POLITICA
De Loredo dijo que el Gobierno cometió “muchos errores políticos” y que se “equivoca” al “peronizar” sus decisiones
De cara a las elecciones del 26 de octubre, el diputado nacional Rodrigo de Loredo advirtió que el Gobierno cometió “muchos errores políticos” y afirmó que se equivoca al “peronizar” la toma de decisiones. Además aconsejó que, en las legislativas del próximo mes, el oficialismo debería ir en busca del voto de quienes se abstuvieron en las provinciales y lo llamó a “dejar de copiar al adversario”.
“La adversidad que se le vino al Gobierno fue por correos autoinflingidos. Cometió muchos errores políticos y escogió una senda de peronización porque peronizó sus tomas de decisiones, su mesa chica y el armado de sus listas. Prefirió la transacción de contado con algunos gobernadores del PJ antes que la sustentable coordinación con gobernadores ex Juntos por el Cambio que venían cooperando constructivamente”, declaró en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina por LN+.
Además continuó: “Con los peronistas hubo látigo o billetera, entonces prefirió esa transacción. El Gobierno, tanto en términos económicos como políticos, fue la trampa del éxito. Le fue bien de una forma y no se animó a cambiar cuando le estaba yendo bien. Le iba bien la diatriba insultiva contra toda la dirigencia política sin distinguir, pero no se preguntó cómo iba a avanzar con ese esquema defensivo con las reformas laborales y tributarias”.
En tanto, De Loredo aseguró que el sistema político argentino tiene una estabilidad de pertenencia que oscila entre “el mundo justicialista y el no justicialista” y dijo, a su juicio, que el Gobierno le erró en “peronizarse” en ciertas prácticas.
El diputado se definió como “un defensor de las coaliciones” y justificó que una democracia se ordena de esa manera, además de que permiten la “preservación de identidades complementarias y diferenciadas”. En este sentido, señaló que en las elecciones en Córdoba se le planteó “sumisión” y agregó que de esa forma se pierde representación social.
También propuso que en las elecciones de octubre el Gobierno debe ir en busca de aquellos que hasta el momento se abstuvieron y no fueron a votar. “Ese sector está compuesto por jóvenes que veían en él una propuesta anticasta y antisistema pero ahora la ven colonizada por el peronismo y copiándole las prácticas al adversario. Tiene que ir en busca del votante como el nuestro pero para eso tiene que intentar reconstruir puentes que rompió con sus aliados. A los gobernadores les compite en sus distritos, así que hasta octubre no puede conversar nada con ellos”, indicó.
“Para lograr que el que se abstuvo lo vote tiene que recuperar la identidad de disrupción y tratar de empoderar a figuras como Alfredo Cornejo y Mauricio Macri para que, a través de sus aliados, pueda representar al votante de Juntos por el Cambio”, siguió.
Por su parte, se refirió a la relación entre la Argentina y Estados Unidos y al respaldo económico del Tesoro norteamericano y remarcó: “A mí me pareció muy bueno para el país, no comprendo a los que dicen que nos endeudamos más. Hubo un problema de gravedad uno. Yo veo una oposición que festeja los errores del Gobierno pero eso tiene una consecuencia con el argentino. Una corrida cambiaria significaba quedarnos sin dólares y un aumento del desempleo. ¿Alguien puede ponerse contento por una consecuencia de ese tipo porque gane o pierda algún dirigente político?“.
En esta línea, comentó que la figura de Donald Trump no le agrada pero destacó que la relación con Estados Unidos es “estratégicamente” importante para la Argentina. “Hay mucho mérito y mucha fortuna. Lo que te dan este tipo de ayudas es tiempo. Esperemos que lo usen para mejorar las asimetrías de las cosas que no estaban caminando. Me parece una obviedad que hay que sacar las bandas”, cerró.
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POLITICA
Javier Milei aceptó 28 modificaciones a la reforma laboral para avanzar en su aprobación en el Senado
El Gobierno aceptó introducir 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral que se debatirá este miércoles en el Senado, tras una negociación liderada por Patricia Bullrich con la oposición dialoguista.
El cambio más significativo es la eliminación del artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para las empresas en un 3%, una medida que permite a las provincias evitar una pérdida estimada en 3 billones de pesos. Al respecto, Bullrich afirmó: “Decidimos postergar el tratamiento del impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”.
En una serie de concesiones hacia la Confederación General del Trabajo (CGT), la Casa Rosada resolvió no modificar el aporte patronal a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%. Asimismo, los denominados “aportes solidarios” continuarán siendo compulsivos por dos años con un tope del 2%, pasando a ser voluntarios una vez vencido dicho plazo.
