POLITICA
De facto, Maximiliano Abad se autoproclamó titular de la Unión Cívica Radical bonaerense
Ocurre que por finales de marzo caducaron los mandatos de las autoridades electas hace dos años y, con ello, el plazo para que Maximiliano Abad siga al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense. No obstante, las apetencias por ese sillón partidario parece que sobrepasan cualquier requerimiento mínimo de institucionalidad partidaria.
Como se sabe, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dio curso positivo a los reclamos del frente opositor Futuro, que postula a Pablo Domenichini, a la vez que confirmó irregularidades ocurridas durante la votación de octubre último en varios distritos. En consecuencia, esta Cámara ordenó comicios complementarios en municipios del conurbano y del interior, a la vez que instruyó al juez federal Alejo Ramos Padilla que se encargue de ultimar todos los detalles.
En medio de todo esto y para evitar una intervención, Abad -referente de la lista oficialista Adelante- convocó la semana pasada a un plenario en el comité provincia para analizar la posible prórroga de mandatos, incluida su propia continuidad. Sin embargo, sometió la propuesta a consideración de la mesa directiva y no alcanzó los dos tercios de los votos, requisito numérico necesario y legal para darle respaldo al senador nacional.
Abad, no muy acostumbrado a las prácticas lógicas y democráticas de convivencias partidaria, insistió con su intención de perpetuarse y se decretó a sí mismo como el presidente del comité provincia “de facto”, igualito que durante las dictaduras militares o en regímenes pseudodemocráticos.
Desde cercanías de Adelante quieren convencer a todos de que el fallo de la CNE no estará firme hasta que la Corte de Nación se expida y que, en función de esa circunstancia, Abad apeló a medidas de su propia “necesidad y urgencia”, tal cual los DNU de Javier Milei.
Habría una razón importante que, obviamente, se explica desde cierto compromiso de Abad de mantener el poder partidario para acordar listas con La Libertad Avanza (LLA) y con el Pro o con el sector que en ese partido le responde a Patricia Bullrich.
Abad, con el apoyo de Daniel Salvador y Gustavo Posse, forzaron la ruptura de todo tipo de acuerdo que se venía esperando en instancias de la mesa directiva del comité provincia, donde hubo algún amague de diálogo entre los candidatos de ambos bandos como es el caso del oficialista Miguel Fernández y del opositor Domenichini.
Sin embargo, trascendió que el oficialismo ponía como condición “no negociable” que se aceptara su triunfo y después sí charlar de otros temas como reparto de cargos partidarios y, posiblemente, respetar cierta presencia opositora en listas electivas, claro está,bajo el ala de La Libertad Avanza, algo que Domenichini no quiere ver ni de cerca.
Con las negociaciones trabadas y sin avances en la sustanciación de elecciones complementarias, Abad tuvo la feliz idea de decretar para sí mismo la propia continuidad de su mandato, algo que no contaría con respaldo legal y que va a ser atacado en las próximas horas mediante un recurso ante la justicia federal por parte de la lista Futuro.
Desde Futuro sostienen que esta prórroga es “artificial” e “ilegítima” y no debería proceder porque se dió en una votación nueva no convocada y que, por otra parte, ese tema ya fue puesto a consideración la semana pasada. Fue cuando Abad no alcanzó los dos tercios para asegurarse la continuidad. Para la oposición partidaria apareció “de la nada” un cuarto intermedio que supuestamente habría terminado hace algunas horas, jornada en la cual se volvió a poner en consideración un tema que ya fue tratado.
Ante este panorama de falta de avances hacia la institucionalidad, el comité provincia está en riesgo de “intervención”, en principio, de parte de la propia Justicia Federal o de algún otro remedio legal que podría establecerse a partir de alguna medida cautelar que propicie la oposición de Domenichini.
