POLITICA
Cumbre en Palermo: Pro no logró avances, pero se llevó la promesa de LLA de que no afectará la gobernabilidad de sus intendentes
El reloj corre y todavía no se pusieron de acuerdo en las cláusulas básicas de una eventual alianza electoral. A dos semanas de que deban inscribirse los frentes en la provincia de Buenos Aires, el armador y titular de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia, Sebastián Pareja, se reunió esta tarde con su par de Pro, Cristian Ritondo, y con los negociadores de su partido, para seguir discutiendo un pacto de cara a los comicios del 7 de septiembre. El encuentro tuvo lugar en las oficinas de Palermo del diputado Diego Santilli, que hizo de anfitrión, y también fue de la partida el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.
En la reunion, Pro se aseguró, de palabra, que LLA le dará “gobernabilidad” en todos los municipios en donde haya intendentes amarillos. No consiguió certezas sobre porcentajes de reparto en las listas, pero tanto Santilli como Ritondo salieron con la convicción de que podrán armonizar la situación con los jefes comunales, incluso con los más díscolos.
“Estamos mejor que antes de la reunión”, dijo a uno de los negociadores de Pro tras el cónclave en el búnker de Santilli. Con las principales candidaturas de la eleccion bonaerense (los cabeza de lista de cada una de las ocho secciones) no se avanzó. “Primero tenemos que ordenar el territorio, de abajo para arriba”, agregó la fuente.
El cónclave se dio en un momento de efervescencia en el campamento amarillo, sobre todo entre los intendentes que quieren garantizar una base de respeto en el armado que necesitan hacer en sus municipios. Pro busca hacer una alianza de partidos, que quede plasmada en los papeles con un apoderado en representación de cada sello partidario ante la justicia electoral. Los jefes comunales amarillos (son solo 14), piden que no les disputen la lapicera en los distritos que gobiernan para armar las listas de concejales, de modo de garantizar la gobernabilidad en los próximos dos años.
“Se pide lo básico de lo básico. Tener un apoderado de Pro en la alianza provincial −que es la persona que valida las listas distritales− y que se les permita a los intendentes armar las listas de concejales en los municipios que gobierna Pro. Ni siquiera se está discutiendo el color violeta o la marca de LLA en la boleta, pero hay que respetar al territorio si se pretende un apoyo cerrado en octubre”, dijo un colaborador de un intendente. “El problema es que los libertarios van empujando los tiempos, no quieren ceder nada y todos se ponen nerviosos”, agregó.
Aseguró, en tanto, que, en la mesa provincial de Pro que tuvo lugar este lunes vía Zoom, casi todos los intendentes amarillos advirtieron que están preocupados porque ven “pocas señales de voluntad” de acuerdo de parte de LLA. Los que vienen ejerciendo mayor presión, no obstante, son los más identificados con Mauricio y Jorge Macri.
Los intendentes Pablo Petrecca (Junín), María José Gentile (9 de Julio) y Javier Martínez (Pergamino) son los que más tensan la cuerda de la negociación por la escasez de diálogo que tienen con los libertarios y la sospecha de que los violetas prefieren disputarles el poder local antes que sellar un pacto.
Uno de los participantes del cónclave en las oficinas de Santilli por el bando amarillo confió: “Finalmente va a primar la cordura porque siempre se habló de que el formato fuera una alianza electoral, con respeto mutuo”.
Tres perfiles
Hasta ahora, los libertarios están lejos de tratar a Pro como un par en la negociación. Dilatan los tiempos de las definiciones, no garantizan el formato jurídico que tendrá la alianza electoral y están lejos de aceptar la hegemonía de los intendentes en sus distritos. Prefieren estudiar “caso por caso”.
Si bien los tres están sentados a la mesa de negociación provincial, Ritondo, Santilli y Montenegro no están en la misma posición. El primero, titular del partido en la provincia y jefe de bloque de Pro en Diputados, debe hacer un equilibrio cada vez más difícil entre los intendentes, el mandato de Mauricio Macri (titular del partido nacional) y los armadores de LLA para evitar que el acuerdo termine en la nada.
