POLITICA
Cuáles serán las atribuciones de la comisión especial para investigar el fentanilo contaminado

La Cámara de Diputados de la Nación constituyó la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre los hechos relacionados con la comercialización y utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado. La iniciativa surgió con el fin de abordar la crisis sanitaria provocada por la aparición de opioides sintéticos adulterados, que generó consecuencias en distintas jurisdicciones y expuso fallas en los sistemas de control de medicamentos.
La Comisión fue creada para investigar la totalidad de los casos confirmados, probables y sospechosos asociados con el uso de fentanilo contaminado, desglosados por fecha de síntomas, jurisdicción, institución y estado clínico.
Familiares de las víctimas del fentanilo contaminado se reunieron varias veces con los diputados nacionales para expresar su acuerdo en la formación de la comisión especial.
Entre sus objetivos también figura establecer la cronología de la detección del brote, identificar notificaciones, alertas, comunicaciones y protocolos implementados desde el Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La indagación se extiende a revisar la habilitación y funcionamiento de laboratorios clave, en especial HLB Pharma y Ramallo S.A., así como analizar la efectividad del sistema nacional de trazabilidad de medicamentos controlados.

La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado con dos bacterias de HLB Pharma Group SA, propiedad de Ariel Gacía Furfaro, es investigada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. El expediente tiene 17 imputados, seis de ellos están detenidos. El medicamento adulterado estaría vinculado a 96 pacientes fallecidos.
Las atribuciones asignadas a la Comisión Especial autoriza a sus integrantes requerir informes y documentación a entidades públicas y privadas, solicitar peritajes a universidades e instituciones científicas; convocar a funcionarios y terceros a aportar información, recibir denuncias y difundir públicamente las actividades, protegiendo la identidad de los testigos si corresponde.
Además, puede recurrir al Poder Judicial para exigir informes, denunciar hechos y promover la remoción de funcionarios por delitos o mal desempeño.
La Comisión tiene competencia para examinar casos en todo el país y presentar un informe final con recomendaciones legislativas y de política pública para prevenir episodios similares.

La Comisión estará integrada por 31 miembros a propuesta de los distintos bloques, distribuidos a fin de garantizar que los bloques se encuentren representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara.
Los bloques podrán ceder, lugares que estimen pertinentes a otros bloques, a los efectos de asegurar pluralidad dando prioridad a los que presentaron proyectos. Esta cesión se realizará luego de la distribución proporcional inicial, mediante nota de los presidentes de ambos bloques a la Presidencia de la Cámara. Su actividad está prevista hasta el 9 de diciembre de 2025.
Una de las funciones centrales de la Comisión es analizar las causas y responsabilidades por la presencia de fentanilo contaminado en el sistema sanitario público y privado.
El mandato incluye profundizar en las posibles responsabilidades en la producción y distribución de opioides adulterados, con sospechas que recaen especialmente sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalados en el propio proyecto por irregularidades, falencias en el control y presuntos incumplimientos de las Buenas Prácticas de Manufactura.

El proyecto final de conformación de la Comisión Especial, impulsado por la diputada del PRO Silvana Myriam Giudici deja en claro que “en ningún caso se podrán librar órdenes de secuestro de documentación y/o bienes, allanamientos ni hacer comparecer compulsivamente a persona alguna a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido por los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la Nación». Y se aclara que en esos casos, se deberá solicitar la correspondiente orden al Juzgado competente.
La diputada de Fuerza Patria Victoria Toloza Paz era una entusiasta promotora para que la Comisión tuviese esa facultad. Un hecho que no encontró consenso. Finalmente en la sesión de ayer se terminó aprobando a mano alzada y de manera unánime.
El documento parlamentario sostiene que “la cadena de custodia de los medicamentos, la demora en la activación de alertas y la insuficiencia del sistema de trazabilidad nacional permitieron la circulación y aplicación de fentanilo contaminado en hospitales tanto públicos como privados”.

