POLITICA
De qué se trata AlertAR, la iniciativa de la ENACOM para alertar a la población sobre situaciones de emergencia
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un proyecto diseñado para contribuir a la gestión de emergencias por catástrofes en todo el país. Se trata del “Sistema de Alerta Temprana – AlertAR”, que fue puesto en marcha a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. El objetivo del mismo es establecer protocolos de prevención y alerta en situaciones de emergencia.
La medida asigna una partida de 12.000 millones de pesos del Fondo del Servicio Universal (FSU) para la adquisición y financiamiento de infraestructura, tanto activa como pasiva, con el propósito de permitir la difusión inmediata de mensajes de alerta “de todo otro hecho que requiera poner en estado de alerta a la población en virtud de desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y/o advertencias de seguridad pública, ello a los fines de salvaguardar la integridad de los habitantes y bienes en las localizaciones, dentro un área geográfica establecida en el territorio de la República Argentina, basados en la tecnología (CELL BROADCAST), conforme lo establecido por la Resolución ENACOM N° 960/2025”.
El organismo estableció que el sistema de alarma temprana requiere “la multi difusión de mensajes a teléfonos móviles”. De esta manera, según lo dispuesto en la normativa 1387/2025, se garantizaría el acceso en todo el país, con independencia de la localización de los usuarios, calidad asegurada y precios razonables.
En el marco del Programa Conectividad de Interés Público (CIP), el Ministerio de Seguridad Nacional le solicitó al ente la implementación de un sistema eficaz para la difusión inmediata, tal como el recientemente lanzado. La respuesta oficial fue favorable y permitió el desarrollo del Proyecto Específico AlertAR.
A su vez, la tecnología Cell Broadcasting permite la emisión de mensajes simultáneos a teléfonos móviles en áreas geográficas determinadas. Este recurso se considera parte esencial del nuevo proyecto. Por esto mismo, el Proyecto “AlertAR” incluye la firma de múltiples convenios: uno de colaboración entre ENACOM y otros organismos competentes, otro con empresas prestadoras y un tercero con el Ministerio de Seguridad Nacional. Estos acuerdos permitirán efectivizar la colaboración público-privada y formalizar la afectación de recursos para el despliegue del sistema.
La normativa prevé la definición y actualización de programas específicos que permitan la evolución y permanencia del servicio, así como la fijación de mecanismos de garantía y cumplimiento por parte de los actores intervinientes.
Para su implementación, deberán contemplarse presupuestos, modalidades de adjudicación y mecanismos de control destinados a garantizar el cumplimiento de metas, supervisado en todo momento por las instancias técnicas y jurídicas del Ente Nacional de Comunicaciones. El proceso de licitación, adjudicación y puesta en marcha buscará asegurar la disponibilidad inmediata del sistema ante eventos críticos, con alcance a todo el territorio nacional.
Alcance y gestión operacional
El objetivo central es contribuir al desarrollo de protocolos de prevención y respuesta en situaciones críticas, optimizando la protección de los habitantes y sus bienes dentro de áreas geográficas definidas mediante la difusión de notificaciones enviadas en simultáneo y segmentadas a todos los teléfonos móviles ubicados dentro de zonas delimitadas, sin que los usuarios requieran instalar aplicaciones ni suscribirse.
Esta solución contempla la adquisición y financiamiento de infraestructura activa —incluyendo servidores, routers, software y equipamientos de conmutación—, así como infraestructura pasiva, compuesta por torres, antenas, cables y sistemas eléctricos necesarios para el funcionamiento del sistema.
La ejecución se desarrolla en colaboración entre ENACOM, el Ministerio de Seguridad Nacional como beneficiario principal, y los prestadores de servicios móviles, quienes adaptan su infraestructura para permitir la integración y operación del sistema.
El financiamiento total proviene del Fondo del Servicio Universal, que garantiza los recursos para la adquisición, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento, capacitación y soporte técnico durante el plazo inicial de treinta y seis meses.
El procedimiento de puesta en marcha prevé la convocatoria a licitación pública para seleccionar al proveedor de la tecnología. Una vez adjudicado, se procede a la instalación, seguida de un período de prueba de sesenta días. El usuario administrativo es responsable de la emisión, contenido y monitoreo de los mensajes conforme a protocolos definidos y en coordinación con las entidades participantes.
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En el inicio de este año, el presidente Javier Milei tiene previsto retomar sus giras por el país y ya eligió como próximos destinos a Córdoba y la provincia de Buenos Aires, dos de los lugares que más visitó en el último tiempo.
