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Cristina Kirchner volvió a cuestionar las condiciones de su prisión domiciliaria: “Solamente con este Partido Judicial”

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La expresidenta Cristina Kirchner volvió hoy a cuestionar a la Justicia, particularmente por las condiciones impuestas a la prisión domiciliaria que recibió en el marco de la causa Vialidad, y se hizo eco de un mensaje del diputado Leopoldo Moreau en el que advierte del intento de instalar una “Dictadura de los jueces”.

“Solamente con este Partido Judicial… en la Argentina hay que explicar lo obvio”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X al citar el mensaje de Moreau.

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El diputado de origen radical, pero que se sumó hace años al kirchnerismo, lanzó una advertencia contundente sobre el accionar del Poder Judicial en la Argentina, al afirmar: “Por momentos parece que el Partido Judicial quiere instalar una Dictadura de los Jueces”.

La publicación de Leopoldo Moreau surge tras la decisión del tribunal de imponer restricciones a las visitas que puede recibir Cristina Kirchner en el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, una medida que, de acuerdo con el diputado, no tiene precedentes en el tratamiento de personas bajo arresto domiciliario en la Argentina.

El mensaje de Cristina Kirchner contra las restricciones a las visitas en su prisión domiciliaria

“Ahora se les ocurrió imponer restricciones a Cristina Kirchner con el objeto de aislarla”, escribió el legislador, subrayando la excepcionalidad de la situación. Según su análisis, no existe ningún otro caso en el que una persona con prisión domiciliaria y pulsera electrónica deba solicitar autorización judicial previa para recibir visitas en su hogar.

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El diputado nacional remarcó: “No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial”. Además, Moreau insistió en que los derechos civiles y políticos de Cristina Kirchner permanecen vigentes, salvo en los aspectos específicos de la sentencia judicial, y que los jueces no pueden, a su entender, agregar de manera arbitraria nuevas restricciones o penas.

La defensa de los derechos de la expresidenta se extiende, en la argumentación de Moreau, a quienes desean mantener reuniones con ella, en particular a los legisladores nacionales. El diputado enfatizó que la cuestión no se limita a la situación personal de Cristina Kirchner, sino que involucra también a los representantes del pueblo que, en ejercicio de sus funciones, buscan dialogar con la principal referente de su espacio político. “Pero no sólo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores nacionales”, sostuvo.

En su argumentación, Moreau apeló al texto de la Constitución Nacional, citando el artículo 38, que establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia argentina. El diputado recordó que los bloques parlamentarios constituyen uno de los instrumentos más relevantes para el funcionamiento de las organizaciones políticas, y que cualquier intento de limitar la interacción entre los legisladores y sus referentes atenta contra el normal desarrollo de la vida democrática. “El artículo 38 de la Constitución Nacional sostiene que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia y los bloques parlamentarios son uno de los instrumentos más importantes del accionar de las organizaciones políticas”, explicó.

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Cristina Kirchner saluda desde el balcón del departamento en el que cumple prisión domiciliaria. Foto: Sebastian Alonso

La publicación de Moreau también puso el foco en las garantías constitucionales que amparan a los legisladores nacionales. El diputado subrayó que los miembros del Congreso gozan de fueros e inmunidades parlamentarias, derechos que, según su interpretación, no pueden ser restringidos ni reglamentados por resoluciones judiciales. “Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales”, afirmó Moreau. Esta posición plantea un interrogante sobre el alcance de la autoridad judicial frente a los privilegios parlamentarios y la autonomía de los poderes del Estado.

En ese sentido, el diputado nacional sostuvo que los legisladores tienen la facultad de presentarse a visitar a quienes consideran la conducción de su espacio político, con la sola acreditación de su condición de diputados o senadores nacionales. “Es decir, nos podemos presentar a visitar a quienes consideramos la conductora de nuestro espacio político con la sola acreditación de nuestra condición de diputados o senadores nacionales”, expresó.

La advertencia de Leopoldo Moreau no se limita al plano nacional. El diputado anticipó que, de persistir las restricciones, recurrirán a instancias internacionales para denunciar lo que considera una violación de los derechos parlamentarios y una muestra de la colaboración entre jueces y fiscales en la instauración de un “Estado de excepción”.

