POLITICA
¿Cristina Kirchner tiene que devolver dinero tras la condena por corrupción?
La Corte Suprema rechazó ayer el recurso de defensa de Cristina Kirchner, por lo que dejó firme la condena a la expresidenta de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, al quedar firme el fallo del juez Jorge Gorini (que también había sido ratificado por la Cámara de Casación), Cristina y los demás condenados deberán devolver al Estado casi 85.000 millones de pesos.
La condena -que fue dictada el 6 de febrero de 2022 y es de cumplimiento efectivo desde este martes tras el fallo- incluye la devolución de esa cifra por parte de Cristina, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
Tanto la expresidenta como los otros condenados cuentan con cinco días hábiles a partir de la notificación de la sentencia para presentarse en los tribunales de Comodoro Py, en donde se harán efectivas las detenciones.
La acusación realizada por el Tribunal Oral Federal N°2 y Casación estableció el “monto de perjuicio al Estado” por los 51 contratos que le fueron adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Báez, ex socio comercial de la ex vicepresidenta. En este marco, están acusados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculado con el direccionamiento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de la dirigente peronista.
Además, la Justicia estableció que el decomiso de los bienes a los nueve condenados. incluida la expresidenta, tiene que cubrir esa suma.
A últimas horas de este martes, el abogado de Cristina, Alberto Beraldi, presentó un escrito ante el presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, para que la expresidenta -que tiene 72 años- cumpla prisión domiciliaria en el departamento del barrio de Constitución donde vive actualmente. El mismo tribunal que la condenó será el que deberá definir si le otorga la prisión domiciliaria.
El juez Jorge Gorini -encargado de que se cumpla ejecución de la sentencia de los condenados- envió un oficio a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que le pide asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de los detenidos en el término de 24 horas.
El magistrado dispuso que todos los condenados deben presentarse en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py dentro del quinto día hábil de notificados de su condena para hacer efectivas sus detenciones. Se dispuso este “plazo prudencial” atento que “algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas”.
Los condenados deben acudir al sexto piso del edificio de Comodoro Py 2002, donde está el tribunal oral para quedar presos. La expresidenta y su entorno negocian una alternativa para evitar esa instancia.
Sin embargo, tanto la dirigente como su equipo de abogados ya manifestó su intención de llevar el caso a tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar una maniobra de lawfare y un juicio político. En caso de que esto ocurra, el organismo elegido deberá analizar la causa y determinar si le da intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, hay una última herramienta que podría utilizar la expresidenta: el indulto. Esta es una facultad del presidente de la Nación para dar de baja una pena en casos de delitos federales, previo pedido de un informe al tribunal oral que dictó la condena.
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La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza este jueves una huelga nacional que afecta los servicios públicos en respuesta al debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El sector de los conductores de colectivos y otros rubros del transporte paraliza sus tareas habituales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias.
El funcionamiento de los ómnibus este jueves depende de la prestataria de cada línea. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó su adhesión al cese de actividades a pesar de la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano el pasado 11 de febrero. La parálisis de las terminales de corta, media y larga distancia es mayoritaria en casi todo el territorio nacional.
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La empresa DOTA decidió no sumarse a la protesta nacional. Esta determinación permite la circulación de sus unidades en diversos recorridos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El resto de las firmas permanece de paro por la convocatoria gremial que la central obrera anunció días atrás. La CGT brindará precisiones sobre el alcance de la medida en una conferencia de prensa a las 16 en su sede de la calle Azopardo.
La huelga nacional cosecha este jueves una adhesión casi total de los gremios del transporte. No circulan trenes de ninguna de las líneas metropolitanas ni de larga distancia. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad suspendieron sus servicios desde el primer minuto de este jueves.
El servicio de subte y Premetro también permanece interrumpido por la adhesión de los Metrodelegados a la jornada de protesta. Las estaciones de trasbordo lucen vacías y con sus accesos cerrados al público. La actividad aérea sufre importantes irregularidades: Aerolíneas Argentinas informó que la cancelación de 255 vuelos afecta a más de 31.000 pasajeros en toda su red. La firma mantiene 100 vuelos operativos gracias a su propio servicio de handling en gran parte de las terminales del país.
La jornada comenzó con focos de conflicto en las principales autopistas. Trabajadores de la planta de neumáticos Fate cortaron la autopista Panamericana ramal Tigre a la altura de la calle Uruguay. El reclamo surgió tras el anuncio del cierre de la producción y el despido de 900 empleados. Efectivos de Gendarmería Nacional desplegaron un operativo para liberar la traza.
Otros bloqueos ocurrieron en la autopista Buenos Aires-La Plata y en el Puente Pueyrredón. Organizaciones sociales y partidos de izquierda se desmarcaron de la conducción de la CGT y realizaron manifestaciones activas. Las fuerzas federales desalojaron el acceso desde Avellaneda antes de las diez de este jueves para normalizar la circulación vehicular. En el Puente La Noria también se registraron interrupciones totales por parte de manifestantes que rechazan el proyecto de ley oficialista.
