El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, pidió ampliar las acusaciones contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y contra el resto de los miembros de la cúpula de la organización futbolística, que están acusados de evasión y retención indebida de aportes de la seguridad social.

El fiscal argumentó que, a la hora de procesar a Tapia, no se consideraron los ingresos por “patrocinio oficial” en los embargos trabados.

El fiscal presentó un recurso de apelación contra los procesamientos dictados por el juez Diego Amarante el 30 de marzo pasado para agravar la acusación.

Si bien el juez de primera instancia dispuso el procesamiento y embargo de bienes de la AFA y de Tapia, Pablo Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, el fiscal advirtió que el fallo calculó el perjuicio económico muy por debajo de la realidad.

El centro del reclamo de la fiscalía radica en lo que técnicamente se denomina el “subconcepto 551” del Impuesto 353. Allí aparecen los montos percibidos por la AFA y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en concepto de “patrocinio oficial con fines publicitarios”.

Según la acusación, la AFA actuaba como agente de retención en el marco del Decreto 510/23, un régimen especial diseñado para el fútbol profesional.

La normativa establece que de esos ingresos brutos por sponsoreo se debe aplicar una alícuota del 7,5% destinada a cancelar las obligaciones de la seguridad social de los clubes (aportes jubilatorios, obra social, asignaciones familiares de futbolistas, médicos y empleados).

La Justicia investiga la omisión de depósito en tiempo y forma de estas sumas millonarias retenidas.

Sin embargo, al momento de dictar los procesamientos y fijar los embargos, el juez excluyó de la cuenta los fondos provenientes de estos sponsors, al argumentar interpretaciones técnicas sobre la figura de la “autorretención”.

Para el fiscal Navas Rial, esta decisión judicial representa una ofensa “grave, inminente e irreparable” y constituye un análisis fragmentado que beneficia a los acusados.

La fiscalía sostuvo que esta exclusión no se trata simplemente de “bajar el monto”, sino de una “reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación”.

Navas Rial argumentó que los fondos retenidos por patrocinio nunca fueron patrimonio de la AFA, sino que pertenecían a los clubes afiliados para cumplir con sus cargas previsionales.

Con este recurso, el fiscal buscó que la Cámara de Apelaciones corrija esta situación.

El pedido solicitó que se amplíe el procesamiento y se adecuen los montos de los embargos ordenados contra Tapia, Toviggino, Blanco, Malaspina y Lorenzo para que reflejen la “totalidad del perjuicio irrogado a la Administración Pública”.

De avanzar esta apelación, las medidas cautelares sobre el patrimonio de los dirigentes podrían aumentar significativamente.

El fiscal advirtió que el concepto de los sponsors excluidos, en cada período investigado, el de “mayor volumen” económico.

En caso de un revés, el fiscal ya dejó planteada la reserva para llevar el caso hasta la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados y embargados por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales.

La decisión fue adoptada por el juez Amarante, que los procesó el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades.

Esta agravante hace que la pena mínima prevista en caso de una condena no sea excarcelable y que, como máximo, pueda llegar hasta los 50 años de prisión.

Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los 19.000 millones de pesos. El juez había indagado a los dirigentes deportivos entre el 11 y 12 de marzo pasados.

Tapia argumentó que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.

Como si en el país faltaran fracturas y disputas intestinas por las que se pierden los esfuerzos, el patrimonio y el tiempo de los argentinos, una nueva grieta se terminó de abrir en la cima del poder.

El flamante quiebre que acaba de cristalizarse entre integrantes de la Corte Suprema de Justicia irrumpe en la agenda pública con cuestiones vinculadas a la transparencia y la ética, tan en presente en estos días. Aunque sin desplazar del primer plano los escándalos que golpean al gobierno de Javier Milei, potenciados al extremo por sus propias y exacerbadas disputas intestinas.

En ese sentido, sigue dominando el AdorniGate, cuyo protagonista excluyente es el karinista jefe de Gabinete, que no deja de sumar capítulos y afecta cada vez más la imagen del Presidente y de su gestión, tanto que ya algunos miembros conspicuos de la administración libertaria aconsejan su desplazamiento sin más dilaciones.

“Es un peso muerto que nos arrastra. Se convirtió en meme de nivel mundial y de eso no se vuelve. Debería renunciar”, dice un miembro de la gestión libertaria, que encuentra escaso eco en la cúpula mileísta.

A Manuel Adorni lo mantiene en su cargo el soporte que aún le siguen brindando el Presidente y, sobre todo, la hermanísima Karina, en buena medida a causa de la guerra que la secretaria general de la Presidencia mantiene en su clímax con el superasesor Santiago Caputo. Grieta sobre grietas.

