POLITICA
Cuatro dudas sobre una elección crucial
En la recta final hacia la elección bonaerense el oficialismo nacional de la Libertad Avanza (LLA) y el oficialismo provincial de Fuerza Patria (FP) avanzan con tal incertidumbre que no pueden asegurar si están al borde de la cima o del abismo.
“Hay un empate técnico”, dijo Javier Milei, anteayer, en el acto de cierre de la LLA. “Las diferencias están dentro del margen de error”, afirman en el entorno de Axel Kicillof. “Está muy polarizado”, agregan en ambos extremos.
Son definiciones que repiten los encuestadores más confiables, aunque en todos los casos la escasa y para nada decisiva diferencia se da en favor del peronismo. Y en el cuánto está el todo.
Cuatro son las causas por las cuales nadie arriesga un pronóstico, más allá de lo que arrojan los fríos números, que en algunos casos dan alguna diferencia a favor del peronismo, para superar ese supuesto “empate técnico” o estar por encima del “margen de error”, el cual en casi todos los sondeos se ubica en torno del 1,5% y el 2%.
El ausentismo que, con poquísimas excepciones, se ha convertido en una pronunciada tendencia en las elecciones provinciales de este año, es la mayor duda que albergan los dirigentes políticos y los consultores de opinión pública. Todos dan por hecho que será récord también en estos comicios.
“Entre los que responden las encuestas son demasiados los que dijeron que no tienen decidido aún si irán a votar. Como nunca”, se lamenta y previene un consultor con vasta experiencia en el territorio bonaerense, cuyo penúltimo sondeo (está cerrando hoy el último) le dio poco más de dos puntos de ventaja a FP.
En las cercanías de Karina Milei y Sebastián Pareja, los armadores libertarios, y en el entorno de Kicillof y de varios de los principales intendentes peronistas de la primera y la tercera sección electoral (reúnen más del 70% del padrón provincial) coinciden casi palabra por palabra con esa advertencia.
La segunda de la incógnitas se funda en los últimos tropiezos del Gobierno. Y en ese rubro, se destaca el escándalo de los audios atribuidos al examigo y exabogado de Milei, Diego Spagnuolo, que estaba a cargo de la Agencia de Discapacidad (Andis) y en los que acusa a Karina Milei y a su íntimo colaborador Eduardo “Lule” Menem de recibir supuestas coimas pagadas en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.
Como tercer interrogante, pero tanto o más importante, aparece el impacto que tendría la marcha de la economía, que entró en zona de turbulencias en el último mes.
Luego del fuerte efecto positivo que tuvieron la pronunciada caída de la inflación y la estabilización de las variables, empezaron a registrarse algunos resultados negativos y complicaciones. La lista se compone de la caída de la actividad y el consumo, el empleo estancado y a la baja el retraso salarial en algunos sectores y los recientes aumentos en la cotización del dólar, a pesar de la sideral suba de las tasas de interés, que afecta al crédito. Todos estos ítems están subiendo puestos en el ránking de las preocupaciones de los argentinos.
En cuarto lugar, para sostener la incertidumbre, aparece la bajísima tasa de respuesta a las preguntas de los encuestadores. Según todas las consultoras, solo responde uno de cada cien consultados lo que deja una demografía demasiado grande sin cubrir como para poder trazar un escenario confiable.
En medio de este escenario complejo, se sumó en la última semana el grave intento de censura por parte del Gobierno para evitar la difusión de escuchas, presuntamente comprometedoras y captadas en forma ilegal, hechas a la hermana presidencial y secretaria presidencial.
Sin embargo, la pretensión de silenciamiento habría tenido un efecto en cierto modo positivo para el Gobierno. Por un lado, tuvo menor impacto negativo que los audios atribuidos a Spagnuolo y, por otro y más importante, logró desalojar de la agenda por unos días el escándalo de las coimas en la Andis, que había tenido una notable penetración, superior al 80% de la población, y un mayoritario repudio por parte de la opinión pública.
Esa consecuencia con saldo, a priori, beneficiosa para el Gobierno abre entre los informados otro interrogante: no solo si logró neutralizar el caso Spagnuolo, sino sobre la autoría de las grabaciones.