El personal de salud garantiza únicamente las guardias mínimas en los centros asistenciales durante este jueves. Los empleados del sector sanitario integran el grupo de las organizaciones gremiales con cese de actividades activo por la jornada nacional de protesta. Rodolfo Aguiar, secretario de ATE, ratificó la participación de los trabajadores en los hospitales públicos. El sindicato también mantiene una fuerte presencia en más de 800 municipios del país. Los rubros de comercio, turismo y hotelería también interrumpieron sus tareas habituales en adhesión al reclamo de la central obrera.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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POLITICA
Del Congreso al PJ Bonaerense: el peronismo busca cerrar sus grietas ante una marcada pérdida de poder
El peronismo volvió a atravesar una semana complicada en el Congreso. Esta vez la derrota fue en la Cámara de Diputados, donde, como suele ocurrir cuando los proyectos se encaminan a su aprobación, la oposición se quedó con los discursos, los reproches y los enojos, mientras que el oficialismo obtuvo los votos y el triunfo. Eso ocurrió al límite entre jueves y viernes en la Cámara baja, cuando el gobierno nacional aprobó la reforma laboral y celebró la impotencia de su rival.
La unidad de la oposición más firme alcanzó 115 votos, en medio de una sucesión de gritos, cruces y maniobras en el barro legislativo. El bloque de Unión por la Patria (UP) estuvo cerca de hacer caer la sesión por un descuido de La Libertad Avanza (LLA) que, entrada la noche y tras varias horas de debate, dejó sin quórum la sesión. Un error de principiante que sigue mostrando las falencias en la gestión de recursos parlamentarios del espacio libertario. Al oficialismo lo salvaron la experiencia de Luis Petri y Silvana Giudici, que lograron ganar tiempo para que los propios regresaran al recinto.
El bloque peronista intentó por todos los medios frenar la reforma laboral, pero chocó con sus propios límites. Al igual que en el Senado, volvió a pesar el pasado: la derrota electoral del año anterior. Menos votos en las urnas, menos manos en el Congreso. La lógica es directa. Además, se sumó el apoyo de gobernadores del propio espacio político que están cada vez más distanciados del bloque mayoritario del peronismo, como los catamarqueños y tucumanos que responden a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.
El respaldo, ya sea por el quórum o por los votos afirmativos, de esos mandatarios, junto a los de Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), le dio al Gobierno la posibilidad de consolidar su estrategia y aprobar la ley. “De eso no se vuelve. Van a tener que explicar en sus provincias lo que avalaron. Ahora o más adelante, pero lo van a tener que explicar”, advirtió un diputado peronista sobre la postura de los gobernadores.
La advertencia sobre el futuro no es casualidad. El peronismo de UP está dispuesto a mantener en el centro de sus cuestionamientos internos lo que los legisladores de esos sectores votaron. “Atacaron la base de nuestra fuerza política que son los trabajadores. Cruzaron un límite”, reflexionó una senadora nacional que fue de las más vehementes al criticar el proyecto. La dirigencia peronista apunta a los propios mientras intenta comprender por qué las mayorías, entre ellos muchos trabajadores asalariados, dejaron de acompañarlos.
Las tensiones actuales tendrán impacto en el corto plazo, cuando las distintas tribus del peronismo busquen construir una alternativa nacional. En la oposición prevén que la mayoría de los gobernadores desdoblarán los comicios, por lo que cada elección provincial será una batalla particular para el PJ, que enfrenta un panorama adverso para recuperar poder territorial.
El kirchnerismo activó rápidamente una cacería de brujas en el peronismo del interior. Busca separar, con el argumento del apoyo a Milei, a quienes consideran que traicionaron los valores de la oposición y a quienes, por haber avalado reformas profundas como la laboral, no pueden ser parte de un futuro armado. “Después se quejan de que CFK les interviene el partido, pero votan todo a favor de Milei, cuando entraron al Congreso en representación del peronismo”, afirmaron cerca de la ex presidenta.
Más explícita fue la diputada santafesina Florencia Carignano, quien aseguró que “Cristina Kirchner nunca traicionó a los laburantes” y advirtió que si hubiese hecho “lo que hizo Jalil”, entonces “no estaría presa, porque lo más fácil es entregarse al poder”. El kirchnerismo volvió a señalar a los gobernadores de Tucumán y Catamarca como traidores, y trazó una línea clara entre ellos y los peronistas que apoyaron a Milei.
El sector más duro del peronismo dejó varias advertencias durante la semana. Durante la sesión de labor parlamentaria en el Senado, la riojana Florencia López se dirigió a Patricia Bullrich y, a las pocas horas de sancionada la reforma laboral, le dijo: “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como hicieron antes”. Pensando en el futuro, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó que si el peronismo regresa al poder en 2027, lo primero será “derogar y eliminar esa ley”.
