El artista plástico argentino Helmut Ditsch confirmó hoy que se enteró por Infobae acerca del retiro de la reproducción de El triunfo de la naturaleza, (2006) cuyo original se expuso desde 2012 en la antesala de la Sala Eva Perón de la Casa Rosada y, cinco años después, tomó su lugar una reproducción en alta calidad de la misma obra hecha en carbon print con una resolución de 4 mil mega pixel.

El reconocido artista, nacido en Villa Ballester y radicado desde 1988 en Viena, expresó su desconcierto por la falta de comunicación oficial: “No, yo les quiero preguntar a ustedes si saben algo, porque el Gobierno no me responde. Yo le envié un e-mail a la persona encargada del patrimonio después de haber visto la noticia que salió en tu medio”, dijo Ditsch, vía teleconferencia, al periodista Nacho Girón, en Infobae al Amanecer, co-conducido junto a Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Y enfatizó su sorpresa. “Nadie se contactó conmigo, ni siquiera de manera informal”. Su reacción inmediata fue escribirle al departamento de Patrimonio en la sede de Gobierno. “Esto me está empezando a preocupar porque, ya hace días que les escribí amablemente que me informen cuál es el daño y en dónde está la obra y recordarles que es mía, porque si la van a poner en un depósito ya mismo voy a buscarla y la dono a alguna universidad”, aclaró con vehemencia.

“Problemas estructurales” fue la versión oficial que llegó desde Casa Rosada por lo cual la reproducción de su obra fue removida de su lugar de exposición. A lo que Ditsch se preguntó: “¿Qué significa problemas estructurales? Puede ser de restauración, pero esa no puede ser la excusa porque esa obra no se puede restaurar, porque es una copia. El único daño que se le puede hacer es con un cúter, cortar, que tenga algún corte”, reiteró.

El artista solicitó que como esa obra es de su patrimonio y la cedió a la Casa Rosada, sea cual fuere el Gobierno o color político en cuestión, “para cuando ellos decidan podrían devolvérmela, siempre”, agregó.

La cesión de la obra y el retiro de la misma

Ditsch explicó el contexto del acuerdo artístico durante la entrevista de esta mañana. “Llegó en la gestión de Cristina Kirchner, cuando se terminó de restaurar la sala Eva Perón. Y quedó claro que eso era cedido. Yo, luego, les pregunté si ellos quieren comprar una obra y me dijeron que ´no´, que si tenía algo para darles».

Como el artista sabía que era para una sala de acceso público -ya que hay visitas guiadas a Casa Rosada para colegios e instituciones durante tres días de la semana-, él señaló que los sucesivos gobiernos aceptaron la presencia de la obra, hasta este retiro. “Después del gobierno de Cristina, les pregunté si querían la obra todavía o si preferían que me la lleve. Y Mauricio Macri me dijo que no, que estaba fascinado y es un fan de la obra. Y así siguió con el próximo gobierno y esta es la primera vez que se saca de ese lugar”.

La decisión de retirar la obra coincide con el tratamiento en el Congreso de la Ley de Glaciares, una legislación que protege estos ecosistemas y limita la minería cercana.

La Ley 26.639, sancionada en 2010 y reglamentada en 2011, establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial, y ha generado fuertes fricciones entre ambientalistas y empresas del sector minero.

Ditsch relacionó el episodio con el clima de debate sobre el tema: “No puedo decirlo que es una coincidencia, pero me hace mucho ruido. Justo ahora. Una obra que la vieron millones de personas desde el 2012″, se lamentó el artista.

Y aprovechó para remarcar los riesgos de las actividades extractivas sobre los glaciares: “El sentido común se está perdiendo”, advirtió. “Por eso, cuando ahora se debate la ley de glaciares, no es menor el aspecto de la fragilidad de ese fenómeno que puede desaparecer de un día para el otro. Entiendo perfectamente que el Estado necesite ingresos, que necesite ver dónde se puede hacer, dónde se pueden producir divisas, pero la meseta patagónica está llena de tierras raras, necesitas agua para la minería, conozco a las empresas austríacas que son especialistas en los túneles para las mineras», sorprendió acerca del conocimiento acerca del tema.

Y agregó: “Las mineras tienen un muy mal nombre mundialmente, si se meten en hacer trabajos de perforación cerca de glaciares, es la peor propaganda que ellos pueden hacer y van a tener más pérdida que lo que pueda dar de ganancia“, cerró.

Antecedentes y el lugar del arte argentino en el patrimonio oficial

La exhibición de obras de artistas consagrados en la Casa Rosada y otros edificios públicos es tradición en el patrimonio estatal argentino. Ditsch detalló la colocación de su trabajo: “Cuando hicimos el cambio del original por la copia (en 2017), la hicimos en una acción comando para que el público no se dé cuenta. Es una impresión de altísima calidad que costó, en su momento, unos quince mil euros“. Y fue pagada por el artista, sin ninguna ayuda del Gobierno argentino, que él solicitó.

La cesión de obras al Estado ha incluido piezas de Benito Quinquela Martín, Antonio Berni y Xul Solar evidencia la interacción entre arte y función institucional. “Toda la gente de patrimonio deberían ser, en general, muy respetuosos y, aparte, deben ser personas dedicadas al rubro de la restauración y académicos. Lo primero que hacen es llamar al artista, porque lo más fácil para restaurar una obra, si el artista está vivo, es llamarlo a él”, enfatizó.

Y dejó un mensaje acerca de su obra récord, El hielo y la eternidad transitoria, también inspirada en el Glaciar Perito Moreno -que nunca estuvo en Argentina- y fue adquirida por 1.615.900 euros por la fundación HPH Privatstiftung -récord de venta en el arte argentino- en manos de Hans Peter Haselsteiner, uno de los empresarios más influyentes del sector de la construcción en Europa.