La sospecha de que fue hecha por los propios en busca de ese efecto neutralizador ganó volumen ante lo inocuidad de los dichos hasta ahora conocidos de la hermanísima, así como por el maximalismo del planteo judicial. A nadie más o menos avisado escapaba que un pedido de censura y de allanamientos a domicilios de periodistas generaría la repercusión que tuvo. En tierra de sombras, todos son fantasmas.
No obstante, la recuperación de la agenda por parte del Gobierno (aún por malos motivos) fue revertida ayer con la reposición del escándalo de las coimas en la Andis y la acusación de insensibilidad a Milei y los muy suyos con el tratamiento y rechazo del veto presidencial por parte del Senado a la ley de emergencia en discapacidad.
La reinstauración de la norma que el Presidente había vetado mostró, por un lado, un importante apoyo en la calle, que compitió en número con el de los militantes mileístas presentes anteanoche en el cierre de la campaña libertaria en Moreno.
Por otro lado, en el recinto de la Cámara alta el rechazo al voto logró la adhesión de 63 senadores, lo que significa el 87,5% del total del cuerpo, un porcentaje que adquiere mayor relevancia cuando se contabiliza que es la primera vez en 22 años que el Congreso rechaza un veto presidencial.
La abrumadora derrota oficialista muestra la intención mayoritaria de los senadores de quedar a favor de una causa altamente sensible y en contra de una decisión de Milei que afectaba a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Mucho más luego de que se conociera que al mismo tiempo que se le retaceaban recursos a personas con discapacidad y a sus familias se habrían hecho negocios ilícitos en la agencia encargada de atenderlos, en beneficio de algunas de las más altas figuras del oficialismo. Demasiado.
El abrumador rechazo al veto ratificó, además, la creciente fragilidad legislativa del ya minoritario oficialismo y una preocupante tendencia para este en la superestructura política. Lo destacó con implacable lógica matemática el politólogo Andrés Malamud. “Desde que asumió, el Gobierno enfrentó 34 votaciones legislativas. Hasta marzo 2025 hubo 17, de las cuales ganó 14. Desde abril 2025 hubo 17 y perdió 16. La composición del Congreso no cambió, el daño es todo autoinfligido”, publicó en X hace una semana. Ayer la proporción negativa se amplió: en lo que va de este año el oficialismo fue derrotado en 17 de 18 votaciones.
Ese “daño autoinfligido” que señala Malamud lleva un subtexto que dice que Milei ha sumado muchos más enemigos que amigos durante este año entre la dirigencia política con representación parlamentaria y con dominio territorial. Eso lo convierte en un objeto de estudio por inusual mala praxis: no hay antecedentes cercanos de un gobierno que, manteniendo alto niveles de apoyo social, pierde aliados y reduce, en vez de aumentar, el soporte parlamentario.
Todavía el recuerdo del pasado y el logro de la baja de la inflación y el vacío o la debilidad de representación de sus opositores seguirían impidiendo, hasta ahora, que esa negativa relación de fuerzas (en aumento) se traslade proporcionalmente a las urnas en su contra. Pasado mañana enfrentará una prueba crucial.
Según los estudios de opinión pública, esa fortaleza está siendo desafiada, de cara a las elecciones, por los supuestos escándalos de corrupción revelados, que emparentan al Gobierno con la casta a la que venía a terminar. Eso sin contar, por su menor repercusión, la presencia de conocidos barras bravas en los últimos dos actos proselitistas libertarios. Un hecho que el oficialismo no ha podido explicar y con el agravante de que cuenta en sus filas a dos autopromocionadas cruzadas contra los violentos de la tribuna, como la ministra de Seguridad y candidata Patricia Bullrich y la senadora provincial Florencia Arietto.
Sin embargo, más consecuencias prácticas tendrían los efectos negativos del programa económico. Pero, como se dijo, el cuánto impactarán en el voto de los bonaerenses es el gran misterio por develar.
“El caso Spagnuolo pegó en parte de los votantes blandos de LLA, pero lo que más está impactando, como siempre, es la economía”, señala una encuestadora que prefiere no divulgar sus números y coincide con tres colegas suyos de buena reputación.
Como dato adicional la consultora advierte que en la provincia de Buenos Aires ha registrado en su última medición una caída en la ponderación de Milei y su gobierno y, al mismo tiempo, una leve mejora en la imagen de Kicillof y hasta en la de Cristina Kirchner, respecto de mediciones cerradas hace dos semanas. Aunque parezca increíble.
