POLITICA
Cristina Kirchner y Axel Kicillof no se hablan hace cinco meses y se aleja la unidad del peronismo
La última vez que se hablaron fue hace cinco meses, durante una reunión que tuvo lugar en un edificio ubicado sobre la calle Defensa, entre Moreno y Defensa, en el barrio porteño de San Telmo, donde el senador Mariano Recalde tiene sus oficinas. De un lado de la mesa, Cristina Kirchner. Del otro, Axel Kicillof. No estaban solos. Sergio Massa y Máximo Kirchner también eran de la partida.
El encuentro fue a fines de diciembre del año pasado. Discutieron sobre el desdoblamiento de la elección bonaerense, que el Gobernador ya estaba analizando con detenimiento y que la ex presidenta había cuestionado en la reunión del PJ Bonaerense en Moreno, el lunes 9 de diciembre.
Aquella tertulia terminó mal. En el kicillofismo entendieron que le habían realizado una encerrona al Gobernador para marcarle la cancha sobre cómo debía organizarse el proceso electoral. Fue también una de las pocas veces que la ex mandataria y el Gobernador se vieron en el 2024.
En el último año hubo cuatro encuentros que marcaron la relación entre ambos. El 15 de octubre, en el mismo edificio de San Telmo donde se encontraron por última vez, pero esta vez en las oficinas de Recalde, CFK y Kicillof tuvieron una reunión de tres horas que terminó mal. No pudieron llegar a un acuerdo para saldar sus diferencias sobre el rol político del Gobernador, el proceso electoral bonaerense y la relación con La Cámpora.
Una semana después se reencontraron en público en el Teatro Argentino de La Plata, el día que se celebró el 47° aniversario de las Abuelas de Plaza de Mayo. No se hablaron. Apenas un saludo gélido. Se sentaron a cada lado de Estela de Carlotto, que cumplió un rol de moderadora incómoda. Fue la imagen del divorcio.
Un mes y medio después, el 10 de diciembre, tuvo lugar el encuentro del PJ Bonaerense en Moreno y un puñado de días después se concretó la última reunión en la que se vieron. Luego de ese momento no hablaron más por teléfono ni se encontraron. Los mensajes llegaron por algunos interlocutores validados de ambos lados o a través de los medios, en la discusión dialéctica que mantienen desde hace tiempo. Día a día. Reproche a reproche.
La vicegobernadora, Verónica Magario, es uno de los canales de comunicación que une los extremos. También el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Ambos, en diferentes momentos, se vieron con Cristina Kirchner en el Instituto Patria. Los dos forman parte del Movimiento Directo al Futuro (MDF) que lidera Kicillof y que el próximo fin de semana tendrá su lanzamiento formal. Están de un lado y, cada tanto, caminan hacia el medio
La semana pasada la ex presidenta recibió en sus oficinas a un grupo de intendentes entre los que se encontraba Espinoza. A través de esa vía le hizo llegar a Kicillof un mensaje: “Yo trabajo por la unidad”. En el entorno de la ex jefa de Estado destacan su decisión de ceder en la discusión por el desdoblamiento y los plazos electorales. Consideran que son señales de unidad, gestos para acercar posiciones en el medio de la guerra.
¿Por qué ninguno de los dos levanta el teléfono y trata de romper el bloque de hielo que los separa? Ya no es solo una cuestión política, también hay una cuestión personal que es inevitable y que no tiene que ver con el respeto que se puedan tener. Hay una herida abierta, en ambos, que parece difícil de cicatrizar.
“Cristina ya tuvo varios gestos de acercamiento y unidad. Si empezamos a discutir quién llama y quién no, esto no se termina nunca”, indicaron en el Instituto Patria. “Hace dos meses Axel se quiso comunicar con ella y lo mandaron a hablar con Máximo los temas electorales. Si hubo un cambio de opinión, lo tienen que comunicar”, resaltaron en el kicillofismo.
De la unidad o la separación definitiva de CFK y Kicillof depende gran parte del armado nacional del peronismo. En las distintas terminales hay posturas encontradas entre los que creen que, pese a todas las tensiones, habrá un acuerdo de unidad y los que consideran que la ruptura está cada vez más cerca de concretarse.