El mandatario nacional confirmó la noticia a través de una respuesta que le dio a un usuario de X que comentó uno de sus posteos este jueves.
El jefe de Estado subió a esta red social un video de una versión especial de la canción “Brown sugar”, de los Rolling Stones, que fue la que hizo que fuera fanático de esta banda.
“Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?”, le preguntó uno de sus seguidores, a lo que el líder libertario contestó: “1) Córdoba 2) PBA”.
Si bien todavía no hay fecha confirmada para ninguna de las dos actividades, quien va a estar a cargo de la organización del evento en la provincia del centro del país va a ser Gabriel Bornoroni.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados es oriundo de la capital cordobesa y suele participar de los actos de Milei en esta ciudad.
De hecho, fue quien lo recibió a mediados de diciembre pasado, cuando el Presidente, en el marco de los festejos por el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, encabezó el denominado “tour de la gratitud”.
En este caso, el recorrido fue para agradecer la victoria que le permitió lograr una composición más fuerte de su espacio en el Congreso de la Nación que lo ayudó más tarde a aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia fiscal, las primeras de las reformas que busca sancionar el Gobierno y que se seguirán tratando durante las sesiones extraordinarias a las que se convocará en las siguientes semanas.
En aquella ocasión, además de Bornoroni, el mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria General, Karina Milei, titular del partido a nivel nacional.
El jefe de Estado aterrizó el 12 de diciembre en la capital de la provincia mediterránea, en la que los libertarios, con el ahora diputado Gonzalo Roca a la cabeza de la lista, se impusieron en octubre con el 42.35% de los votos, dejando atrás a pesos pesados en la provincia como el ex gobernador Juan Schiaretti, de Provincias Unidas (28,32%), y Natalia De la Sota, hija del fallecido ex gobernador José Manuel De la Sota (8,75%).
La comitiva recorrió las calles cordobesas y no solo recibió el afecto de sus simpatizantes, sino que también lo retribuyeron, ya que la visita formó parte del “Tour de la Gratitud” del oficialismo, una iniciativa federal destinada a agradecer el acompañamiento ciudadano en las últimas elecciones.
Milei, durante su ruidosa caravana, aprovechó para tomar contacto con sus seguidores locales y les agradeció una vez más el respaldo. Además, con más poder en el Congreso, reafirmó el rumbo que trazó el Gobierno.
El Presidente afirmó que su gestión es la primera en la historia del país que cumplió con todas las promesas que asumió durante la campaña electoral y ya para entonces anticipaba que, con los resultados positivos obtenidos en octubre, avanzará hacia una nueva etapa de transformaciones profundas.
La segunda parada del libertario será en la provincia de Buenos Aire, donde La Libertad Avanza tuvo una importante remontada en las urnas al ganar en octubre después de haber perdido las elecciones locales tan solo un mes antes.
Se trata, además, de un distrito en el que el oficialismo nacional viene intentando mostrar músculo político para comenzar a disputarle poder al gobernador Axel Kicillof, que actualmente aparece como uno de los pocos opositores de Milei con capacidad para competirle en el 2027.
A finales de noviembre, la secretaria general de la Presidencia encabezó un acto partidario en Mar del Plata junto a cientos de dirigentes bonaerenses para empezar a planificar el próximo año legislativo.
El evento se realizó en el NH Gran Hotel Provincial, un histórico establecimiento ubicado frente a la playa Bristol, en el centro de la ciudad balnearia que tiene como intendente a Guillermo Montenegro, electo diputado bonaerense del oficialismo.
“El efecto político de este encuentro es poder juntar a todos los representantes que son parte del proceso legislativo de La Libertad Avanza en la provincia y definir los rumbos de las agendas para poder apoyar el proyecto nacional de Javier Milei. Además, es un gesto hacia el resto de la política partidaria de la provincia de Buenos Aires de que estamos unificando los criterios políticos hacia adelante, definiendo la agenda de prioridades de los temas que nos parecen importantes llevar tanto al Congreso Nacional, a la Legislatura y a los Concejos Deliberantes“, explicó uno de los asistentes aquella vez.
POLITICA
El Gobierno impulsa una reforma integral del sistema de inteligencia: qué cambios prevé y cuáles son los nuevos controles
El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con una reforma profunda del Sistema de Inteligencia Nacional que apunta a modernizar su funcionamiento, clarificar roles y fortalecer los mecanismos de control. La iniciativa se apoya en los cambios ya introducidos por el Decreto 614/24 y propone modificaciones a la Ley 25.520, con el objetivo de mejorar la integración, especialización, eficiencia y legitimidad del sistema.
