El gendarme argentino Nahuel Gallo continúa cumpliendo una huelga de hambre, en reclamo de su liberación, según revelaron desde el interior de la cárcel El Rodeo 1, donde está alojado desde finales del año 2024, en condición de secuestrado, incomunicado, sin asistencia legal ni consular.

La revelación ocurrió anoche, en una de las comunicaciones que mantienen familiares de detenidos venezolanos con sus seres queridos. Son diálogos que se realizan a los gritos, traspasando los muros de ese centro de detención ubicado en el estado de Miranda, en las afueras de Caracas. Entre ellos, estaba Yalitza García, la suegra de Gallo.

“El argentino sigue en huelga”, se escuchó anoche que respondió un interno de El Rodeo 1.

La pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, confirmó en diálogo con Infobae que el gendarme mantiene esa medida de protesta junto a otros extranjeros que están allí retenidos por la dictadura chavista, que hizo aprobar una ley de amnistía que por ahora solo se aplica a los venezolanos.

Desde hace más de una semana, los familiares de los detenidos en El Rodeo 1 mantienen una vigilia permanente, a la espera de las liberaciones que el régimen que hoy encabezan Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, anunció después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos.

La situación de Nahuel Gallo, de todos modos, es excepcional. Permanece alojado en El Rodeo 1 sin un proceso legal oficial ni público y las acusaciones en su contra solo fueron transmitidas, de manera oral, por Maduro y Diosdado Cabello, jefe del aparato represivo de la dictadura, quien todavía sigue bajo el control de los uniformados.

El gendarme argentino participa en una huelga de hambre junto a más de 300 presos políticos. La medida de fuerza forma parte de un reclamo colectivo en la cárcel para exigir respeto a derechos humanos, atención médica, y liberaciones tras la reciente ley de amnistía aprobada en el país caribeño.

Días atrás, María Alexandra Gómez afirmó en una entrevista con Infobae que Gallo está aislado, incomunicado y sin asistencia consular, médica ni legal, y que la familia solo obtiene información a través de terceros y no por canales oficiales. Según ella, esta situación genera una enorme incertidumbre y angustia familiar.

Gómez explicó que su marido solo levantará la huelga de hambre si recibe asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional, un pedido que también hacen otros internos extranjeros en el penal. Este reclamo se da en un contexto de fuertes denuncias por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos sobre la vulneración de garantías básicas en el sistema penitenciario venezolano.

La esposa también criticó que Gallo haya sido excluido de la ley de amnistía aprobada en Venezuela y volvió a reiterar su inocencia. Señaló la falta de avances en la causa judicial y cuestionó la ausencia de información clara por parte de las autoridades, lo que incrementa el desgaste emocional de la familia y de quienes esperan respuestas sobre su situación.

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La mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este miércoles para definir la estrategia judicial con la que buscará frenar la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. En la central obrera dan por hecho que el oficialismo contará con los votos para que el Senado ratifique las modificaciones introducidas en Diputados y que la ley quedará sancionada esta semana; por eso, apostarán a la ofensiva judicial.

Con ese escenario, en el que la vía parlamentaria aparece cerrada, la conducción sindical decidió que no convocará a un nuevo paro general, como piden los gremios combativos. La evaluación interna es que una huelga en la antesala de una votación que dan por encaminada tendría bajo impacto en la votación del Senado y alto costo político.

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La discusión pasará entonces por la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley en caso de que sea sancionada. Será el principal instrumento para cuestionar artículos que, según sostienen, vulneran derechos consagrados en la Constitución.

El dato político es que tampoco habrá una huelga impulsada por los sectores más duros. Los gremios combativos optaron por organizar una movilización al Congreso este viernes, día de la sesión en el Senado, sin paro nacional, lo que expone una diferencia táctica, pero evita una ruptura formal con la CGT.

La vía judicial como estrategia central

En la CGT sostienen que la reforma vulnera principios constitucionales básicos en materia laboral. Entre los ejes que analizan los equipos jurídicos sindicales —que trabajan hace semanas sobre el texto— para la presentación judicial figuran el principio de protección del trabajador consagrado en el artículo 14 bis y la no regresividad de los derechos sociales.

La central obrera apunta especialmente a los cambios vinculados con el derecho de huelga, la ampliación del período de prueba y la posibilidad de modificar esquemas indemnizatorios a través de convenios colectivos. También cuestiona la redefinición de conceptos salariales que podrían impactar en el cálculo de indemnizaciones.

El planteo se preparará para ser presentado ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal con la intención de que se declare la inconstitucionalidad de la ley. En la conducción cegetista admiten que la Corte Suprema podría no frenar la norma en bloque y que muchos planteos deberán resolverse caso por caso. Aun así, consideran que la judicialización es el único camino con chances de impacto institucional una vez agotada la instancia legislativa.

Sin paro y con movilización de los gremios combativos

La decisión de no convocar a un nuevo paro general ya está tomada. En la mesa chica de la CGT coinciden en que el último cese de actividades dejó una señal política y que repetir la medida no modificaría el resultado legislativo.

En cambio, los gremios alineados en el espacio más combativo, agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que en las últimas semanas presionaron por una postura más dura, resolvieron avanzar con una movilización al Congreso. La protesta no incluirá huelga, aunque algunos sindicatos podrían adoptar medidas propias, como ya lo anunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Las opciones que se barajarán en la reunión de este miércoles de la mesa chica de la CGT serán las de acompañar formalmente la convocatoria a la movilización, mantener una presencia institucional sin involucrarse en la organización o dar libertad de acción a los gremios que quieran sumarse a la marcha.

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La postura busca evitar una nueva exposición de diferencias internas entre el sector dialoguista y el ala dura del sindicalismo y pretende ordenar la estrategia en torno de la judicialización y preservar margen de acción para el escenario posterior a la eventual sanción de la ley.

Además, algunos dirigentes sindicales anticiparon que, si la ley es aprobada, buscarán exponer a los senadores que acompañen la iniciativa, en especial a aquellos vinculados al peronismo. Consideran que la reforma implicará un retroceso en derechos laborales y que el costo deberá asumirse en el plano político.

reforma laboral, CGT