POLITICA
Cuántas causas tiene Cristina Kirchner pendientes en la Justicia

La decisión de la Corte Suprema sobre la condena en la causa Vialidad cierra un capítulo en la agenda pública y judicial, pero este fallo no concluye con sus comparecencias ante los tribunales. Incluso podría marcar un punto de inflexión ante los procesos que aguardan a Cristina Kirchner y que prometen mantenerla a en el foco de atención durante los próximos años.
La exmandataria deberá enfrentar al menos otros tres juicios orales y públicos por diferentes causas vinculadas a presuntos hechos de corrupción. Los principales procesos pendientes se conocen por la denominación pública de:
Uno de los expedientes más resonantes es el conocido como “Hotesur y Los Sauces“, donde se investiga un presunto lavado de dinero por la contraprestación por la adjudicación de millonarios contratos de obra pública del empresario Lázaro Báez a la familia Kirchner.
La hipótesis central de esta causa está intrínsecamente conectada con el caso Vialidad y afirma que estos movimientos se habrían justificado a través de contratos de alquiler de habitaciones en los hoteles de los Kirchner en El Calafate.
De manera paralela, se investiga si el empresario Cristóbal López, también beneficiado con contratos durante el kirchnerismo, transfirió dinero a los Kirchner mediante el alquiler de departamentos.
En diciembre pasado, la Corte Suprema confirmó un fallo de la Cámara de Casación que anuló el sobreseimiento dictado en primera instancia a favor de Cristina Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, entre otros. Esto implica que deberán ser sometidos a juicio oral.
Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grümberg habían sobreseído a la expresidenta en esta instancia, pero la Cámara de Casación revirtió esa decisión que la Corte convalidó. Florencia Kirchner, quien figuraba como integrante de las sociedades investigadas, fue apartada de la lista de acusados que irán a juicio.
En la causa por la firma del Memorándum con Irán se la acusa de delitos de encubrimiento y abuso de autoridad. La Corte Suprema ha despejado el camino para la realización de este juicio oral cuando, el 5 de diciembre de 2024, el máximo tribunal rechazó por unanimidad un recurso presentado por la defensa de la expresidenta.
El Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en 2013, estaba vinculado a la investigación del atentado a la AMIA. Contemplaba la creación de una Comisión de la Verdad y la posibilidad de interrogar a los ciudadanos iraníes sospechosos del ataque, sobre quienes pesan notificaciones rojas de Interpol.
El fiscal Alberto Nisman denunció que se trataba de una maniobra para encubrir a los responsables del atentado, lograr el levantamiento de los pedidos de captura de Interpol y favorecer a los iraníes implicados. El memorándum nunca entró en vigencia y, en diciembre de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal declaró su inconstitucionalidad de forma definitiva.
Esta causa se encuentra en una etapa avanzada, con la instrucción complementaria realizada y los testigos admitidos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 había sobreseído a la expresidenta, pero esta decisión fue revocada por la Cámara de Casación, que ordenó realizar el juicio.
El tercer gran proceso que enfrentará Cristina Kirchner es la causa conocida como los Cuadernos de las coimas. El Tribunal Oral Federal N° 7 fijó como fecha de inicio del juicio el 6 de noviembre de 2025. Esta es considerada una de las causas por corrupción más importantes tramitadas en los tribunales argentinos y se originó a partir de una investigación periodística de .
En este proceso, la expresidenta es señalada como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones se basan en las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación, quien detalló en cuadernos los viajes que realizaba con funcionarios, como Roberto Baratta, para retirar presuntos sobornos pagados por empresarios a cambio de mantener contratos de obra pública.
En este juicio, además de Cristina Kirchner, serán juzgados 74 imputados, entre ellos el exministro Julio De Vido, el exsubsecretario Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, y numerosos empresarios como Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Gerardo Ferreyra y Aldo Roggio.
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POLITICA
Error bancario en Diputados: depositaron casi $700 mil de más a los empleados y deberán devolverlo

