POLITICA
Cristina Kirchner pidió tener prisión domiciliaria sin tobillera electrónica: qué dicen los especialistas
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. Y, luego del pedido de sus abogados para acceder a la detención domiciliaria, comenzó un debate en torno a si la exmandataria llevará o no tobillera electrónica.
Aunque el Tribunal Oral 2 (TOF 2) no definió la postura sobre este pedido, todo indica que la presidenta del PJ podrá cumplir su pena en el departamento que tiene en San José 1111. Si esto ocurre, hay dos opciones que se barajan para controlar que no deje el espacio de prisión.
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Por un lado, que Cristina Kirchner quede detenida sin tobillera. “Se le ordena a su custodia que además sea garante de que no salga de su casa y listo. Además, lo malo de la pulsera es que si la utilizas podés saber si sale de su casa, pero no hacia dónde va”, detalló otro abogado con años en Comodoro Py.
En todos los casos, si la persona que cometió el delito incumple la prisión domiciliaria, se ordena que realice su detención en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
Otro abogado, que sigue de cerca el tema, también expresó los beneficios de la custodia en San José 1111: “Es más efectiva que la pulsera. La tobillera es un incordio, anda mal a veces y cuando se corta tenés que mandar urgente a la policía”. Y sumó: “No se debe perder de vista que la guardia nueva la elige el juez de ejecución, es decir, se puede cambiar a las personas que actualmente están abajo de su casa. Si la custodia anuncia todo, funciona. Nadie se va a jugar por nadie acá”.
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Otro profesional del derecho, que tiene casos de domiciliaria, aseguró: “La pulsera se la ponen a gente sin arraigo, hay mucha gente en domiciliaria sin ella. No es que solo puede tenerlo Cristina”.
La otra opción es que Cristina Kirchner sí tenga tobillera o pulsera electrónica. “La custodia (que pertenece a la Policía Federal) que tiene es por haber sido exmandataria, la cuidan, pero no controlan que no se escape”, expresó a TN un abogado penalista de alta trayectoria en Tribunales.
Además, agregó: “Las personas de la PFA son de la División de Custodias Especiales, su función es que CFK esté bien, no tienen función de control penitenciario. Si no le dan la pulsera se vería desvirtuada la competencia de esa gente, que además debería vigilar que cumpla su pena”.
En este contexto, TN pudo saber que el TOF 2 aún no definió si le dará la prisión domiciliaria a la expresidenta. Sin embargo, suena como la opción más factible.
No obstante, desde el entorno de este tribunal explican que hay faltantes de pulseras. Es por eso que toma más fuerza la posibilidad de una custodia que controle a la dirigente del peronismo, pero que también la proteja.
Los argumentos que utilizaron los representantes de Cristina para pedir la detención domiciliaria
El escrito que presentaron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy detalló las razones para que el Tribunal Oral conceda la prisión domiciliaria.
Una de las primeras fue la edad de la expresidenta, que ya tiene más de 70 años. Pero, además, los doctores hablaron de motivos “de seguridad personal” por los años en el ejercicio de la presidencia que tuvo CFK. Sostuvieron que por su cargo político tuvo acceso a “información sensible de carácter secreto o confidencial”.
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Asimismo, otro de los argumentos que aparecen en el escrito es el intento de homicidio que sufrió Cristina en 2022. “Su alojamiento en una institución carcelaria de ninguna manera es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, escribieron.
Los abogados también citaron la “ausencia de riesgos procesales”, ya que creen que durante todo el proceso judicial, la exmandataria no presentó “un riesgo procesal de fuga”.
cristina kirchner, prision domiciliaria, Corte Suprema, condena
Un nuevo informe del Centro de Información Judicial (CIJ) sumó evidencias que podría vincular a más dirigentes de La Cámpora con el ataque al edificio de TN y eltrece, ocurrido el 10 de junio, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El análisis de las comunicaciones y la geolocalización de los teléfonos detectó vínculos entre los seis sospechosos ya identificados y otros militantes pertenecientes a la agrupación kirchneristas, quienes estuvieron en las inmediaciones del canal durante el episodio.
