POLITICA
De la opacidad a zar de los impuestos: cómo Vázquez derrotó a cuatro jefes de la AFIP que quisieron echarlo
De la opacidad a la cúspide del poder. Andrés Edgardo Vázquez es el nuevo “zar de los impuestos” de la Argentina, un sitial de poder y prestigio del que estuvo tan lejos durante los últimos años. Porque estuvo más cerca del ostracismo y del retiro que de un ascenso hasta que Javier Milei llegó a la Presidencia, lo sacó de Siberia y lo reinsertó en las grandes ligas.
Vázquez supo cómo moverse. Llegó a Santiago Caputo de la mano de su amigo Leonardo Scatturice, el polémico empresario y exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que desde Estados Unidos sirvió de enlace a Milei con Donald Trump. Y tendido el puente con la Casa Rosada, Vázquez se abocó a hacer lo que sabe hacer: jugar, a fondo, para quienes tienen la sartén por el mango. Lo hizo durante el kirchnerismo; también con los libertarios.
Durante el kirchnerismo, Vázquez lideró la Regional Sur Metropolitana de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Desde allí acumuló sumarios en su contra, por ejemplo, por su aparente relación con el casino flotante de Puerto Madero, contribuyente tan afín a los intereses de Néstor Kirchner y de Cristóbal López, y al que Vázquez que parecía asesorar, más que fiscalizar.
También durante el kirchnerismo, Vázquez lideró aquel recordado megaoperativo de fiscalización que docenas de inspectores de la AFIP protagonizaron contra el Grupo Clarin, una mañana de 2009. Creer o reventar, Ricardo Echegaray, por entonces titular del organismo tributario –y por tanto, superior jerárquico de Vázquez- afirmó, insistió y hasta juró que él no sólo no había autorizado el operativo, sino que ni siquiera estaba al tanto. Pero Echegaray no logró despedir a Vázquez, intocable.
Ya con los libertarios en el poder, Vázquez repitió la dinámica de jugar a fondo para el verdadero poder. Prometió depurar la Dirección General Impositiva (DGI) de funcionarios que respondieran al kirchnerismo o a Sergio Massa, figuras que dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se traduce en otro nombre: Guillermo Michel.
También con los libertarios, Vázquez también se concentró en dos grandes objetivos de interés explícito para los libertarios. ¿El primero? Torcerle el brazo a Pablo Otero, el empresario al que Milei inmortalizó con un apodo: “El señor del tabaco”. ¿El segundo? Servirle al Presidente en bandeja de plata la cabeza del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
Vázquez tiene claro que satisfacer los gustos e intereses del poder le permiten, mientras tanto, soslayar a sus jefes teóricos –Florencia Misrahi, primero, y luego Juan Pazo-, avanzar en pos de sus propios objetivos, impulsar a sus colaboradores, castigar a aquellos que alguna vez le marcaron un límite y mucho más. Porque si algo conoce Vázquez son los entresijos y vericuetos de la “Casa”.
Tanto conoce Vázquez la letra chica y los pasillos del organismo tributario que durante las últimas cuatro décadas se enfrentó a cuatro de sus superiores y ninguno de ellos pudo echarlo. Afrontó múltiples sumarios y al menos dos causas penales y las superó también. Y cuando parecía enfilar hacia su jubilación, guardado en una oficina aduanera periférica de La Plata, Milei lo designó al frente de la DGI en octubre de 2024.
Vázquez volvió al ruedo a pesar, incluso, de las objeciones que plantearon varios altos funcionarios, Misrahi incluida, quien se negó a firmar su designación. Tampoco firmó el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ¿Conclusión? Milei estampó su rúbrica, junto a la de Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad.