“Karina no tiene quién lo reemplace, mientras que a Santiago le sobran candidatos, y Javier no termina nunca de saldar esa disputa. Por eso, esperan a que el tema salga del centro de la agenda para tomar una decisión, pero eso sigue sin ocurrir y cada vez se complica más”, explica un karinista preocupado por las consecuencias de lo que ya considera una hemorragia.

El coro irónico de opositores que anoche reclamo su presencia en Diputados anticipa lo que le espera al todavía jefe de Gabinete si llega a estar en su cargo y va el 29 de este mes a brindar su primer informe ante el Congreso. La intención de sostenerlo hasta entonces fue corroborada por asesores del presidente de la Cámara baja a los que se le pidió consejos para esa presentación.

Aunque todo va muy rápido, la singularidad de las relaciones entre los miembros de la cúpula mileísta, la escasez de recursos confiables calificados y los vínculos con negocios opacos e incrementos patrimoniales que salpican a las tres principales figura del gobierno (el Presidente, la secretaria general y hermana presidencial y el jefe de gabinete y vocero) parecen dificultar cualquier medida para tratar de cambiar el eje de una agenda pública que se le ha vuelto negativa al Gobierno hace ya más de un mes.

A eso se le sumó ayer la reinstalación del caso en el que se investigan pagos de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que estalló a mediados del año pasado, con el pedido de ampliación de indagatoria para exfuncionarios y empresarios implicados hecho por el fiscal de la causa.

También en este escándalo las disputas internas entre karinistas y caputistas ocupan un lugar preeminente y vuelven a salir a la luz a través de audios y chats en los que se nombre o se alude tanto a Karina y sus íntimos colaboradores de apellido Menem como al gurú mileísta. Negocios, acusaciones, escuchas, filtraciones. Demasiadas pecados públicos y privados para la instalación de la moral como política de Estado.

En ese contexto adquiere relevancia la nueva disputa que acaba de hacerse pública en el seno de la Corte, entre su titular Horacio Rosatti, y los otros dos miembros (y exadversarios) Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Nada menor resulta que el disparador de la fractura sea la dilación para el tratamiento en el Consejo de la Magistratura de un proyecto gestado por Rosenkrantz y apoyado por Lorenzetti destinado a dotar de mayor trasparencia, disminuir la discrecionalidad y darle mayor objetividad a la ya largamente cuestionada y sospechada designación de jueces y fiscales de la justicia nacional. Justo, además, cuando debe tratarse la postulación para integrar un tribunal oral federal de Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte, al que la subjetividad de las entrevistas permitió escalar posiciones en el concurso.

La decisión de Rosatti padre, con el más que aparente apoyo y beneplácito del Gobierno, de incluir esa iniciativa en una morosa incubadora donde nunca logran germinar otros proyectos con similares objetivos de transparencia, terminó por hacer estallar el más que frágil y ocasional concierto que existía en el seno del máximo tribunal del país y le permitía funcionar, a pesar de tener dos lugares vacantes sobre cinco.

El nuevo frente de conflicto opera así como un estímulo para empezar a revisar la promesa hecha por el novel ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de dejar para otro mandato. Los tiempos se están adelantando. El Gobierno no está en condiciones de afrontar un horizonte de imprevisibilidad en los tribunales. Sobran los motivos. Los hermanos Milei y Adorni, por solo citar a los más prominentes, pueden dar fe.

Ahora, el presidente de la Corte quedó pública y quizá definitivamente en la vereda de enfrente de los otros dos ministros. Los dos viejos adversarios, enfrentados desde que Rosenkrantz interrumpió en 2018 el largo imperio de Lorenzetti al frente del tribunal, acabaron por encontrar un punto nodal de coincidencia, que excede a ellos mismos e incluye a algunos influyentes colaboradores de ambos.

Sin embargo, no fue un cambio repentino, sino que el acercamiento ya venía tejiéndose al calor de numerosas disidencias con el actual el titular de la Corte y que ahora salen a la luz motivos y antecedentes del cambio de relaciones internos producido a lo largo del mandato de Milei y que parecen haberse profundizado con la ocupación karinista del Ministerio de Justicia con Mahiques y, especialmente, con el viceministro Santiago Viola. Algo que ya tenía fisuras terminó por quebrarse.

“Esto venía de hace rato. Había mucho descontento por la forma y por quién representaba a la Corte puertas afuera de Tribunales, tanto en el Consejo de la Magistratura como en las relaciones con otros poderes, así como por las relaciones que se establecían”, coinciden fuentes vinculadas a Lorenzetti y Rosenkrantz, que conocen desde hace muchos años y muy profundamente el funcionamiento del alto tribunal.