Si entrega demasiado en la negociación, Ritondo corre el riesgo de que un grupo de intendentes −sobre todo de la primera, la segunda y la cuarta sección electoral− presenten un sello provincial propio para colgar sus listas de concejales y municipalicen la elección.
Un modelo “vecinal” similar al que ya inauguró el intendente San Nicolás, Santiago Passaglia, uno de los aliados de Pro que optó por desmarcarse de la alianza entre Pro y LLA, y presentó un sello provincial propio, “Hechos”.
Santilli, por su parte, quiere hacer valer su capital político en las encuestas de la provincia y solo carga en sus espaldas con lo propio. Es uno de los más convencidos de que no hay margen para una aventura electoral de Pro sin integrarse a una coalición de centroderecha liderada por LLA. Si bien su mayor aspiración era liderar la boleta de octubre, a esta altura del partido da por perdida la pulseada con José Luis Espert, el favorito del presidente.
El “Colo” hoy aparece en el menú libertario como una opción para liderar la primera sección electoral. Martín y Eduardo “Lule” Menem, lugartenientes de Karina Milei para el armado nacional de Pro, lo quieren en ese lugar, aunque él preferiría un futuro en el Poder Ejecutivo y no en la Legislatura bonaerense.
La primera sección es una batalla crucial porque, con 4.988.779 de electores, es prácticamente tan populosa como la tercera (donde es más fuerte el kirchnerismo) y elige ocho senadores provinciales. Asoma como una contienda cuerpo a cuerpo con el PJ: contiene al corredor de zona norte −con partidos como Vicente López, San Isidro, Tigre y San Fernando− pero también distritos populosos donde gobierna el peronismo, como San Martín, José C. Paz, Merlo, Moreno y Morón.
Montenegro, por su parte, es el hombre fuerte de Pro en la quinta sección electoral por el peso de su distrito, General Pueyrredón, y tiene más allanado en acuerdo con los violetas. No descarta encabezar, él mismo, la boleta de legisladores provinciales para empujar un triunfo en su sección, aunque hay quienes en el Gobierno le auguran un desembarco en el Poder Ejecutivo.
Ya no queda demasiado tiempo para hacer manifestaciones de buena voluntad sin definiciones concretas. El acuerdo entre LLA y Pro, implícitamente, es la condición necesaria para cerrar una alianza más grande, fundamentalmente con el radicalismo bonaerense que responde al senador Maximiliano Abad.
La UCR de la provincia, que tiene una veintena de intendentes en el interior de la provincia (sobre todo en la segunda y la cuarta sección), no puede avanzar en un frente de centroderecha si Pro, como aliado natural del Gobierno, no da el primer paso. Los radicales no aceptarán suscribir a un acuerdo que no contemple bases y condiciones elementales, como su representación legal como partido en una eventual alianza y las garantías de gobernabilidad hacia los jefes comunales en sus municipios.
El Gobierno designó oficialmente a Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), el organismo estatal que tendrá la responsabilidad de proteger los sistemas digitales y la información crítica de todo el país.
Esta decisión, publicada en el Decreto 92/2026, marca la puesta en marcha de un ente clave que dependerá de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su principal meta será resguardar los activos digitales estratégicos, desde datos estatales hasta servicios públicos esenciales.
De acuerdo con al estructura del CNC, el organismo tendrá un Director Ejecutivo, con rango de subsecretario, y un Subdirector Ejecutivo, equiparado en jerarquía a director nacional.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, Waissbein será quien esté al frente del organismo y Gutesman lo secundará como subdirector. Ambos cuentan con aval del área de Innovación.
Entre las funciones del centro, se incluyen la protección de “infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado Nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.
El proceso formal de designación comenzó después de la creación del CNC en diciembre de 2025, mediante el decreto 941. El área de Innovación propuso dos nombres para estos cargos y, a partir del asesoramiento legal correspondiente, la Casa Rosada procedió a este nombramiento.