Las resistencias se explican, en parte, por el “ruido” que acompaña a Vázquez desde hace años. Entre otros motivos, por su cercanía a las huestes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), desde los tiempos de Antonio “Jaime” Stiuso, a fines de los ‘90. Esa cercanía explica su supervivencia aún cuando dos titulares de la AFIP -Echegaray y Alberto Abad-, y el otrora titular de la DGI, Horacio Rodríguez Larreta, lo desplazaron de sus funciones y lo enviaron a áreas secundarias –lo que dentro del organismo apodan “Siberia-, pero no lograron exonerarlo.
Contador y referente insoslayable de la llamada Dirección de Inteligencia Fiscal de la AFIP, allí donde recaló hace ya más de un cuarto de siglo de la mano de Carlos García Lorea, Vázquez tejió desde esa área vínculos con el poder y el espionaje de Francisco Larcher y, más aún, con Stiuso. Es un cultor del bajísimo perfil, hasta el punto que sólo se conoce una foto suya, que reveló , y logró que no trascendieran, tampoco, sus problemas cardíacos
Vázquez perduró dentro del organismo tributario, incluso después de que reveló en 2010 que acumulaba casi medio millón de dólares en dos cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales del Caribe y en Europa que gestionaba a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. ¿Los fondos? No los había declarado ante el fisco, es decir, ante el organismo para el cual trabaja.
Consultado entonces por , Vázquez se negó a confirmar o desmentir que fuera el titular de esas cuentas y esos fondos “por razones de seguridad personal”. Sólo cuando el entonces vocero de la AFIP, Pedro López, lo urgió a desmentirlo, dijo que la información “no tiene ningún asidero” y que “nunca” tuvo cuentas en el exterior. Pero su desmentida duró poco. Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) rastreó las operaciones de Vázquez y cientos de clientes más que fugaron más de US$1000 millones. Con esos datos, el juez Osvaldo Rappa procesó en junio de 2016 a 20 ejecutivos de BNP Paribas y ordenó embargarlos por cifras récord.
En ese contexto, referentes de la Coalición Cívica (CC) reclamaron que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner echara “de inmediato” a Vázquez, pero no ocurrió. “Vázquez es la mano de obra barata dentro de la AFIP para operaciones sucias”, indicó el espacio liderado por Elisa Carrió. “La maniobra del funcionario de la AFIP es un hecho muy grave, habitual en el mundo K del revés, donde los encargados de hacer cumplir la ley la violan. Vázquez tiene que combatir la evasión y evade”.
Vázquez, no obstante, continuó dentro de la AFIP hasta que, tras el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de 2015, Abad retomó las riendas del organismo y una de las primeras medidas que tomó fue desplazarlo, otra vez. Desde entonces, Vázquez quedó relegado al área aduanera del puerto La Plata. Allí se mantuvo, abocado a resolver sus problemas judiciales. Logró que el tramo de la investigación sobre el BNP Paribas que lo afectaba pasara a los tribunales de Comodoro Py, donde Ariel Lijo lo sobreseyó en 2022 ante la “imposibilidad” de avanzar con la pesquisa. En otras palabras, no porque se haya comprobado que no tenía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos.
Un año después de su sobreseimiento, Vázquez declaró ante la Oficina Anticorrupción que era dueño de 10 inmuebles en la Argentina que acumuló con ingresos propios, por donaciones o por herencia, además de $10,5 millones en efectivo y tres cuentas bancarias en Estados Unidos por $2,1 millones. Es decir, poco menos de 2700 dólares al tipo de cambio entonces vigente.
Ante la OA, sin embargo, Vázquez no declaró tres propiedades en Estados Unidos que controla a través de un entramado societario offshore. Están ubicadas en las avenidas Brickell números 495 y 1060 de Miami, y en Collins número 17.475 de Sunny Isles, en el extremo sudeste del estado de Florida, según reveló en una investigación conjunta con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), meses atrás. Llegó, incluso, a pagar los impuestos inmobiliarios con cheques electrónicos (“e-checks”) emitidos a su nombre.
