POLITICA
Cúneo Libarona prepara su renuncia y hay varios candidatos a sucederlo en el recambio más importante del Gabinete
El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, prepara su salida del Gobierno luego del discurso de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso que dará el presidente Javier Milei, según confirmaron a fuentes oficiales.
El ministro es uno de los tres integrantes del gabinete original que acompañan a Milei desde que asumió, el 10 de diciembre de 2023.
Los otros dos son Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano).
El resto renunció por diferencias, empujados por el Gobierno o devorados por las internas.
Cúneo Libarona, de 65 años, dijo a sus amigos que deja el cargo porque quiere recuperar su vida familiar, profesional y universitaria. Ya amagó con renunciar el fin de semana previo a que Javier Milei ganara las elecciones legislativas de octubre del año pasado.
Pero en el Gobierno cuentan que el sábado anterior lo llamó Karina Milei y le pidió que no dejara su cargo, y que lo propio hizo el Presidente Javier Milei. Eso decidió al funcionario a seguir en el cargo; “hasta abril”, se dijo en ese momento. Su permanencia obturaba ese cargo a pedido de Karina Milei y no lo dejaba en manos del asesor presidencial Santiago Caputo, que fue quien colocó al viceministro, Sebastián Amerio.
Ahora, Cúneo Libarona se iría finalmente del Gobierno y retornaría a la Universidad del Museo Social, donde es decano de la Facultad de Derecho.
Si bien dejó el estudio jurídico familiar mientras ejerció como ministro, sus hermanos lo conservaron y el cargo implicó más de una vez conflictos de intereses con causas o posibles nuevos clientes, por lo que un alejamiento del Gobierno lo liberaría de esa carga.
Cúneo Libarona deja como su herencia el haber impulsado el Código Procesal Penal Acusatorio en 17 provincias (resta aplicarlo en siete).
Además, impulsó el proyecto de ley penal juvenil con Patricia Bullrich, el nuevo Código Penal, la reforma de la Secretaría de Derechos Humanos, los cambios en el Inadi y el cierre de dependencias que la gestión libertaria denunció que respondían a la militancia política y no a la gestión.
La sucesión de Cúneo Libarona como ministro no está decidida. Estará signada por cómo se resuelva la puja interna entre el asesor Santiago Caputo y la secretaria general Karina Milei.
Una posibilidad es que ascienda Amerio, pero también suenan otros nombres, como el de Juan Bautista Mahiques, hijo del camarista Carlos Mahiques, salpicado por la causa AFA.
Mahiques padre, cumple 75 años y pidió al Poder Ejecutivo que le renovaran su pliego como juez para seguir cinco años más. El Gobierno, con inusual celeridad, tramitó ese pliego y lo envió al Senado, donde confían que tendrá los votos necesarios. Luego, reveló que Carlos Mahiques había celebrado su último cumpleaños en la mansión de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA señalado por empresas fantasma y desvío de fondos.
Ahora su hijo, fiscal general de la Ciudad e influyente personaje del mundo judicial en Comodoro Py y en la Ciudad, suena como posible ministro de Justicia.
Otros nombres en la lista son el del abogado Santiago Viola, de confianza de Karina Milei y apoderado de La Libertad Avanza, y hasta se mencionó al fiscal Diego Luciani. El fiscal dijo a sus allegados que nadie le ofreció nada, que planea seguir siendo fiscal y que no tiene intenciones de saltar a la política.
Luciani estuvo esta semana en Brasilia con el fiscal antilavado Diego Velasco, representando oficialmente a la Argentina en una reunión de Fiscales Anticorrupción en América Latina y el Caribe. Su aspiración es seguir dando esta lucha contra la corrupción, dicen en el entorno de Luciani.
El nombre que siempre está en danza es el del intendente de Mar del Plata (en uso de licencia) y exjuez federal, Guillermo Montenegro, hoy senador de la provincia de Buenos Aires. Con buen vínculo directo con Javier Milei y una activa participación en la última campaña electoral con los libertarios, la postulación nunca es dejada de lado.
