pro puro, el legislador juega en tándem con el bloque amarillo desde que encabezó la lista de diputados porteños de Jorge Macri en 2023.
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POLITICA
Debaten si el caso contra el ex gobernador Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito llega a juicio oral
La causa que investiga al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por presunto enriquecimiento ilícito entró en una etapa clave, debido a que este martes comienzaron las audiencias, en las que se definirá si el proceso será elevado a juicio oral. La resolución podría conocerse a finales de abril.
El proceso lo lleva a cabo el juez de Garantías Mariano Budasoff en el Salón de Audiencias Nº1. Urribarri ya arrastra antecedentes por corrupción y, actualmente, se encuentra bajo restricciones en la ciudad de Concordia.
No obstante, en esta oportunidad, sería juzgado por el aumento patrimonial no justificado durante el período en el que estuvo a cargo de la Gobernación y fue diputado nacional. Según la pericia contable elaborada por el Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, Urribarri incrementó su patrimonio en 1.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.
La causa en curso no solo involucra al ex gobernador, debido a que el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros también está imputado por presuntamente haber sido el testaferro de Urribarri. Según planteó la Fiscalía, esta maniobra le habría permitido a quien fue mandatario entrerriano administrar sus bienes y fondos, mientras escondía su verdadero patrimonio.
De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una pena de cinco años y seis meses en prisión para el ex gobernador. Asimismo, para Cardona Herreros pidieron una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
Pero, previo a que ambos pudieran ser juzgados, el tribunal tendrá tiempo para evaluar la causa hasta finales de abril de 2026. Así, el cronograma de audiencias establecido por el Poder Judicial fija que las jornadas continuarán hoy, mañana y los días 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, como así también el 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026.
La defensa de Urribarri está representada por Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, mientras que Cardona Herreros cuenta con la defensa de Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez. Ambos equipos cuestionaron la investigación al señalar que la Instrucción Penal Preparatoria habría estado “viciada de parcialidad” y calificaron de “deficiente y persecutoria” la labor del Ministerio Público Fiscal.
De hecho, a finales de enero, el ex mandatario publicó un video grabado desde su casa en Concordia, en donde expuso la falta de acompañamiento que tuvo por parte del Partido Justicialista. “Después de haber estado 51 días detenido ilegalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. No hay leyes, no hay códigos ni jurisprudencia que puedan justificar tan larga pesadilla”, cuestionó.
“A los dirigentes de mi partido quiero decirles que los entiendo. No es para cualquiera lo que me pasa a mí. Y es comprensible que tengan miedo de que les ocurra lo mismo, como algunos ya lo han reconocido. Uno de los principales objetivos de este proceso ha sido amedrentar, meter miedo a la dirigencia para que no hablen, no se jueguen, no opinen”, apuntó.
Luego de indicar que seguía en marcha la revisión de su condena a 8 años de prisión por los delitos de negociables incompatibles y peculado, Urribarri sostuvo que los cargos que le adjudicaron eran “acciones de gestión”. Además, advirtió que su detención preventiva podría generar “un peligroso antecedente para el futuro judicial de la provincia”.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, dando inicio a una extensa investigación judicial. Desde entonces, el expediente avanzó hasta la actual instancia de audiencia de remisión a juicio, donde se determinará si existen elementos suficientes para que Urribarri y Cardona Herreros enfrenten un debate oral.
En 2022, el ex gobernador fue condenado a ocho años de prisión en el denominado megajuicio por corrupción. Ese fallo fue revisado en varias instancias de apelación y ahora su destino depende de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
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