Esas revelaciones provocaron la apertura de otra investigación penal por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos. Quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, quien requirió exhortos a Estados Unidos y varios paraísos fiscales. Pero en septiembre, Vázquez logró que el expediente pasara al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Guillermo Marijuán, que instruían otra causa contra él.
Ahora, mientras Milei lo elevó de la titularidad de la DGI a la cúpula de la AFIP, la investigación criminal contra Vázquez se encuentra en pleno desarrollo, según confirmaron fuentes judiciales a . El juez ordenó múltiples medidas que solicitó el Ministerio Público Fiscal; es decir, Marijuán y dos fiscalías especializadas: las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
nuevo “zar de los impuestos” de la Argentina,Hugo Alconada Mon,Andrés Vázquez,ARCA,Conforme a,Andrés Vázquez,,Propiedades no declaradas y sociedades. Quién es Andrés Vázquez, el nuevo titular de ARCA que es investigado por la Justicia,,Documento. El jefe de la DGI pagó con cheques a su nombre impuestos de tres departamentos en Miami que no declaró en el país,,»Quebranto a la independencia». Presentan una nueva denuncia contra el jefe de la DGI y la oposición cuestiona a Milei
POLITICA
Carlos Pirovano, titular del Incaa: “Los argentinos no tienen tiempo para ver 250 películas por año”
El proyecto de Reforma Laboral que el Senado tratará este miércoles 11 de febrero encendió alarmas en el sector audiovisual argentino. En su versión original, la iniciativa incluía artículos que eliminaban de forma inmediata las asignaciones específicas que financian al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), poniendo en riesgo el funcionamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico, uno de los pilares históricos del cine nacional.
Los artículos 210 y 211 del proyecto de reforma planteaban eliminar las fuentes específicas que sostienen al INCAA: el impuesto del 10% sobre las entradas de cine, el 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y, principalmente, el 25% de la recaudación del ENACOM, considerado el ingreso más importante del Fondo de Fomento.
Sin embargo, tras intensos reclamos públicos, movilizaciones y negociaciones políticas de último momento, el Gobierno y bloques de la oposición acordaron una modificación clave: la eliminación de esos recursos no será inmediata, sino que se postergará hasta el 1° de enero de 2028.
La medida trajo alivio parcial, aunque el debate de fondo permanece: ¿Qué pasará con el cine argentino cuando el financiamiento deje de ser autárquico y dependa exclusivamente del presupuesto nacional?
Esa pregunta fue respondida en Infobae en Vivo por Carlos Pirovano, presidente del Instituo Nacional de4l Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Pirovano: “El fondo no desaparece, solo cambia la fuente”
Carlos Pirovano, presidente del INCAA, explicó que el debate se instaló con un tono dramático que no necesariamente refleja lo que ocurrirá. “Siempre se dramatiza mucho. El financiamiento estatal viene de una discusión democrática que es el presupuesto”, sostuvo.
Para el funcionario, el cine no quedaría sin apoyo, sino que dejaría de contar con impuestos específicos y pasaría a depender de rentas generales. “El Fondo de Fomento no desaparece. La única diferencia es que antes se financiaba con recursos específicos, y ahora vendría de rentas generales”, remarcó.
Durante la entrevista, una de las declaraciones que más repercusión generó cuando Pirovano dijo que “los argentinos no tienen tiempo de ver 250 películas al año”.
Con esa afirmación, Pirovano buscó señalar que el problema no pasa únicamente por la cantidad de películas realizadas, sino por la necesidad de discutir criterios de eficiencia, público y sostenibilidad. En su visión, “el cine argentino no puede funcionar bajo una lógica en la que se financien decenas o cientos de proyectos sin garantizar que efectivamente lleguen a las audiencias o generen impacto cultural y económico”.
Para el funcionario, esto refleja un sistema que durante años priorizó la acumulación de estrenos por sobre la demanda real del público, alimentando críticas sobre subsidios anticipados y falta de control en el gasto.