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“Si cualquier órgano judicial pretende impedir esta facultad o el ejercicio de este derecho estará provocando un severísimo conflicto de poderes y, además, los denunciaremos ante la Unión Interparlamentaria Mundial como una demostración más de la colaboración de jueces y fiscales en imponer un Estado de excepción”, advirtió el legislador.

La decisión judicial de restringir las visitas a la exmandataria, según la visión de Leopoldo Moreau, no solo afecta a la persona involucrada, sino que también pone en cuestión el equilibrio institucional y la protección de las garantías constitucionales. El diputado nacional insistió en que los jueces no pueden imponer penas adicionales a las establecidas en la sentencia, y que cualquier intento en ese sentido constituye una amenaza para el sistema democrático.

La expresidenta cumple su condena a 6 años de prisión en su departamento del barrio de Constitución, luego de que la Corte dejara firme la condena recibida en las distintas instancias judiciales en la causa conocida como Vialidad.

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Este viernes, la expresidenta cuestionó el régimen de visitas de la prisión domiciliaria, que exige autorización previa para cualquier persona que no pertenezca a su círculo familiar, legal o médico.

El resto de mis relaciones con el mundo exterior; amigos, amigas, compañeros, compañeras y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización”, escribió la expresidenta, a través de su cuenta de X.

En el posteo, advirtió que sus abogados -Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy- recurrieron la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 que solo permite que la visiten personas de su núcleo familiar, sus abogados y médicos.

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“Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo”, agregó.

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El Tesoro de Estados Unidos confirmó que el Banco Central activó el swap en octubre por US$2541 millones

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Los días de volatilidad financiera previos a la elección de octubre quedaron atrás, pero no así una de las determinaciones que adoptó el Gobierno en esos días. Una de ellas el swap que acordó con Estados Unidos. Precisamente, el Tesoro de ese país confirmó que el Banco Central activó ese mecanismo, por unos US$2541 millones.

“En octubre de 2025, el Tesoro de Estados Unidos, actuando a través del Fondo de Estabilización, y el Banco Central de la República Argentina cambiaron pesos por US$2,5 mil millones”, informó la administración de Donald Trump.

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El documento publicado por el Tesoro estadounidense especificó que esa cifra exacta llega a los US$2541 millones. En las semanas anteriores, distintas consultoras económicas argentinas habían realizado estimaciones basadas en datos del BCRA sobre hasta qué número iba a llegar esa primera activación del swap. La estimaban entre US$2500 millones y US$2700 millones.

Informe del Tesoro de Estados Unidos

El Tesoro estadounidense también especificó que la administración de Trump le vendió a la de Javier Milei 641 millones de derechos especiales de giro, también conocidos como DEG (la moneda que emite el Fondo Monetario Internacional), a cambio de US$872 millones.

En la primera semana de noviembre, el Gobierno le pagó unos US$800 millones al FMI, que incluyó una transferencia de 585 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), según publicó .

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De acuerdo a datos del FMI citados por la agencia Bloomberg, la Argentina aumentó su tenencia de DEG en 640,8 millones de DEG (equivalente a unos US$900 millones), mismo monto en el que se redujeron las tenencias de Estados Unidos, lo que en ese momento había alimentado las presunciones de una activación del swap.

Un swap es un intercambio de monedas, que permite, en este caso al BCRA, recibir dólares a cambio de pesos. En caso de activarlo (usar los dólares), el Central pagaría una tasa de interés determinada. Esta última no fue informada. Ese es uno de los detalles que faltan conocer sobre la implementación de este acuerdo.

Santiago Bausili, presidente del Banco Centralcaptura

Días atrás, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se excusó por no haber informado sobre la activación del nuevo swap de monedas pactado con el Tesoro estadounidense. Explicó que no lo hizo, para “respetar las cláusulas de confidencialidad” del acuerdo. “Los movimientos no se reportan porque te arbitra el mercado. Es prudencial”, señaló, antes de relativizar la posibilidad de que se active otro tramo del swap en adelante.