Según se informó oficialmente, la reforma procura dejar en claro que la inteligencia no cumple funciones policiales ni judiciales, sino que produce información estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, busca brindar respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué prácticas están permitidas y cuáles quedan expresamente prohibidas.
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Uno de los ejes centrales es la creación de una Comunidad de Inteligencia, un ámbito de integración funcional permanente bajo la conducción de la SIDE, que permitirá compartir información entre los distintos organismos especializados del Estado. La medida apunta a evitar duplicaciones y superposiciones, y a incorporar conocimientos sectoriales clave —como los económicos, sanitarios, tecnológicos o climáticos— al análisis estratégico nacional.
En paralelo, se establece una Comunidad Informativa, una red de organismos estatales que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán datos relevantes a la SIDE. El objetivo es ampliar la base informativa del sistema y mejorar la calidad del análisis estratégico.
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Otro punto destacado es la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Mientras que la protección de redes y sistemas quedará a cargo del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, en la órbita de la Jefatura de Gabinete, la ciberinteligencia se concentrará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio. Esta diferenciación, explicaron, busca mejorar la transparencia, la cooperación internacional y el acceso a financiamiento.
La reforma también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a enfocarse exclusivamente en tareas de contrainteligencia, evitando superponerse con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad. En ese marco, se explicita legalmente que la contrainteligencia tiene un carácter preventivo y se orienta a detectar espionaje, sabotaje e injerencias o influencias extranjeras, adaptando la normativa a amenazas tecnológicas y políticas actuales.
En materia de defensa, se ordena la inteligencia militar: se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y se concentra la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de eliminar duplicaciones y mejorar la articulación con la inteligencia nacional.
El proyecto incluye además un fortalecimiento de los controles internos. La actual División de Asuntos Internos pasará a denominarse Inspectoría General de Inteligencia y tendrá mayores atribuciones para auditorías, investigaciones internas y control de legalidad, eficiencia y uso del presupuesto.
Por último, se establece que los titulares de los órganos desconcentrados del sistema serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá modernizar y legitimar el sistema, integrarlo de manera más clara al Estado, separarlo de funciones policiales y adecuarlo a las amenazas contemporáneas, con mayores controles y transparencia.
SIDE, reforma, inteligencia
El nuevo año empieza con extrema tensión entre Jorge Macri y la oposición en la Legislatura porteña, en especial con Fuerza por Buenos Aires (PJ), la primera minoría de la cámara. En vísperas de Año Nuevo, el jefe de gobierno porteño vetó tres proyectos de la principal bancada opositora y dejó en pie de guerra a su conducción que, ya a principios de semana, ya preparaba una ofensiva contra parte del gabinete macrista.
El parlamento local sesionó por última vez el 27 de noviembre, cuando el oficialismo logró aprobar el presupuesto y la creación del sistema penitenciario en la Ciudad. Ese mismo día también se aprobaron tres iniciativas del bloque peronista: una referida a la realización de un estudio epidemiológico de salud mental (ley 6880), otra que apuntaba a mejorar los estándares de calidad de cuidado para hogares de niños (ley 6900); y una tercera que le renovaba el permiso de uso precario y gratuito de un terreno de la ciudad a una cooperativa (ley 6939).
Desde entonces, las iniciativas de Fuerza por Buenos Aires estaban a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, que ahora decidió vetarlas: de manera parcial en el caso de las leyes de salud mental y hogares de niños, pero total para la cesión del terreno. Los vetos, a los que pudo acceder , se firmaron el 30 de diciembre, pero por las fiestas de fin de año, aún no fueron publicados en el Boletín Oficial.
El jefe de Gobierno también vetó una parte de un proyecto de la Unión Cívica Radical que buscaba fortalecer el enfoque metropolitano de las políticas públicas de la ciudad y la coordinación con la provincia. El radicalismo -que mantiene buen vínculo con Pro pese a la ruptura de Juntos por el Cambio- podría actuar como un aliado estratégico del oficialismo en la Legislatura para saldar su debilidad parlamentaria por los próximos dos años.
En el entorno de Jorge Macri argumentan que algunas de las iniciativas rechazadas duplicaban competencias de organismos ya existentes. “Varios proyectos crean comisiones, consejos y órganos paralelos que interfieren con funciones que la Constitución y las leyes ya asignan a ministerios y áreas técnicas”, afirmaron en Uspallata, sede del gobierno de la Ciudad. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la ley de salud mental que, en su artículo 4° (uno de los vetados), crea una Comisión Especial para llevar a cabo el estudio propuesto, una tarea que debería quedar a cargo del Sistema Público de Salud, alegaron. En el caso de la ley 6900, en cambio, el veto tiene razones presupuestarias.