¿Por qué preocupa al cine argentino?
Desde la industria audiovisual, el temor principal no es solo perder recursos, sino perder previsibilidad. Actualmente, el INCAA se sostiene con un esquema autárquico: recauda fondos propios y los administra sin depender directamente del Tesoro.
Muchos plantean que si esos impuestos desaparecen, el cine deberá competir dentro del presupuesto nacional con otras áreas como salud, educación, seguridad o infraestructura.
Pirovano respondió que ese planteo es “un error conceptual”, porque todo el gasto estatal proviene, directa o indirectamente, de impuestos. “Vos pagás ese impuesto igual. La Argentina tiene más de cien impuestos. Ningún país moderno funciona así. Hay que eliminarlos y discutir prioridades en el presupuesto”, argumentó.
Un alivio temporal hasta 2028
Aunque la postergación hasta 2028 evita un impacto inmediato, no es una solución definitiva. Durante 2026 y 2027 el cine seguirá funcionando con el esquema actual, pero el sector deberá volver a negociar antes de que llegue el nuevo plazo.
Por eso, organizaciones audiovisuales mantienen la movilización convocada para este miércoles a las 15 desde el Cine Gaumont, en defensa del financiamiento cultural.
La discusión, además, se da en un contexto político donde el Gobierno libertario expresó su rechazo a las asignaciones específicas para cualquier organismo público.
Cambios internos en el INCAA y ajuste de estructura
Pirovano también se refirió a la reorganización interna del Instituto. Confirmó que se redujo el personal y se bajaron costos de funcionamiento. “El decreto del presidente Milei establece que no podemos gastar más del 20% de nuestros ingresos en estructura, y estamos en ese número”, señaló. También explicó que dejaron de alquilar varios edificios y solo se quedaron con los propios, como el Cine Gaumont y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).
Según el funcionario, el objetivo es garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos.
Cómo se financian hoy las películas
Otro punto central del debate es el sistema de subsidios. Pirovano sostuvo que el modelo actual debe respetar la ley de cine: el INCAA no debería financiar películas por adelantado sin retorno.
“La ley establece subsidios sobre la taquilla. Lo que se hizo antes era un anticipo ilegal: se daba plata antes de filmar y después no se recuperaba”, criticó.
Según explicó, el sistema correcto es el subsidio “ex post”: una vez estrenada la película, el Estado devuelve un porcentaje según su desempeño y su interés cultural.
“El riesgo es privado. El cine no es una actividad estatal, es una actividad privada con fomento público”, afirmó.
¿Qué cine se viene después de 2028?
El debate abrió una discusión más amplia sobre el futuro del cine argentino: qué modelo de producción se busca, cómo se financia y qué rol debe cumplir el Estado.
Pirovano mencionó alternativas modernas como el “cash rebate”, un sistema usado en Europa y Estados Unidos donde las provincias devuelven parte de la inversión para atraer rodajes y generar empleo local.
“Las provincias ya están dando millones de dólares al año en incentivos. Es una herramienta mucho más moderna”, destacó.
Cómo impactará la reforma laboral en el público
Si se aprueba la reforma laboral tal como está planteada, uno de los cambios más visibles para el público podría estar en el precio de las entradas de cine. Actualmente, cada ticket incluye un impuesto del 10% que se destina directamente al Fondo de Fomento Cinematográfico del INCAA. Es decir, una parte del valor que paga el espectador ayuda a financiar la producción nacional.
Con la reforma, ese impuesto específico se eliminará desde el 1 de enero de 2028. En teoría, esto implicaría que las entradas podrían volverse más baratas, ya que dejarían de cargar con ese porcentaje adicional.
Actualmente, una entrada general de cine (salas 2D) ronda entre$10.500 y $13.000, mientras que las salas 3D o 4D pueden superar los $20.000. También existen descuentos importantes, con precios de mitad de semana (lunes a miércoles) que rondan los $6.500.