Además de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, la investigación apunta a confeccionar un mapa de posibles omisiones o acciones deliberadas en organismos de control como la ANMAT, autoridades sanitarias provinciales y áreas de fiscalización privadas.
La Comisión está facultada para investigar si hubo obstrucción deliberada, destrucción de pruebas o participación de redes de comercialización ilegal dentro del sistema sanitario.
Su estructura interna incluye la elección de una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría por los propios integrantes. El Observatorio de Víctimas de Delitos cumplirá un rol asesor permanente, especialmente en lo vinculado a propuestas de acompañamiento para personas afectadas conforme a la Ley 27.372.
El reglamento permite a la Comisión convocar a expertos, autoridades sanitarias y representantes de la sociedad civil a audiencias públicas y consultas técnicas. Todas sus actuaciones serán transparentes y se transmitirán públicamente, a excepción de los casos en que la protección de testigos lo requiera.
La conformación de la Comisión fue resultado de un acuerdo parlamentario que incluyó la revisión y síntesis de proyectos presentados por la diputada Silvia Giudici, el diputado Araujo, el diputado Juliano Pablo, el diputado Castillo Christian, la diputada Tolosa Paz Victoria y otros legisladores. El texto definitivo fue elaborado por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos y sometido a tratamiento en plenario, conforme al artículo 102, primer párrafo, del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, lo que garantizó un amplio respaldo político e institucional.

Entre los fundamentos expuestos para la creación de la Comisión se destaca la gravedad del riesgo sanitario demostrado por la circulación de fármacos contaminados y la insuficiencia de los controles estatales y privados. El expediente señala textualmente: “La comercialización y administración de fármacos contaminados representa un atentado contra el derecho a la salud, la vida y la integridad física de las personas, erosiona la confianza en el sistema sanitario y pone en cuestión el cumplimiento de deberes irrenunciables por las autoridades y privados”.
El documento agrega que cubrir la falta de prevención, la demora estatal y la debilidad en la fiscalización es esencial no solo por transparencia, sino por protección social futura. Además, se afirma que “la Comisión debe documentar los hechos, atribuir responsabilidades, proponer justicia y robustecer la regulación y el control”.
Otro fragmento textual resalta: “Es imperativo que el Congreso asuma el liderazgo en la investigación parlamentaria, no solo para identificar fallas pasadas, sino para sentar las bases de un sistema de monitoreo ágil, transparente y orientado a la prevención”.
Las investigaciones serán públicas, resguardando identidades a pedido y facilitando la colaboración entre Poder Legislativo, la Justicia y agencias técnicas. El trabajo de la Comisión, más allá de esclarecer la crisis por el fentanilo contaminado y reparar a las víctimas, busca dejar recomendaciones para fortalecer las políticas de control, vigilancia y prevención en todo el país.
POLITICA
Protesta policial y la carrera hacia 2027: los desafíos que enfrenta Maximiliano Pullaro en su vínculo con Javier Milei

Maximiliano Pullaro tuvo la primera prueba de fuego desde que asumió como gobernador para resolver un conflicto de gestión con una fuerte repercusión nacional. Un reclamo salarial de policías que amenazaba con réplicas en otras localidades. Todavía hay temor a un efecto contagio en otras provincias. “Dejamos la vara alta con los nuevos ingresos”, dicen en Santa Fe, donde aseguran que salieron fortalecidos. Pero el caso abrió un nuevo capítulo en el vínculo entre el mandatario radical y líder de Provincias Unidas con la Casa Rosada. Aunque se resiste a reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, esta semana recibió apoyo del gobierno nacional aunque fue duramente criticado por libertarios santafesinos. ¿Hay chances de un acuerdo para 2027?
Según pudo constatar Infobae, Santilli y Pullaro dialogaron esta semana por el conflicto que se desató en Rosario el martes por la madrugada. Un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales. La primera conferencia de prensa que brindó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, donde anunció el pase a disponibilidad de unos 20 efectivos, profundizó el conflicto. Familiares desfilaron por los canales de televisión relatando los casos de suicidios y malos salarios. Hasta una mujer se arrodilló frente a la Jefatura de Policía para que el gobernador hablara públicamente.
Aunque reconocen la legitimidad del reclamo, en la Gobernación santafesina analizan por estas horas dos focos que explicarían la magnificación del conflicto. El primero sería un coletazo por la investigación que tiene como acusados al ex jefe de la Policía de Rosario Daniel Acosta y otros 13 agentes por sobrefacturación del combustible para los móviles policiales y por cargas ficticias o “fantasmas”. El segundo, apunta a una organización que operó durante la protesta para generar caos con supuestos familiares que denunciaron en los medios falta de Internet en las Comisarías, escasez de balas y hasta la difusión de un decreto falso con supuestos aumentos para los policías. En el último punto no dejaron trascender nombres de sospechosos.
Lo que sí quedó claro fue un fuerte malestar con Romina Diez, la referente local de La Libertad Avanza, con estrecho vínculo con Karina Milei. La diputada nacional denunció “acuartelamiento” y acusó en sus redes sociales a Pullaro por “gastar millones en estructuras políticas y secretarías inútiles” pero no poder “pagarle a quienes ponen el cuerpo para cuidarnos”. “No es falta de recursos. Es un error de prioridades y una pésima gestión. Un Estado que no cuida a quienes garantizan seguridad, educación y salud, no cumple su función básica”, expresó.

