Un proyecto de ley presentado en el Congreso busca establecer un nuevo marco legal para el derecho de huelga, introduciendo regulaciones estrictas sobre su ejercicio y delimitando con precisión las conductas consideradas legítimas e ilícitas.

La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Verónica Razzini, quien acaba de pasarse al bloque de La Libertad Avanza y que tiene como confirmantes a 14 legisladores, responde a la “necesidad imperiosa” de dotar de seguridad jurídica a las relaciones laborales y a la actividad productiva en el país.

Hasta diciembre de 2023, Razzini fue creadora y presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), desde donde, junto con otros dueños de pymes, dieron batalla contra esa modalidad extorsiva de protestas y lograron fallos favorables en la Justicia contra los bloqueos y sus responsables.

El proyecto atribuye la titularidad del derecho de huelga exclusivamente a las asociaciones sindicales con personería que representen los intereses colectivos de los trabajadores involucrados en un conflicto. En ausencia de una entidad con personería, la potestad podrá recaer en un gremio inscripto que acredite una representación mayoritaria absoluta, siempre bajo un procedimiento de constatación fehaciente definido por la autoridad de aplicación.

La convocatoria a la huelga, según la propuesta, deberá decidirse en asamblea especialmente convocada con al menos 3 días de antelación o mediante mecanismos democráticos de consulta directa previstos en los estatutos sindicales. El incumplimiento de este requisito “vicia de nulidad la convocatoria” y cualquier medida de acción directa adoptada en contravención será considerada ilícita e ilegítima. En este último caso, se habilita al empleador a aplicar sanciones disciplinarias y a promover acciones legales por daños y perjuicios, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal de la entidad sindical y sus dirigentes.

La iniciativa de Razzini exige que toda medida de acción directa esté precedida de un preaviso fehaciente al empleador y a la autoridad de aplicación, con una antelación mínima de 7 días hábiles. El preaviso debe detallar las causas, el objeto, el alcance territorial y personal, así como la fecha, hora de inicio y modalidad de la medida. Una vez recibido el preaviso, la autoridad convocará de oficio a una instancia de conciliación obligatoria por un plazo improrrogable de 10 días hábiles (tal como prevé la ley vigente). En este período, las partes deberán abstenerse de modificar el estado del conflicto y negociar de buena fe. El incumplimiento de estos pasos convierte la medida en ilegítima, con las consecuencias legales previstas.

El proyecto define con precisión las modalidades ilícitas de acción directa, entre las que se incluyen la ocupación total o parcial de establecimientos, bloqueos o piquetes que restrinjan el acceso o circulación de personas y bienes, huelgas rotatorias o sorpresivas, trabajo a reglamento, quites de colaboración, trabajo a desgano y cualquier alteración colectiva del régimen de trabajo que implique una prestación irregular, parcial o defectuosa del servicio. También se consideran ilícitos los actos de violencia, sabotaje, daño a instalaciones o bienes, intimidación o amenazas, así como el incumplimiento de las coberturas mínimas en servicios esenciales y de importancia trascendental.

La comisión de estas conductas habilita al empleador a aplicar las máximas sanciones disciplinarias a los trabajadores involucrados y a promover acciones civiles y penales. El texto es enfático al señalar que “el ejercicio legítimo del derecho de huelga no suspende las obligaciones recíprocas de las partes del contrato de trabajo” y que durante la vigencia de la medida el trabajador no devengará remuneración alguna por el tiempo no trabajado. El empleador queda eximido de pagar salarios durante la huelga, incluso si la medida fue declarada procedente o su causa es imputable al empleador, y la falta de pago no podrá considerarse sanción, práctica antisindical ni represalia. El proyecto declara nulas de nulidad absoluta las cláusulas de convenios colectivos que impongan al empleador el pago de salarios caídos durante las medidas de fuerza.

En cuanto a los servicios esenciales, definidos como aquellos cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población, el ejercicio del derecho de huelga no podrá implicar la interrupción total de la prestación. Las partes deberán negociar y garantizar la prestación de servicios mínimos indispensables, y en caso de desacuerdo, la autoridad de aplicación fijará la cobertura mínima, que no podrá ser inferior al 75 % de la prestación normal y habitual. Para los servicios de importancia trascendental —como el transporte público, la educación obligatoria, los servicios bancarios y financieros, la distribución de combustibles, las telecomunicaciones y la administración de justicia— se exige garantizar una prestación mínima del 50 % de la actividad normal y habitual durante la huelga.