La transacción, que consolida la posición de Helmut Ditsch como el artista argentino más cotizado, forma parte de un acuerdo aún mayor: la fundación, con sede en Viena, adquirió además el 49% del resto de la obra del pintor, elevando la inversión total a 5.560.000 euros.

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concederse a sí mismo,Conforme a

A los fines de recuperar la iniciativa, el Gobierno iniciará esta semana el tratamiento de diversas reformas y proyectos en ambas cámaras del Congreso. Se trata de un primer paquete de medidas que están planificadas para aprobarse durante este trimestre.

A diferencia de lo que había sido estipulado a comienzos de año, la administración libertaria no presentará en el cortísimo plazo la reforma del Código Penal de la Nación que había sido anunciada por el Gobierno tiempo atrás. Este proyecto normativo tenía 920 artículos y había sido presentado por los entonces ministros Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich luego de más de un año de trabajo junto a una comisión de trabajo liderada por el juez Mariano Borinsky.

Pero la gestión judicial cambió. Ahora la cabeza de esa cartera ministerial es Juan Bautista Mahiques. En su entorno marcan que tiene consideraciones puntuales sobre algunos aspectos de la reforma y que quiere darle su impronta. Ese trabajo puede llevar algunos meses, afirman quienes lo conocen. Aunque en los últimos días surgió la información de que esta iniciativa no tendría subas de penas para delitos de corrupción en la función pública, tres altas fuentes del oficialismo negaron esta versión. “Es absolutamente falso”, afirman.

A los fines de no demorar la implementación de cambios que son considerados como urgentes, Mahiques tiene previsto presentar un proyecto más pequeño que contemple nuevas tipificaciones de delitos y la suba en las penas de otros que ya existen. “Es una primera etapa de la reforma del código penal”, describen.

Infobae pudo acceder a varios de los puntos clave que serán incluidos en el inminente proyecto de ley. Introduce cambios sustanciales en la protección de víctimas, la penalización de delitos migratorios, fraudes financieros y delitos violentos.

El texto oficial prevé la incorporación de un criterio de interpretación “pro-víctima”. Según lo definen los mismos impulsores de la iniciativa, “obliga a los jueces a fallar en favor de quienes sufren delitos y establece la participación obligatoria de la víctima en decisiones clave, como la suspensión del juicio a prueba”. “La participación de la víctima pasa de ser opcional a obligatoria, con rol en decisiones como la suspensión del juicio a prueba, que requiere de su consentimiento”, ejemplifican.

La iniciativa también introduce modificaciones de fondo en materia de delitos migratorios. El proyecto incorporará al Código Penal las figuras ya contempladas en la Ley de Migraciones, como el tráfico ilegal y el fraude migratorio, y suma nuevos tipos penales para castigar el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeros. Las penas propuestas van de uno a veinte años de prisión, con agravantes para casos que involucren violencia, engaño o abuso de necesidad.

El Ministerio de Justicia especifica que se sancionará de manera más severa la reincidencia de extranjeros deportados que regresen al país, la asociación ilícita para facilitar el tráfico de personas y el soborno a autoridades migratorias, así como el tráfico con fines de trata de personas.

El capítulo económico de la reforma apunta a combatir las estafas piramidales. El proyecto agrega un artículo específico y eleva las penas a un rango de tres a doce años de prisión, con agravantes si la víctima pierde total o parcialmente el dinero invertido.

Respecto a los delitos contra la propiedad, la propuesta tipifica por primera vez la modalidad conocida como “viuda negra” como robo agravado, con condenas de hasta doce años de prisión. El texto introduce un inciso particular para quienes suministren sustancias a la víctima con el fin de consumar el robo, tanto por engaño como por la fuerza.

También se incluyen figuras específicas para las denominadas “salideras” y “entraderas”, con penas de tres a doce años y agravantes cuando los ataques ocurren en el ingreso o salida de viviendas, bancos o escribanías. El proyecto tipifica la modalidad delictiva “motochorro”, con penas de dos a ocho años y la inhabilitación para conducir por hasta dieciséis años.

En el ámbito penitenciario, la reforma crea un delito específico para la tenencia de armas dentro de establecimientos carcelarios, con sanciones de dos a seis años y agravantes cuando funcionarios facilitan el ingreso de armas. El Ministerio amplía el catálogo de objetos prohibidos y las conductas punibles en estos contextos.

El Gobierno propone aumentar las penas por las picadas callejeras: el mínimo sube a un año, el máximo a seis años, y se duplica el tiempo de inhabilitación para conducir. En casos de homicidio durante estas carreras, las penas pueden alcanzar los ocho años.

En materia de protección animal, el proyecto deroga la Ley de Maltrato Animal e incorpora un título específico en el Código Penal sobre maltrato y crueldad, con penas de seis meses a tres años y agravantes en casos de lesiones o muerte del animal.

La protección de menores ocupa un lugar destacado en la propuesta. Las penas por grooming y abuso sexual infantil se endurecen, con castigos de hasta quince años en casos agravados, y se establece protección especial para menores de trece años y personas con discapacidad. Producir o distribuir representaciones sexuales de menores de dieciocho años será penado con hasta doce años de prisión, y si la víctima es menor de trece, la escala se eleva a un máximo de quince años. La simple tenencia de este tipo de material recibirá penas de tres a seis años, y la distribución, de cuatro a doce años. Además, se prevén sanciones de hasta quince años para quienes organicen espectáculos sexuales con menores.

Otro capítulo relevante introduce sanciones para el incumplimiento de deberes familiares, con penas de seis meses a seis años y agravantes para casos de reiteración o evasión de obligaciones judiciales como el pago de alimentos, incluyendo conductas de insolvencia fraudulenta.

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