POLITICA
De “queja” ante la Corte: el caso Boudou abre una perspectiva favorable para Cristina Kirchner en Vialidad
El recurso de queja que interpuso Cristina Kirchner ante la Corte Suprema contra su condena en Vialidad inauguró un período de incertidumbre que tiene resonancias electorales: si el máximo tribunal lo rechaza, y lo hace antes del 17 de agosto –fecha en la que cierran las candidaturas de las próximas elecciones legislativas–, además de dejar firme la condena a 6 años de prisión, le impediría participar en los comicios como candidata.
El escenario no es improbable: la condena cuenta con dos fallos en un mismo sentido y llega a la Corte sin el aval de la Casación (va en “queja”), lo que eleva las chanches de que su recurso sea rechazado por el “280″, el número del artículo del Código Civil que habilita a desestimar un recurso sin siquiera analizarlo por no cumplir con la cumplir con la cuestión federal.
Como a la Corte no la corre ningún plazo formal, puede resolver cuando lo crea pertinente.
Existe, sin embargo, un antecedente cercano que ofrece una pista respecto a los tiempos que se manejan en el máximo tribunal: el exvicepresidente Amado Boudou también fue en queja ante la Corte en el marco de la causa conocida como Ciccone, donde se investigó la compra irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica. Allí, el economista fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Luego de confirmar la sentencia que le impuso el Tribunal Oral Federal número 4, la Cámara de Casación rechazó su recurso extraordinario y el exvicepresidente debió acudir en queja a la Corte. Fue en septiembre de 2019.
En los primeros días de diciembre de 2020, casi un año y medio después, en un fallo de media carilla, el máximo tribunal rechazaría su recurso y dejaría firme su sentencia aplicando el “280″.
“Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa”, reza el fallo.
Al igual que la expresidenta, Boudou contaba con el “doble conforme”, es decir, que la sentencia había sido confirmada por un tribunal de alzada. Además, la Casación le había cerrado el camino hacia la Corte al rechazarle el recurso extraordinario.
“Es exactamente igual”, repiten por estas horas las fuentes judiciales consultadas que compararon situación judicial de Cristina con la de Boudou.
La integración del tribunal, sin embargo, era ligeramente distinta: además de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, todavía estaba Juan Carlos Maqueda, que se jubiló en diciembre último, luego de cumplir los 75 años.
Si la Corte se tomara un tiempo similar en resolver y rechazara el recurso de Cristina Kirchner, la expresidenta tendría tiempo suficiente para darle forma a su candidatura, resultar electa y asumir en diciembre como diputada nacional, lo que la daría fueros parlamentarios.
Existen otros motivos por los que no habría que esperar, en lo inmediato, una resolución de la Corte. El fiscal ante la Casación, Mario Villar, también presentó un recurso de queja en la Corte solicitando elevar la pena contra Cristina Kirchner a 12 años por el delito de asociación ilícita.
Por eso, es probable que, antes de resolver, los cortesanos le giren el caso al procurador general y fiscal ante la Corte, Eduardo Casal, para que se pronuncie respecto al pedido de su colega de la instancia inferior.
Además, con su pliego rechazado en el Senado, la investidura de García-Mansilla como juez supremo quedó rodeada de cuestionamientos que muy probablemente se extiendan a cualquier fallo de la Corte del que participe. De hecho, además de presentar la queja, la expresidenta lo recusó, cuestión sobre la que deben expedirse los restantes miembros del tribunal.
Con una integración similar, la Corte Suprema aplicó anteriormente el “280″ en favor de la expresidenta. Fue en la causa por el “dólar futuro”, donde se investigó si hubo fraude a la administración pública por parte de algunos funcionarios –entre ellos, Cristina Kirchner– en las operaciones a futuro de la moneda estadounidense realizadas por el Banco Central.
Allí, Casal solicitó ante la Corte revocar el sobreseimiento de Cristina dictado por Cámara de Casación en abril de 2021. El jefe de los fiscales recogió los argumentos de su colega en la instancia inferior, Raúl Plee, y argumentó que el ámbito natural para discutir la situación judicial de la expresidenta era un juicio oral y público.
La Corte, integrada en ese entonces por Rosenkrantz, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda, desestimó el planteo en diciembre último aplicando el “280″ y dejó firme el sobreseimiento a Cristina. Lo hizo dos años y un mes después de presentado el recurso, aunque no era estrictamente una queja.
POLITICA
La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión
El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.
Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.
Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.
Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.
En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.
El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.
En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.
Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.
Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.
Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.
“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.
No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.
Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.
La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.
Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.
Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.
Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).
En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.
Gabriela Origlia,Conforme a
En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.
La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial
El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.
Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.
Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales
Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.
El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.
Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.
El futuro del plan de acción y la vía judicial
Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.
En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.
El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.
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