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El informe del Tesoro de Estados Unidos no especifica las fechas del momento en que el BCRA activó el swap. Tampoco indica qué ganancia obtuvo la administración de Trump a través de esta operación.

“Ya lo teníamos confirmado con el balance del BCRA, pero esta fue como la última confirmación”, analizó el economista Gabriel Caamaño sobre la publicación del informe del Tesoro de Estados Unidos.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, de Eco Go, coincidió y analizó su utilización. “Permitió llegar a las elecciones sin ningún sobresalto y el costo no fue enorme”, dijo. Además, recordó que el swap sigue disponible, dado que fue firmado por US$20.000 millones. Entonces, eventualmente la Argentina podría utilizarlo en otras ocasiones. “Es un seguro que Estados Unidos te salga a cubrir y ahí hay una línea de crédito para el país, que es importante”, concluyó.

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Javier Milei,Banco Central,Estados Unidos,Conforme a,,»Tan importante como el precio». La inesperada fórmula para hacer negocios en el mayor exportador del mundo,,Del Reino Unido a la India. Los diseños argentinos que triunfan en el mundo,,“La gente pedía carne”. El chef de restaurante Michelin que sirvió más de 6500 bifes de chorizo en un megaevento,Javier Milei,,Caso $LIBRA, El fideicomiso de Hayden Davis se constituyó en una jurisdicción offshore y sin datos clave sobre su operación,,Ante la implosión del kirchnerismo,,En un mismo predio. Chubut impulsó un proyecto para construir un complejo educativo que integrará tres instituciones educativas

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Buenas expectativas pero pocos avances en el planteo argentino para relocalizar la planta de hidrógeno verde en Uruguay

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El Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, visitó el pasado miércoles a su par uruguayo, Mario Lubetkin. El objetivo fue “intercambiar opiniones sobre el proyecto de la planta de elaboración de hidrógeno verde en la ciudad de Paysandú”, expresó el comunicado conjunto de ambos países. El encuentro se dio como continuidad de la charla mantenida en Buenos Aires el 18 de noviembre.

Al término de la reunión, Lubetkin señaló a la prensa local: “Evaluamos el proceso de análisis que se está haciendo en relación con la propuesta de la planta de hidrógeno” verde en Paysandú, a la vera del río Uruguay y frente a las costas de Colón en Entre Ríos. Los habitantes de la zona aseguran que el emprendimiento provocará contaminación visual y afectará con gravedad al turismo, la principal industria local.

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Al respecto, detalló: “Los hermanos argentinos hicieron una serie de reflexiones y planteos para ir a un proceso que inicia ahora. Será largo y tendrá un diálogo muy fluido y consultas permanentes”, indicó, con relación al pedido diplomático para relocalizar la planta.

El objetivo de esto es algo “básico”, puntualizó el funcionario oriental: “El desarrollo de Uruguay no va a ir en contra del de Argentina” ni a la inversa, subrayó. “Lo que trabajamos hoy es para potenciar desde los dos lados nuestras economías”, agregó.

Junto a Quirno estuvieron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el intendente de Colón, José Luis Walser. El Canciller uruguayo estuvo acompañado por los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. Junto a ellos se ubicaron la Vicecanciller, Valeria Csukasi, el Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera y el Jefe de Gabinete, Ricardo Baluga.

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Pablo Quirno y Mario Lubetkin (Cancillería Uruguay)

“Esto recién empieza”

Lubetkin insistió luego en catalogar como “reflexiones” a las posturas argentinas sobre la relocalización del emprendimiento que se pretende instalar en Paysandú.

Fue cuando consignó que la delegación nacional hizo “reflexiones sobre los términos técnicos del estudio ambiental y de nuestro desarrollo” realizados por Montevideo respecto al proyecto de la planta. “Fueron simplemente propuestas, reflexiones – insistió – y preocupaciones, naturalmente, sobre dónde está ubicada la propuesta que empieza a ser analizada ahora” referida al desarrollo de UIF Global.

