En octubre de 2017, luego de ser procesada por la compra irregular de un inmueble y en medio de fuertes presiones del macrismo para que dejara el cargo, Alejandra Gils Carbó renunció a la Procuración General de la Nación. La reemplazó Eduardo Casal, por ser el fiscal de mayor antigüedad ante la Corte Suprema. Aunque desde entonces ejerce como “interino”, esto es, nunca fue votado para el cargo, Casal se convirtió en el procurador con más tiempo en el cargo desde el regreso de la democracia.

Este fin de semana, Casal superó a Esteban Righi, que ocupó ese lugar a lo largo de casi ocho años (2848 días), durante el kirchnerismo, entre el 23 junio de 2004 y el 9 de abril 2012. Cristina Kirchner le retiró todo apoyo, y eso derivó en su renuncia, responsabilizándolo por las investigaciones por corrupción que avanzaron contra su entonces vicepresidente, Amado Boudou.

Casal asumió el 31 de diciembre de 2017 y desde entonces, pero principalmente durante el gobierno de Alberto Fernández, enfrentó varios embates del kirchnerismo, que lo acusó de “mal desempeño” por presuntas irregularidades en sumarios y que intentó, incluso, poner en marcha un juicio político. Fue un intento por frenar las investigaciones por corrupción, que ahora rodeaban por todos los flancos a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Casal, de marcado perfil bajo, resistió las embestidas y permaneció en el cargo.

Sobrevolaron distintos nombres para reemplazarlo, algunos con más fuerza que otros, pero la falta de acuerdos políticos en el Senado, donde se requiere el aval de dos tercios de los senadores presentes, prolongó su interinato.

Con el procurador, el proceso de selección es similar al de los jueces de la Corte: son designados por el Poder Ejecutivo y luego requieren el acuerdo de dos tercios de la Cámara alta.

Durante el gobierno de Cambiemos, el expresidente Mauricio Macri eligió como candidata a la jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal Inés Weinberg de Roca, de largo recorrido en el ámbito del derecho internacional. Pero su nombre siempre estuvo lejos del apoyo necesario.

Más consenso reunió el juez federal Daniel Rafecas, la opción de Alberto Fernández para reemplazar a Casal, pero el magistrado de Comodoro Py nunca contó con el visto bueno de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, que bloqueó el pliego de Rafecas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo entonces de la camporista Anabel Fernández Sagasti.

El gobierno de Javier Milei es la tercera gestión que atraviesa el procurador Casal. No fue prioridad del gobierno libertario darle estabilidad al cargo: el oficialismo deslizó algunos nombres de candidatos pero nunca oficializó un postulante, quizás a sabiendas de su extrema debilidad parlamentaria, expuesta en el rechazo a los pliegos del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla.

A comienzos de la gestión, Casal recibió, además, un espaldarazo por parte del Presidente. “Hace un muy buen trabajo. Tocar lo que funciona parece un poco complejo”, dijo Milei en abril del año pasado.

Funciones y vacancias

El Procurador General es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, y como tal, el jefe de más de 300 fiscales nacionales y federales.

Tiene atribuciones para reorganizar la estructura del organismo −que incluye procuradurías y unidades fiscales especializadas−, efectuar nombramientos interinos y actuar como fiscal ante la Corte Suprema.

Por ejemplo, en la causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner cumple una pena de seis años en su casa por fraude al Estado, Casal respaldó el pedido del fiscal de Casación Mario Villar y pidió a los jueces del máximo tribunal que revieran la condena del Tribunal Oral Federal N°2 y eleven la pena a 12 años por el delito de asociación ilícita.

El poder de Casal creció a la par de la implementación gradual del nuevo Código acusatorio, que se puso en marcha en 2019 en las provincias de Salta y Jujuy y continúa desplegándose desde entonces, aunque con reparos.

Esta nueva reglamentación pone en cabeza de los fiscales todas las investigaciones, algo que ocurre muchas veces en la práctica, pero depende del juez de instrucción, que tiene la opción de delegar la investigación o retenerla.

El sistema también rige en Rosario, Mendoza, San Juan y San Luis y en las jurisdicciones de General Roca, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Mar del Plata.

La llegada del acusatorio a Comodoro Py estuvo prevista inicialmente para agosto, pero los reclamos al unísono de los fiscales −que se mostraron a favor del nuevo sistema, pero piden más recursos humanos, nuevas condiciones edilicias y más fondos para hacerlo operativo− postergaron su implementación, que fue reprogramada para el 10 de noviembre de este año.

El procurador Casal se puso a la cabeza del reclamo. “No puede seguirse adelante eficientemente sin la debida adjudicación de recursos”, sostuvo en una carta enviada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Días atrás se reunió con más de 25 fiscales de los fueros Penal Económico y Criminal y Correccional, quienes le reiteraron sus dudas respecto a la puesta en marcha del acusatorio.

La Justicia atraviesa desde hace largos años un problema de vacantes que por estos días afecta a más del 30% del Poder Judicial.

De acuerdo a los datos presentados por la jueza federal y consejera Alejandra Provítola en un informe reciente ante el Consejo de la Magistratura, la Justicia Nacional y Federal registra, a agosto de este año, 1002 cargos, de los cuales el 59,49% pertenecen al fuero federal (596) y el 40,51% al nacional (406), distribuidos en 470 juzgados, 86 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales.

En total, están vacantes 337 de esas posiciones; poco más del 33%. La mayor parte de los lugares sin cubrir se concentra en la Justicia Nacional (176), seguida por la Federal del Interior (112) y la Federal de la Ciudad de Buenos Aires (49).

El problema de las vacancias se agudiza en el Ministerio Público Fiscal, donde los huecos, a noviembre de 2024, el último dato oficial disponible, superaban el 43% de los cargos.