“Si vos pagás el 10% de la entrada, pagás setecientos pesos más cara la entrada. Va a bajar la entrada”, enfatizó Pirovano.
Más allá de la explicación de Pirovano, los especialistas advierten que el impacto real podría no ser tan directo. El valor final del ticket depende también de otros factores como la inflación, los costos operativos de las salas, los acuerdos con distribuidoras y la situación económica general. Por eso, aunque el impuesto se elimine, no hay garantías de que la reducción se traslade automáticamente al bolsillo del espectador.
Una línea de la investigación por la moneda digital $LIBRA dio lugar a una peculiar historia que conecta al creador del activo que promovió Javier Milei, el texano Hayden Mark Davis, con un jubilado del municipio de Tigre, involucrado en la investigación desde que se confirmó que había sido un eslabón de paso en una cadena de sospechosos movimientos de dinero digital.
Se trata de Orlando Rodolfo Mellino, un hombre de 75 años del que se sabe muy poco. Quedó bajo el radar de la Justicia cuando se comprobó que recibió por parte de Davis más de un millón de dólares en USDT, el activo que corre aparejado al dólar en el ecosistema virtual. Fue el 30 de enero, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA y 42 minutos después de que el presidente Milei publicara en la red social X una foto junto a Davis.
Su nombre emergió en el expediente gracias al aporte que hizo desde el exterior la plataforma virtual Bitget -que reveló que una de las cuentas bajo la mira de la Justicia era suya- y como resultado del trabajo realizado por los organismos técnicos del Ministerio Público Fiscal en uno de los ejes de la investigación: la ruta virtual del dinero que se movió antes y después del nacimiento, auge y desplome de la moneda.
Se trata de una red habitualmente signada por el anonimato: los movimientos quedan registrados en una suerte de gran libro virtual de acceso público en el que quedan grabadas todas las transferencias.
El sistema resguarda la identidad de los operadores bajo largos y complejos caracteres alfanuméricos, pero un “paso en falso” del empresario norteamericano Davis desenmascaró una de sus cuentas y abrió una pista para los investigadores locales.
Cuando el precio de $LIBRA colapsó y dejó un tendal de damnificados en el mundo, Davis optó por resarcir económicamente a una persona pública que había invertido 5 millones de dólares en el proyecto y los había perdido con el derrumbe. Es Dave Portnoy, un empresario norteamericano del mundo del deporte. Como Portnoy mantiene públicas sus billeteras virtuales, al reconocer ambos el reembolso, la billetera desde la cual Davis realizó ese “reintegro” quedó expuesta. Davis admitiría más tarde en una entrevista que ese movimiento “probablemente haya sido una equivocación”.
Los investigadores locales se pusieron tras de la pista y sus esfuerzos terminaron por arrojar un nombre propio.
“Minutos antes que Hayden Davis publicara una foto con el presidente en su perfil de la red social X –dice uno de los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano-, las direcciones etiquetadas como HDS2 y HDS3 [del norteamericano] enviaron USDC 507.500 cada una con destino a la dirección referenciada como CPS9 alojada en Bitget. Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”.
Horas más tarde, Mellino giraría ese millón de dólares a una tercera cuenta, cuyo propietario todavía se desconoce. El dinero se transfirió a través de cuatro distintas transferencias que Mellino -o alguien que operaba su cuenta- ejecutó en apenas 13 minutos.
No fue la primera interacción entre esas dos terminales. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, Mellino recibió de esa cuenta desconocida más de 5,8 millones de dólares, según los análisis realizados por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
Mellino fue solo una de las caras que el informe sumó al expediente en noviembre del año pasado. La Justicia confirmó que un influencer colombiano del mundo cripto Camilo Rodríguez Blanco también recibió y procesó fondos de Davis en un esquema sincronizado.