En el peronismo, en tanto, desestiman los motivos oficiales y denuncian que el oficialismo incumple con los consensos alcanzados en el recinto. Claudia Neira, presidenta del bloque del PJ en la Legislatura, publicó un duro posteo en X contra Jorge Macri a raíz de los vetos. Dijo que al jefe de gobierno no le importaban sus funcionarios ni los consensos y que parecía que tampoco los niños. «Gobiernan en minoría y rompen los acuerdos. Enojo es poco”, expresó.
El malestar que despertaron los vetos augura un año parlamentario complejo para el jefe de Gobierno que, a partir del marzo, enfrentará una cámara fragmentada en la que el bloque oficialista Vamos por Más quedó relegado a la tercera minoría. Mientras el bloque amarillo tendrá 11 legisladores, La Libertad Avanza -con quien Pro mantiene una frágil tregua desde las últimas elecciones nacionales- contará con 13 integrantes y Fuerza por Buenos Aires, con 20, es decir, un tercio de la Legislatura.
Con esa representación, el bloque peronista reúne el número necesario para convocar a sesiones especiales por fuera de la agenda del oficialismo. Es lo que sucedió el año pasado, cuando Unión por la Patria desafió al alcalde y, en alianza con la Izquierda y los legisladores larretistas, convocó a una sesión especial para aprobar el boleto gratuito de subte para jubilados.
Ahora, el peronismo podría convocar también a una sesión especial para que se constituya de manera anticipada la comisión de Seguridad y poder citar a funcionarios de la administración de Jorge Macri por unos recientes episodios de violencia policial. En la última sesión preparatoria, del 9 de diciembre, cuando juraron los nuevos diputados porteños, se había postergado la integración de las comisiones para febrero.
El lunes pasado, el bloque que conduce Neira presentó un proyecto de resolución para citar a dicha comisión al ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Pablo Luis Kisch. Les exigen explicaciones por la muerte de Juan Gabriel González durante un enfrentamiento entre efectivos de la policía local y vecinos del Barrio 20 de Villa Lugano el 25 de diciembre.
Según consigna en la resolución a la que accedió , tres días más tarde, otros incidentes en Constitución derivaron en la hospitalización de Leonardo Vargas, otro de los hechos por los que solicitan explicaciones a los funcionarios y las fuerzas de seguridad.
El problema es que, aunque tienen el número necesario para convocar una sesión especial, para obtener quórum y poder avanzar con la constitución anticipada de la comisión, el peronismo necesita reunir 31 votos afirmativos. De no conseguir respaldo suficiente, la citación podría demorarse hasta después de que se reanuden las sesiones ordinarias.
La Izquierda, por su lado, también prepara una ofensiva contra el gobierno local por los enfrentamientos de la semana pasada. “Ante la gravísima escalada de violencia de la Policía de la Ciudad, en las últimas 72 horas, que terminó en el asesinato de Gabriel González en Lugano y dejó peleando por su vida a Leonardo Vargas tras ser baleado en Constitución, presenté un pedido de interpelación al ministro de Seguridad Horacio Giménez, junto a la diputada Vanina Biasi (PO/FIT) y los diputados [Alejandro] Pitu Salvatierra y Andrés La Blunda (Fuerza por Bs. As.). El gobierno de Jorge Macri es responsable”, informó Andrea D’Atri en sus redes sociales.
Tanto la citación impulsada por el bloque peronista como el pedido de interpelación a cargo de los dos monobloques de la Izquierda, anticipan un turbulento inicio de año parlamentario para Macri, quien también deberá resistir la presión de Horacio Rodríguez Larreta y su interbloque Confianza y Desarrollo, de siete legisladores. El exalcalde pretende disputarle la jefatura de gobierno a Pro en 2027.
Legislatura porteña,logró aprobar el presupuesto,permiso de uso precario y gratuito,cámara fragmentada,frágil tregua,convocó a una sesión especial,December 30, 2025,muerte de Juan Gabriel González,pic.twitter.com/uAyLVzElHF,December 29, 2025,Abigail Contreiras Martínez,Legislatura Porteña,Jorge Macri,Conforme a,Legislatura Porteña,,Chiqui Tapia, sal y vinagre,,Jura porteña. Waldo Wolff le dio la espalda a una diputada que defendió a Palestina,,La nueva Legislatura porteña. Juraron Lospennato, Larreta, Santoro y Alonso, mientras Angelici exhibió su influencia en la Ciudad
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