En La Cámpora hay quienes advierten que en el armado de Kicillof están preparando el escenario propicio para romper definitivamente el peronismo bonaerense. Y hay otros, dentro de la misma agrupación, que entienden el proceso que lleva adelante Kicillof, en el armado de su estructura política y territorial. Un importante dirigente camporista definió el momento con una frase histórica: “Si quieres paz, prepárate para la guerra”.
Dentro del cristinismo hay quienes entienden que para poder negociar con espalda y decisión, Kicillof tiene que dar señales claras a quienes integran su armado político. Por eso comprenden algunas declaraciones de funcionarios cercanos a él y, principalmente, el acto que se está organizando en La Plata para el lanzamiento formal del MDF.
“Axel está muy plantado. Esta es una discusión de poder y autoridad. No quiere romper, quiere que lo respeten. CFK tampoco quiere una fractura. ¿Por qué motivo rompería? ¿Va a dejar que La Cámpora se quede sin cuatro ministerios, el IPS y IOMA? No tiene ningún sentido», reflexionó un intendente del conurbano con una importante trayectoria.
En la última semana, luego de que la senadora cristinista Teresa García dijera en una entrevista que sería bueno lograr una foto entre la ex presidenta y el Gobernador, desde el kicillofismo dejaron trascender un mensaje contundente respecto a esa posibilidad: “La foto es el final de una negociación, no el principio”.
La tensión en el vínculo es permanente. Aunque no sea mano a mano, todo lo que sucede en la súperestructura tiene un impacto directo en sus roles. Es una puja lenta, desgastante y muy dura. “Son dos trenes a punto de chocar. Alguno va a tener que frenar. Y sino, todos vamos a saber que en estas elecciones vamos a perder. Sin unidad, la derrota está asegurada”, reconoció un dirigente camporista.
En el kirchnerismo dicen, como suelen decir en todo el peronismo, que casi todo es perdonable. Las traiciones, las confrontaciones, las barbaridades que se dicen a lo largo de los años. Todo es perdonable cuando un proyecto político y de poder necesite, indefectiblemente, de una fusión de fuerzas. Hay necesidades e intereses. Limitaciones y movimientos tácticos.
En esta instancia Kicillof pelea por su lugar. Por tener voz y voto. Por revalorizar su lugar de gobernador. Por influir en el armado de las listas. Por tener autonomía después de seis años gobernando la provincia de Buenos Aires.
CFK necesita cortar la sangría del poder que viene perdiendo y ordenar su tropa mientras la grieta se agranda y los intentos de frenar la crisis interna, por ahora, no son efectivos. Necesita cerrar los infinitos focos de conflicto que tiene el kirchnerismo. Sino, la fuerza que supo construir junto a Néstor Kirchner, puede terminar volando por los aires.
POLITICA
Manuel Adorni inicia su estrategia judicial: ya contrató a un estudio de abogados para defenderse en Comodoro Py
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató al abogado penalista Matías Ledesma para comenzar a elaborar su estrategia judicial para defenderse en las dos causas más inmediatas que tiene en Comodoro Py, una por presunto enriquecimiento ilícito y otra que averigua las circunstancias de su viaje a Punta del Este realizado el pasado mes de febrero.
La información fue confirmada desde el entorno del ministro coordinador a Infobae, desde donde no dan pistas de cuál pudo ser la vía de recomendación de esa defensa.
La contratación se materializó en los últimos días y forma parte de un pedido que venían haciendo desde varias partes del Gobierno para que el otrora vocero presidencial comenzara a alinear una estrategia clara respecto a su situación mediática-judicial. Ledesma forma parte del estudio Guillermo Ledesma Abogados, creado por el juez del mismo nombre que integró el tribunal del Juicio a las Juntas.
Uno de los primeros en sugerir públicamente que Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito. Aun así, también dejó una recomendación para el funcionario nacional: pese definirlo como un “enorme expositor, brillante”, le sugirió que lo mejor es delegar la defensa.
“Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, había dicho en un reportaje radial.
Las dos causas más importantes que involucran al jefe de Gabinete están bajo el paraguas del juez federal Ariel Lijo. Una investiga si hubo algún delito detrás del viaje familiar que realizó a Punta del Este y en el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio, quien según los primeros testimonios de la causa fue quien pagó ante la empresa de vuelos privados. En paralelo se gestó otra causa sobre el patrimonio de Adorni bajo el encuadre de presunto enriquecimiento ilícito.
