POLITICA
Cuadernos de las coimas: rechazan la pretensión de 50 empresarios para pagar para ser absueltos

El Tribunal Oral Número 7, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que Cristina Kirchner es la principal acusada, rechazó la oferta de 50 empresarios que querían pagar un resarcimiento económico a cambio de ser absueltos y no enfrentar el proceso. El monto total ofrecido por los acusados fue de unos 15 millones de dólares.
El fallo fue firmado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. El juicio comenzará el 6 de noviembre próximo.
Esta causa se inició por una investigación periodística de que reveló el mecanismo de recaudación ilegal de sobornos.
El Tribunal Oral Federal 7 resolvió que la oposición de la fiscal de juicio, Fabiana León, es vinculante y que los delitos de corrupción afectan bienes jurídicos supraindividuales que no pueden ser compensados solo con dinero, ratificando el inicio del debate oral.
Así, los jueces rechazaron todos los planteos de reparación integral del perjuicio formulados por los abogados de los empresarios, y algunos exfuncionarios kirchneristas.
Los empresarios y ex funcionarios que hicieron esta oferta son: Roberto Juan Orazi, Jorge Juan Mauricio Balan, Miguel Aznar, Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Pablo José Gutiérrez, Adrian Pascucci, Mauricio Pascucci, Mario Ludovico Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Alberto Taselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángelo Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero.
También recurrieron a este mecanismo de extinción de la acción penal Santiago Altieri, Jorge Sergio Benolol, Oscar Abel Sansiñela, Guillermo Escolar, Juan José Luciano, Gabriel Pedro Losi, Ricardo Scuncia, Aldo Benito Roggio, Daniel Claudio Pitón, Jorge Neira, Ricardo Repetti, Osvaldo Antenor Acosta, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Walter Rodolfo Fagyas, Fabián Ezequiel García Ramón, Juan Carlos De Goycoechea, Arturo de Goycoechea, Mario Maxit, Claudio Glazman, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Alberto Ángel Padoán, Armando Roberto Losón, Luis Armani, Miguel Ángel Marconi, Hernán Camilo Cómez y Marcelo Marcuzzi. Todos deben pagar las costas.
El monto total ofrecido en pesos por los empresarios es de 16.591.438.303 de pesos. A estos sumaron otros empresarios, que ofertaron 3.600.000 dólares.
En total, en dólares, al tipo de cambio oficial, la oferta fue de unos 15 millones de dólares.
No expresaron un monto en pesos, y por eso no se incluyen en esta suma los empresarios Juan José Luciano, Ricardo Scuncia, Héctor Javier Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Oscar Abel Sansiñena, Guillermo Escolar y Hernán Camilo Gómez. Ellos adhirieron a las propuestas de calcular el monto basándose en la actualización de sus respectivos embargos, actualizados.
Los jueces argumentaron que la “reparación integral” solo se admite como una regla de disponibilidad de la acción penal, lo que otorga un papel primordial y decisorio al Ministerio Público Fiscal (MPF), titular de la acción pública.
Los jueces dijeron que el caso de corrupción es de naturaleza supraindividual e inmaterial del daño, en orden con los argumentos de la fiscalía.
León dijo que se está ante un “caso de gran corrupción” que afecta bienes jurídicos supraindividuales como la probidad, la transparencia y el orden público. Por eso no hay una víctima concreta a quien reparar.
Los jueces dijeron que el monto ofrecido por los empresarios, calculado en el momento de los embargos, si bien es útil para recuperar el dinero, “es insuficiente» para reparar plenamente el daño institucional y social generado.
Argumentaron, incluso, que hay restricciones por la participación de funcionarios públicos, lo que impone un impedimento adicional. “Este impedimento alcanza también a los copartícipes particulares (los empresarios), ya que los hechos imputados solo pudieron realizarse con la participación conjunta de ambos”, señalaron los jueces.
Aclararon que no hubo un «acuerdo real» entre las partes, y que la única respuesta compatible con la gravedad institucional de los hechos es el juicio oral y público, con sus efectos de verdad, sanción e inhabilitación.
El juez Castelli, en su voto, recordó que la gravedad de los hechos podría involucrar el atentado contra el sistema democrático, establecido en la Constitución Nacional, que establece la imprescriptibilidad de los graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento.
