El Consejo de la Magistratura aceleró las obras para mudar al edificio de Comodoro Py 2002 al tribunal oral que juzga el caso de los cuadernos de las coimas contra Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y empresarios.

La razón formal de las obras de remodelación es adecuar el edificio para la puesta en marcha el sistema acusatorio, que arranca el 20 de abril, pero la idea es darle mayor celeridad y presencialidad al juicio de corrupción más importante que tramita en la Justicia. La mudanza se haría a fines de la feria de julio, dijeron a fuentes que están trabajando en el proyecto de adecuación del lugar.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli deberán dejar entonces sus despachos en el Palacio de Justicia, frente a Plaza Lavalle, y mudarse a la planta baja del edificio de los tribunales federales de Retiro.

Estarán muy cerca de la sala de audiencias llamada AMIA, o Auditorio, una gran sala que consta de una planta baja amplia con el estrado para los jueces y los testigos, un espacio para las defensas y la fiscalía, y un pullman destinado al público, con capacidad para unos cien asistentes, en un piso superior. Entran más de 200 personas y en este juicio hay 87 acusados.

La Sala fue recientemente remodelada. Se instaló tecnología que permite la transmisión por Zoom y se adecuaron tanto los proyectores para mostrar pruebas, como los monitores y el equipo sonoro. Se renovaron techos y pisos; se mejoró la acústica y la iluminación. Se remodelaron el foyer de acceso y los baños. Se retiraron los cortinados originales y se colocaron paneles acústicos, y el antiguo tapizado fue reemplazado por un sistema de alfombras modulares.

El Consejo de la Magistratura dispuso en diciembre pasado una inversión de 162 millones de pesos para una obra que duró 75 días.

A pesar de que estaba destinada al juicio del caso cuadernos, nadie usó la sala AMIA desde que se inauguró formalmente el año pasado.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 nunca se mudaron porque alegaron que era una complicación hacer el juicio en Comodoro Py cuando su tribunal tiene sede en el Palacio de Justicia. Dijeron que tendrían inconvenientes para trasladar la causa y mudar a los empleados auxiliares necesarios para hacer el juicio allí. Eso le informaron a la Cámara Federal de Casación Penal.

Fuentes del Consejo de la Magistratura explicaron que las obras son parte del plan estratégico para mejorar los edificios de Comodoro Py 2002 e Inmigrantes 1950 y que el foco estará puesto ahora en la planta baja de Comodoro Py. Ya se decidió ampliar el espacio donde funciona la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación, área desde donde se planifica y gestiona la asignación y distribución de causas en el sistema acusatorio.

Entre las novedades a implementar en los próximos meses figura la relocalización del Tribunal Oral Federal 7, que desde su puesta en marcha funciona en el edificio del Palacio de Justicia. Se trata del único tribunal oral que no está asentado en Retiro.

La nueva ubicación del TOF7 facilitará el uso de la Sala AMIA, destinada a la realización de juicios orales de gran magnitud. El tribunal también podrá disponer de otra decena de salas que se crearon o acondicionaron en el último año en el edificio de Retiro.

Según se detalló, la relocalización del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura, que se está implementado en distintas etapas. Por eso, se estima que no se concretará antes de mitad de año.

El 5 de noviembre pasado, cuando comenzó el juicio, el TOF7 dispuso que se hiciera un audiencia por semana y que fuera por Zoom. Tras las propuestas que recibieron de la Cámara de Casación, los jueces decidieron que fueran dos audiencias semanales por Zoom.

Pero la Cámara Federal de Casación no estaba conforme: le reclamaba más agilidad y presencialidad. En diciembre, se hizo una reunión entre el TOF7 y la Casación para acelerar el juicio.

Acudieron los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero (Castelli estuvo ausente), y de la Casación, los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma.

El tribunal dijo que tenia mucho trabajo y que no podía mudar el juicio ni sumar mas días de audiencia. Pidieron usar la sala del Juicio a las Juntas, del Palacio de Justicia.

Los jueces dijeron que las indagatorias iban a ser presenciales o híbridas, con el acusado en la sala de audiencias con el tribunal, la defensa y la fiscalía; el resto, por Zoom.

En la Corte y en la Casación no estaban conformes con esta modalidad. El 19 de noviembre, la Cámara de Casación dispuso que el juicio fuera presencial, en la renovada sala de audiencias de Comodoro Py, tres veces por semana. Y que si los jueces lo decidían, podían sesionar durante las vacaciones. Nada de esto pasó.