Por momentos, la división interna cambió de eje. La disputa dejó de ser entre el kirchnerismo y Kicillof, para pasar a estar entre el sector de los kirchner y los gobernadores del interior. El mandatario bonaerense no intervino en esa disputa. Tampoco lo hizo nadie de su espacio. No pretende dar esa pelea interna. Prefiere posicionarse como principal opositor, lo que dirige la atención hacia su figura.
En simultáneo a la crisis legislativa, el peronismo bonaerense cerró un acuerdo de unidad en las listas del PJ de la provincia. Se oficializaron los consejeros y autoridades que tendrá el partido bajo la conducción de Kicillof. Un punto de encuentro que disipó algunas tensiones y marcó un pacto de no agresión por unos días.
Los consejeros por rama quedaron equilibrados entre el kicillofismo y el cristinismo. Una forma de evitar una escalada de tensión. Ingresaron nombres vinculados al Gobernador como Verónica Magario, Fernando Espinoza, Mariano Cascallares, Walter Correa, Alberto Descalzo, Gustavo Barrera y Mauro Poletti; y otros de la línea de CFK como Federico Otermín, Marisa Fassi, Karina Menéndez, Santiago Révora, Mayra Mendoza y Fernanda Raverta.
La tregua en la construcción del nuevo PJ fue la única noticia positiva para el peronismo en la última semana. En la práctica, implica algunos días de calma y el ordenamiento del partido y los principales espacios de poder detrás de la conducción política de Kicillof. Una pelea interna menos para afrontar. Quedan otras pendientes, como la definición de tres cargos clave en el Senado provincial: la vicepresidencia primera, la secretaría administrativa y la jefatura del bloque justicialista.
El peronismo atraviesa días difíciles, en los que percibe la falta de poder y, al mismo tiempo, no encuentra el camino para construir un nuevo espacio político. Mientras tanto, el tiempo avanza y Milei afianza la gestión política de su gobierno, hoy menos conflictiva que el año pasado.
Axel Kicillof
La Reforma Laboral entra hoy en Diputados, después de la media sanción que logró en la Cámara Alta. Muchas personas se preguntan cuándo comenzará el debate y a qué hora se votará.
En rechazo a esta ley, la CGT convocó a un paro general al que se adhirieron distintos gremios. En este sentido, muchos servicios, como el transporte, la salud y los bancarios, no estarán disponibles este jueves.
El debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados está pautado para este jueves 19 de febrero, desde las 14 horas. Esto se debe a que ayer el bloque libertario se aseguró el dictamen de mayoría, con 44 firmas del plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto. Respaldaron al oficialismo la UCR y las bancadas provinciales de Innovación Federal y de Producción y Trabajo.
La intención del Ministerio de Seguridad es que el Congreso permanezca blindado en 360°, con dos anillos de seguridad, uno interno y otro externo.
De acuerdo a la información que publicó LN+, en el operativo trabajarán 1800 efectivos, 800 pertenecientes a la Ciudad y 1000 de las tres fuerzas federales. Se reforzarán controles en los ingresos a la Ciudad, y se harán cacheos sorpresivos a micros y automóviles.
A su vez, habrá un comando unificado que monitoreará el movimiento de los 70 detenidos identificados el miércoles pasado; por lo que si esas personas llegan al Congreso, serán detenidas.
La convocatoria de la sesión cuenta con las firmas de los bloques que garantizan la base numérica al oficialismo. El Pro, la UCR y el MID integran este grupo de apoyo legislativo. A estos sectores se suman los diputados de Producción y Trabajo de San Juan y el bloque Independencia de Tucumán.
También brindan su aval los misioneros vinculados a Carlos Rovira y la diputada neuquina que responde al gobernador Rolando Figueroa. Estas bancadas permiten al gobierno avanzar con el tratamiento de la norma a pesar de las críticas de la oposición.
Tadeo Bourbon
El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la organización del debate. Martínez señaló: “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”. En la misma línea, el diputado de izquierda Nicolás Del Caño calificó la propuesta como una ley esclavista. El legislador aseguró: “Es un escándalo tratar de manera exprés una ley que pisotea todos los tratados internacionales”.
El texto genera objeciones específicas en un conjunto de aproximadamente 35 diputados de bloques del centro político. Estos legisladores rechazan el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta propuesta busca financiar las indemnizaciones con aportes directos del empleador. La derogación de múltiples estatutos profesionales también concentra críticas de diversos sectores.
La iniciativa contempla la eliminación de estos marcos regulatorios seis meses después de la sanción de la ley. La representante de los trabajadores de prensa, Carla Gaudensi, manifestó su oposición a esta medida. Gaudensi afirmó: “No nos da ninguna garantía que se vaya a derogar el estatuto y nos deje sin ninguna protección”.
Otro punto de controversia es el artículo 91. Este apartado establece el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. El presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, objetó esta disposición. Basso argumentó: “El diseño de la Constitución fija claramente que la Justicia Nacional deberá quedar a cargo del Poder Judicial de la Nación mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la Capital Federal”. El magistrado consideró que la medida resulta arbitraria y proyecta el cierre del fuero laboral nacional.
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