Un insólito error bancario generó sorpresa y confusión entre los empleados de la Cámara de Diputados durante las últimas horas del año. Casi la totalidad del personal del cuerpo legislativo recibió en sus cuentas sueldo un depósito adicional que, en muchos casos, rondó los $700 mil. La acreditación, que no había sido informada previamente, despertó especulaciones sobre un posible bono de fin de año, aunque rápidamente fue desmentida por las autoridades.
Según confirmaron fuentes parlamentarias, el dinero fue transferido por equivocación por el Banco Nación, entidad encargada de procesar los pagos de los haberes del personal legislativo. El monto figuró bajo el concepto “rendición en pesos” y alcanzó cifras exactas de hasta $699.177,82, lo que llevó a numerosos trabajadores a consultar en sus áreas administrativas sobre el origen del dinero.
Ante la multiplicación de consultas y mensajes internos, la conducción de la Cámara difundió una comunicación oficial dirigida a todo el personal. En el mensaje se aclaró que la acreditación correspondía a un error bancario y se pidió expresamente que el dinero no fuera utilizado, ya que será descontado de las cuentas el próximo viernes mediante un ajuste automático.
“El depósito no corresponde a ningún adicional, bono ni compensación. Se trató de una equivocación del banco y será revertido”, indicaron desde el área administrativa, al tiempo que solicitaron a los empleados que reenviaran el aviso para evitar confusiones o gastos involuntarios.
El episodio ocurrió apenas días después de que los trabajadores legislativos cobraran un bono de fin de año junto con el aguinaldo, cuyos montos oscilaron entre los $150 mil y los $300 mil, según la categoría. Además, como sucede habitualmente por el cierre del mes, los haberes de enero ya habían sido depositados por adelantado, lo que contribuyó a la confusión inicial.
Desde distintos bloques confirmaron que el error no alcanzó a los diputados nacionales, ya que las dietas se liquidan a través de un circuito administrativo distinto. No obstante, algunos empleados aseguraron haber recibido montos acreditados en dólares, con cifras que variaron entre los USD 6 y los USD 290, un dato que también está siendo revisado por el banco.
El tema rápidamente se viralizó en los grupos internos de WhatsApp del Congreso. “Fuimos felices por un rato”, admitió con ironía un trabajador del cuerpo, reflejando el clima que se vivió durante las primeras horas posteriores a la acreditación.
La situación también generó repercusiones políticas. El diputado socialista Esteban Paulón ironizó sobre el episodio en redes sociales y vinculó el error con la implementación de medidas económicas recientes. Mientras tanto, desde la Cámara aseguraron que el descuento se realizará de manera automática y que no habrá consecuencias para los empleados que no hayan utilizado el dinero.
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POLITICA
La CGT afronta un 2026 de alto riesgo por la reforma laboral: qué artículos buscará modificar del proyecto oficial

Para la CGT, 2025 fue un año complicado, en el que estrenó una nueva conducción, pero se enfrentó al viejo dilema de qué hacer ante un gobierno de signo político adverso que volvió a ganar las elecciones y que, para colmo, avanza otra vez con una reforma laboral.
¿Podrá salir airosa en 2026 de semejante desafío esta flamante conducción cegetista? Hay un predominio de dirigentes con vocación de diálogo, pero el desafío que afronta la central obrera en el nuevo año será de alto riesgo y marcará a fuego su gestión, tanto si logra frenar el proyecto oficial como si fracasa en el intento.
Los líderes cegetistas aún confían en que el sector político del Gobierno logre que se reabran las negociaciones para introducir modificaciones en el proyecto, que ya tiene dictamen en el Senado y que se comenzará a debatir a partir del 10 de febrero.
La versión final de la reforma laboral, a la que se llegó luego de fuertes tironeos internos en la Casa Rosada, incluyó algunas concesiones a la CGT, pero no tantas como esperaban los sindicalistas. Por eso, aun en medio de la expectativa de que haya cambios, la cúpula cegetista intentó descomprimir las tensiones con una movilización a la Plaza de Mayo, que no fue tan masiva como se esperaba, y amaga con un nuevo paro general.
El escenario quedó congelado hasta mediados de enero, cuando, según se estima, las dos partes retomarán sus contactos con los gobernadores y bloques legislativos para influir en el tratamiento de la reforma laboral: el Gobierno confía en que, como sucedió con la sanción del Presupuesto 2026, tendrá los votos suficientes para convertir en ley los cambios laborales, mientras que la central obrera reforzará su presión para tratar de modificar el proyecto o frustrar el debate legislativo.
Los puntos centrales que quiere cambiar la CGT en la reforma laboral del Gobierno son los siguientes:
1) Modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación, con la idea de que quede lo más parecido posible a la ley vigente, donde se incluye también a las cuotas solidarias, ahora excluidas expresamente del proyecto que está en el Senado.

2) Liberar las cuotas solidarias. Si bien el artículo que jaqueaba esos aportes se eliminó por pedido de la CGT, quedó otro que condiciona su pago; es el mencionado anteriormente, ya que se quitó la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de “otros aportes” y, además, hay otro artículo que limita la ultraactividad de los convenios y obliga a los gremios a pactar año tras año las cuotas solidarias, clave para el financiamiento del poder sindical. El proyecto de reforma laboral, además, le pone un tope del 20% a las retenciones que pueden hacerse a los salarios, algo que también afecta la cuota sindical y la solidaria. A su vez, expresa que la cuota solidaria sólo podría ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.
3) Suavizar lo máximo posible la reglamentación del derecho de huelga. Funcionarios dialoguistas propusieron quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga (75% y 50%), pero el ala dura, con Federico Sturzenegger a la cabeza, se resiste a cualquier variante. Como sea, la CGT cree que ese artículo es el primero que podría ser impugnado por la Justicia porque ya está judicializado: también formaba parte del DNU 70 y del decreto 340, normas que se frenaron por sendos fallos de la justicia laboral.