Con estas designaciones, el Gobierno busca dar respuestas ante el avance de los delitos electrónicos y los riesgos de ataques a la información oficial. El decreto detalla que el CNC será un “organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
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Quién es Ariel Waissbein, el titular del Centro Nacional de Ciberseguridad
El nombramiento de Ariel Waissbein como primer director del Centro Nacional de Ciberseguridad marca un hito en la estrategia frente a los crecientes ataques informáticos. La designación de Waissbein, quien cuenta con un sólido historial académico y profesional en criptografía y ciberseguridad, responde a la urgente necesidad de conceptualizar y fortalecer la defensa de infraestructura crítica.
A principio de año, el Gobierno introdujo una diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como autoridad nacional en la materia bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Por otro lado, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasó a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con funciones específicas vinculadas a la obtención de inteligencia en el ciberespacio, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Waissbein es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires y suma una larga experiencia en criptografía, con múltiples patentes registradas en Estados Unidos.
Su carrera se consolidó inicialmente en Core Security Technologies, empresa pionera en seguridad ofensiva y creadora de prácticas como el “red teaming” o “pentest”, conceptos que más tarde se expandirían por el mundo. Su trabajo en CoreLabs, la división de investigación de la compañía fundada en 1996 por Gerardo Richarte, Emiliano Kargieman e Iván Arce, integró los avances más innovadores en la detección de vulnerabilidades y el desarrollo de herramientas para la industria. La influencia global de Core fue tal, que figuras internacionales viajaban a Argentina para aprender e intentar replicar su modelo.
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POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Lines al frente del Indec tras la salida de Marco Lavagna
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Ignacio Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y aceptó la renuncia de Marco Lavagna al cargo. La decisión se formalizó mediante el Decreto 91/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y fija el recambio de autoridades con fechas precisas para la salida y la asunción.
La norma, firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la dimisión de Lavagna rige desde el 2 de febrero. A su vez, dispone que Lines asuma la conducción del organismo a partir del 4 de febrero. En uno de los artículos del decreto, se manifiesta agradecimiento al funcionario saliente por las tareas desarrolladas durante su gestión.
Esta publicación en el Boletín Oficial llega una semana después de que se haga pública la salida de Lavagna. La renuncia se da, a su vez, en un marco creciente tensión al interior del Gobierno por cómo medir el proceso de desinflación.
La salida de Lavagna tuvo que ver, informó , con la actualización del IPC, un dato de suma sensibilidad para el oficialismo. Lo confirmó luego el propio Caputo en una entrevista en donde además detalló que se seguirá utilizando el antiguo indicador.
En Casa Rosada criticaron la cercanía de Lavagna con Sergio Massa, pese a que hace dos años que está en el cargo, y, por eso, cuestionaron su perfil para implementar un nuevo índice de inflación.
“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. Diciembre daba un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, aseguró Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.
Luego, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual índice. En ese marco, admitió que no se le permitió al saliente titular del organismo implementar el cambio “por instrucción del Presidente”.
“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, dijo, en diálogo con Luis Majul, por LN+.
Y explicó: “El cambio de metodología estaba preparado desde hace bastante tiempo, pero dejás de tener base de comparación, suficiente para que el dato no te sirva. Lo que queremos es que la gente no tenga dudas de lo que se hizo en materia inflacionaria. Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a falsear datos».
En ese sentido, sostuvo que la decisión oficial obedece a una “transparencia estadística” con el objetivo de evitar suspicacias por parte de la oposición.
Además, Adorni sostuvo que el nuevo método para medir el IPC se implementará ‘cuando la inflación sea cero’, una meta que, en sintonía con el presidente Javier Milei, proyecta para mediados de año.
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POLITICA
Bullrich se reunirá hoy con los dialoguistas en el Senado para definir el articulado final de la reforma laboral
A poco más de un mes y medio de haberse logrado un dictamen de mayoría que avala el proyecto de reforma laboral, la discusión en el Senado ingresó en una semana definitoria, con una sesión extraordinaria convocada para pasado mañana, a partir de las 11. El destino de la ley intentará ser blindado durante una reunión clave que mantendrán por la tarde de hoy -a las 18- la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con sus pares dialoguistas, quienes son los dueños de las adhesiones que inclinarán la balanza hacia una victoria o una derrota.