En la causa, el jubilado Mellino y el influencer colombiano son representados por el mismo abogado, Gonzalo Guerrero, que no respondió los contactos de .
Los investigadores consideran que tanto Mellino como Rodríguez Blanco podrían haber funcionado como una “rampa de salida” para blanquear fondos y convertir el dinero virtual en efectivo.
En su informe señalan que la cuenta a la que Mellino giró los USDT 1.015.000 guarda un vínculo con Mauricio Novelli, una de las figuras locales investigadas en la causa: su hermana también transfirió dinero a esa misma dirección en enero de 2025.
También subrayan que la transferencia de Mellino ocurre días antes de que Novelli, su jerman y su madre visitaran las cajas de seguridad de la sucursal de un Banco Galicia.
La Justicia calcula que, a través de este esquema sincronizado de intermediarios, se movieron un total de 5.780.546 de USDT entre el 30 de enero y el 21 de febrero de 2025.
Cuando los investigadores fueron a buscar a Mellino a su casa de Tigre para notificarlo acerca de la medida patrimonial que regiría sobre sus bienes, se comprobó que su domicilio no existía, dijeron fuentes al tanto de la causa. verificó que ninguna de sus dos posibles direcciones en el municipio existe.
El nexo con los Pandora Papers
El misterio sobre la figura de Mellino se acrecienta con otro dato llamativo. En febrero de 2023, el jubilado se convirtió en gerente de una sociedad de gestión y transporte, Logística Latinoamericana S.R.L, luego de que sus anteriores dueños le cedieran el 90% de las acciones. Ellos eran Eric Feldsztejn, Guido Alejandro Levin, Jonathan David Romano y Dario Gabriel Rozental.
Tres de esos nombres emergieron durante la investigación de los Pandora Papers, la investigación global que expuso la conformación miles de sociedades y fideicomisos offshore. Allí, Feldsztejn, Levin y Romano figuran como parte de Griffin Group Consulting, con domicilio en Vicente López.
fue al lugar para preguntar por su vínculo con Mellino, pero allí se limitaron a transmitir que “no iban a contestar ninguna pregunta”.
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POLITICA
La CGT ya consiguió la adhesión clave de los colectiveros para el paro contra la reforma laboral
Aunque la CGT debatirá este lunes desde las 11 la posibilidad de un cese de actividades contra la reforma laboral, el cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei cuenta con un amplio consenso interno en el sindicalismo y tendría un fuerte impacto porque ya dieron su apoyo los choferes de colectivos agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que esta vez estarán en sintonía con el resto de los gremios del transporte.
Para garantizar ese respaldo, uno de los líderes de la CGT llamó el sábado pasado a los jefes de la UTA, que dirige Roberto Fernández y no integra la actual conducción cegetista, para sondear su adhesión a un paro general. La respuesta fue afirmativa y así se logró un apoyo clave para asegurarse la paralización de las actividades probablemente el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral aprobada en el Senado.
“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, anticiparon a Infobae en el gremio de colectiveros, que no había adherido al último paro general de la CGT, el 10 de abril pasado con la excusa de que estaban en conciliación obligatoria.
De esta forma, el eventual paro de la CGT podrá paralizar todo el transporte en el país ya que también proponen un mayor endurecimiento tanto La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y que incluso impulsa no hacer una medida aislada contra la reforma laboral sino un plan de lucha con paros progresivos y por sectores para que la protesta tenga más impacto.
Tras el triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de discutir un paro general de 24 horas, en medio del creciente malestar por el avance del proyecto de Javier Milei, pese a que la central obrera logró dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, que le permitirán sostener el financiamiento de “la caja sindical” y del sistema de salud de los gremios.
Pero el triunvirato de la CGT resolvió avanzar con un paro ante la presión de varios sindicalistas que querían profundizar las medidas de fuerza y, además, por la polémica que desató un sorpresivo cambio votado por los senadores en el régimen de las licencias médicas.