4) Uno de los puntos más urticantes del proyecto oficial es el de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones, y a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, sin aumentar su costo laboral pero desfinanciando las jubilaciones y trasladando el costo al Estado. Se calcula que el sistema jubilatorio tendrá una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales. Ahora, el Ministerio de Economía volvió a analizar el tema para que ese artículo de la reforma laboral no tenga, como se prevé, un destino de amplio rechazo legislativo.
5) La CGT ya había logrado que se eliminara de la última versión del proyecto un artículo que reducía a la mitad la cantidad de delegados sindicales por empresa, pero ahora quiere modificar otros que fijan un máximo de 10 horas al mes con goce de sueldo para las tareas gremiales de los delegados y que les ponen límites a los representantes amparados por la tutela sindical. De la misma forma, apunta contra el artículo que obliga a que se pida autorización previa a los empleadores para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas.

6) Aunque la CGT consiguió que en la versión final de la reforma laboral los sindicatos con personería sean los que tendrán que refrendar los convenios por empresa (y no las comisiones internas), el proyecto fija la prelación de esos convenios “menores” por encima de los pactados por actividad e incluso incentiva la creación de sindicatos por empresa. Dos puntos que la central obrera buscará atenuar para que en la negociación colectiva siga predominando el tradicional unicato sindical.
7) Otra obsesión de la CGT es eliminar el artículo 161 de la reforma laboral, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Para la dirigencia cegetista, como anticipó Infobae, “esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”. Así como está, advirtió, “es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para los trabajadores».
POLITICA
Javier Faroni usó US$6,2 millones de la AFA para comprar el club Perugia

Durante los últimos dos años, el productor teatral Javier Faroni quedó involucrado en una compleja trama financiera internacional que conecta fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la adquisición y el sostenimiento del club Perugia Calcio, que actualmente compite en la Serie C del fútbol italiano.
Según documentación bancaria y societaria a la que accedió el periodista Hugo Alconada Mon, el empresario canalizó al menos US$6,2 millones desde cuentas que recibían ingresos asociados a la AFA hacia distintas sociedades que forman parte del entramado empresario que tomó el control del club europeo en 2024.
El principal flujo de dinero se originó en una cuenta radicada en el Bank of America, a nombre de TourProdEnter LLC, una firma vinculada al círculo familiar de Faroni. Desde allí se realizaron al menos 25 transferencias entre enero y septiembre de 2025 hacia Sports Next Gen Ltd, una sociedad con sede en el Reino Unido que integra el grupo propietario del Perugia. El monto total transferido por esa vía superó los US$5,7 millones.
Los fondos fueron enviados a cuentas abiertas en entidades financieras como Revolut, en el Reino Unido, y AfrAsia Bank, en Islas Mauricio, una jurisdicción considerada de baja tributación. A ese esquema se sumaron además dos transferencias adicionales por US$250.000 cada una, giradas en octubre de 2023 hacia Beagle Capital Management LLC, otra de las firmas que figuran como accionistas del club italiano.

Las transferencias de TourProdenter a Sports NextGen entre enero y septiembre de 2025.
La existencia de estas sociedades como controlantes del Perugia quedó oficialmente reconocida por la Federación Italiana de Fútbol, que en septiembre de 2025 sancionó al club y a dos de sus directivos —entre ellos Faroni— por irregularidades administrativas vinculadas a la presentación tardía de documentación financiera exigida por el organismo.
Allanamientos en la AFA: hallaron un contrato de exclusividad con una empresa vinculada a Javier Faroni
El entramado societario se completa con firmas registradas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, algunas de las cuales no registran empleados ni actividad operativa visible. Parte de esa información fue reconstruida a partir de órdenes judiciales emitidas por tribunales estadounidenses, que obligaron a bancos internacionales a entregar datos confidenciales sobre movimientos de dinero.
Más allá de la compra del Perugia, los registros también reflejan que desde esas mismas cuentas se financiaron gastos vinculados a bienes de alto valor, como aeronaves privadas, inmuebles, embarcaciones y consumos de lujo. En paralelo, surgieron transferencias hacia sociedades y personas vinculadas al entorno dirigencial del fútbol argentino.
La Justicia citó a Javier Faroni y avanza en la investigación por los fondos de la AFA
La revelación de estas operaciones reavivó interrogantes sobre el circuito de fondos generados por derechos de televisación, sponsoreo y partidos amistosos de la Selección argentina, así como sobre los mecanismos de control interno en la administración de esos recursos.
Mientras tanto, el Perugia atraviesa una etapa deportiva compleja y lucha por mantenerse en la tercera categoría del fútbol italiano. La llegada del grupo inversor encabezado por Faroni había generado expectativas entre los hinchas, aunque las sanciones y la difusión de estas maniobras financieras volvieron a colocar al club en el centro de la polémica.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas revelaciones sobre el destino y el origen de los fondos involucrados.
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