En tanto, desde el oficialismo partidario, están expectantes con algún recurso de apelación planteado ante la Corte de Nación, sobre la cual se duda que pueda resolver en lo inmediato este tipo de diferendos. En muchas ocasiones, el tema se plancha durante mucho tiempo y cuando le toca resolver ya es tarde.
En el radicalismo bonaerense han existido muy fuertes disputas con un fuerte contexto de tensión. Sin embargo, difcilmente se recuerde una situación que, además de provocar tensión, pueda producir un escenario de ruptura similar a la época de dirigentes de la talla de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, aunque, claro, en esta ocasión con actores de menor cuantía, como el caso de Abad.
En tanto, el tiempo del cronograma electoral sigue corriendo y el radicalismo corre el riesgo de no participar formal y efectivamente, ni siquiera en un frente, de los próximos comicios legislativos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Alejo Ramos Padilla, Gustavo Posse, Daniel Salvador, Patricia Bullrich, Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, Miguel Fernández, Pablo Domenichini, Ricardo Balbín, CNE, Javier Milei
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El diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert se pronunció este viernes sobre el caso que conmociona a Florencio Varela. El legislador cuestionó al gobernador Axel Kicillof en relación con el accionar de Pequeño J, el presunto autor intelectual del asesinato de tres jóvenes, y denunció una supuesta protección política al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.
El candidato para las elecciones legislativas de octubre se refirió al triple crimen de Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez y señaló al gobierno provincial como responsable de la inseguridad. “Un horror, es un espanto, impresiona el nivel de saña y de violencia. Eso es lo que me impacta”, expresó Espert.
“Siempre falta una decisión estratégica de combatir la inseguridad, que se vincula con el narcotráfico, que es un delito federal. Pero la Provincia tiene una decisión política de no combatir la inseguridad”, afirmó Espert en diálogo con radio Mitre.
En ese marco, se preguntó sobre la libertad con la que operaba el principal sospechoso. “¿Hace cuánto estaba Pequeño J dando vueltas, haciendo fiestas y traficando droga en zonas como La Matanza y Florencio Varela?”.
El diputado profundizó su crítica al mandatario bonaerense. “La decisión de Kicillof para el delincuente es la puerta giratoria”, insistió sobre las políticas de seguridad en el territorio provincial.
El legislador de La Libertad Avanza sugirió una vinculación entre la política y el crimen organizado. “La causa de estas cosas tiene que ver con cuestiones de fondo. El kirchnerismo ha decidido relacionarse con la delincuencia”, manifestó.
Espert diferenció la estrategia provincial de al: “A nivel nacional se combate mientras que en la Provincia se relacionan con los delincuentes. Esto está en el centro de lo que pasó con estas chicas”.
Sus declaraciones ocurrieron pese a la versión del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien comunicó que la operación de “Pequeño J” podría estar en la Ciudad de Buenos Aires. Espert insistió en responsabilizar al gobierno provincial por una supuesta “connivencia” con el narco.
El diputado también apuntó a los jefes comunales. “No tengo ninguna evidencia, no me consta, pero me cuesta pensar que el narcotráfico en la Provincia es lo que es sin la complicidad de los intendentes”, afirmó.
El presunto autor intelectual del asesinato de las tres jóvenes es un ciudadano peruano de 23 años. Se hace llamar “Pequeño J” o “Julito”. Su base de operaciones se encuentra en la villa 21-24, en el límite de los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya. El joven capo narco tiene una orden de captura.