El peronismo, en cambio, evitó pronunciarse o criticar al gobernador. Según pudo reconstruir este medio, siguen de cerca el reclamo de los policías pero no creen pertinente un aprovechamiento político del caso. Además, el deterioro salarial de las fuerzas de seguridad y docentes es un problema que comparten todas las provincias. Por estos días lo vive en carne propia Axel Kicillof con un gremio que amenaza con no iniciar el ciclo lectivo. Con el aumento salarial que anunció Pullaro, un policía santafesino que cumpla funciones operativas y que además realice tareas de calle estará cerca de los 2 millones de pesos. “Les dejamos la vara alta al resto de las provincias”, analizan. El primero en tomar nota fue Rogelio Frigerio, quien anunció un aumento para los efectivos en Entre Ríos.
El contexto en el que se generó la protesta policial no es menor. Además de que la seguridad es uno de los caballos de batalla de Maximiliano Pullaro, en los días previos había anunciado en un acto junto a la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, que el mes de enero de este año se había convertido en el “menos violento” de la historia de la provincia. La misma semana recibió a Javier Milei, con quien comparte electorado, para la entrega del sable corvo de San Martín a los Granaderos.

Aunque no lo reconocen en público, todas las provincias piensan en el 2027, sobre todo en las que hay posibilidades de reelección, como es el caso de Pullaro, tras la reforma constitucional. El santafesino atraviesa un panorama complejo para la elección del próximo año tras haber fundado Provincias Unidas, la alianza de centro que tuvo un mal debut en las urnas en las legislativas nacionales. El espacio se define como antikirchnerista pero no logra captar el voto libertario y durante la campaña del 2025 el espacio profundizó sus críticas a Milei.
Para los radicales que apuestan a una alianza con La Libertad Avanza, Pullaro representa la línea interna más vinculada a la estrategia de Martín Lousteau, a quien acusan de buscar un acercamiento con el peronismo. Un gobernador de la UCR se queja por su vínculo pendular con el Gobierno. “Lo critica pero después le votan todo en el Congreso”, protestaron en medio de las tensiones que se generaron por el armado de los bloques.
Pese al vínculo tenso con la Casa Rosada, Pullaro recibió ayuda del Ministerio de Seguridad para reforzar la seguridad en los días de las protestas salariales. Dicen que con quien tienen mejor relación es con la propia Monteoliva y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Pero con los hermanos Milei, en especial Karina, la encargada de la estrategia de La Libertad Avanza en todo el país, no hay diálogo asiduo.
Cualquier gesto es leído en clave electoral. Aunque Provincias Unidas no termina de convertirse en una alianza seductora para sumar aliados de cara a la elección del 2027, el desdoblamiento de los comicios provinciales abre un abanico de posibilidades sobre todo con un sello potente como La Libertad Avanza que no pudo hacer pie con los candidatos outsiders en las legislativas locales o en casos como el de Lisandro Almirón en Corrientes. En Rosario se había abierto una esperanza para los libertarios con Juan Pedro Aleart pero se desaceleró con los números de los comicios generales, lo que podría darle una explicación a la necesidad de Romina Diez por lograr posicionarse como candidata y principal opositora. Hasta que la Casa Rosada no resuelva ese punto, Pullaro confía en mantener su hegemonía.
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POLITICA
Senado post ley laboral: los libertarios ya se mueven dentro del sistema, mientras un peronismo sin líderes se desangra