Hay una tercera causa por el viaje de Adorni con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York que está a cargo del juez Daniel Rafecas y delegada en la fiscal Alejandra Mangano. Aun así, en el entorno del ministro coordinador marcan que no hay un riesgo latente al respecto de la misma.
Como última novedad en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte de Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegado la causa.
La decisión se tomó luego de conocerse el valor por el cual se escrituró el bien, 230 mil dólares y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. La escribana deberá presentarse el 8 de abril. El valor y la existencia de ese crédito privado consta en los documentos legales del departamento y por eso el fiscal convocó a la profesional que intervino, Adriana Mónica Nechevenko.
Se trata de la primera testigo llamada en esta investigación, el cual se encuadra como una de las 12 medidas de prueba ordenadas para esclarecer el origen de los fondos con el que se financiaron tanto la compra de la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, como de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito.
El derrotero mediático del ministro coordinador comenzó el domingo 8 de marzo cuando se conoció que Adorni estaba en Nueva York junto a su esposa en el marco del viaje oficial que había hecho por la realización del Argentina Week. Días después, versiones periodísticas dieron cuenta de un viaje por vacaciones que había hecho a Uruguay en un avión privado, lo cual fue el disparador de las revisiones sobre su estado patrimonial. En las semanas posteriores se conocieron los nuevos domicilios de la familia Adorni que fueron adquiridos con posterioridad a la publicación de su única declaración jurada desde que es funcionario, conocida en 2024.
En ese transcurso, Adorni mantuvo algunas entrevistas televisivas que a los ojos de mismos funcionarios del Gobierno no fueron satisfactorias para terminar de saldar estos asuntos ante la opinión pública. En paralelo, la Justicia avanzó con celeridad y las revelaciones periodísticas generaron material con mayor rapidez que la estrategia comunicacional del Gobierno. Fue por ese motivo que el jefe de Gabinete tuvo que desistir de hacer una conferencia de prensa el miércoles de esta semana.
En el entorno presidencial coincidieron con Adorni en que debía mejorar su estrategia judicial y mediática para no perjudicar su perspectiva de defensa en tribunales y, al mismo tiempo, la imagen del Gobierno.
Ledesma es socio del estudio de su padre Guillermo Ledesma desde 2003, según informa él mismo en su perfil de LinkedIn. También fue director de Investigación y consultor en el marco del convenio realizado entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Como uno de los siguientes pasos de la investigación, fuentes judiciales indican que Pollicita está buscando pruebas de un viaje que el jefe de Gabinete habría hecho al Caribe, presuntamente a Aruba, a finales de 2024. Los movimientos migratorios de Adorni durante este período, según la documentación oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, registra un vuelo de ida a Perú y otro de regreso desde Ecuador en fechas coincidentes con las supuestas vacaciones.
Dado que el fiscal está en la primera etapa de recolección de la evidencia documental, en la defensa de Adorni trabajarían para lo que pueda llegar a ser el primer llamado a indagatoria. El cual no tiene fecha prevista. Asimismo, Adorni tiene que prepararse para comparecer ante el Congreso el próximo 29 de abril con 4.800 preguntas por responder.
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POLITICA
La fiscalía pidió indagar a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Córdoba por manipular el reparto de causas
CÓRDOBA.- Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, promovieron una investigación penal contra las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidente y vicepresidente del tribunal, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción”.
En su imputación incluyeron también a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores, funcionarios de esa misma cámara.
Según el dictamen de los fiscales, a mediados del 2023 los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Montesi (Sala A) y Sánchez Torres (Sala B), “habrían acordado manipular la integración del Tribunal” con el fin de intervenir los dos en el caso “Bunge”, de evasión tributaria (compuesto por los expedientes “Padilla” de la Sala A y “Humanes” de la Sala B), “privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”.