Al presidente de la Corte sus adversarios internos no solo le imputan haber optado por una conducción cada vez menos colectiva y mucho más personalista, alejada de lo que fue en un comienzo un mandato de consenso.

También los afecta el poder que le asignan al más que influyente colaborador de Rosatti, Silvio Robles, propietario de una proverbial red de vínculos en los poderes reales (de superficie y de profundidad). La relevancia que le adjudican a este superasesor es tal que dicen que “Rosatti es el asesor letrado de Robles”. Ironías de los pasillos tribunalicios.

En su nutrida lista de contactos asoman nombres de notable peso político e injerencia en la Justicia, como los del ultrakarinista Martín Menem, en cuya planta de empleados revista Matías Robles, hijo de…

En el entorno del titular de la Cámara de Diputados se ocupan de subrayar que la incorporación de Robles hijo “no representa un alineamiento con un sector de la Corte” y le atribuyen sobrados méritos profesionales al veinteañero. Aunque no niegan que sea “una jugada estratégica de los Menem con impacto sobre el Poder Judicial”, según la definen. Muchos jueces y sus principales colaboradores suelen tener un afiladísimo olfato para catar los vientos políticos, así como una notable aptitud para la sociabilidad.

Al respecto, se destaca que en la nutrida agenda de Robles padre también aparecen dos superoperadores judiciales, como el multifacético radical-macrista Daniel “Tano” Angelici y el amplio panperonista Juan Manuel Olmos, a los que se suman agentes de inteligencia, como el omnipresente y eterno Antonio “Jaime” Stiusso, legisladores y dirigentes políticos multipartidarios, empresarios de los más diversos rubros y sindicalistas renombrados, entre otros representantes de los poderes reales. Motivo de muchas envidas. O certificados de buena salud que puede exhibir la casta. Y las castas.

Todo eso también es motivo de desconfianzas, resquemores y diferencias en el máximo tribunal de la Nación. Sin embargo, en la Corte afirman que los viejos y nuevos malestares existentes entre sus integrantes no se habría traducido en actos que impidieran sacar fallos. Quienes conocen la dinámica interna del alto tribunal auguran que podría no afectarla tampoco de ahora en más, aunque la correlación de fuerzas y las alianzas internas hayan mutado notablemente.

Sin embargo, las tensiones son elevadas. Entre las muchas anécdotas al respecto que circulan en los pasillos del cuarto piso de Tribunales se cuenta que en una reciente acordada y ante el tenor de las disputas internas por cuestiones personales y de poder, el atildado Rosenkrantz les habría espetado a sus pares: “Estoy cansado de ser el adulto en la sala”. Allegados a Rosatti y Lorenzetti dicen que no fue allí si no en otros ámbitos donde se acuñó esa sentencia. Fallos divididos.

De todas maneras, las señales que le han hecho llegar a la Casa Rosada todos sus integrantes es que no debería albergar mayores temores ante la judicialización de las más importantes leyes impulsadas por el Gobierno que acaban de ser sancionadas por el Congreso.

La reforma laboral que ya ha tenido frenos en instancias inferiores ocupa un lugar predominante. Al respecto, entre Lorenzetti y Rosenkrantz habría coincidencias en considerar constitucionales y avalar los cambios introducidos, así como también por parte de Rosatti, según la información privilegiada con la que contaría el karinista Martín Menem.

Donde podría haber una reformulación de vínculos es respecto de la flamante ley de glaciares, aprobada por una amplia mayoría y que constituyó otro de los grandes logros del Gobierno, con efectos concretos en la inversión extranjera, en magnitudes megamillonarias.

La prometida judicialización de esa norma tiene a la Corte como el punto cúlmine de interés. La conocida adscripción a las causas ambientalistas de Lorenzetti abre un interrogante que inquieta tanto al Gobierno, como a las provincias mineras y las compañías extranjeras del sector, que apuestan a la vigencia inmediata de la nueva ley.

Los dos mil millones de dólares que se prometen para este año y otro tanto para el próximo, así como la inversión en relevamientos y en obras de infraestructura iniciales hacen relamer a los sedientos responsables de las arcas nacionales y provinciales. Cualquier dilación los desvela.

Desde las cercanías de Rosatti y Rosenkrantz que las profundas diferencias que los separan ahora no impedirían que salga un fallo favorable de la Corte cuando la cuestión les llegue. Confían en que de ser necesario los conjueces provenientes de las cámaras federales sumarán su voto positivo.

De cualquier manera, la nueva grieta en la cima del poder no es precisamente un motivo de tranquilidad a nadie, especialmente para los que deben enterrar capital en el país a largo plazo. Y, mucho menos cuando la capacidad de gestión, la imagen del Gobierno y la popularidad presidencial se ven afectados por los escándalos y las disputas internas sin fin. Continuará.