La sesión del miércoles y jueves en el Senado, donde el oficialismo logró la aprobación de la ley de reforma laboral, marcó el bautismo libertario en el “sistema” que tanto criticó para llegar al poder, tras un sinfín de concesiones en la iniciativa que se debatió.
Además, el escenario de la nueva Cámara alta mostró a un peronismo roto y ya no sólo sin un “campeón” o “pajarito llamador”: ni siquiera tiene un prospecto a considerar y sus soldados juegan libres, sin necesidad de ruptura, y la única apuesta que le queda al principal partido opositor es que el Gobierno falle, en el corto y mediano plazo, en mostrar resultados que viraron de la baja de inflación hacia bolsillos que no compensan lo nominal versus lo real. Veamos.
El primer punto fue descripto desde un experimentado despacho opositor durante la madrugada del jueves, mientras se desarrollaba la sesión: “Acá hay un arco que se corrió de blanco a negro, o viceversa, si uno compara lo que sucedió entre la Ley Bases y la reforma laboral que se está votando. A comienzos de 2024, ese proyecto venía con el mote de ‘destino manifiesto’, del ‘elegido’, y terminó en lo que ya conocemos. Ahora, el antisistema fue más sistema que ninguno, con herramientas del sistema, con una mujer/máquina de las pocas que quedan -en referencia a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich– y concesiones sin dudar a sindicatos, gobernadores y senadores. Por mucho menos que esto se retiró la Ley Bases en su momento. Acá se privilegió la victoria política y, si no chocan, tendrán el camino liberado en 2027″.
Del convite reciente en el recinto también quedó pincelado que, al oficialismo libertario, la acusación de “rodillo parlamentario” que siempre se le cuestionó al cristinismo en sus épocas más feroces y oscuras es casi tan importante como una leve picadura de mosquito. El ejemplo concreto fue la incorporación del traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad: no se amplió el temario de extraordinarias para esto, tampoco se le dio ingreso formal por sesión al acuerdo -para que tomara estado parlamentario-, no pasó por comisión ni se dictaminó. Quedó como un anexo de la reforma laboral que, también es cierto, hacía mención en dos artículos sobre el tema. Lo que vale entre los dos es lo primero.
Al consultar sobre ítems más delicados del texto, cuando los legisladores del oficialismo y la oposición dialoguista indagaban a caminadores de pasillos trasladados desde Casa Rosada hacia la Cámara alta, la respuesta fue idéntica: “La orden es del Presidente”. Bajo esa premisa también se movió Bullrich, quien sorprendió a propios y extraños por haberse tirado encima de todas las granadas posibles de la agenda de extraordinarias, sin garantía de victoria. Los condujo a un triunfo que, si Diputados confirma, será histórico, con sus respectivas consecuencias. Ni tuiteros ni desde el cielo. El sistema.

Quienes mejor decodifican los movimientos y convivencia de Balcarce 50 direccionaron la lupa hacia la parafernalia que armó la ex ministra de Seguridad horas después de la votación, con un video en redes que incluyó una divertida melodía de after office. Fue furor. Sobre ello, un histórico asesor sugirió: “Levantó demasiado la cabeza y temo que le llegue la factura. Muchos libertarios no entienden que Javier y Karina Milei son los únicos dueños del 100%. El resto son amistades”. Si hay algo que los hechos ya comprobaron es el desprecio por personas que hicieron demasiado para que el jefe de Estado llegue y se mantenga en el poder. Ni hablar de quienes osaron advertir algún potencial inconveniente. En el corazón de la administración central no existen, ni siquiera, los accionistas. Muchos siguen sin comprenderlo.
Post sesión, la sensación que quedó en varios senadores es que el Gobierno, en medio de su estrategia para aprobar la ley, intentó cuidar a los integrantes del pleno, en el sentido de reconocer que la agenda nacional no es la misma que en las provincias. Esto fue clave -aunque deberán ajustarse varias tuercas-, porque le dio margen a un ramillete de legisladores para no quedar muy expuestos, de forma innecesaria, en sus distritos. La diferencia fue abismal en comparación con lo sucedido en la Ley Bases.
Mientras tanto, el peronismo se desangra. Hay referentes del kirchnerismo que, durante la reunión el recinto, se rieron en varias ocasiones. Después, se preguntan por qué pierden elecciones. La situación ya delirante de “cristinistas obsecuentes” o “traidores”, es insostenible. No obstante, la discusión del Presupuesto 2026 de diciembre pasado ya dejó una marca -por un puñado de acompañamientos selectivos- que no volvió a repetirse en la reforma laboral -nadie del interbloque iba a pisar ese infantil palito-, pero sí en el armado de comisiones que los más duros no quieren integrar: las ramas del interbloque ya se manejan libres, sin necesidad de fractura.
“En el Presupuesto 2026 votaron algunos y no pasó nada. Ahora, dos de Convicción Federal se metieron en dos comisiones -en referencia a la tucumana Sandra Mendoza, en la de Acuerdos; y el catamarqueño Guillermo Andrada, en la de Relaciones Exteriores- y acá estamos. Lo mismo ocurrirá con lo del Mercosur, que beneficia a varias provincias. ¿Pensás que no van a acompañar? Además, no hay beneficio en irse. No tenemos más a un campeón. Ni siquiera vemos que aparezca un retador o pajarito llamador que vaya a la televisión a decir algo interesante. Nada de nada. Entonces, el PJ no tiene la capacidad de echar a nadie. ¿Cómo te van a echar de una casa donde lo único que tienen para ofrecerte es un plato de sopa fría y techos con goteras a la hora de dormir? Eso sí, no olvidemos el pin de ‘Cristina libre’ para llevarlo al recinto», reflexionaron desde un despacho justicialista.
Con la derrota aún fresca, un senador kirchnerista opinó ante Infobae: “El Gobierno tiene la responsabilidad de mostrar resultados. No hay más palos en la rueda. Nosotros perdimos en la sesión, pero ellos pueden llegar a perder su discurso en el corto plazo”. La cita apunta ya no tanto sobre si la inflación bajó o no en estos dos años -algo insólito, a esta altura-, aunque coincide con la mirada de un grupo no menor de dialoguistas, por fuera de la trifulca de días atrás relacionada con el INDEC: la realidad nominal de los bolsillos no podrá quedar detrás de la real.
POLITICA
El oficialismo apura en Diputados la sanción de la reforma laboral, pero crece la resistencia por los límites a las licencias