Por otro lado, los empleadores conservarán su rol como agentes de retención de la cuota sindical, garantizando que no se vea afectada la recaudación de los gremios, mientras que las cámaras empresarias lograron que los aportes de sus integrantes también sean obligatorios por un período de dos años.
La estrategia oficialista, que inicialmente sostenía la postura de “no cambiar ni una coma del proyecto original”, viró hacia el consenso para asegurar entre 42 y 44 votos en la votación en general.
Entre las modificaciones de redacción, se destaca la eliminación de la denominación “industria del juicio” en lo referido a la justicia laboral. El proyecto mantiene como ejes centrales la reducción de cálculos indemnizatorios, mayores facilidades para la contratación y el despido, y la limitación del derecho a huelga, aunque con las flexibilizaciones negociadas recientemente con diversos sectores.
La decisión final se tomó tras una reunión de dos horas de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con la participación de Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo y Martín Menem, entre otros funcionarios.
Tras obtener el visto bueno del Poder Ejecutivo, el nuevo texto fue enviado a los senadores para su tratamiento. Con los gobernadores conformes por el resguardo de sus recursos fiscales, el oficialismo espera que la reforma sea aprobada sin contratiempos, aunque se prevé que los números varíen durante la votación en particular por títulos.
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En el marco de una protesta salarial de las fuerzas de seguridad en Rosario, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el gobierno nacional se puso a disposición del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. En este sentido, afirmó que el “desafío” del Ejecutivo nacional es “cuidar a los ciudadanos” y sostuvo que “no se puede aceptar que haya levantamiento de las fuerzas de ninguna manera”.
“Estoy informado sobre lo que está pasando y la ministra de Seguridad está en contacto permanente y a disposición de la provincia. Por supuesto que he hecho un llamado al gobernador, como corresponde, y quedamos en hablar más tarde porque tenía reuniones. Hay que ser responsables en este momento porque es una situación complicada. El gobernador está hablando con sus fuerzas entendiendo que hay un conflicto salarial que hay que resolver. Los ciudadanos no pueden quedar indefensos”, expresó Santilli en diálogo con Luis Majul por LN+.
Además, dijo que, en estos casos, “no tiene nada que ver el partido político”, sino “ponerse a disposición”. “Los rosarinos son argentinos. Está mal dejar indefensos a los ciudadanos de Santa Fe, desde donde lo quieras ver, por más que haya un problema salarial. Nuestro desafío es cuidar a los ciudadanos. La mirada del Presidente es defender a los ciudadanos y cuidar a nuestras fuerzas de seguridad, pero no podemos aceptar que haya levantamiento de las fuerzas de ninguna manera. De hecho, está incorporado en la reforma laboral que estamos presentando”, remarcó.
Santilli, en tanto, señaló que la recomposición salarial de las fuerzas de seguridad es una responsabilidad de cada una de las provincias y sintetizó: “He sido ministro de Seguridad, lo que nos respecta a nosotros es decir que no podemos permitir el levantamiento de ninguna fuerza y ponernos a disposición de la provincia, que es lo que ha hecho hoy la ministra Monteoliva. En ese marco, no podemos dejar indefenso a ningún ciudadano“.
Celulares en las cárceles
Entre otros temas, el ministro se refirió al uso de celulares en algunas cárceles de la provincia de Buenos Aires, luego de que se confirmara que Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó en la quinta presidencia de Olivos en diciembre del año pasado había sido extorsionado por una banda criminal que operaba desde establecimientos penitenciarios.
“No puede ser que en las cárceles bonaerenses sigan habiendo celulares. Terminemos con esto”, advirtió y apuntó contra la administración de Axel Kicillof por el rechazo a la ley de reiterancia: “Era terminar con la puerta giratoria. Tardó décadas en la Argentina, se sancionó de la mano de Javier Milei y ellos no se adhirieron”.
Acto seguido, Santilli acusó que para el gobierno bonaerense “los delincuentes son víctimas” y cruzó: “Les dejan tener celulares y chorear desde adentro de las cárceles”. Al respecto, llamó a que se eliminen los dispositivos en los establecimientos penitenciarios y defendió el modelo del gobierno nacional: “Hablemos en castellano. De estos casos hay cientos, a mí me tocaron un montón. Desde que llegaron el presidente Milei y la exministra Bullrich se acabaron los celulares en cárceles federales”.