Lo que no se anima a augurar la consultora es si esa modificación tendrá correlación en el voto de los bonaerenses, que está altamente polarizado, según todos coinciden.
No obstante, se percibieron en los últimos días ciertos movimientos en los márgenes (muy en los márgenes), que podrían beneficiar levemente a las opciones de izquierda y a las ofertas de candidatos de espacios moderados, como los excambiemitas y los peronistas no kirchneristas.
Al respecto otros dos encuestadores señalan que esas opciones moderadas podrían reducir, en las secciones segunda y cuarta, la ventaja que en el interior de la provincia necesita sacar la lista libertaria para disputar el total. Advierten que en las últimas semanas se consolidó el diferencial a favor del peronismo en la tercera sección (sur del conurbano) y se habría reducido la ventaja que tenía el mileísmo en la primera sección (norte del Gran Buenos Aires).
De verificarse esto, el Gobierno debería conformarse con hacer una buena elección, como dijo el propio Milei. Eso implicaría perder por menos de cuatro puntos para sostener la ilusión de un triunfo en las elecciones nacionales del 26 de octubre, bajo la premisa de que el resultado de pasado mañana representaría el techo de Fuerza Patria y el piso de La Libertad Avanza. La distancia que medie entre uno y otro extremo no solo tendría consecuencias políticas. La interpretación del resultado que hagan los tomadores de decisiones es la mayor preocupación que existe en la Casa Rosada.
Tal vez eso explique que el mileísmo haya optado en las últimas horas por privilegiar como mensaje el pronóstico de una sensible mejora en el número de diputados y senadores con el que contará después de estas elecciones. Un vaticinio imposible de refutar. El punto de partida está demasiado bajo y aún con una derrota sensible la representación parlamentaria crecerá. En cualquier caso seguirá estando en minoría.
En el perokirchnerismo, en tanto, se llega a la recta final con “un ánimo más optimista respecto de hace dos semanas”, según un consultor del kicillofismo. Aunque a las dudas sobre la participación y a la magnitud del rechazo que sigue generando ese espacio se suman los efectos de la disputa interna no saldada. Todos se siguen recelando y muchos temen que los intendentes y líderes territoriales solo pongan todo su esfuerzo para sostener las listas de concejales y sean más renuentes en apoyar a los candidatos a senadores y diputados.
Mileístas y peronistas intentan salir a flote en el mar de dudas que deben atravesar hasta pasado mañana, cuando se develará el misterio de estas cruciales elecciones. Es mucho cuando falta muy poco.
El titular de la DGI logró que desplacen al fiscal que investigaba sus propiedades en Miami,Claudio Jacquelin,Conforme a,,»Se interesó mucho». Cómo fue el encuentro de Milei en Los Ángeles con la joven argentina aspirante a astronauta,,Rebelión legislativa. El Senado aprobó una regulación restrictiva de los DNU que complica al Gobierno,,Los audios de Karina. Rosatti: “La Corte siempre va a estar en defensa de la libertad de expresión
POLITICA
Antes de renunciar a la IGJ, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar otros negocios de la AFA
Antes de renunciar a la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores que auditen otros negocios vinculados a la AFA. La solicitud apunta a la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. El expediente se suma a otro similar que ahora deberá resolver el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para revisar los balances de la AFA.
El expediente fue remitido al Ministerio de Justicia el jueves, cuando Vítolo aún ejercía formalmente el cargo. La decisión final sobre la designación de veedores quedó ahora en manos del nuevo ministro, quien juró ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
La resolución de la IGJ amplía el alcance de la investigación sobre la administración del fútbol argentino. El organismo ya había solicitado el mes pasado la designación de veedores en la AFA en el marco de un expediente que investiga presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y vínculos económicos con empresas privadas. Con la nueva resolución, la ofensiva del organismo de control se extiende ahora a la Superliga, cuya existencia jurídica persiste en paralelo al actual esquema organizativo del fútbol profesional.
La IGJ solicitó la intervención en grado de veeduría en la Superliga por 180 días, sin desplazar autoridades, sino mediante veedores que puedan recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional de la entidad.
El organismo requirió que los veedores obtengan toda la documentación necesaria para determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, la resolución ordena investigar eventuales vínculos comerciales con empresas nacionales y extranjeras ligadas a la gestión de derechos audiovisuales y contratos comerciales del fútbol.