La inversión de la multinacional controlada por capitales chilenos rondaría los USD 6 mil millones y sería la más grande en la historia del vecino país. El temor de ambos gobiernos es que la iniciativa y el rechazo en las poblaciones argentinas reedite un conflicto de magnitud como el que se vivió cuando se autorizó la instalación de la pastera Botnia (hoy UPM) frente a Gualeguaychú, a principios de siglo.

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El Canciller uruguay reiteró que UIF Global ha hecho una propuesta y que recién “empieza su estudio con una hoja de ruta que terminará como terminará, a partir de la cientificidad y la seriedad que nosotros tenemos”, puntualizó. Además, no puso plazos para darle un cierre a esta situación. “Si dijéramos un tiempo, nos estaríamos equivocando”, evaluó.

“Nunca más”

Por su parte, Quirno expresó que Argentina y Uruguay “necesitan inversiones para crecer. No hay ninguna duda de eso. Como países de la región y hermanos que somos, tenemos que generar las condiciones para inversiones que vayan a Uruguay o a Argentina. No se trata de uno o el otro. Estamos transitando un camino juntos. Eso es lo más importante para potenciar nuestros recursos”.

Cuando le consultaron si tiene algún temor por el impacto que podría tener la planta sobre el turismo regional, el Canciller argentino sentenció: “No me expresaría en torno a preocupaciones. Vamos desandando un camino. Entendemos la voluntad de la inversión privada y nosotros no estamos en contra”.

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Por otra parte, el funcionario nacional trató de aventar los fantasmas del conflicto binacional, con el recuerdo aún fresco de lo que pasó con Botnia. “Vamos a tratar siempre de calmar la situación porque estamos buscando el desarrollo de nuestros países. Argentina y Uruguay no tienen que pasar por eso nunca más en la historia”, aseveró Quirno.

“Planteamos la relocalización”

Al término del encuentro, Frigerio calificó la conversación como “positiva”. Y remarcó que junto a Walser “seguimos defendiendo el desarrollo turístico y productivo de la ciudad y planteamos con énfasis la necesidad de relocalizar el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú”.

“Si sostenemos este camino de diálogo y cooperación, estoy convencido de que vamos a llegar a una solución que cuide a nuestras comunidades y sea beneficiosa para Uruguay, la Argentina y Entre Ríos”, acotó en un posteo en X.

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El intendente de Colón, en tanto, precisó: “Aportamos datos concretos que demuestran todo lo que se pone en riesgo de instalarse en ese lugar. También solicitamos saber si existen análisis de terrenos alternativos”. Además, comentó que junto al resto de la delegación argentina “manifestamos posibles opciones” para erigir el emprendimiento.

“Por primera vez pudimos brindar información de primera mano a ambos Cancilleres y a ministros de Uruguay, que tomaron nota de nuestras apreciaciones. Se abrió un canal de diálogo y de trabajo en conjunto y se planificó un nuevo encuentro”, resaltó en un tuit hecho tras la reunión.

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Caso $LIBRA: el fideicomiso de Hayden Davis se constituyó en una jurisdicción offshore y sin datos clave sobre su operación

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El fideicomiso “The Libra Trust” que el estadounidense Hayden Mark Davis lanzó el martes último en un intento por terminar el escándalo internacional que desde febrero lo tiene como protagonista junto al presidente Javier Milei acumula más preguntas que respuestas, pocos datos y una opacidad total: fue constituido en un paraíso fiscal, como una estructura offshore amparada por el secreto bancario y registral, según reconstruyó .

La decisión de Davis de impulsar el fideicomiso comenzó a tomar forma el 19 de agosto, verificó el experto informático Fernando Molina. Esto ocurrió tan solo cinco días después de que la jueza federal en Nueva York, Jennifer L. Rochon, ordenara el levantamiento del embargo preventivo sobre los fondos que habían obtenido los impulsores de la demanda colectiva (“class action”) en su contra.

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Ese día, informáticos a sueldo de Davis crearon el dominio —la dirección específica de la página de Internet del “trust”—, aunque el fideicomiso solo terminó de tomar forma y se lanzó el martes último, minutos antes de que la jueza Rochon abriera una nueva audiencia con todas las partes. El objetivo era definir si volvía a congelar o fijaba estándares especiales de trazabilidad para los fondos en disputa, depositados en billeteras virtuales.