El Tribunal concluyó que aceptar los pagos para extinguir la acción penal podría “abrir un mercado de impunidad”, que beneficia solo a quienes cuentan con recursos económicos, quebrantando la igualdad ante la ley y erosionando la confianza pública.
Tras esta decisión, el juicio, donde la expresidenta Cristina Kirchner y otro centenar de exfuncionarios y empresarios acusados de pagar y cobrar sobornos, arrancará el 6 de noviembre próximo de manera virtual, una vez por semana, durante 4 horas hasta fin de año.
Luego, a partir de 2026, se prevé agregar un segundo día al debate. Exfuncionarios kirchneristas están acusados de organizar un sistema de recolección de sobornos que pagaban los empresarios para mantener sus contratos de obra pública.
Algunos de esos exfuncionarios declararon como arrepentidos y reconocieron los cobros, mientras que hubo empresarios que reconocieron los pagos.
Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de esta asociación ilícita, cuyas tareas de recolección de coimas fueron documentadas por el exchofer del ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno en ocho cuadernos, prueba documental clave contra los acusados.
la causa de los cuadernos de las coimas,Hernán Cappiello,Corrupción,Conforme a,Corrupción,,Cena anual. Poder Ciudadano advirtió que el Gobierno “asfixia un canal de la democracia” al limitar el acceso a la información,,Fallo dividido. La Justicia confirmó que Cristina no deberá pagar $22.300 millones en la demanda civil por Vialidad,,Skanska: la matriz originaria de la corrupción
POLITICA
El gobernador de Río Negro se despegó de Fred Machado y vinculó a un diputado kirchnerista con una organización criminal

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck se despegó de la vinculación que le atribuyó el diputado Martín Soria con el empresario Federico Fred Machado y dobló la apuesta, acusando al candidato de Fuerza Patria con el clan Montecinos, una conocida organización criminal rionegrina relacionada con el narcotráfico, homicidios y estafas en la provincia.
El mandatario se mantenía al margen del escándalo entre el diputado José Luis Espert y su cercanía con Machado, y sobre la relación conyugal del primo del empresario, Claudio Ciccarelli, con la diputada libertaria Lorena Villaverde.
Sin embargo, a partir de la vinculación que realizó el ex ministro de Justicia durante la presidencia de Alberto Fernández entre Ciccarelli y el oficialismo provincial, el gobernador se despegó de la acusación y apuntó contra el ex intendente roquense y candidato a senador por Fuerza Patria: “Esa es la verdadera vinculación de la política con el narcotráfico”.
El clan Montecino es una conocida organización criminal de la provincia de Río Negro, con base principal en la ciudad de Cipolletti, cuyos integrantes están vinculados al ambiente delictivo, principalmente en narcotráfico y estafas.
Se cree que la familia homónima lidera una de las bandas narco más poderosas de la Patagonia. De hecho, integrantes de esa familia enfrentaron numerosos procesos judiciales en los últimos años, varios están presos y otros con libertad vigilada.
En contacto con medios rionegrinos, Weretilneck desacreditó los dichos de Soria, vinculó al diputado con la familia Montecino y exhibió fotografías en la que aparece el ex intendente roquense junto al cabecilla de la banda.
Preparado para la ocasión, el mandatario buscó en sus bolsillos las dos imágenes y las mostró a cámaras. “Se habló mucho de la política y el narcotráfico. Esta -mostrando las imágenes- es la verdadera vinculación de la política y el narcotráfico en Río Negro, la relación de la familia Soria con la familia Montecino”. “Este es Soria, y este Montecino” dijo, señalando las muestras gráficas.
En cuanto a la relación con Machado y Ciccarelli, el gobernador mencionó una reunión que mantuvo hace “8 o 10 años atrás” por temas estrictamente deportivos, cuando el último formaba parte de Deportivo Viedma y negó aportes del empresario a la campaña de Juntos Somos Río Negro, la fuerza que fundó y conduce.
Dijo que existen, en la administración provincial, permisos otorgados a Ciccarelli para la explotación de canteras de arena para su uso en explotaciones petrolíferas, y otras autorizaciones que están en trámite.
Reconoció que durante esa reunión, en la que Machado gestionó sponsoreo estatal para la entidad deportiva, el empresario mencionó su intención de invertir en la provincia, aunque “fue el único contacto y la única conversación que hubo”.