“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
Información publicada por indica que, hasta este crimen, el sospechoso estaba fuera del radar de los detectives policiales y judiciales que investigan las bandas de narcomenudeo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
La pista que lo involucra surgió a partir de pruebas obtenidas en la casa de Florencio Varela donde encontraron los cuerpos. El miércoles por la noche, la policía realizó procedimientos en la villa 21-24 y allanó la base de operaciones de la banda. En la edificación de tres pisos se secuestró dinero en rollitos y viandas de comida.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
se pronunció este viernes sobre el caso que conmociona,Audiencia,José Luis Espert,Foco,,La foto del mensaje privado. El texto que recibió Scott Bessent sobre la Argentina, el enojo rural y las críticas en EE.UU.,,El salvataje de Trump. Todos recalculan ante el cambio de juego,,Tensa sesión. Vidal le ganó otra pulseada al kirchnerismo y nombró a dos jueces en la Corte,Audiencia,,Tras un allanamiento. Qué encontraron en una casa de Villa Urquiza,,Dólar. Todo lo que tenés que saber sobre el anuncio del Gobierno,,Inédito. Cuál es la curiosa nueva categoría de los Martín Fierro
POLITICA
Luis Moreno Ocampo, el fiscal del juicio a las juntas: “Mi vieja amaba a Videla, iba a misa con él”
A 40 años del Juicio a las Juntas militares que se inició el 22 de abril de 1985, el fiscal adjunto de aquel histórico proceso, Luis Moreno Ocampo, rememoró cómo el proceso judicial por delitos de lesa humanidad impactó en su entorno más íntimo.
“Mi vieja lo amaba a Videla. Mi vieja iba a misa con Videla y decía que era como su, como su papá. Entonces, no creía lo que yo le decía”, narró el abogado y ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, sobre la admiración de su progenitora, Mercedes Pérez Amuchástegui, hacia el represor.
Según Moreno Ocampo, el punto de inflexión llegó cuando su madre leyó en La Nación el testimonio de Adriana Calvo de Laborde, sobreviviente de la dictadura militar, que brindó una de las declaraciones clave sobre la maquinaria de represión ilegal y desaparición de personas.
“Cuando pasó el testimonio de Calvo de Laborde, que tuvo un bebito, su bebita en el asiento de un patrullero y lo contó a La Nación, mi vieja leyó La Nación y me llamó al día siguiente”, rememoró. Acto seguido, comparó el momento con la reconstrucción ficcional que hizo la película “Argentina, 1985″, que protagonizó Ricardo Darín y dirigió Santiago Mitre. En una escena, aparece Pérez Amuchástegui, que habla por teléfono con su hijo y se entera de los crímenes cuando le llega, desde la radio, la voz de Calvo de Laborde. En realidad, se había enterado por la lectura del diario. «Me dijo una frase que es mejor que en la película. La frase es: “Yo todavía no quiero a Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso”, subrayó Moreno Ocampo.
El relato fue difundido como adelanto del ciclo de entrevistas Voces, organizado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que se estrenará este viernes por el 40° aniversario del Juicio a las Juntas.
Moreno Ocampo también relató las profundas divisiones familiares provocadas por su rol en el juicio. “Quien nunca me perdonó fue mi tío, que es coronel, que le fue a ver a Videla y le hizo la promesa de que nunca más me iba a dirigir la palabra”, señaló en el anticipo del ciclo del Colegio Público de Abogados, y que reprodujo el sitio El Canciller. “Y treinta años después, estaba reviejo, y en una fiesta de casamiento, mi hermana le dice: “Che, ahí está Luis, hablá con él”. “¡No puedo, no puedo! ¡Le di mi palabra al general Videla!”. Y para él la palabra era todo. Yo amaba a mi tío que ha aferrado su palabra», recordó.
En entrevistas previas, el fiscal adjunto había detallado que su familia materna estaba compuesta en su mayoría por militares y que su decisión de estudiar Derecho se originó en las discusiones políticas que mantenían su padre y su tío, implicado en el golpe de Estado de 1966. “Quise estudiar Derecho por eso, para arreglar el país”, afirmó Moreno Ocampo en otras declaraciones.
Según el ex fiscal adjunto, para un coronel -como su tío- que un miembro de la familia cuestionara al general Videla “era una traición”. “Aquello me sirvió mucho para mi trabajo posterior en La Haya: aprendí que me iban a aplaudir o a criticar y que tenía que ignorar a los que me criticaban y a los que me aplaudían, hacer mi tarea”, sostuvo en una entrevista en el diario El País.