La presentación de los fiscales describe que el 24 de julio de 2023, la Cámara recibió la causa “Padilla”, proveniente del juzgado federal de Río Cuarto. Los dos jueces “naturales” de la Sala A, Montesi y Eduardo Ávalos, votaron sucesivamente en el caso y Ávalos derivó el expediente a la Secretaría Penal de la Cámara, a cargo de Olmedo, para “dar lugar al tercer voto”. Correspondía entonces completar la sala con la jueza que subrogaba ese mes, Liliana Navarro, a quien debían remitirle las actuaciones para su análisis, pero eso no se hizo.
El expediente regresó a Montesi (la que había vitado primero), quien “lo habría retenido sin justificación, hasta que el turno de subrogar” fuera de Sánchez Torres.
El 5 de diciembre del 2023, la camarista “resolvió integrar la Sala con el vocal Sánchez Torres, derivándole las actuaciones -sin haber hecho modificaciones en su voto- logrando con dicha maniobra consumar el fin perseguido de infringir la normativa aplicable”, dijeron los fiscales. Y afirmaron: “Esta integración ilegítima habría tenido como objetivo garantizar una resolución en mayoría, la cual tuvo como resultado el dictado de la falta de mérito en favor del imputado Raúl Padilla 18 de diciembre del 2023”.
El otro eje de la acusación es por la causa “Humanes”. Allí, según el escrito, Sánchez Torres “habría decidido integrar la Sala con la jueza Montesi en contra del artículo 5 de la ley 27.439”, que establece cómo deben ser reemplazados los jueces. La secretaria Celina Laje Anaya se negó a instrumentar esa acción por considerarla “ilegal”, consignan los fiscales, que dicen que el juez, “por decreto, habría resuelto la integración ilegítima”.
El 16 de abril de 2024, la camarista Navarro cuestionó formalmente esa integración: señaló la “evidente contradicción” con la normativa vigente y pidió que se dejara sin efecto. Recién después de esa advertencia se reconfiguró la conformación del tribunal y, finalmente, el 24 de julio de 2024, se dictó una resolución con una composición distinta.
Para los fiscales Turano (que firma el dictamen como fiscal de la Procuración General de la Nación) y Hairabedian (fiscal federal general), estos episodios son parte de una conducta deliberada.
El dictamen es explícito al afirmar que existió “una maniobra coordinada” que evidenciaba el acuerdo de los jueces Sánchez Torres y Montesi de intervenir juntos en el caso “en contra de lo que correspondía”. En esa línea, sostienen que la reiteración de episodios “descarta la hipótesis de error” y refuerza la idea de una actuación consciente.
Según la acusación, ellos, con sus maniobras, atentaron “contra reglas directamente vinculadas con la garantía del juez natural y la imparcialidad del tribunal”, al “sustraer el caso del juez que debía intervenir y colocar uno de manera amañada”.
En la acusación aparece como segundo hecho que, desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2025, Sánchez Torres “habría abusado de la autoridad que investía desplegando” sobre la secretaria Laje Anaya “actos de maltrato, violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo”.
La acusación sostiene que ese accionar apuntó a castigar a la funcionaria por haberse negado a convalidar el esquema irregular de integración de la sala. La mujer, finalmente, abandonó su puesto.
En septiembre pasado Laje Anaya presentó una denuncia contra Sánchez Torres, Montesi y Olmedo por “abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso”.
En el tercer hecho de la acusación, los fiscales promovieron una investigación contra el secretario de superintendencia, Gustavo Eduardo Flores, por falso testimonio. Entienden que le habría mentido a la fiscalía, bajo juramento, para encubrir las presuntas presiones que Sánchez Torres ejerció sobre Laje.
Los fiscales que promueven la acción penal solicitan avanzar con la investigación para determinar responsabilidades y establecer si las conductas descriptas constituyeron, efectivamente, un apartamiento deliberado de la ley.
Gabriela Origlia,Córdoba,Justicia Federal,Conforme a,Córdoba,,Riña y polémica. Se autoperciben mujeres, se pelearon en el pabellón de la cárcel e hirieron a una guardia,,Operativo. Detectan un camión que transportaba una millonaria carga de pescado sin las condiciones sanitarias adecuadas,,Calamuchita FotoDoc. Del bombardeo a Caracas, un batallón de guerrilleras kurdas y catástrofes ambientales
POLITICA
Denuncian una operación rusa para infiltrar contenidos en medios argentinos y erosionar la imagen de Javier Milei
Una investigación periodística internacional encendió alertas sobre posibles maniobras de injerencia extranjera en la Argentina. A partir del análisis de 76 documentos filtrados, un consorcio de medios reveló que una red vinculada a los servicios de inteligencia rusos habría impulsado una campaña de desinformación para desacreditar al gobierno de Javier Milei y condicionar el debate público.