Negó también cualquier vínculo “personal o político” con el hombre que tiene pedido de extradición para ser juzgado en Estados Unidos.
Soria vinculó al oficialismo rionegrino con Ciccarelli y puso en duda los permisos que recibió el primo de Machado para esa explotación minera. “El primo de Fred Machado, ñoqui del gobierno provincial, tiene casi 40 por ciento de las arenas silíceas que se usan en Vaca Muerta”, denunció Soria, apuntando contra la gestión de la ex secretaria de Energía de la provincia, Andrea Confini, quien es candidata a senadora por el oficialismo rionegrino.
Weretilneck, en relación a la acusación, dijo que “tiene permisos de tres canteras y dos en trámite” y aclaró que “los permisos que están en el marco del Código de Procedimiento Minero. Tiene que cumplir esos requerimientos del código como el resto de los empresarios” y enumeró los requisitos. Dijo, a diferencia del número que arrojó Soria, que tiene “menos del 1 por ciento de las arenas de Río Negro”.
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Javier Milei fue abucheado e insultado en el microcentro porteño

El presidente Javier Milei y su hermana Karina fueron abucheados e insultados este miércoles por un grupo de personas en el microcentro porteño. Ocurrió en avenida de Mayo y Perú, de donde debieron retirarse rápidamente al grito de “chorros” e “hijos de p…”.
Los funcionarios se encontraban acompañados de custodios presidenciales y subieron rápidamente a una camioneta negra para salir de las inmediaciones, según se aprecia en distintos videos que se viralizaron.
La situación ocurrió en medio de un fuerte escándalo que afronta el Gobierno luego de que se revelaran los vínculos de José Luis Espert, con el empresario acusado de narcotráfico, Federico “Fred” Machado.
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Los detalles del contrato por US$1.000.000 que Espert firmó con Fred Machado, días antes de lanzarse como candidato a presidente

José Luis Espert y Federico “Fred” Machado firmaron en junio de 2019 un contrato por un millón de dólares por asesoramiento “estratégico” y “especializado” y por análisis de mercado para la refinanciación de una deuda de la compañía Minas del Pueblo, del empresario argentino acusado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
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El contrato por “locación de servicios” se firmó el 7 de junio de 2019, días antes de que Espert confirmara su precandidatura a presidente. El contrato Allí se acuerda un pago inicial de US$100.000 y “nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales”, también de US$100.000, “a partir del mes siguiente al de la suscripción”, por “transferencia bancaria”.
Este miércoles, Espert pidió licencia en la Cámara de Diputados hasta el final de su mandato. El 10 de diciembre, se quedará sin fueros. Sucedió mientras la causa contra Fred Machado avanza. La Policía Federal Argentina (PFA) allanó su casa en Viedma, Río Negro, por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero.
El allanamiento se relaciona directamente con el pago de US$200.000 que el economista reconoció haber recibido de Machado, pero también había dicho que el cumplimiento se vio interrumpido por la .
Qué dice el contrato
De acuerdo con lo establecido en el contrato, Espert se comprometió a “la realización de un análisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar su deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, con su seguimiento y control, informando periódicamente al comitente (Fred Machado) sobre los avances del trabajo encomendado».
El trabajo incluía una “evaluación profunda de la ¡situación económica en concreto, señalando y analizando las necesidades a corto y largo plazo de la empresa», pero también “un plan de acciones sobre la gestión operativa de su actividad”.
El tiempo estipulado para realizar el trabajo se pactó “en doce (12) meses debiendo ser cortados a partir de la firma” del contrato.
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“El precio total que EL COMITENTE se obliga a pagar AL PRESTADOR por el trabajo encomendado asciende la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON (U$s 1.000.000) pagaderos de la siguiente forma: DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$s 100.000), en el acto de la suscripción de este contrato, sirviendo: el presente del más eficaz recibo y carta de pago. El saldo será abonado AL PRESTADOR en nueve (9) cuotas mensuales consecutivas e iguales, de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S 100.000) cada una, a partir del mes siguiente al de la suscripción de este convenio, comprometiéndose EL COMITENTE a hacer efectivo los pagos mediante transferencia bancaria“, completa el escrito.
José Luis Espert
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