Envalentonado luego de su rutilante triunfo en el Senado, donde aprobó con holgada mayoría el proyecto de modernización laboral, el oficialismo va por más: quiere pasar a la historia como el primer gobierno que logra reformar una ley inmaculada para el peronismo en tiempo récord, en menos de un mes.
Semejante desafío tendrá su escenario en la Cámara de Diputados, donde los libertarios buscarán aprobar a libro cerrado el texto proveniente del Senado. A tal fin convocó a firmar dictamen el miércoles próximo para convertirlo en ley la semana siguiente.
Se encontrará, sin embargo, con la resistencia de un sector de la oposición que, si bien respalda el proyecto en líneas generales, buscará introducir modificaciones en al menos tres capítulos claves: el nuevo régimen que reduce el pago de salarios (hasta un 75%) por enfermedades y accidentes; el financiamiento de las indemnizaciones por despido y la derogación de media decena de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista.
Senadora Patricia BullrichFabián Marelli
Cualquier cambio -aunque mínimo- en la media sanción ya aprobada significaría un traspié para el oficialismo. El texto debería retornar para su revisión a la cámara de origen y los tiempos se estirarían sin plazo, para disgusto de un gobierno ávido de exhibir señales de fortaleza política a los mercados. Festejaría el peronismo que, derrotado en el Senado, se ilusiona con una sobrevida en su cruzada contra el proyecto. Aunque sea fugaz.
El oficialismo confía en su buena estrella. Si los bloques que le prestaron su apoyo en el Senado replican su voto en la Cámara de Diputados, la aprobación en general del proyecto no debería peligrar, aseguran. Sus cálculos le arrojan un piso de, al menos, 131 votos.
El panorama, sin embargo, no se presenta tan clara en la votación en particular del articulado: a los libertarios no se les escapa que los senadores por Córdoba, Neuquén y Salta –que en la Cámara de Diputados totalizan una decena de votos- se desmarcaron con su rechazo en algunos capítulos sensibles.
Un dato por demás sugestivo –que no pasó desapercibido en el radar oficialista- es que Catamarca, provincia que creía aliada, esta vez le dio la espalda al Gobierno. El senador Guillermo Andrada, alfil del gobernador peronista Raúl Jalil, votó en contra de todo el proyecto, tanto en general como en particular.
También lo rechazaron los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza, esta última cercana al gobernador Osvaldo Jaldo, otro mandatario de buen diálogo con el Gobierno.
En la Cámara de Diputados Jalil cuenta con tres legisladores, mientras que Jaldo con otros tres. Seis voluntades que podrían ser decisivas en una votación eventualmente ajustada.
Enfermedades y accidentes
Al igual que en el Senado, el oficialismo buscará que la votación en particular se realice por título para agilizar el trámite y evitar que cualquier modificación en algún capítulo o artículo que lo integre lo obligue a postergar la sanción de la ley. El proyecto consta de 26 títulos y 212 artículos.
Esta estrategia entraña sus riesgos, sin embargo; en diciembre pasado, por caso, la oposición le volteó todo un capítulo del presupuesto 2026 por la decisión caprichosa del Ministerio de Economía de incluir allí, a último momento, un artículo para derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia a la discapacidad.
Las alarmas vuelven a encenderse, esta vez con el capítulo VII del proyecto. Está incluido en el título primero, que es el corazón de toda la reforma pues modifica aspectos claves de la ley actual de contrato de trabajo.