En el mismo reportaje, Moreno Ocampo aclaró que su madre era “mucho más buena” de lo que aparece en la película 1985. “Era muy dulce, pero sí, para ella, Videla nos había salvado de la guerrilla”, puntualizó.
El Juicio a las Juntas se sustentó en la labor del fiscal Julio César Strassera, quien asumió la acusación central apoyándose en el exhaustivo informe “Nunca más” elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). La investigación permitió juzgar a los integrantes de las cúpulas militares como Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, entre otros, por delitos cometidos durante la dictadura de 1976.
Strassera, nacido en Comodoro Rivadavia y fiscal federal desde los años de dictadura —cargo en el que había sido designado por la propia junta militar— enfrentó una transformación de su rol tras el retorno democrático. De acuerdo con testimonios y sobrevivientes citados en este contexto, durante la dictadura Strassera rechazó algunos hábeas corpus, maltrató a detenidos y sobreseyó a sospechosos de la Masacre de San Patricio, episodio en el que fueron asesinados miembros de la congregación palotina en una iglesia de Villa Urquiza. Sin embargo, al serle asignada la acusación en el incipiente proceso democrático, la responsabilidad que asumió marcó tanto su vida profesional como la historia argentina.
El joven Luis Moreno Ocampo se sumó al equipo de Strassera como fiscal adjunto. La fiscalía seleccionó los casos más emblemáticos que evidenciaban el plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas implementado por las Juntas Militares. La estrategia se focalizó en cerca de 300 casos representativos sobre una base inicial de más de 700.
Los peritos contables del Cuerpo del Poder Judicial Especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública revisarán la fortuna del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insauralde, de su exmujer Jésica Cirio y de la “acompañante de viajes” Sofía Clerici en la causa en que se investiga al exfuncionario por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La decisión fue de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata y del juez federal Ernesto Kreplak, cuando estuvo a cargo del caso.
La medida se tomó a instancias de los fiscales Diego Iglesias (de Cámara), Sergio Mola y Diego Velasco (especializado en lavado de dinero), quienes se opusieron a la decisión del juez de pedirle al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que seleccionara profesionales, sin ningún criterio, para ese análisis patrimonial.
Ahora la Cámara de Casación federal decidió que intervengan peritos oficiales de la Corte Suprema y que el juez de primera instancia del caso, ahora Luis Armella, dicte otro fallo en el sentido indicado.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.
En la resolución, el juez Borinsky precisó que el magistrado de primera instancia no había fundamentado el motivo por el que se apartó de una norma procesal que ordena la designación de peritos oficiales. Excepto, claro, que no existan estos peritos en la materia a analizar, peor eso no ocurre en el caso, donde lo que se busca es designar peritos contadores.
El juez añadió que la Corte Suprema de Justicia creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública precisamente para supuestos de corrupción como el que se examina.
Los magistrados del tribunal dispusieron que se dicte una nueva resolución en la que se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte.
Esta causa se inició en los meses previos a las elecciones de 2023, cuando Sofía Clerici posteó una foto con Insaurralde a bordo del yate Bandido, mientras navegaban por Marbella, en el mar Mediterráneo, tomando champagne francés.
La foto desató una causa por lavado y enriquecimiento ilícito -manejada por jueces subrogantes, ya que ese juzgado federal de Lomas de Zamora está vacante- que poco avanzó a pesar del impulso de los fiscales que pidieron indagar a los sospechosos por sus bienes.
La fiscalía especializada en lavado de dinero realizó un lapidario informe donde habló de un “enriquecimiento patrimonial injustificado” del exintendente.
Para llegar a esa conclusión estableció que entre 2021 y 2023 gastó más de 100.000 dólares en viajes a Estados Unidos y Europa, incluido el paseo en el yate Bandido por Marbella, cuando su sueldo era de poco más de 1.800 dólares, sin otros ingresos declarados.