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El CIJ cruzó los llamados realizados por los seis imputados entre las 19.50 y las 23.54 de ese día —el rango horario en que se produjo el ataque— y determinó la existencia de posibles nuevas conexiones telefónicas.
Nuevas pruebas vinculan a más dirigentes de La Cámpora con el ataque a TN y eltrece
Aunque el informe aclara que no hay pruebas de que estas personas efectivamente hayan ingresado al edificio, sí pudo constatarse que sus celulares impactaron en celdas cercanas al canal y que mantuvieron comunicaciones con quienes protagonizaron los destrozos.
Las personas que TN mencionará en este informe no están imputada ni aún está probado que hayan ingreso al canal para provocar los destrozos pero sí expone que se comunicaron con el grupo de seis que sí ingresaron a las instalaciones.
Los seis ya identificados por la Justicia son Alberto Alejandro Grasso Rivaldi (detenido el día del hecho), Pablo Daniel Giles, Matías Sebastián Federici, José Lepere, Rubén Ezequiel Pavón y Facundo Nazareno Lococo. Todos ellos enfrentan imputaciones por haber actuado de forma coordinada para ingresar al predio de Artear, donde funcionan TN y eltrece, pese a las advertencias del personal de seguridad.
A partir del análisis del CIJ se sumaron ahora nuevos nombres. Entre ellos, Juan Agustín Debandi, concejal de Tres de Febrero, integrante de La Cámpora y exvicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Su teléfono fue localizado en Lima 1149 (a una cuadra del canal), y mantuvo llamadas con Lococo y con Santiago Ezequiel Gambarte, otro militante camporista de 26 años que estudia en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
TN se comunicó con Debandi pero este no contestó.
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Gambarte estuvo en distintos puntos próximos al canal —Lima 1149, Humberto Primo 1425, Avenida Independencia 1458 y Cochabamba 985— y habló, además de con Debandi y Lococo, con Andrea Paula Benítez, empleada de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense. TN se comunicó con Gambarte pero este no contestó.
Otro señalado es Ángel Gabriel Pereira, alias “Pachu”, también de 26 años, exempleado del Renaper, excandidato del peronismo y estudiante de la misma universidad. Su teléfono fue ubicado en Lima 1149 y Humberto Primo 1425, y mantuvo comunicaciones con Lococo, Gambarte y Melisa Nahir Escandar, empleada de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. TN se comunicó con Pereira pero esta no contestó
La lista de presuntos implicados incluye además a Roxana Alejandra López, exdiputada provincial y actual empleada del Ministerio de Salud bonaerense, quien en sus redes sociales aparece en fotos junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Su celular fue rastreado en Humberto Primo al 1400, y registró llamadas con Lococo.
También figuran Rodolfo Enrique Muñoz, empleado de la UBA, de 60 años, cuyo teléfono fue detectado en Lima 1149, Humberto Primo 1400 y avenida San Juan 1502; Norberto Jorge Peracho, integrante de Fuerza Patria Ituzaingó y exempleado municipal, ubicado en Estados Unidos 1577; y Bruno Moro, empleado de la Cámara de Senadores bonaerense, presente en Lima 1149. Todos mantuvieron comunicaciones con Lococo durante las horas del ataque.
El informe además menciona a Hugo Marcelo Escobar, empleado de la Cámara de Diputados bonaerense, y María Gabriela Montenegro, trabajadora de la Unión Obrera Metalúrgica, quienes también habrían hablado con Lococo en el mismo período.
Si bien estas nuevas pruebas no demuestran que los señalados hayan ingresado al canal, los investigadores consideran que las comunicaciones y ubicaciones apuntan a una posible coordinación y colaboración con el ataque y los destrozos: la hipótesis es que el ataque no fue espontáneo, sino parte de una acción organizada que contó con apoyo logístico desde las inmediaciones.