No lo contactaron del Gobierno -dicen fuentes al tanto de las conversaciones de estas horas-, pero eso no es determinante si se considera que a otro originario de Pro, como Diego Santilli, lo llamaron 24 horas antes de asumir el cargo de ministro del Interior.
El futuro de Amerio no está claro. Cercano a Santiago Caputo, el viceministro de Justicia dice desde hace meses que no tiene aspiraciones de convertirse en ministro; sin embargo, su nombre está en la lista de candidatos.
Fuentes de la Casa Rosada dicen incluso que cuando se lo ofrecieron, rechazó esa postulación. Eso ocurrió tanto antes de la jura de Milei como presidente como, luego, una vez en la gestión.
La sospecha es que si no se ve favorecido con el ministerio, tampoco siga en el cargo de viceministro, aunque no está nada dicho.
Mahiques padre,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Quiénes fueron los senadores que votaron en contra del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
El Senado de la Nación sancionó ayer el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea con 69 votos a favor y solo tres en contra en una sesión marcada por la expectativa política tras más de 25 años negociaciones.
Los legisladores que rechazaron el convenio fueron los justicialistas Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Cándida Cristina López. Ninguno tomó la palabra en el recinto para explicar su postura.
Fuentes cercanas a De Pedro -quien estará en el cargo hasta el 9 de diciembre de 2029, al igual que Di Tullio- explicaron que el voto negativo se debió a la convicción de que el acuerdo es “absolutamente perjudicial” para la industria nacional y, en particular, para la provincia de Buenos Aires. Y argumentaron que el texto aprobado se limita a la liberalización comercial y reducción de aranceles y que no incluye mecanismos sólidos de transferencia tecnológica ni de desarrollo conjunto, ni herramientas para compensar las asimetrías existentes entre ambos bloques.
Además, consideraron además que los presuntos beneficios del acuerdo son “condicionales” y quedarían sujetos a salvaguardas que, según su interpretación, favorecerán principalmente a la producción europea.
El análisis de los opositores al acuerdo también incluyó críticas a las barreras paraarancelarias y sistemas de protección presentes en la Unión Europea, que consideran limitarán el acceso real de productos argentinos al mercado europeo. Advirtieron sobre el posible impacto negativo en el empleo y la estructura productiva nacional, con riesgos particulares para los sectores industriales más sensibles.
Por su parte, López, senadora por Tierra del Fuego que asumió en diciembre de 2025, dejará su banca el 9 de diciembre de 2031 y publicó en una historia de Instagram el porqué de su decisión: “Estoy en contra de los acuerdos que perjudican a la industria de Tierra del Fuego. Seguir con la apertura de las importaciones es una sentencia de muerte para nuestras fábricas”, expresó a cámara.
Quién es cada uno
El senador Eduardo “Wado” De Pedro integra el kirchnerismo en la Cámara alta, fue ministro del Interior durante el gobierno de Alberto Fernández y es cofundador de La Cámpora. Con el paso de los años se consolidó como una de las figuras clave en la unificación del peronismo a través del Frente de Todos.
A lo largo de su trayectoria, De Pedro se destacó por su habilidad para forjar consensos dentro del kirchnerismo y dejar su huella en la estructuración de espacios de diálogo entre diversas corrientes políticas. Parte de este crecimiento se vinculó a su participación decisiva en el armado de las listas de unidad, así como en la negociación que permitió el retorno de Sergio Massa al justicialismo y la integración de su fuerza al gobierno.
Su perfil discreto responde, en parte, a una disfluencia en el habla presente desde la infancia; pese a ello, sus allegados destacan que “utilizó sus limitaciones como potencial” y que rara vez expone opiniones en público o concede entrevistas. No obstante, ese bajo perfil no frenó su avance: fue vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, diputado nacional, secretario general de la Presidencia y miembro del Consejo de la Magistratura.
Nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, De Pedro es hijo de Enrique De Pedro y Lucila Revora, ambos desaparecidos durante la dictadura militar. Se crió con sus tíos y, ya en la Capital Federal, inició su militancia en organismos de derechos humanos como H.I.J.O.S., lo que marcó el punto de partida de su carrera política a nivel nacional.