Desde que se firmó el despacho en cuestión -diciembre último-, la aprobación en general de la iniciativa estuvo asegurada, salvo para los pícaros operadores de turno que recién días atrás se enteraron que, en estas compulsas, las que importan de verdad son las votaciones en particular.
En dicha instancia es donde el asunto aún no está comprometido, con el oficialismo y algunos acompañantes -no todos- que pasaron de un 80% cerrado a un 95%, como mencionó la propia Bullrich días atrás. No sería extraño que, en las próximas horas, la ex ministra de Seguridad hable de 97 o 98%. Hasta el miércoles, este desgastante juego sin efectos reales continuaría por el mismo carril. Como si el tema no mereciera respeto y rigurosidad, tras décadas de intentos fallidos.
Durante el fin de semana, Infobae contó que los potenciales aliados del Gobierno ya le avisaron a Bullrich que, tras el guiño inicial en el recinto, para la votación en particular se sugeriría una moción que implica capítulos completos para varios casos y, en los más enmarañados, artículo por artículo.
La instancia es compleja debido a que del lado opositor se encontrarán unidos el por ahora casi mudo kirchnerismo, un puñado de peronistas en modo amor/odio con Javier Milei, y dos o tres silvestres provinciales siempre al “salto por el bizcocho”. El análisis de la ley laboral fue poco profundo por quienes detestan a la administración central. La Casa Rosada, feliz.
Para el convite de hoy, los pasos de Bullrich parecen claros, aunque este oficialismo: “Nunca sabes lo que te va a tocar”. Entonces, la cuenta repetida hasta el hartazgo es la siguiente: La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto.
Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Elena Gadano, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.
En el oficialismo además miran, con cierto cariño, a los cinco “justicialistas” de Convicción Federal, que regalaron gestos cuando se sancionó el Presupuesto 2026. Días atrás, volvió a inflarse el globo de ensayo de ruptura total con el interbloque “Popular”, hoy en manos del formoseño José Mayans. Lo más llamativo de los justicialistas -ahora ofuscados con La Cámpora- es que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para votar una iniciativa. Tampoco, para las “avivadas” con inminentes anuncios de ruptura total que, hasta ahora, sólo fueron para negociar.
El panorama es más desalentador si uno revisa las declaraciones de estos meses atrás, cuando se consumó la prisión efectiva de la dos veces presidenta Cristina Kirchner, ahora enemiga acérrima. Por eso, el Gobierno acelera fiel a su costumbre simplificada de “por todo y contra todos”. Del otro lado, la pelea no es por el poder -hace muchísimo-, sino por la mínima supervivencia en un sistema con menos herramientas -aunque igual de tóxicas que en los últimos largos años- y fondos. Por eso es que la puja de esta semana en el Congreso deja de ser técnica para La Libertad Avanza y vira a simbólica. Mientras tanto, hay demasiadas millonadas en contienda.
Las trifulcas principales a “resolver” apuntan: caída de la Coparticipación, con otra pirueta de mandatarios provinciales para operar una solución, tan sólo después de tres distintas ofrecidas; si los aportes en sindicatos y “entidades” empresariales serán todos voluntarios u obligatorios -guerra sin respuesta y dudas que alarman ya a varios despachos-; la esencialidad de algunas actividades; la ultraactividad y batalla gremial por convenios colectivos de trabajo; los plazos diversos para implementar nuevos mecanismos del mundo laboral o tributario; dineral hacia obras sociales; y el fondo de asistencia ante despidos, entre otras cuestiones. La apuesta opositora es aglutinar enojos para conseguir el milagro en el recinto o ir directo a Diputados -con kirchneristas, peronistas y cómplices disfrazados de radicales u otros híbridos- para forzar modificaciones y un regreso, en segunda división, a la Cámara alta.
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