En este punto, la propuesta de Razzini está en sintonía con lo que preveía el DNU 70 dictado por Javier Milei y luego por el decreto 340, ambos frenados por la Justicia, e incluso sería similar a lo que figura en la reforma laboral que promueve hoy el Gobierno.

El proyecto también regula las asambleas de personal, estableciendo que el derecho de reunión y deliberación en el establecimiento debe ejercerse sin interferir con la ejecución normal de la prestación laboral ni con las facultades de organización y dirección del empleador. La realización de asambleas durante la jornada de trabajo requerirá autorización previa y expresa del empleador, quien, en consulta con la representación sindical, determinará las condiciones de modo, tiempo y lugar. La realización de asambleas sin autorización, o excediendo los límites concedidos, será considerada una interrupción concertada e injustificada del débito laboral, constituyendo una medida de acción directa encubierta e ilícita. El texto equipara a esta ilicitud las medidas concertadas que impliquen una prestación irregular, defectuosa o ralentizada del servicio, como el trabajo a reglamento, trabajo a desgano o quites de colaboración. La participación acreditada en estas conductas será considerada falta laboral grave y facultará al empleador a aplicar sanciones disciplinarias, incluida la extinción del vínculo laboral con justa causa.

En los fundamentos, la autora del proyecto argumenta que la regulación integral del derecho de huelga es una “necesidad imperiosa” para brindar seguridad jurídica y proteger tanto la actividad productiva como los derechos constitucionales de todos los actores involucrados. El texto cita el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de huelga a los gremios, y el artículo 28, que establece que los derechos reconocidos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

Según la exposición de motivos, la ausencia de una ley integral genera un vacío que permite el ejercicio irrazonable del derecho de huelga, vulnerando otros derechos constitucionales como la propiedad, la libre circulación, la salud y la educación.

La diputada de LLA sostiene que la regulación del derecho de huelga no es “antiobrera” ni inconstitucional, sino un mandato constitucional y una solución adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el derecho comparado para garantizar la paz social y la armonización de derechos.

El proyecto, afirma, se inspira en los marcos normativos de España e Italia, donde la huelga está regulada con preaviso obligatorio, definición de modalidades ilícitas y mecanismos para garantizar servicios mínimos. En España, el Real Decreto-ley 17/1977 exige preaviso y faculta a la autoridad a fijar medidas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales, mientras que en Italia la Ley 146/1990 establece la obligación de prestaciones indispensables y crea una comisión independiente para supervisar los conflictos y aplicar sanciones.

Según Razzini, la OIT, a través de su Comité de Libertad Sindical, reconoce el derecho de huelga como derivado del Convenio 87 sobre libertad sindical, pero admite la legitimidad de exigir preaviso, agotar instancias de conciliación y mediación y establecer servicios mínimos en actividades esenciales o de importancia pública. El proyecto cita que “la OIT no promueve un derecho de huelga irrestricto; valida la necesidad de su regulación”.

En el contexto argentino, de acuerdo con Razzini, la regulación vigente es calificada como fragmentaria y generadora de inseguridad jurídica, perjudicando tanto a empleadores como a trabajadores y a la comunidad. En la iniciativa se destaca la importancia de clarificar la titularidad del derecho de huelga, que la Constitución otorga a los gremios, aunque la jurisprudencia ha sido oscilante. El fallo “Orellano, Francisco c/ Correo Oficial” de la Corte Suprema en 2016 reafirmó la titularidad sindical, declarando ilegal una huelga convocada por un grupo informal, aunque el debate doctrinario permanece abierto.

El proyecto enfatiza la necesidad de distinguir entre la cesación de tareas —la huelga legítima— y otras acciones de fuerza que configuran delitos o ilícitos civiles, como la ocupación de establecimientos, los piquetes y bloqueos, que vulneran derechos como la propiedad y la libre circulación. “La ocupación de establecimientos no es huelga; es una vulneración directa del derecho de propiedad”, afirma el proyecto de Razzini, y agrega que “los piquetes y bloqueos no son huelga; son acciones que vulneran el derecho a la libre circulación”.

La iniciativa amplía la protección de servicios más allá de los esenciales en sentido estricto, incluyendo actividades consideradas trascendentales para la vida moderna y la economía, como el transporte, la educación y las telecomunicaciones. Según la autora, “la regulación del derecho de huelga es la principal asignatura pendiente del derecho colectivo argentino”, y su concreción, alineada con los estándares de la OIT y el derecho comparado, es condición necesaria para la seguridad jurídica, la protección de la propiedad privada y la garantía del bienestar general.