Dentro del círculo más reducido de Cristina Kirchner, De Pedro fue definido por entonces como uno de sus dirigentes de mayor confianza. Fuera de la política, el nuevo ministro mantiene una vida personal dedicada a la producción de miel y salame en un campo heredado de su madre, en su ciudad natal.
En el entorno del peronismo, De Pedro se consolidó como interlocutor de primera línea con Fernández, Cristina Kirchner, Massa y Kicillof, conformando el núcleo operativo que sostiene al gobierno entrante. Este perfil multiplicó las expectativas sobre su papel, considerado clave para el equilibrio interno del oficialismo y como “uno de los ministros más importantes de la era albertista”, según fuentes consultadas por Infobae.
Por su parte, Juliana Di Tullio es una figura de extensa trayectoria parlamentaria y fue jefa del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Nacida en Morón, provincia de Buenos Aires, en 1971, mantuvo un vínculo constante con las banderas del peronismo desde la adolescencia.
Egresó en 2000 como psicóloga social de la Escuela Pichón Riviere y fundó en los años noventa la Agrupación Peronista Movimiento junto a Mario Oporto y Edgardo Binstock. Su proximidad con las máximas figuras del kirchnerismo comenzó a fines de la década del noventa, tras conocer a Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, quienes ejercían como diputada nacional y gobernador de Santa Cruz, respectivamente.
Designada entre 2003 y 2005 como embajadora para temas de la mujer en la Cancillería argentina, Di Tullio reforzó su agenda vinculada a los derechos de género. En paralelo, fue madre de dos hijos: Martina y Franco.
Elegida diputada nacional en 2005 por la provincia de Buenos Aires y reelecta en 2009 y 2013, Di Tullio integró comisiones de Comercio, Derechos Humanos, Familia, Mujer y Niñez, Legislación General y Relaciones Exteriores.
En 2014, apoyó la unificación del Código Civil y Comercial, que eliminó la definición de matrimonio como unión exclusiva de un hombre y una mujer y quitó la obligatoriedad del apellido paterno a los hijos. Con el cambio de ciclo político en 2015, Di Tullio fue reemplazada al frente del bloque por Héctor Recalde.
En 2019, Di Tullio asumió la dirección del Banco Provincia de Buenos Aires, donde coordinó la creación de la primera Comisión de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la entidad.
En 2021, con la renuncia de Jorge Taiana tras convertirse en ministro de Defensa, Di Tullio juró como senadora nacional por Buenos Aires, presidiendo el bloque Unidad Ciudadana en el interbloque Frente de Todos. Como senadora, acompañó proyectos como la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional y la creación del Fondo Nacional para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
López, sin embargo, comenzó con polémica su mandato. La senadora denunció que personal de seguridad del Senado de la Nación le bloqueó el acceso a su despacho y la agredió. Todo se da en el marco de un decreto que impulsó la vicepresidenta Victoria Villarruel respecto a la “herencia” de las oficinas y que fue resistida por los parlamentarios.
En la puerta estaba puesta una faja junto a personal de seguridad del recinto que “habían colocado sillones tipo barricada” para evitar que se ingrese al despacho y remarcó que todo se dio por una medida que impulsó Villarruel en septiembre pasado. Además, agregó que quitaron la placa de bronce donde estaba mencionado su nombre. Todo de acuerdo con el relato de la senadora electa por Fuerza Patria el 26 de octubre de 2025.
En otro video al que tuvo acceso Infobae, se ve a la senadora Juliana Di Tullio quien asistió a López hablando con uno de los hombres encargados del personal de seguridad que bloqueaba la puerta.
En noviembre de 2023, López recibió la designación para ocupar la vacante originada por el fallecimiento de Matías Rodríguez, mientras ejercía el cargo de concejal en Ushuaia. La juramentación en el Senado tuvo lugar el 7 de diciembre de ese año.
Proceso de ratificación regional y apoyos internacionales
El oficialismo argentino buscó que el país fuera el primero en aprobar el tratado, razón por la cual renunció a los discursos orales y optó por insertar sus declaraciones en la versión taquigráfica para acelerar el trámite parlamentario.