Santilli, sobre la reforma laboral
Asimismo, habló sobre la reforma laboral, que será tratada este miércoles en el Senado, y ratificó que se postergó el artículo que planteaba la disminución del impuesto a las ganancias de las sociedades en las provincias. En este sentido, aclaró que se tratará con la reforma fiscal integral. “Es lo que sostiene el presidente Milei. Hay que generar trabajo y bajar impuestos”, destacó.
“Este miércoles vamos a pelear contra un flagelo que sufren el comerciante, la pyme y el ciudadano, que es la industria del juicio. Un punto central es bajar las multas y las actualizaciones. El Presidente tiene una visión clara y contundente. Todos los que tienen derechos los van a seguir teniendo”, aseveró.
@majulluis,pic.twitter.com/lZIl7WkfBB,February 10, 2026,uso de celulares,LN+,Diego Santilli,,Conforme a,LN+,,»No es magia, es ciencia». Cuáles son los efectos secundarios del Tirzepatida, el medicamento para adelgazar,,Reclamo salarial. Tensión policial en Santa Fe: un funcionario provincial denunció la presencia de “efectivos infiltrados” en la protesta,,“Provoca euforia y ansiedad”. Ni cigarrillos ni vapeadores: advierten sobre los riesgos de una nueva modalidad de tabaco sin humo
POLITICA
Avanza el traspaso de la Justicia Laboral a CABA: la Nación y el gobierno porteño firmaron un acuerdo y falta el aval del Congreso
El gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron este martes un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a la jurisdicción porteña. “Es un nuevo hito en la autonomía”, destacó el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia. El convenio —que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña— establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.
Según el funcionario porteño, este paso permitirá implementar “un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”. El texto del acuerdo ya ingresó al Senado, en medio de una semana clave para la discusión del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei de reforma laboral.
En las últimas horas, el gobierno nacional ya había dado señales para avanzar en un entendimiento con la Ciudad de Buenos Aires y, a través del Decreto 95/2026, dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo. Desde el gobierno porteño, y ante la consulta de Infobae, remarcaron que el convenio es parte de una “mesa de trabajo conjunta” y son optimistas en que el traspaso se pueda dar en el corto plazo.
El decreto publicado en el boletín oficial, además, establece la posibilidad de que, una vez firmado el acuerdo principal, puedan sumarse adendas o convenios complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial.
De manera puntual, lo que está en juego es quién ejerce el poder real sobre los tribunales laborales con sede en CABA. El debate se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.
Hasta el momento, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego en “Bazán”, remarcó que esta situación debería ser solo temporaria y recordó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.
Al respecto, la Corte alegó en su momento que mantener el actual esquema significa, en palabras del Tribunal, “un inmovilismo” que va contra la autonomía porteña y debilita la fuerza de la Constitución Nacional. El texto remarca que existen “graves consecuencias de distinta índole” si esa transferencia no se concreta.
En paralelo, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6.789 en diciembre de 2024, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, y los correspondientes concursos.
En respuesta a estos proyectos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de las leyes locales. Consideraban que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin cerrar primero un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: mientras no haya acuerdo entre ambas jurisdicciones, las leyes porteñas no pueden aplicarse.
La sentencia de la Cámara sostuvo que debe existir un traspaso “racional” y acordado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, indica el fallo, cuya vigencia podría extenderse hasta una sentencia definitiva o el cierre formal del convenio.
Para poder rubricar el mencionado convenio, el gobierno nacional debía habilitar al jefe de Gabinete para representarlos en la negociación. El convenio no implica un traspaso en forma automática, sino que fija las reglas para que el proceso de discusión y transferencia pueda iniciarse de manera institucional y con respaldo político.
El debate arrastra además consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un traspaso de competencias modificaría el fuero donde se tramitan los conflictos laborales en la ciudad y obligaría a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital Federal. El Gobierno porteño avanzó en la designación de jueces y la estructura organizativa. Incluso, a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.
Según el acuerdo, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral (creado por las leyes 6.789 y 6.790) y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.
Qué competencias se transfieren y cuáles no
Según el texto, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabaj, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:
- Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
- Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
- Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
- Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
- Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.
De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.
Régimen de transición y cierre de juzgados
El acuerdo prevé una transición ordenada:
- Las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo.
- La ejecución de las sentencias, sin embargo, se trasladará al nuevo fuero porteño.
- Las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.
Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.
El rol del Tribunal Superior de Justicia porteño
Uno de los puntos más relevantes es la Cláusula Complementaria, que aclara el alcance del fallo “Levinas”: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será el órgano revisor máximo de las decisiones de los tribunales nacionales cuando se trate de cuestiones de derecho local o común, y también cuando exista cuestión federal, en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Solo quedarán fuera de ese esquema las causas propiamente federales por materia o persona.
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