El Juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, indagó ayer a tres de los cuatro empleados detenidos en la causa Sur Finanzas. El último imputado será interrogado hoy, luego de que su abogado solicitara una prórroga para analizar las pruebas incorporadas al expediente.

En paralelo, los peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves en las oficinas, domicilios particulares, depósitos, un parador de Pinamar y galpones ubicados en esa ciudad balnearia, en Lomas de Zamora y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las empresas alcanzadas por las medidas figuran el Centro de Salud RDA Imágenes, en Lomas de Zamora, y Sur Corralón.

El magistrado y su equipo investigan un presunto esquema de lavado de activos, evasión fiscal y encubrimiento de pruebas que tiene como principal señalado al empresario Ariel Vallejo, financista con fuerte inserción en el negocio del fútbol y empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los cuatro nuevos imputados, todos empleados de Sur Finanzas, son Daniela Sánchez, secretaria privada de Vallejo —también imputado en la causa—; Juan Soler, empleado administrativo; César Zapaia; y Rolando Soloaga, jefe de choferes de la firma. Están acusados de haber participado en maniobras de encubrimiento y destrucción de pruebas destinadas a obstaculizar la investigación judicial.

Según la resolución del magistrado, los imputados “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas, con lo cual entiendo se verían acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aquéllos”.

La fiscal federal Cecilia Incardona les atribuye haber intervenido en un presunto plan interno para ocultar y destruir prueba clave para la causa.

El análisis de teléfonos celulares secuestrados permitió reconstruir conversaciones en las que, según los investigadores, se impartían órdenes para retirar computadoras, extraer dinero en efectivo de sucursales, borrar planillas y eliminar registros de cámaras de seguridad.

La investigación también pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien habría enviado un mensaje a Juan Soler con la instrucción de ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar los programas, con el objetivo de inutilizar los sistemas informáticos e impedir el rastreo de operaciones financieras bajo análisis judicial. En uno de los mensajes incorporados al expediente se lee: “Ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”.

Como ya informó este medio, Armella dispuso además la detención domiciliaria de otras tres personas: la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los tres fueron detenidos a fines del año pasado cuando retiraban computadoras y documentación de un galpón de Turdera, en el sur del Gran Buenos Aires. Están procesados por el delito de encubrimiento agravado.

En el voluminoso expediente judicial consta que en la madrugada del 1° de diciembre de 2025, mientras los efectivos de la Policía Federal desplegaban un mega operativo en Adrogué y distintas localidades de Lomas de Zamora para desbaratar la presunta cueva financiera ligada al fútbol, dentro de las oficinas de Sur Finanzas se desplegaba un protocolo especial similar al que realizaron los responsables de los laboratorios del fentanilo mortal: borrar servidores, destruir material contable, esconder computadoras y falsificar documentación para engañar a la Justicia y proteger el negocio multimillonario vinculado a la pasión de multitudes.

Las pruebas reunidas llevaron al Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora a ordenar la detención de piezas consideradas clave en la estructura investigada: Juan Miguel Soler (técnico), César Zapaia (oficial de cumplimiento), Rolando Soloaga (jefe de seguridad) y Micaela Sánchez, tesorera de la firma.

El expediente se inició en noviembre pasado a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva, que advirtió maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos.

Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo análisis de la Policía Federal, con intervención de la DAJUDECO y la PROCELAC, en un trabajo orientado a reconstruir el circuito financiero completo.

El foco central de la investigación es la relación entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.

En el caso de San Lorenzo, la Justicia detectó transferencias con tasas calificadas en el expediente como “usurarias” y sostiene que la operatoria se habría ejecutado “con el permiso y recomendación de la AFA”.

Incluso, de acuerdo con la documentación judicial, la propia AFA habría indicado al club que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento. También se estableció que la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión correspondientes a un club en Neblockchain, identificada en la causa como Sur Finanzas.