Además, los investigadores detectaron que, al menos, tres empresas contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora aparecen ligadas a bienes que usaba Insaurralde como propios, como una casa en un country de San Vicente a nombre de una empresa, que nunca fue declarada, una camioneta Hiunday y el departamento de Puerto Madero en el que vivió con Jésica Cirio.
Así se desprende del informe que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco, que buceó con su equipo en el patrimonio del ex funcionario.
Desde Suiza, la empresa MTIC de Fribourg pagó el hotel Nobu de Marbella, donde se alojó Sofía Clerici con su hermana Renata antes del viaje con Insaurralde en el yate Bandido. Asimismo, la fiscalía pidió investigar la fastuosa fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en la Manea Club de Polo de Tristán Suárez, en 2014. En ese sentido, pidió a la empresa que aportara las facturas de gastos y las contrataciones.
“Se advierte, a primera vista, que exhibe solidez la hipótesis de un enriquecimiento patrimonial injustificado de Martín Insaurralde, generador de dinero de origen ilícito en actos de corrupción, de momento no identificados, como también la posterior aplicación de los fondos resultantes al mercado económico formal con apariencia de licitud y con la interposición de personas jurídicas y humanas para disimular el origen ilícito de los fondos, constitutivo de un esquema de lavado de activos”, señalan las conclusiones del fiscal Velasco.
Asimismo, Insaurralde omitió incluir los bienes de Cirio, su esposa, en sus declaraciones juradas de 2013, 2020 y 2021.
El informe de la Procelac recoge los viajes que realizó Insaurralde entre el 29 de noviembre de 2021 y julio de 2023. Solo los de 2021 y 2022 suman 38.697 dólares, sin contar un viaje a Francia, del que no se conoce el valor porque Air France no constató los pedidos de informes oficiales. En 2023, el exintendente realizó otros viajes a Estados Unidos, España y Austria. Uno de esos viajes, de julio de 2023 a Estados Unidos, fue contratado desde la secretaría privada de la Municipalidad de Lomas de Zamora, actualmente a cargo de Martín Otermín, delfín de Insaurralde.
Ese periplo incluye los cinco días en Marbella, donde compartió hotel y yate con Clerici. En esos traslados gastó 82.882 dólares, pagados desde Miami a la empresa Forest Travel con una tarjeta American Express de Estados Unidos. Por eso los fiscales quieren saber quién está detrás de estos pagos “que no figuran a su nombre”.
Solo el viaje de cinco días en Marbella insumió 51.714 dólares, que incluyeron 8.189 de pasaje en clase businnes de Iberia, 27.911 euros del hotel de Marbella, en una villa exclusiva, 13.716 euros del alquiler de El Bandido a la empresa Offshore Marbella Chartes & Sales, que abarcaron ocho horas de navegación, el catering y tres botellas de champagne francés Moet & Chandon, a razón de 360 euros las tres.
“El nivel de gastos de Insaurralde no guarda relación con sus ingresos legítimos en la función pública”, donde trabajó desde 2009 como diputado nacional, intendente y jefe de gabinete bonaerense, escribió el fiscal Velasco. Y todo esto sin contar los 600.000 dólares encontrados en la casa de Sofía Clerici en Nordelta, sus siete carteras Louis Vouitton halladas allí y los relojes Rolex y Cartier que se infiere que tiene, dado que se hallaron sus cajas y manuales. Tampoco están en la cuenta los vehículos de Jésica Cirio, media docena incluidas una Ford Territori y una camioneta Mercedes Benz GLA 250, compradas el mismo día, el 8 de septiembre de 2023. La última, por $48 millones.
Los fiscales insistieron en que “el nivel de gastos no se condice con su sueldo de funcionario”, unos $16 millones en tres años. Su último sueldo, correspondiente a septiembre de 2023, fue de 1.830 dólares, cuando gastó 57.000 dólares en una semana en Marbella.
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