La solicitud se dirigió al Ministerio de Justicia porque, según el régimen legal vigente, la intervención de asociaciones civiles en grado de veeduría requiere una decisión de la autoridad política del área.
Así, la continuidad o no de la investigación dependerá del criterio que adopte Mahiques, quien asumió el cargo en medio de una reconfiguración interna en el Gobierno.
La Superliga Profesional del Fútbol Argentino fue creada en 2016 como una asociación civil impulsada por los clubes con el objetivo de administrar y profesionalizar la organización del fútbol de Primera División. La entidad comenzó a funcionar plenamente en 2017 y asumió la administración de los contratos de derechos audiovisuales del fútbol argentino, considerado uno de los principales activos económicos del sistema.
Según el expediente de la IGJ, entre 2020 y 2024 la Superliga gestionó ingresos por aproximadamente USD 348 millones, derivados de contratos con empresas de transmisión televisiva de partidos del fútbol argentino. Esos recursos se distribuyeron entre los clubes participantes de distintas categorías profesionales, según mecanismos de reparto definidos por los reglamentos internos.
La creación de la Superliga respondió a una estrategia de los clubes para dotar al fútbol profesional de una estructura más autónoma respecto de la AFA, con mayor capacidad de negociación comercial y gestión empresarial. Sin embargo, ese esquema institucional fue modificado pocos años después.
En 2020, la AFA y los clubes reorganizaron la estructura del fútbol argentino y crearon la Liga Profesional de Fútbol como órgano interno dentro de la propia AFA. Esta nueva entidad asumió la organización de los torneos de Primera División y, en la práctica, desplazó a la Superliga del centro del sistema. No obstante, la disolución formal de la Superliga nunca se concretó. La asociación civil continuó existiendo jurídicamente y mantuvo actividad administrativa y financiera reflejada en sus balances. Ese punto es uno de los ejes centrales del análisis realizado por la IGJ.
La coexistencia de estructuras y los interrogantes sobre la Superliga
Según la IGJ, la coexistencia de la Liga Profesional dentro de la AFA y la Superliga como asociación civil independiente genera interrogantes sobre el verdadero rol de esta última en el esquema económico del fútbol argentino. La investigación se inició tras observaciones sobre los estados contables presentados por la Superliga correspondientes a distintos ejercicios. El organismo solicitó información adicional sobre partidas de relevancia, como fondos de reserva, rendiciones a clubes y gastos administrativos.
Las respuestas aportadas por la entidad y por su auditor externo no habrían sido suficientes para aclarar los cuestionamientos, según consta en el expediente. La IGJ considera que esa falta de información impide evaluar adecuadamente la transparencia en el manejo de recursos y el origen de determinadas partidas económicas.
En ese contexto, fue citado el auditor que firmó los balances, quien brindó explicaciones ante el organismo. No obstante, la resolución firmada por Vítolo sostiene que esas aclaraciones no lograron disipar las dudas planteadas por el área técnica de la Inspección General de Justicia.
Uno de los aspectos centrales es la posible contradicción entre el objeto social de la Superliga y las actividades que desarrolla. Como asociación civil, la entidad debería perseguir fines institucionales vinculados al desarrollo del deporte y al funcionamiento del sistema futbolístico. Sin embargo, la actividad reflejada en los balances parece orientarse principalmente a la administración de contratos comerciales y distribución de ingresos provenientes de derechos audiovisuales.
De acuerdo con la IGJ, la entidad distribuye la mayor parte de los recursos entre los clubes asociados, lo que podría entrar en tensión con las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles, que no pueden distribuir utilidades entre sus miembros. El expediente señala que la propia Superliga habría reconocido, en algunas respuestas, que actúa como un instrumento administrativo para canalizar recursos hacia los clubes.
Vínculos con la AFA y posibles conflictos de interés
El organismo también analizó la relación institucional entre la Superliga y la AFA. Según el expediente, la estructura de gobierno de la Superliga estaría conformada en gran medida por dirigentes que ocupan simultáneamente cargos en la conducción de la AFA. Esta superposición podría generar un potencial conflicto de intereses, ya que las decisiones económicas y estratégicas de la Superliga podrían quedar subordinadas al Comité Ejecutivo de la AFA.