La diputada Razzini concluye su exposición solicitando el acompañamiento de sus pares para la aprobación del proyecto, que fue acompañado con su firma por diputados como Alejandro Bongiovanni, Sabrina Ajmechet, Germana Figueroa Casas, Sofía Brambilla, Alida Ferreyra, Florencia de Sensi, Ricardo López Murphy, Martín Ardohain, Nancy Ballejos, Daiana Fernández Molero, Laura Rodríguez Machado, Paula Omodeo, Martín Tetaz y Patricia Vásquez.

En traje de ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, recibió al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el que comparte las filas del PRO en un intercambio que tuvo un complejo temario en común.

Es que en el intento del flamante funcionario de sumar el apoyo de la Ciudad de Buenos Aires al Presupuesto 2026 que se tratará en sesiones extraordinarias a partir del próximo 10 de diciembre, escuchó nuevamente la demanda por los fondos coparticipables que adeuda el gobierno nacional al porteño.

Al término de la reunión que duró una hora, Jorge Macri evitó garantizar su apoyo a la Ley de Leyes a la espera de la inclusión de un ítem que garantice un pago semanal de fondos en el marco de la cancelación de una deuda de $274.000 millones.

“Hay que discutirlo, esa es tarea de los diputados nacionales primero y del Senado después, pero con este pedido, que se incluya los recursos de la ciudad de manera explícita. El presidente del bloque debe tener un montón de requerimientos, este es uno más”, deslizó en una rueda de prensa con los periodistas acreditados en Casa Rosada. La “fecha límite” -puntualizó- es “el mes de diciembre”.

Este mediodía, Macri ingresó a Casa Rosada minutos antes de las 12 y desfiló por el Salón de los Bustos rumbo al Ministerio del Interior, escoltado por su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo.

En las oficinas los esperaban Diego Santilli junto al ministro coordinador, Manuel Adorni; y a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Los integrantes del encuentro dieron cuenta de la tónica del intercambio en el que los representantes de la Ciudad de Buenos Aires reiteraron sus reclamos por el dinero adeudado en materia de coparticipación, un tema “sin avances”, como precisaron desde la sede ubicada en Uspallata, en el barrio de Parque Patricios.

En la previa, los equipos técnicos del área de economía de ambas administraciones cursaron una nueva reunión por el tema, la segunda tras la foto entre Jorge Macri y el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el alcalde porteño propusiera la inclusión de la deuda en el Presupuesto 2026.

En palabras de Macri, el reclamo busca cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenó la restitución de recursos a CABA por el que la Nación debe girar de forma semanal en un 1,55%, proceso que desde agosto registra demoras.

Para entender la polémica, hay que retrotraerse a 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández recortó la coparticipación de CABA en medio las protestas que enfrentaba Axel Kicillof de la Policía bonaerense.

El gobierno porteño llevó la disputa a la Corte Suprema, que falló a su favor. Macri busca ahora que el gobierno nacional cancele una deuda de $274.000 millones, y que incluya en el proyecto de Presupuesto 2026 un ítem que garantice un pago semanal del denominado “goteo” diario de fondos.

El temario incluyó además la transferencia de competencias del Poder Judicial para cumplimentar la autonomía de la Ciudad y una actualización de la obra para la construcción de la Cárcel de Marcos Paz.

El exlegislador amarillo pintado de violeta enfrentó su primer gran desafío: equilibrar las demandas que su compañero de espacio eleva con las limitaciones presupuestarias que impone el Palacio de Hacienda bajo la mirada atenta de Manuel Adorni.

En Casa Rosada intentan sumar los respaldos legislativos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación por lo que tienden puentes con todos los sectores aliados. Sin embargo, el punto de contacto con el PRO que lidera -en los papeles- Mauricio Macri se da en medio de la tensión con La Libertad Avanza luego de que varios legisladores que respondían a Cristian Ritondo oficializaran su traspaso a la fuerza que fundó el presidente Javier Milei y le otorgaran al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la primera minoría.

Las fugas no fueron bien recibidas en el campamento amarillo que tejió acuerdos con el bloque de la UCR y el MID para la conformación de un interbloque de 22 legisladores. “El bloque del PRO queda estable y funcionando: ordenado y sin sobresaltos, con gente convencida del modelo que el PRO defiende y por sobre todo, formada para defender las banderas en el recinto”, sostuvieron al respecto a este medio luego de acusar al oficialismo de “intentar comprar” diputados.