Pero Uruguay se anticipó y ratificó el pacto con 91 votos a favor y dos en contra. El acuerdo aún debe ser ratificado por Brasil, Paraguay y los países de la Unión Europea antes de su entrada en vigor.
La creación de la zona de libre comercio involucrará a 700 millones de habitantes de ambos bloques y prevé la reducción de aranceles y barreras comerciales. La Comisión Europea estima que el pacto podría incrementar las exportaciones europeas a América Latina hasta un 39%, mientras el Mercosur espera ampliar sus ventas de carne, arroz, miel y soja.
El Gobierno celebró y detalló que el acuerdo permitirá “promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión”, además de “fortalecer la competitividad” de los sectores productivos argentinos bajo un entorno de “reglas claras” y “mayor integración”. Este flamante convenio formará parte del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias, del próximo domingo.
El pacto entre los bloques regionales se publicó hoy en el Boletín Oficial. Por medio de la publicación del Decreto 111/2026, el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno, establecieron: “Apruébase el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción -República del Paraguay- el 17 de enero de 2026″.
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POLITICA
El discurso de Milei despierta expectativas en la Justicia, pero en el Gobierno dicen que no habrá anuncios
“Todo el Poder Judicial espera el 1 de marzo”, dicen en los pasillos más influyentes del Palacio de Justicia. Es que los jueces están revolucionados en la antesala de la asamblea legislativa.
La lista de sus preocupaciones la lideran las vacantes en la justicia nacional y federal, que llegan a un récord del 37%, lo que pone en riesgo su funcionamiento.
Además, la reforma laboral diluyó el fuero laboral e hizo desaparecer de un plumazo treinta juzgados del Trabajo, una sala de la Cámara y congeló los concursos.
Se teme que la transferencia de competencias a la Ciudad avance sobre toda la justicia nacional civil, comercial y penal, con lo que esos jueces también están en riesgo.
Además resta completar el sistema acusatorio en Comodoro Py y el resto del país, y hay un proyecto de nuevo Código Penal, que en campaña electoral se anunció que iba a ir al Congreso, pero eso no pasó.
Por si bastara algo más, la Corte sigue incompleta, con solo tres jueces (de cinco), y las vacantes además del Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación.
Con este escenario, el Poder Judicial espera una señal del presidente Javier Milei cuando dé su discurso en la apertura de sesiones legislativas el 1 de marzo próximo.
Sin embargo, a juzgar por los trascendidos que provienen de la Casa Rosada, es probable que las expectativas de los jueces y fiscales se vean defraudadas.
“El discurso de Milei estará centrado en lo económico. De dónde vinimos y adónde llegamos. No hay anuncios en materia judicial, puede que haga alguna mención a la cobertura de las vacantes, pero nada más”, dijeron a tres funcionarios que llevan estos temas en el seno del Gobierno en la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia.
No obstante, si hay posibilidades de que esta vez sí el Gobierno avance con el envío de los pliegos de los candidatos a jueces que ya concursaron y que están en el Poder Ejecutivo.
En total hay 203 vacantes, cuyos pliegos están en manos del Poder Ejecutivo; hay 157 vacantes en trámite en el Consejo de la Magistratura y hay 78 concursos en trámite.
Entre esos 203 cargos vacantes hay muchos jueces y camaristas del interior del país y probablemente sean los primeros pliegos que se envíen en el próximo trimestre.
Los cargos, ya que fueron negociados y basta una mayoría simple en el Senado para que les den acuerdo a los candidatos.
Estos cargos serían para la Cámara en lo Penal Económico, donde hay solo dos de seis jueces necesarios; la justicia federal de Salta, Córdoba, Mendoza (Cámara Federal), Chubut y la Cámara Federal de San Martín.
Son cargos de la justicia federal del interior donde los gobernadores de esas provincias mostraron especial interés y el Gobierno está dispuesto a acordar.
No se habla de las estratégicas vacantes de Comodoro Py 2002: cuatro en la Cámara Federal de Casación desde este mes de marzo, cuatro en los juzgados federales de primera instancia y dos en la Cámara Federal.