La IGJ advierte que el órgano de administración de la Superliga es elegido finalmente por asambleístas vinculados a la AFA, lo que debilita la autonomía institucional que originalmente se buscó con la creación de la entidad.
Ante este panorama, la IGJ solicitó la designación de veedores para analizar el funcionamiento de la Superliga, revisar las decisiones económicas adoptadas desde 2017, y verificar operaciones comerciales con empresas vinculadas al negocio del fútbol, tanto nacionales como internacionales, especialmente en la comercialización de derechos audiovisuales.
La investigación contempla la posibilidad de identificar actos que pudieran constituir violaciones a la ley, al estatuto de la entidad o a los reglamentos aplicables.
El pedido de veedores en la Superliga se suma al expediente abierto sobre la AFA, que también incluye observaciones sobre balances recientes y la creación de la denominada Universidad de la AFA. En este caso, la IGJ busca obtener información adicional sobre el funcionamiento de esa iniciativa educativa y sobre relaciones económicas con empresas privadas vinculadas al sistema del fútbol.
El futuro de las investigaciones tras la renuncia de Vítolo
Las investigaciones en curso sobre la estructura institucional del fútbol argentino quedaron bajo la lupa del organismo de control de las asociaciones civiles. La ofensiva administrativa se produjo en las horas previas a la salida de Vítolo de la conducción de la IGJ.
La renuncia de Daniel Roque Vítolo se formalizó este viernes mediante una carta al presidente Javier Milei, en la que expresó que dejaba el cargo tras recibir el pedido de apartamiento de sus funciones. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (…) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, escribió en el texto.
En la misma carta sostuvo que aceptaba esa determinación “con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber”.
La resolución firmada el jueves, horas antes de dejar el cargo, dejó ahora en manos del nuevo ministro de Justicia la decisión sobre el futuro de los pedidos de veedores tanto en la AFA como en la Superliga, dos expedientes que colocan bajo revisión el funcionamiento institucional y económico del fútbol profesional argentino.
POLITICA
Cuál es el nuevo reclamo salarial de Hugo Moyano que rompe la pauta del Gobierno y preocupa a los empresarios
El Sindicato de Camioneros hizo este jueves un reclamo salarial que supera la pauta del Gobierno y causará rechazo en las pymes del sector: 8% de aumento para el trimestre marzo-mayo, más la suba al 20% de los adicionales de las ramas expreso y mudanza, logística y correos, la creación de un premio mensual por presentismo de $100.000 y el incremento de la contribución empresarial para la obra social a $35.000 para cada trabajador (que hoy es de $22.000).
Además de la cifra exigida, que supera el tope buscado por el Ministerio de Economía, a los funcionarios libertarios les preocupa que se firmen acuerdos trimestrales como el que exige el gremio que lidera Hugo Moyano ya que hasta ahora buscaban que fueran anuales o semestrales para desalentar el alza de la inflación.
El Sindicato de Camioneros hizo este planteo durante la primera audiencia oficial para acordar la paritaria 2026, que pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, aunque habrá reuniones extraoficiales para tratar de acercar las posiciones: este viernes, el sindicato se encontrará con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y el lunes, con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).
Sin embargo, las pymes del sector ya advirtieron que no podrán hacer frente a ese aumento por la crisis del transporte automotor de cargas, por lo que se prevé un escenario de tensiones por el reclamo de Camioneros.
En la audiencia oficial, el sindicato confirmó la postura que había fijado a mediados de enero pasado en una nota dirigida a las cámaras: una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad, lo que implica dejar de pactar aumentos con vigencia semestral y pasar a hacerlo en forma trimestral. Por eso ahora pidió una compensación del 8% por el desfase inflacionario del acuerdo firmado para diciembre 2025-febrero 2026.
El trabajador, según Camioneros, recién luego de transcurridos 4 meses ve reflejada la diferencia existente entre lo pautado y la inflación real del Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, Moyano pretende tomar del IPC sólo aquellos rubros que más impactan en el trabajador: alimentos, transporte público y servicios públicos y privados (luz, gas, agua corriente, telefonía, internet). Por eso ahora pide un 8% de aumento debido a la diferencia con el período paritario anterior.