Durante esa audiencia, a la que asistió por conferencia telefónica, uno de los abogados de Davis, Mazin Ahmad Sbaiti, comunicó a la jueza el lanzamiento del “trust” y precisó que se constituyó “offshore” —por fuera de las jurisdicciones estadounidense o argentina, en su caso “por culpa de los políticos de izquierda”, según el portal oficial del fideicomiso—. Sin embargo, evitó identificar por su nombre qué país o territorio eligió Davis en busca de la máxima confidencialidad, alta protección legal y bajos o nulos impuestos.

El website del fideicomiso ( tampoco aporta precisiones. Omite, incluso, los llamados “white papers”, los documentos públicos esenciales que explican, justifican o promueven la creación, misión, estructura o funcionamiento de un “trust”. Si bien no tienen la validez legal de la escritura constitutiva, por ejemplo, sirven como presentación institucional, resumen de objetivos, modelo de gobernanza, manual de funcionamiento, y son un instrumento clave de comunicación hacia medios, inversores y potenciales beneficiarios.

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Javier Milei con Hayden Mark DavisLN+

Para la defensa de Davis, de todos modos, el fideicomiso demuestra que el CEO de Kelsier Ventures no cometió una estafa y que el dinero recaudado terminará por llegar a las pequeñas y medianas empresas como se anunció al lanzar $LIBRA. “Todo se ha hecho con profesionales serios y verificados”, insistieron en el entorno del estadounidense, en diálogo con , aunque se negaron a dar mayores precisiones.

Para críticos de Davis y querellantes, el fideicomiso es más de lo mismo: “’Libra Trust’ no parece como un proyecto genuino para ayudar a emprendedores. Surge en medio del proceso judicial, en el momento exacto en que los fondos podían quedar bajo control de la Justicia”, remarcó el diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien integró la comisión legislativa del Congreso. “No es el final del caso $LIBRA: es una maniobra para esquivar las consecuencias de un fraude en plena investigación”, añadió.

Las críticas se sustentan en la naturaleza misma del escándalo: la “class action” en Nueva York alega que Davis y sus socios diseñaron una “fábrica de fraude” que ejecutó un vaciamiento coordinado (“rug pull”) de fondos para quedarse con millones de dólares de inversores minoristas. Además, la Justicia federal en la Argentina y la demanda en Estados Unidos investigan, en paralelo, transferencias de Davis a billeteras de terceros por millones de dólares a través de plataformas como Bitget, antes y después de reunirse con el presidente Milei.

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La jueza federal de Nueva York Jennifer Louise RochonLinkedin Ben Chow – CQ-Roll Call, Inc.

Tanto durante la audiencia con la jueza Rochon, como en el portal del “trust”, en tanto, se omitieron más de una decena de precisiones esenciales para cualquier estructura financiera; entre ellos, las siguientes:

Javier Milei en el Tech Forum, con empresarios que estuvieron ligados a la criptomoneda $LIBRA

Junto a Davis buscaron calmar esas inquietudes. “El fideicomiso es serio. Un abogado hará la primera revisión de las postulaciones, luego un comité hará un análisi de la ‘short list’ y los seleccionados recibirán los fondos aprobados, respetando las normas tributarias de la Argentina”, indicaron a .

Sin embargo, el programador y profesor Maximiliano Firtman abrió otra dimensión de riesgos, enfocada en el compliance y el lavado de activos: “¿Cómo podrías justificar como empresa argentina recibir miles, decenas o centenas de miles de dólares en cripto como subsidio de una entidad extranjera no determinada, con fondos discutidos judicialmente y no caer en una investigación de lavado de dinero para poder usarlos para el fin presentado?”, planteó en su cuenta de X. “¿Cómo podrías blindarte y que no vengan los querellantes a buscarte a vos en caso de ser uno de los ‘elegidos’ por vaya a saber quién ni por qué?”

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En un apartado del portal, accesible en inglés y español, “Libra Trust” sí traza una línea, dirigida a despegar a dos protagonistas del escándalo, desde febrero último. Sostiene que “el fideicomiso opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”.


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