Los concursos están en marcha y este año el Gobierno aumentará su poder en el Consejo de la Magistratura para incidir en esas selecciones. Daniel Angelici, el poderoso gestor de asuntos judiciales en la Ciudad, está dispuesto a jugar en esa elección apoyando a sus candidatos.
Es más, hay quienes plantean reformar en este semestre el reglamento de concursos para revisar las listas que ya tienen un orden de mérito provisorio, porque los consejeros que llegaron ahora no son los que participaron en la corrección cuando se iniciaron esos concursos. Todo cambia.
Quedarían para más adelante las vacantes de los jueces de la justicia nacional. Por lo pronto, la justicia laboral ya quedó en suspenso, con la ley aprobada en el Congreso que la diluye.
Solo quedarán 50 juzgados existentes como residuales y nueve Salas de la Cámara, hasta que se dicten sentencia en las viejas causas y se jubilen los camaristas. Por lo pronto de los 18 que hay a fin de año puede que queden una decena.
Lo que parece que está fuera de agenda del Gobierno en el avance definitivo sobre la justicia nacional y su traspaso a la Justicia de la Ciudad.
El fuero laboral fue una necesidad, luego del fallo “Levinas” de la Corte, que le cedió la competencia de revisar todos los casos al Tribunal Superior de Justicia porteño. Y contribuyó a diluir un fuero conflictivo para el Gobierno, pro-peronista, que fallaba con sentencias desproporcionadas en perjuicio de los empresarios.
Pero no hay otros avances en otros fueros, aunque se elabora un informe en el Ministerio de Justicia pensando a largo plazo en el traspaso.
Con respecto a la Corte Suprema de Justicia, todas las fuentes coinciden en que la idea es completarla con dos candidatos y, a futuro, si es necesario, ampliarla hasta 7 integrantes.
Quienes serán los que se encarguen de la tarea es un misterio, ya que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, prepara su salida del ministerio. Antes de irse dejó una lista de candidatos, con muchas mujeres, pero no tuvo eco en el seno de la Casa Rosada.
En el Gobierno analizan que avanzarán con la Corte cuando se avance primero con los jueces de los tribunales inferiores. Están entusiasmados en la Casa Rosada por cómo cambió la ecuación en el Congreso.
Dicen las fuentes, con muchísimo optimismo voluntarista, que están “a un voto de conseguir los dos tercios” sin el kirchnerismo y con los nuevos aliados que le devolvieron gobernabilidad. Y señalan que cuando tengan todos los votos, ahí avanzarán con un paquete que incluya al Procurador General y al Defensor General.
“Nada se va a resolver por ahora, todo será más adelante”, dijo una fuente de la sede de Gobierno.
En tanto, está en la puerta del Congreso, pero aún no ingresa, el proyecto de nuevo Código Penal.
Elaborado por una comisión de expertos, coordinada por el juez Mariano Borinsky, trabajada luego por el ministro Cúneo Libarona y completada con sugerencias de Patricia Bullrich, el texto aún no se presenta.
Son 920 artículos, unificando el texto vigente desde hace 100 años de 316 artículos. Este proyecto busca endurecer las penas, incluyendo delitos graves como homicidio y narcotráfico, y tipificando delitos contemporáneos como la pornovenganza y el secuestro virtual.
Además, se establece la imprescriptibilidad para ciertos delitos y se elevan las penas para delitos frecuentes como robos y estafas. La reforma también incluye cambios en la legítima defensa.
Dada la magnitud del proyecto y su extensión, que prevé una discusión que puede llevar años, hay una sugerencia en el Gobierno de partirlo en dos.
Por un lado, quienes tienen esta idea sugieren enviar al Congreso toda la primera parte referida a los aumentos de penas y la parte general, que incluye unos 90 artículos.
Y por otro lado, dejar los nuevos delitos, los cambios en el ciberdelito, los delitos especiales, en leyes complementarias, como la ley penal juvenil y que sean tratados de manera individual. Nada está dicho.