El trabajo, que incluye a medios como The Continent y openDemocracy junto a otras organizaciones, sostiene que entre junio y octubre de 2024 se habría desplegado una estrategia para influir en medios digitales argentinos mediante la publicación de contenidos críticos. Según los registros, el operativo habría contado con un presupuesto estimado en US$ 283 mil.
Los documentos atribuyen la maniobra a una estructura conocida como “La Compañía”, señalada como una entidad con vínculos con el servicio de inteligencia exterior ruso (SVR) y remanentes del grupo Wagner. Su objetivo, según la investigación, habría sido amplificar tensiones políticas locales, especialmente en un contexto de alta polarización.
De acuerdo con los archivos analizados, se habrían difundido al menos 250 artículos —entre noticias, columnas de opinión y análisis— en más de 20 medios argentinos. Parte de ese contenido incluía críticas a la situación económica, cuestionamientos al ajuste fiscal y referencias a la política exterior del Gobierno, particularmente su posicionamiento respecto a la guerra en Ucrania.
🚨 LOS PERIODISTAS FANTASMA FINANCIADOS POR SERVICIOS RUSOS PARA DIFAMAR AL GOBIERNO DE MILEI
🧵 ABRO HILO pic.twitter.com/EXX4DmcBtC
— Stanley del 56% (@stanleybostero) April 3, 2026
Uno de los aspectos más sensibles del informe es la presunta utilización de identidades falsas y contenido fabricado. En varios casos, los artículos habrían sido publicados sin firma o con autores inexistentes, creados para dar apariencia de legitimidad. También se detectaron perfiles con imágenes generadas por inteligencia artificial o tomadas de bancos de fotos.
La investigación no pudo comprobar de manera concluyente si los pagos consignados en los documentos se concretaron ni quiénes habrían sido los destinatarios finales. Sin embargo, los registros mencionan tarifas que iban desde US$ 350 hasta más de US$ 3.000 por artículo, cifras que llamaron la atención de especialistas por su magnitud en relación al mercado local.
Estos son los medios q escribían en contra de Javier Milei pagados por los rusos, ademas unos ratas, se vendieron x 2 mangos. pic.twitter.com/OXlaTFaBhS
— MacuMazzuca (@MazzucaMacu) April 3, 2026
Consultados por el consorcio periodístico, varios medios y periodistas negaron haber recibido dinero de origen ruso. Algunos señalaron que los contenidos fueron provistos por terceros —descriptos como agencias o consultoras— y publicados sin un control editorial exhaustivo. Otros admitieron pagos, pero por montos significativamente menores a los que figuran en los documentos.
El investigador del CONICET Martín Becerra, en diálogo con Chequeado, advirtió que el contexto de precarización del sector mediático puede facilitar este tipo de operaciones. “La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la consecuente permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”, explicó.
Además de la difusión de artículos, los documentos describen otras actividades atribuidas a la red, como la elaboración de perfiles de dirigentes políticos, análisis de escenarios y hasta planes para influir en procesos electorales. También se mencionan intentos de instalar noticias falsas destinadas a generar conflictos regionales, como supuestos episodios de tensión entre Argentina y Chile.
El Gobierno argentino ya había advertido en 2025 sobre la detección de una presunta red de agentes rusos involucrados en campañas de desinformación. En ese marco, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró haber recibido información sobre operaciones destinadas a influir en medios y periodistas.
Por su parte, dos ciudadanos rusos señalados en informes oficiales como presuntos responsables de estas actividades negaron cualquier vinculación con las maniobras. “Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas”, afirmaron en una respuesta escrita.
El informe también plantea que este tipo de operaciones no necesariamente buscan favorecer a un actor político en particular, sino generar desconfianza generalizada. “Las campañas de desinformación consisten en crear caos y desorden, erosionando la credibilidad de instituciones, medios y dirigentes”, sostuvo Becerra.
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