El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) indaga a Oscar Centeno, que fuera chofer del exfuncionario de Planificación Federal, Roberto Baratta, y cuyas anotaciones fueron clave para iniciar la causa de los cuadernos de las coimas. Se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción del kirchnerismo, que tiene a la expresidenta Cristina Kirchner como principal acusada.

Además de Centeno, indagarán en los tribunales federales de Comodoro Py al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens.

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Además del extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti; el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Wagner; el financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens; y el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Ferreyra.

El eje de la causa es la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar fondos de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales. Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita hasta cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso.

El detalle del cronograma de presentaciones a indagatorias en el juicio de la causa Cuadernos de las Coimas

En tanto, el 26 de marzo será el turno del extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello; el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez; el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián Ezequiel García Ramón; y el ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de planificación, Walter Fagyas. También declararán los empresarios Carlos José Mundin, presidente de BTU S.A.; Claudio Javier Glazman, exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI); y Juan Carlos de Goycoechea, exdirectivo y representante legal del Grupo Isolux Corsan S.A..

Finalmente, el 31 de marzo, se indagará a los industriales Raúl Víctor Vertúa, presidente de Servicios Vertúa Ingeniería y Construcciones S.A.; a Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, accionista y directivo, respectivamente, de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.; a Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S.A.; a Néstor Emilio Otero, accionista mayoritario de TEBA S.A.; a Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.; Raúl Víctor Vertúa, Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Héctor Javier Sánchez Caballero, Roberto Armando Loson, Néstor Emilio Otero, Juan Carlos Lascurain, Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.; al exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río; y a Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009.

Todavía no fueron informadas las fechas en que serán convocadas a declarar las restantes personas imputadas.

los cuadernos de las coimas, Oscar Centeno

Personas con discapacidad, familiares y prestadores reclamaron al Gobierno nacional la falta de actualización de aranceles y deudas del Estado nacional en los pagos de servicios. La protesta por la Ley de Emergencia en Discapacidad se realizó ayer frente a la Casa de Gobierno. Hubo incidentes, forcejeos y empujones entre manifestantes y la Policía Federal.

Raúl Woites, titular de un centro de día para personas con discapacidad, se encontraba en el lugar junto a su hija Marisa, quien utiliza silla de ruedas. En Infobae en Vivo Al Amanecer brindó detalles acerca de la tensión vivída.

“Nos movilizamos no solamente por el tema de que no se adecuaron los aranceles, sino que además, directamente como represalia, el Gobierno dejó de pagar. Desde octubre del 2025 que no paga”.

El objetivo de la manifestación era instalar una carpa hasta obtener una respuesta oficial “o que nos reciba el presidente”, afirmó Woites.

Incidentes durante la movilización en Plaza de Mayo

El referente relató el desarrollo de las acciones policiales. “Por los únicos que parece que fuimos escuchados es por la policía, que tuvo una acción realmente muy triste. Ellos tienen activistas provocadores dentro de esa fuerza. De hecho, se me reían en la cara de mi hija”.

Woites detalló cómo se produjo el forcejeo: “La policía hizo un cordón primero, luego se metieron en el medio otro cordón y de golpe empezaron a romper todo, a tironear. Empezaron a tironear, la gente tiraba del otro lado”.

En medio de la tensión, se produjo una situación peligrosa para su hija Marisa. “Uno de los policías estaba empujando la silla de mi hija y se empieza a tambalear como para caerse. Yo ahí ya perdí los estribos directamente porque simplemente les dije que la dejaran. ‘¿No te das cuenta que hay una silla de ruedas ahí o no? Tené un poquito de corazón’, le dije», contó.

Marisa, en el centro del conflicto

Woites confirmó que su hija Marisa quedó en medio de los empujones. “Marisa se la pasó llorando luego el resto del tiempo que estuvimos. Es angustia. No es una situación para nada placentera para ella. La tengo acá atrás mío, está ahora un poco a los gritos”.

Luego del incidente, Woites relató su reacción frente a la policía: “Teníamos un cartelito muy provocativo, seguramente muy como para buscar problemas, que decía: ‘La discapacidad no es lo que hace difícil la vida, sino el desinterés de los demás’. Decidí después, como respuesta, uno por uno, a todo el cordón, que eran cien policías, le fui mostrando el cartel con mi hija y se hacían los distraídos, miraban para otro lado. Digo: ‘Perdón, ¿no saben leer, solamente saben hacerse los sordos, solamente saben agredir y nada más?’”.

El fundador del centro de día reiteró que no hubo corte de calle. “No estábamos ocupando calle. El mismo inspector que dijo ser el jefe del operativo dijo: ‘Yo sé que tienen autorización del Gobierno de la ciudad y de policía, pero no queremos una carpa’. Pero no es que no querían una carpa, sino que lo que no querían era que se pusieran las estacas. Creo que figurativamente es como que quieren que nos convirtamos en eso, en palitos, en estacas para no vernos, para seguir haciendo los sordos”.