El ministro del Interior, Diego Santilli, está en el tramo final de su ronda de reuniones con los gobernadores para impulsar las reformas que el presidente Javier Milei busca aprobar en el Congreso y comienza una nueva etapa, en la que las provincias empiezan a reclamar gestos por parte de la Casa Rosada para apoyar las medidas legislativas.

El funcionario recibirá este viernes en su oficina de Balcarce 50, a partir de las 9:00, al mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, uno de los más críticos de la gestión libertaria, pero que de todas formas se muestra como “dialoguista”.

Será uno de los últimos encuentros que encabezará “El Colo”, que solamente le falta conversar en persona con el santafesino Maximiliano Pullaro y con el puntano Claudio Poggi, que no tiene representación parlamentaria.

El segundo de ellos, de todas formas, podría ser convocado en las próximas horas, ya que se trata de un aliado de La Libertad Avanza que respaldó al oficialismo nacional en las elecciones de octubre.

En cuanto al dirigente radical, si bien no hubo una foto con él, sí existe un diálogo subterráneo que permitió, por ejemplo, que la administración de Milei diera los avales necesarios para que su provincia pudiera colocar deuda en el mercado internacional por 800 millones de dólares.

“Este financiamiento es muy importante porque se aplicará a lo que nuestra producción necesita para crecer: energía, rutas, infraestructura de seguridad y obras estratégicas en todo el territorio”, celebró el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.

A través de un mensaje que compartió en su cuenta de X, remarcó que “es una gran noticia” para el distrito, pero “también para el país, porque demuestra que con orden, transparencia y reglas claras, Argentina puede recuperar la confianza del mundo”.

Si bien hace tiempo se viene hablando sobre la posibilidad de que Santilli organice un encuentro masivo con todos los gobernadores en la Casa Rosada, una medida de este estilo todavía no está en carpeta.

Tal como anticipó este medio, el Presidente firmará este mismo viernes el decreto que convocará a las sesiones extraordinarias para diciembre. Será el primero, ya que a mediados de enero tiene previsto hacer lo mismo para que este periodo se extienda hasta febrero.

Durante estos plazos, Milei quiere aprobar el Presupuesto 2026; la reforma o modernización laboral; la ley de inocencia fiscal; la reforma del Código Penal; la modificación de la Ley de Glaciares, y la reforma tributaria.

En este sentido, las provincias sostienen que ya les transmitieron a las autoridades nacionales sus pedidos, como la reactivación de la obra pública o el envío de fondos, y aguardan los primeros gestos.

“Quedaron en que iba a haber más reuniones, Santilli en eso se mueve y está en contacto y presente. Pero ya los gobernadores plantearon lo que tenían que plantear y todos están esperando respuestas. La discusión desde Casa Rosada pasa, hoy por hoy, por el Presupuesto, en primer término, y la reforma laboral, en segundo», explicó a Infobae una fuente patagónica.

En esta región, remarcan que “la caída de fondos a la provincia por parte de la Nación es muy grande, en regalías, en coparticipación, en ATN”, lo que afecta el pago de algunos compromisos en sectores clave, como educación y previsional.

Sin embargo, en el sur del país también reconocen el acta de entendimiento que el Gobierno firmó con Chubut, Neuquén y Santa Cruz para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional.

Este era uno de los reclamos de sus respectivos mandatarios, Ignacio “Nacho” Torres, Rolando Figueroa y Claudio Vidal, quienes habían comenzado las conversaciones al respecto semanas atrás, con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Más recientemente, el ministro del Interior recibió al mandatario porteño, Jorge Macri, quien le reiteró su demanda por los fondos coparticipables que la Nación le adeuda a la ciudad de Buenos Aires por unos $274.000 millones.

“Existe un compromiso de ambas partes de encontrar el mecanismo acorde para llegar a un buen entendimiento en este tema. Además de eso, se habló de algunos temas de gestión, pero fue una buena reunión”, sostuvieron fuentes de Balcarce 50.

En este sentido, en el entorno de Santilli remarcaron que Macri agradeció el apoyo que La Libertad Avanza le dio en la Legislatura para que él pudiera tener un presupuesto. De hecho, en la reunión estaba también la jefa del bloque en ese recinto, Pilar Ramírez.

“Él creía que así como él tuvo el presupuesto y las herramientas para gobernar de la ciudad, el presidente Milei tiene que tener también la ley, que hace tres años que el gobierno nacional no tiene. Dos años de Milei y una de Massa”, agregaron.

Sin embargo, el dirigente del PRO aclaró al salir del encuentro que su respaldo a la iniciativa que se va a tratar en el Congreso está supeditado a “que se incluyan de manera explícita” los recursos que reclama.