Además, los camaristas de la Casación resolvieron eximir por seis meses del sorteo de nuevas causas al TOF7, y reenviar al resto de los tribunales orales las causas residuales que tenían los magistrados.

La fiscal del caso cuadernos, Fabiana León, también reclamó que el juicio se realizara con mayor frecuencia y lo mismo hizo uno de los imputados.

El gobierno de Neuquén despidió al hijo de un exgobernador de esa provincia tras detectar que pasó más de cuatro sin asistir a trabajar a su puesto como empleado de planta permanente del Ministerio de Energía. Se trata de Nicolás Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En junio del año pasado, la Fiscalía de Estado lo había denunciado penalmente. Informó que detectó, a través de los videos de seguridad, que el ahora exempleado fichaba su ingreso y se iba de la oficina minutos después.

Si bien el gobierno de la provincia informó que el despido se hizo oficial esta semana, la información trascendió en junio de 2025, cuando el exagente quedó suspendido sin goce de haberes. El primero en exponerlo fue el gobernador, Rolando Figueroa, que mencionó el caso en un acto público, aunque sin nombrarlo.

Durante el lanzamiento de un programa de préstamos para jóvenes emprendedores en Neuquén capital, el mandatario provincial destacó su política de “tolerancia cero a la corrupción”, que provocó el despido de más de 20 empleados de la administración provincial, acusados de distintas irregularidades.

En ese momento, prometió que la purga iba a avanzar contra todos los estatales, “se llamen como se llamen” y acusó al hijo de un exgobernador de Neuquén de iniciar sus trámites jubilatorios cuando llevaba 18 años sin presentarse a trabajar. Luego, se supo que la falta de prestación de servicios se produjo en los últimos cuatro años en su puesto.

El gobernador aclaró que ya no beneficiarán más “a los acomodados de la política que estaban detrás de alguien y no trabajaban”.

Ese día, trascendió de forma extraoficial que el “ñoqui” mencionado era hijo de Pedro Salvatori, que ejerció el máximo cargo en el Poder Ejecutivo provincial entre 1987 y 1991 y también representó a la provincia de Neuquén en el Congreso, como diputado nacional y senador.

El exgobernador falleció en 2017 y durante su funeral fue reconocido por sus valiosos aportes al desarrollo provincial, sobre todo a través de la promoción de inversiones en Neuquén, el crecimiento de las energías renovables, el fomento de las hidroeléctricas y la fundación de nuevos pueblos en el territorio.

Tras las declaraciones públicas de Figueroa, la situación de Salvatori se complicó aún más. En junio del año pasado, se difundieron los videos que lo mostraban fichando su ingreso a través de un sistema con reconocimiento facial y de huella digital que se encontraba en el ingreso a las oficinas del Ministerio de Energía de la provincia, donde era personal de planta permanente. Sin embargo, los registros evidencian que el empleado se retiraba de forma inmediata tras fichar su ingreso cada mañana.

El Fiscal de Estado de la provincia, Raúl Gaitán, denunció penalmente al empleado por fraude contra la administración pública por haber cobrado durante más de cuatro años un sueldo estatal sin haber prestado servicio alguno.

En paralelo, la Escribanía General de Gobierno confirmó que Salvatori no había presentado declaraciones juradas patrimoniales desde 1991, un requisito obligatorio para todo agente estatal.

Lo llamativo del caso es que, pese a estas irregularidades y al avance del proceso administrativo y judicial, desde el gobierno se informó que el denunciado habría iniciado gestiones para acceder a la jubilación, lo que motivó nuevos cuestionamientos dentro del Poder Ejecutivo.

En medio del escándalo y tras la difusión de los videos, trascendió que el empleado se encontraba en Bayahíbe, un popular destino de República Dominicana, donde fue reconocido por turistas neuquinos que estaban en esas playas caribeñas. El gobierno provincial confirmó el dato con la Dirección Nacional de Migraciones e informó que no había pedido licencia de su puesto para hacer el viaje.

Tras el escándalo, el hijo del exgobernador fue suspendido sin derecho al goce de sus haberes. La investigación interna determinó que había abandonado su cargo entre el 1° de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025.

Según el decreto de cesantía firmado el pasado 13 de febrero por el gobernador Figueroa, la provincia avanzará con los procedimientos legales para el recupero de las sumas que corresponden a los años que el exempleado cobró su salario sin acudir a trabajar. También dispuso que, en caso de imposibilidad de proceder al recupero se le dé intervención a la Fiscalía de Estado, para que inicie las actuaciones correspondientes ante “la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial”.