Preocupaciones y reclamos del sector

Woites describió la situación actual de las familias y de los prestadores. “Hoy una persona que tiene discapacidad y su familia viven con esta angustia permanente de no saber qué va a pasar mañana. En cuanto a los prestadores o centros de día, sabemos que es muy corto el tiempo que les queda de subsistencia. Tampoco hay quien se encargue de sus terapias ni de nada. Lo mismo pasa con cuidadores, que no hay un servicio acorde”.

El padre de Marisa expresó su preocupación por el futuro de su hija y de quienes atraviesan situaciones similares. “Somos gente grande, que tenemos un pensamiento recurrente, que es qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Lamentablemente el panorama que vemos es un abandono total. Creo que lo único que le falta a los gobiernos, porque no es solo el nacional y no importa si es Milei, Cristina o el que sea, porque todos tienen las mismas políticas de invisibilizar y de tomar nada más que como un gasto a las personas con discapacidad”.

El titular del centro de día reclamó una respuesta urgente y una solución efectiva para el sector. “Cuando hicimos esa pasada con el cartel con mi hija, hubo varios policías que se nos rieron en la cara y nos provocaban. Esto quiero que quede claro porque es algo totalmente anormal”.

Familias en alerta y la búsqueda de soluciones

Woites pidió que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. “No es una situación para nada placentera para ella”, reiteró sobre el estado de su hija tras la protesta. Insistió en la necesidad de una política activa y una respuesta concreta de las autoridades nacionales y locales.

La manifestación frente a la Casa de Gobierno puso en evidencia el reclamo de los prestadores, familias y personas con discapacidad por el pago de deudas y la actualización de aranceles. El sector exige que se garanticen las prestaciones y se respeten los derechos adquiridos.

“La discapacidad no es lo que hace difícil la vida, sino el desinterés de los demás”, repitió. La demanda central apunta a la regularización de los pagos, la protección de los servicios y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en la Argentina.

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El Gobierno desmintió las versiones sobre un supuesto pedido de Estados Unidos para que la Argentina envíe unidades navales al estrecho de Ormuz.

En el Ejecutivo aseguraron que “no hubo ningún contacto” por la cuestión y remarcan que el país no cuenta con capacidad operativa para afrontar una misión de ese tipo.

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En la Casa Rosada sostienen que la flota argentina no está en condiciones de participar en un despliegue de esas características. “No tenemos nada para mandar”, aseguraron a TN. A eso le suman limitaciones en materia de defensa frente a ataques con drones y otros sistemas que hoy forman parte del esquema de combate en Medio Oriente.

En el Ministerio de Defensa argumentan que los buques de la Armada no pueden afrontar un viaje de ese alcance ni operar sostenidamente lejos del apostadero sin riesgos logísticos o técnicos. Solo hay tres destructores y seis corbetas de combate.

El ruido se generó a partir de publicaciones, como la del abogado Marc Zell, que es vicepresidente de Republicans Overseas y presidente de su filial en Israel.

En un mensaje en X sostuvo, sin citar fuentes, que la Argentina enviaría buques para colaborar con Estados Unidos en la protección del estrecho de Ormuz.

“Argentina está enviando unidades navales para ayudar a Estados Unidos a salvaguardar el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. El Reino Unido se ha negado. En 1982, el presidente Reagan acudió en ayuda de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, quien defendía la colonia británica en las Islas Malvinas, reclamadas por Argentina. Ante la cobarde negativa del Reino Unido a apoyar a Estados Unidos en el conflicto del Golfo Pérsico, considero apropiado que la administración Trump reconsidere la política estadounidense sobre las Malvinas y apoye la reclamación argentina”, escribió Zell.

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Zell no ocupa ningún cargo oficial en la administración estadounidense, pero en el oficialismo lo califican como cercano a Trump. En el Ejecutivo sí celebraron el planteo sobre Malvinas y adjudicaron esta mención al esquema de alianzas que se estableció con la gestión Trump.

En Balcarce 50, sin embargo, mantienen el alineamiento con Estados Unidos. De hecho, remitirán el texto de la alianza militar que firmó Javier Milei con Donald Trump en Miami para que comience su trámite legislativo en el mediano plazo. La iniciativa busca darle encuadre legal a la participación argentina en la alianza de seguridad impulsada por Estados Unidos contra “amenazas externas”.

La adhesión argentina se formalizó previamente en una conferencia de defensa realizada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en Florida, donde el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó una declaración conjunta junto a representantes de otros países del continente. El punto que generó debate interno es la proclama firmada por Trump el 7 de marzo.

El punto tres establece que Estados Unidos “entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles”. En Nación consideran que cualquier esquema que implique cooperación operativa entre fuerzas militares debe requerir autorización del Congreso argentino.

En el Gobierno aclaran igualmente que no tiene vinculación con el conflicto en Medio Oriente e insisten con que tampoco hubo gestiones informales ni conversaciones en ese sentido para que Argentina colaborara.

Gobierno, Estados Unidos