En efecto, el artículo 44 que se aprobó en el Senado introduce un nuevo esquema para la remuneración de los trabajadores que sufran un accidente o una enfermedad no vinculados con la actividad laboral y se vean inhabilitados para trabajar, que recibirán el 50% de su salario, y en las situaciones en que la imposibilidad de trabajar no derive de una acción voluntaria ni de un conocimiento previo del riesgo para la salud, el monto a percibir asciende al 75 % de la remuneración.
El artículo votado por la Cámara Alta establece que el pago durante el período en cuestión dejará de ser del 100% del salario como ocurre ahora. La motivación central, según el oficialismo, radica en la intención de modificar un sistema que, a su criterio, fomenta tanto el ausentismo injustificado como un aumento de la litigiosidad laboral. Por su parte, tanto los sindicatos como partidos de la oposición advierten que se trata de un retroceso en materia de derechos adquiridos.
“Este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron”, dijo a Infobae un miembro del ala dialoguista de la CGT, que resaltó: “En el Gobierno se echan la culpa entre ellos por haber incluido este punto, pero lo concreto es que se aprobó en el Senado”.
Partidarios de una estrategia más moderada para frenar la reforma laboral, los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para este miércoles y proponer allí un paro general, pero decidieron adelantar la reunión ante la posibilidad de que Diputados sesione el jueves 19.
“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió Jerónimo a Radio 10.
“Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional -aseguró-. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga. Cuando se junte el Consejo Directivo lo terminará de confirmar oficialmente, pero vamos a trabajar para construir una gran huelga contundente”.
Los sindicalistas ponen en la mira los cambios vinculados con el derecho individual, como las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones, pero también otros referidos al derecho colectivo, como la estricta regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales y la limitación a las asambleas sindicales.
En un documento interno, la CGT advirtió que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional».
Tras calificar la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”, se detalla una serie de argumentos que seguramente serán el núcleo central de la impugnación judicial que preparan los abogados de la CGT:
“Tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo”.
“Existen principios de jerarquía constitucional como el de progresividad y no regresión que buscan que la legislación del trabajo avance mejorando las condiciones y la tutela de los trabajadores”.
“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó claramente que toda reforma laboral debe ser tripartita”.
“Por todo eso creemos posible que la justicia la declare inconstitucional. Este proyecto generará mas litigiosidad».
Algunos dirigentes de la CGT apuestan a que diputados del PRO y de partidos provinciales se rebelen contra la Casa Rosada e impulsen modificaciones en el texto aprobado en el Senado: en el partido de Mauricio Macri están disconformes porque se impide que los trabajadores perciban sus salarios a través de billeteras digitales.
Pero, sobre todo, crece el malestar en distintos bloques legislativos por el cambio de último momento que votaron los senadores y que reduce los montos para pagar los salarios en caso de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.
La jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió ese artículo al insistir en que el objetivo central es desarticular lo que el oficialismo define como una “mafia” de certificados y juicios laborales.
“Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, explicó en declaraciones a TN, tras lo cual indicó que se analiza la forma de modificar ese punto y que quienes se enfermen gravemente puedan seguir cobrando el 100% de sus salarios.
Sin embargo, no quieren que ese artículo se cambie en la sesión de la Cámara de Diputados porque eso implicaría que la reforma laboral vuelva al Senado y así se frustraría la rápida sanción de la ley que pretende Milei. Una de las alternativas en estudio es garantizar que la reducción del pago salarial de las licencias médicas se corregirá cuando se dicte el decreto reglamentario de la ley.
La CGT, de todas formas, avanza hacia un paro general de 24 horas, en sintonía ahora con los gremios del ala dura agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que ya anunciaron un paro con movilización al Congreso cuando la reforma laboral se trate en Diputados. Se trata del polo sindical ultraopositor que integran la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, entre otros.
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