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Una diputada libertaria impulsa un examen psicotécnico para ser candidato: “Es romper con un privilegio”
En una entrevista emitida por Infobae en vivo, Mercedes Llano, diputada del espacio La Libertad Avanza (LLA), defendió su proyecto de ley que busca establecer un examen psicotécnico obligatorio para quienes aspiren a los máximos cargos del Estado.
“El objetivo es que aquellas personas cuyas decisiones afectan a miles de ciudadanos no presenten disfuncionalidades psicológicas”, remarcó Llano, al explicar los fundamentos de la propuesta.
Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, la legisladora provincial subrayó la necesidad de establecer el nuevo requisito. “¿Por qué no exigirles a los altos mandos lo mismo que se le pide a cualquier ciudadano que maneja fondos públicos?”, preguntó.
La diputada precisó que la iniciativa fue elaborada junto a abogados constitucionalistas y que comprende no solo a presidenciables y vicepresidenciables, sino también a “los postulantes a ministros y a los diputados electos”.
“Se trata de una evaluación confidencial, en la que un equipo interdisciplinario debe emitir un dictamen de acto para determinar si el aspirante presenta psicopatologías”, detalló la legisladora.
El proyecto de Llano y la llamada “tríada oscura”
Llano profundizó sobre el diagnóstico que motiva la propuesta, al apuntar sobre los “perfiles narcisistas y ególatras que son frecuentes en la política” que comparten lo que ella denomina como “tríada oscura”, como el narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica.
“No me corresponde hacer alusión a ningún caso particular, pero sí se ven con frecuencia y se exacerban ante el uso de las redes y la exposición pública”, puntualizó la legisladora libertaria. Según subrayó, la proliferación de este tipo de personalidades en cargos de poder “rompe los lazos de credibilidad con la ciudadanía”.
La diputada mendocina aclaró que, aunque no le corresponde como autora del proyecto juzgar las acciones de terceros, advirtió que “cuando estas patologías están extendidas entre quienes ejercen el poder, afectan directamente el interés general”.
Llano remarcó que si la ley se aprueba, quienes no superen la evaluación “no podrían asumir el cargo, aunque existe una instancia de revisión para quienes consideren que el dictamen fue incorrecto”.
Mercedes Llano insistió en el carácter reservado que tendría el procedimiento, con “evaluaciones confidenciales”, pero que “se pueden recurrir”. Además, propuso que los partidos políticos puedan incorporar este requisito en sus cartas orgánicas para sumarlo como mecanismos de control interno.
La diputada argumentó que la ley apunta a “romper con un privilegio” que tradicionalmente acompañó a la dirigencia política:
La propuesta de Llano se explica en un contexto donde, en los últimos años, distintos funcionarios del Congreso y del Ejecutivo protagonizaron episodios de violencia o desbordes públicos. En ese marco, habló particularmente sobre lo que ocurre en el Poder Legislativo: “Hay una falta de ejemplaridad con el ámbito legislativo y eso termina afectando el vínculo de confianza con la sociedad”, consideró.
“Se trata de resguardar el interés general frente al avance de perfiles que priorizan su propio beneficio y no el bienestar colectivo”, concluyó.
Qué establece el proyecto sobre el examen
El proyecto entiende por “Idoneidad Psicológica Funcional” a la posesión de las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del mando político y la representación popular.
Esta definición de idoneidad, que deberían requerir los altos funcionarios, incluye las siguientes aptitudes:
- Juicio crítico y ético en la toma de decisiones públicas.
- Regulación emocional y tolerancia a la presión institucional.
- Autocontrol conductual y respeto por las normas constitucionales.
- Capacidad de autocrítica, trabajo en equipo y empatía institucional.
La evaluación por parte de los equipos especializados consistiría en la aplicación de una batería de pruebas de exploración psicológica estandarizadas, con el fin de evaluar rasgos de personalidad con impacto en el ejercicio del poder:
- Evaluación de la Tríada Oscura, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica, mediante instrumentos estandarizados.
- Evaluación de Juicio Ético y Toma de Decisiones ante dilemas propios de la función pública.
- Entrevista Psicométrica Estructurada por competencias.
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