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El hecho ocurrió la noche del 10 de junio, cuando un grupo de manifestantes irrumpió por la fuerza en las instalaciones del canal tras vulnerar al personal de seguridad en la entrada de la calle Lima.
Destrozaron autos, rompieron vidrios y televisores, y dañaron el mobiliario interno. Al menos diez vehículos del estacionamiento resultaron afectados y se registraron robos de bicicletas.
El ataque ocurrió mientras militantes kirchneristas se concentraban en las inmediaciones de la casa de la expresidenta, en San José y Humberto Primo, a pocas cuadras del canal, en rechazo al fallo de la Corte. Por la noche, la movilización creció y derivó en los incidentes.
En julio, la Justicia imputó a tres dirigentes de La Cámpora —Giles, Lepere y Federici— y les impuso restricciones: presentarse cada 15 días en la fiscalía y no acercarse a menos de 300 metros del edificio de Artear.
La Cámpora, Artear , TN, eltrece
El exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, se entregó este jueves en los tribunales de Comodoro Py, donde quedó formalmente detenido. La medida judicial responde a la confirmación de su condena por la Tragedia de Once por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo que habilita el inicio del cumplimiento de la pena. El exfuncionario arribó al edificio minutos antes de las ocho, casi media hora antes de su citación oficial.
La detención del exfuncionario se produjo porque la Corte Suprema de Justicia rechazó el miércoles un último recurso de su defensa, lo que dejó firme la sentencia a cuatro años de prisión por administración fraudulenta. Con esa decisión, el máximo tribunal validó el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 4, que en 2018 lo había condenado a cinco años de cárcel. La Cámara de Casación redujo más tarde la pena a cuatro años.
Enrique García Medina
El tribunal, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Fernando Canero y Guillermo Costabel, citó a De Vido a presentarse este jueves a las 8.30. El exministro llegó al edificio judicial en un vehículo Volkswagen Nivus, evitó el contacto con la prensa y subió directamente al sexto piso. Tras su ingreso, quedó formalmente bajo custodia.
El exministro de Planificación se presentó en el sexto piso del edificio de Comodoro Py, donde funciona el tribunal que lo sentenció. Un operativo especial de seguridad, con agentes del Servicio Penitenciario, la Policía de la Ciudad y la Policía Federal, cerró parcialmente el acceso al área. Desde allí, De Vido se conectó de forma remota a la segunda audiencia del juicio por la causa conocida como los cuadernos de las coimas, en la que está imputado como organizador de una asociación ilícita.
Leonardo Zavattaro – Télam
La citación original era para las 10 de la mañana, pero el tribunal la adelantó para las 8.30 con el fin de asegurar su participación en el otro proceso judicial. Tras la finalización de la audiencia, se dispuso su traslado al penal de Ezeiza. La defensa del exministro, de 75 años, solicitó el cumplimiento de la condena en su domicilio por motivos de edad y salud. El TOF 4 debe resolver este pedido en las próximas semanas.
Luego del fallo de la Corte Suprema, la defensa del exfuncionario, a cargo de Maximiliano Rusconi, interpuso un recurso de reposición in extremis. Alegó que todavía estaba pendiente de resolución un planteo sobre la prescripción de la acción penal.
Los jueces del TOF desestimaron este intento y afirmaron que “los motivos esgrimidos no encuadran en ninguno de los supuestos legales” para suspender una condena firme. En su resolución, los magistrados advirtieron que “el cumplimiento de la sentencia es una obligación de esta judicatura”.
Enrique García Medina
Rusconi criticó en un comunicado la decisión del máximo tribunal. La calificó de tener una “velocidad sospechosa y oportunismo evidente”. El abogado sostuvo que la Corte no tenía jurisdicción para pronunciarse mientras el planteo de prescripción estaba pendiente. La defensa adelantó que presentará una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Esta es la primera de tres condenas contra De Vido que queda firme. El exfuncionario también tiene una pena de cuatro años por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, y otra por fraude en la adquisición de gas natural licuado.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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POLITICA
Ante industriales, Santilli anticipó que el Gobierno tendrá consenso para aprobar reformas en el Congreso
Ante un auditorio colmado de dirigentes y referentes empresariales, el ministro del Interior, Diego Santilli, cerró la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) con mensajes dirigidos a la dirigencia política y al entramado productivo del país.