La operatoria bajo análisis alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

Con cuatro nuevos empleados imputados por encubrimiento y destrucción de pruebas, tres personas bajo arresto domiciliario y el análisis en curso de documentación contable y dispositivos electrónicos, la causa avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias que quedaron bajo la lupa judicial.

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El presidente Javier Milei logró esta semana dos avances legislativos de alto impacto político: la media sanción de la ley de modernización laboral y la aprobación en Diputados de la ley penal juvenil, que incluye la baja en la edad de imputabilidad. Se trata de iniciativas que, según el oficialismo, ningún mandatario había conseguido modificar desde 1983.

El resultado en ambas cámaras fue contundente. La reforma laboral obtuvo 42 votos en el Senado, mientras que el proyecto vinculado al régimen penal juvenil consiguió 149 votos en la Cámara baja. En la Casa Rosada consideran que se trata de un doble triunfo con fuerte carga simbólica y política.

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La intención del Gobierno es que los textos aprobados en cada cámara no sufran modificaciones en la otra, ni siquiera a pedido del PRO u otros aliados parlamentarios. El objetivo es evitar que el trámite legislativo se dilate y poder exhibir ambas leyes sancionadas antes del 1° de marzo, cuando Milei inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso.

El Presidente aspira a llegar a esa fecha con las dos reformas consolidadas, como señal de gobernabilidad y de capacidad para construir mayorías en un Parlamento fragmentado. Después de un 2025 que le deparó varios tropiezos legislativos, el oficialismo busca mostrar que recuperó la iniciativa y que el Ejecutivo volvió a tomar el control de la agenda en el Congreso.

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La negociación política fue clave. Una gestión definida como “eficaz y precisa” de Diego Santilli permitió destrabar conversaciones con los gobernadores y romper la inercia que trababa los proyectos. En paralelo, Santiago Caputo mantuvo diálogos con la CGT. Milei, según fuentes oficiales, asumió que para avanzar con una ley “definitoria” de su gobierno debía actuar con pragmatismo: negoció con todos los sectores, incluida la denominada “casta”, y priorizó el resultado final por encima de las diferencias discursivas.

El avance fue celebrado por cámaras empresariales, que ven en la modernización laboral una señal favorable para la actividad privada. En el oficialismo sostienen que se trata de “señales inequívocas” tanto hacia el sistema político como hacia los mercados.

El desafío pendiente: reactivar la actividad

Sin embargo, en el Gobierno admiten que los logros parlamentarios no alcanzan por sí solos para revertir el clima económico. La actividad no termina de despegar y ese es hoy el principal foco de preocupación de los industriales. La Unión Industrial Argentina volvió a plantearle el tema al ministro de Economía, Luis Caputo.

Los números reflejan esa tensión. La capacidad instalada de la industria trabaja al 53,8 por ciento. La inflación de enero se ubicó en 2,9 por ciento y en el rubro alimentos alcanzó el 4,1 por ciento. La canasta básica creció por encima del índice general.

Los salarios registrados continúan estancados: en 2025 aumentaron 28,8 por ciento frente a una inflación de 31,5 por ciento, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo. En el sector público, los ingresos quedaron 17 puntos por debajo del avance de los precios. Esa dinámica explica la debilidad del consumo y golpea en particular a la industria local.

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Caputo es consciente del escenario. Por ahora, su estrategia prioriza mantener el dólar estable, recomponer reservas —el Banco Central compró más de 2050 millones de dólares desde que comenzó el año—, sostener el carry trade y avanzar con la apertura de importaciones.

En el equipo económico y en la Presidencia asumen que marzo será un mes clave y que deberán ofrecer una señal concreta a la población. Con hermetismo, evalúan distintas medidas. Entre ellas, la posibilidad de impulsar el crédito para las pymes como herramienta para dinamizar la actividad.

El Gobierno celebra la victoria legislativa y busca capitalizarla políticamente. Pero sabe que el verdadero examen se juega en la economía real, donde los indicadores todavía no acompañan el optimismo oficial.

Javier Milei, La Libertad Avanza, Luis Caputo