Además, reclama un incremento del 2% al 4% para las ramas expreso y mudanza, logística y correos con el fin de equiparar en un 20% la mejora ya otorgada; establecer con carácter remunerativo un premio por presentismo de $100.000 en forma mensual, y aumentar la contribución empresarial para la obra social a $35.000 por trabajador, que hoy es de $22.000 (por lo que Camioneros, que tiene 200 mil afiliados, recaudaría por mes unos 7 mil millones de pesos).
En las cámaras del sector no sólo se analiza la viabilidad del aumento reclamado por Moyano sino que también se evalúa si pueden exigir que se firme una paritaria nivel regional o por empresa, como contempla la ley de reforma laboral que se acaba de promulgar.
Este punto se convertiría en un banco de pruebas de la nueva legislación, que le sacará poder de fuego al sindicato con personería, que es el que firma el convenio colectivo de trabajo para toda la actividad.
La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros estuvo en sintonía con la pauta del Gobierno: un aumento del 3,3% en tres tramos, que tuvo vigencia de seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.
En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.
Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.
En diciembre pasado, Moyano y las cámaras acordaron también una suma fija de 35 mil pesos, que fue cobrada con los sueldos de enero de 2026.
hugo moyano,sindicato de camioneros
POLITICA
Javier Milei llegó a Miami para participar de la cumbre de mandatarios de América Latina organizada por Trump
(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Javier Milei llegó a Miami para participar del lanzamiento oficial del Escudo de las Américas, un foro multilateral conformado por Donald Trump para combatir el narcoterrorismo, la ofensiva comercial de China y la inmigración indocumentada en la región.
El presidente arribó pasadas las 22:42 horas -00:42 horas, según el horario local- a Estados Unidos, acompañado por Karina Milei –secretaria general-, Manuel Adorni -jefe de gabinete- y Pablo Quirno -canciller-, y toda la delegación oficial se alojará en el hotel Trump Doral, que ya está protegido por el servicio secreto como una fortaleza.
“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.
Y añadió: “El presidente (Trump) hablará con los líderes de estos países que realmente han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.
Trump había convocado a la cumbre para definir una estrategia común destinada a frenar el avance regional de Beijing, pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán colocó en un segundo plano las aspiraciones de Xi Jinping respecto a America Latina.
En este sentido, el líder republicano aprovechará la ceremonia inaugural del foro Escudo de las Américas para describir sus razones geopolíticas que llevaron a iniciar el conflicto con Teherán y su probable evolución en las próximas semanas.
Trump ha sostenido en las últimas horas que pretende la rendición incondicional del régimen chiíta y que eso sucederá cuando considere que el poder de los ayatollahs ha terminado en Irán.
Las deliberaciones serán este sábado antes del mediodía en el hotel Trump Doral, y participarán doce mandatarios que tienen sintonía ideológica y geopolítica con la administración republicana.
Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura –Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar-Trinidad y Tobago son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas.
Será la primera vez que Trump expone ante mandatarios extranjeros su perspectiva del enfrentamiento contra el régimen fundamentalista, justo a una semana del comienzo de las operaciones militares en Medio Oriente.
La guerra contra Irán no es un asunto internacional ajeno a América Latina, y por eso se tratará en detalle durante la cumbre regional convocada por el líder republicano.
Irán es aliado estratégico de Cuba y Nicaragua, y en épocas de Nicolás Maduro, su influencia era muy profunda en el régimen caribeño. También tenía a Honduras como un proxy en América Central, una base de operaciones regional que se clausuró con la llegada de Asfura a la presidencia.
Teherán financió a su organización terrorista Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga que operan en México y Colombia, y hay incontables células dormidas del grupo fundamentalista libanés que aguardan órdenes de Irán en sus guaridas de Ciudad del Este (Paraguay).
En 1992 y 1994, Hezbollah ejecutó dos ataques terroristas en Buenos Aires, y la justicia argentina ya probó que estos atentados se decidieron en Teherán.
El presidente argentino Javier Milei es un aliado clave de los Estados Unidos y dispuso incorporar a la lista de organizaciones terroristas a todos los resortes de Irán vinculados a actos fundamentalistas a nivel global.
Ante el inédito escenario internacional, Trump entonces propondrá ante los doce mandatarios de América Latina establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista que Teherán tiene a su disposición en América Latina.
Cuando termine la cumbre de presidentes, Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Pablo Quirno embarcarán rumbo a New York, para iniciar la segunda etapa de esta gira oficial por Estados Unidos.
North America
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