“Nunca pensé que volvería acá con un triunfo electoral y como ministro del Interior”, se sinceró el funcionario en el inicio de un discurso en el que adelantó algunos lineamientos de las reformas laboral e impositiva que el Gobierno intentará que se aprueben en las sesiones extraordinarias del Congreso y que lo tendrán a él como articulador.
Santilli expresó su convicción de que el oficialismo cuenta con el respaldo necesario para impulsar y aprobar en las normas estructurales que considera indispensables, incluyendo la llamada modernización laboral y una reforma impositiva de alcance nacional.
En el encuentro, realizado en la sede de la UIA, Santilli coincidió en que la economía argentina ha transitado años sin lograr un crecimiento sostenido en el empleo formal, ni en la creación de pequeñas y medianas empresas. A pesar de los años de estabilización que atribuye a la asunción del presidente Javier Milei, el funcionario subrayó que persisten indicadores preocupantes, como la alta tasa de informalidad laboral, niveles de pobreza crecientes y múltiples tipos de cambio coexistiendo en el mercado.
“Argentina no generaba un puesto de trabajo neto en 15 años. El 52% de nuestra fuerza laboral es informal. Aquí nos tiene que doler a todos”, expresó frente a los industriales.
El funcionario puso especial énfasis en el cambio de rumbo implementado en los últimos meses. “Pasamos de una inflación del 211% a 30, del 54% al 30,7% de pobreza. Cero piquete, cero intermediación de planes”, enumeró Santilli, al repasar los resultados del programa económico del Ejecutivo. Atribuyó la posibilidad de avanzar con reformas de fondo a una nueva relación de fuerzas en el Congreso: “Hoy hay block power para lograr las reformas que hay que hacer”, aseguró.
La cuestión de las reformas pendientes ocupó un lugar central en el discurso. El ministro habló de la necesidad de un presupuesto estatal que marque un antes y un después en el manejo del gasto público, donde el 85% esté orientado a jubilaciones, educación y salud, y que prohíba el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Subrayó, además, que el presupuesto que se presentará será el de menor gasto en tres décadas.
Respecto a la modernización laboral, Santilli anticipó un proyecto de ley “claro y contundente” destinado a reducir la informalidad y generar nuevas condiciones de contratación para quienes invierten y desarrollan actividades productivas. Al referirse a la llamada industria del juicio, lamentó que los altos costos de litigios laborales desalienten la formalización y encarezcan la operación de las empresas. “No sé cómo lo que vale 10 pasa a ser 100, eso es algo que tenemos que erradicar porque destruye la industria y encarece todos los costos”, manifestó.
La reforma fiscal fue presentada por Diego Santilli como un aprendizaje de experiencias previas, subrayando la importancia de coordinar los cambios en los tres niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. Sostuvo que sin una armonización de políticas impositivas, el ajuste realizado a nivel nacional podría ser absorbido por “tasas incomprensibles” en jurisdicciones menores.
En materia de seguridad, el ministro destacó logros obtenidos durante su anterior gestión ejecutiva en la Ciudad de Buenos Aires, describiendo a esa capital como “la segunda ciudad del continente con menos homicidios” después de Ottawa, y atribuyó parte de ese éxito a acciones firmes en materia de lucha contra el narcotráfico.
La agenda extraordinaria del Congreso, según adelantó Santilli, incluirá además la modificación del Código Penal con acento en la lucha contra la corrupción y iniciativas sugeridas por los gobernadores, a quienes el ministro busca integrar activamente en el debate político.
Santilli cerró su intervención ante los industriales convocados por la UIA con un mensaje de optimismo enfocado en el crecimiento a largo plazo: “Cuenten con un ministro del Interior que va a intentar unir las partes para que la Argentina crezca 30 o 40 años. La etapa que viene es la del crecimiento”, concluyó.
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