COMODORO RIVADAVIA.- El Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió por unanimidad elevar a un jury de enjuiciamiento al juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel Claudio Alejandro Petris, acusado de enriquecimiento ilícito, abuso de poder y maniobras financieras irregulares.

Sobre Petris, que tras el escándalo renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, pesaban acusaciones vinculadas a amenazas y “favores sexuales”. La decisión se adoptó durante la sesión plenaria realizada el pasado jueves en Puerto Madryn y fue acompañada por el pedido de suspensión inmediata del magistrado, ante la gravedad de las faltas detectadas.

La denuncia, impulsada por el fiscal de Estado Andrés Meiszner, se originó en una investigación penal iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal (causa Nº 145.262), a partir de un informe del portal Chubut Online y una entrevista radial que incorporó nuevos elementos de prueba.

Las presuntas irregularidades incluyen un incremento patrimonial no justificado, intervenciones judiciales en causas donde habría tenido intereses personales y conductas consideradas éticamente incompatibles con el cargo.

Patrimonio bajo sospecha

El dictamen elaborado por la consejera instructora Mabel del Mármol detalla una serie de operaciones económicas que, a su criterio, “revelan un manejo patrimonial incompatible con el decoro y la transparencia que exige la función judicial”. La investigación detectó al menos ocho inmuebles no declarados y el uso de familiares o presuntos testaferros para registrar bienes, entre ellos un vehículo Mini Cooper, cuyo dominio −GWZ214− pasó por tres manos antes de terminar en posesión de una hija del magistrado.

“Las pruebas valoradas aportan datos significativos sobre el patrimonio personal y familiar del doctor Petris, conformado por numerosos vehículos y propiedades cuyo origen no puede explicarse razonablemente con los ingresos públicos de un juez de Cámara”, señala el dictamen.

En su análisis, Del Mármol también advirtió que el juez se encontraba inscripto en la AFIP bajo el rubro “Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas y eventos”, una actividad expresamente vedada por la ley provincial para los magistrados.

La consejera sostuvo que esa inscripción “no implica una mera tenencia pasiva de bienes, sino la formalización de una actividad comercial”, lo que constituye “una causal objetiva de mal desempeño”. Según el documento, Petris también habría donado más de 18 millones de pesos en efectivo a su hija para la compra de un vehículo de lujo, monto “incompatible con sus ingresos declarados”.

Otro de los puntos señalados por el Consejo de la Magistratura fue la presunta falta de excusación de Petris en una causa de alimentos que involucraba al exfutbolista Aldo Pedro Duscher, con quien mantenía una relación de amistad y vínculos familiares cruzados.

El juez habría fallado en una causa sin apartarse, pese a la evidente proximidad con una de las partes.

La denunciante aseguró incluso haber visto a Petris conduciendo vehículos pertenecientes a Duscher. “Estos actos demuestran una familiaridad que excede la relación social y debió motivar su apartamiento”, concluyó la consejera Del Mármol.

El dictamen también menciona declaraciones de un ciudadano que lo acusa de amenazas, coerciones y abuso sexual, aunque esos episodios no fueron aún formalmente incorporados a la causa penal.

En su defensa, el juez −asistido por el abogado Nicolás Mendive− negó todas las acusaciones y calificó el proceso como una “persecución política”. Argumentó que la investigación es consecuencia de su actuación como presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut (Amfjch), desde donde se opuso a la iniciativa del gobernador Ignacio Torres de eliminar los fueros judiciales mediante plebiscito.

“Este proceso responde a intereses personales del gobernador y constituye una represalia institucional”, afirmó en su presentación. Petris también planteó la nulidad del sumario por considerar que la denuncia carece de una relación clara y precisa de los hechos, y se apoya en publicaciones periodísticas. “Se trata de una excursión de pesca”, afirmó en su escrito.

Respecto de su patrimonio, dijo que está plenamente justificado por “42 años de trabajo”, y rechazó haber utilizado testaferros. Calificó las acusaciones de índole sexual como “totalmente falsas” y sostuvo que el vehículo Mini Cooper era de uso de un conocido, Santiago Orieta, “persona con medios económicos propios”.

Las denuncias contra Petris no son nuevas. Desde mediados de 2025, el fiscal Meiszner había presentado acusaciones por abuso de poder, fraude y enriquecimiento ilícito, en las que se lo señalaba por ocultar bienes, utilizar testaferros y mantener relaciones impropias con partes en litigio. También se sumaron testimonios por amenazas y comportamientos inadecuados dentro del ámbito laboral.

En junio de ese año, en medio de esa escalada de denuncias, Petris presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, cargo que ocupaba desde 2022. Alegó que era víctima de una “campaña de desprestigio” basada en rumores y publicaciones anónimas. “No existen denuncias formales con pruebas verificables. Esta operación busca dañar la independencia del Poder Judicial”, expresó entonces.

Sin embargo, la renuncia se produjo en un contexto de fuerte tensión institucional: la Asociación había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del Ejecutivo que convocaba al plebiscito para eliminar los fueros de jueces y funcionarios. La salida de Petris, que encabezaba esa ofensiva, fue interpretada en ámbitos judiciales como un gesto político.

Concluida la instrucción, la consejera Del Mármol sostuvo que las pruebas reunidas “acreditan conductas incompatibles con la función judicial y constituyen un quebranto de la confianza pública”. Su dictamen fue aprobado sin disidencias.

El Consejo remitió el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y solicitó que analice la suspensión de Petris en sus funciones y el cese en el pago de sus haberes, l artículo 25 de la Ley V N° 80. También se conformó una Comisión de Acusación para representar al Consejo durante el proceso y ampliar los cargos si surgen nuevos elementos.