El capítulo VII se anticipa como uno de los más conflictivos en el debate: allí se establece que, en caso de enfermedades o accidentes ajenos a las tareas laborales, se elimina la posibilidad de cobrar el 100% del salario. Los trabajadores pasarían a percibir el 50% o el 75%, según el grado de responsabilidad que se les atribuya respecto del hecho que provocó su incapacidad.
En el oficialismo nadie sabe responder quién dentro del Gobierno ordenó incluir este capítulo en el proyecto cuando no figuraba en el dictamen. Silencio de radio. En el fárrago de modificaciones que a último momento se incluyeron en el texto, el tema pasó por abajo del radar y el oficialismo logró aprobar el capítulo entero.
Sin embargo, no todos lo avalaron: las senadoras María Victoria Huala y Andrea Cristina, ambas de Pro, pidieron dejar expreso su voto negativo. El jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo, reconoció que están en desacuerdo y pedirán cambiarlo.
También expresaron críticas desde la UCR.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la medida. “Esto apunta a la reducción de las licencias eternas”, dijo. “Pero si lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%“, ejemplificó.
“Es un disparate”, se le escuchó decir al diputado Miguel Pichetto, integrante del bloque de Provincias Unidas. Esta bancada, de 22 integrantes y que preside la santafecina Gisela Scaglia, ya anticipó sus objeciones a este y otros puntos del proyecto. Preparan una propuesta alternativa, que incluirá, además, cambios en el régimen de inversiones para pymes (RIMI), según adelantaron.
Un fondo polémico
Otro capítulo que generará discusión es el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (contenido en el título II), destinado a financiar las indemnizaciones por despido. Estos fondos serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales, que hasta ahora van a la Anses. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes.
Para el ministro de Economía, Luis Caputo, este tema es central. Las estimaciones preliminares de los expertos en seguridad social apuntan a que el FAL podría acumular unos U$S 3000 millones por año y en la oposición sospechan que este nuevo fondo se pergeñó para servir como fuente de financiamiento al Tesoro mediante la compra de títulos de deuda. Como lo fueron las viejas AFJP.
En Provincias Unidas y otros bloques provinciales advierten que este nuevo sistema desfinanciará al sistema de seguridad social y, como consecuencia directa, a las 13 cajas jubilatorias de aquellas provincias que no las transfirieron a la Nación. Es por ello que los senadores Alejandra Vigo (Córdoba), Flavia Royón (Salta) y Maximiliano Abad (UCR) votaron en contra de todo el título II.
El último título, el XXVI, también desata polémica: allí se incluye una serie de derogaciones, entre ellas la del estatuto del periodista y de otras profesiones, como también la ley de teletrabajo. También le pone plazo al actual sistema que financia el Incaa y la TV pública.
La votación de este título en el Senado fue el más ajustado de todo el proyecto: 38 votos fueron a favor y 31 en contra. El oficialismo perdió otra vez el apoyo del radical Abad (que se ausentó), de la neuquina Julieta Corroza, de la cordobesa Vigo y la salteña Royón.
El capítulo referido a las cajas sindicales parecería, sin embargo, no correr peligro: la media sanción del Senado mantiene, aunque con un tope y hasta 2028, la posibilidad de que los gremios cobren la llamada “cuota sindical” a partir de un porcentaje de los sueldos. El bloque de Pro en el Senado pidió eliminar este beneficio para los gremios, pero al final terminó por apoyar el capítulo.
Difícilmente prospere también el pedido de la bancada amarilla para incluir a las billeteras virtuales en el servicio de pago de los salarios. Salvo que, en una maniobra inesperada, Unión por la Patria y otros bloques se sumen.
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