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POLITICA

Declararon culpable a Marine Le Pen por un caso de desvío de fondos y la inhabilitaron para presentarse a cargos públicos

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PARÍS.- Este lunes, una corte francesa declaró culpable a Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional (RN, según sus siglas en francés), en un caso de desvío de fondos, aunque los jueces todavía no detallaron cuál sería su sentencia. La exfuncionaria de 56 años, sentada en la primera fila del tribunal de París, no mostró reacción inmediata mientras la jueza principal leía el veredicto. Por lo pronto, no podría postularse a cargos públicos con efecto inmediato, lo que frustraría sus ambiciones presidenciales para 2027. Tanto ella como los coacusados enfrentan hasta 10 años de prisión, medida que podría ser apelada.

La magistrado Bénédicte de Perthuis también dictó veredictos de culpabilidad a otros ocho miembros actuales o anteriores de su partido que, al igual que ella, anteriormente se desempeñaron como legisladores electos en el Parlamento Europeo.

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”El objetivo es garantizar que los representantes electos, como todos los justiciables, no se beneficien de un trato preferente”, aseguró la presidenta del tribunal correccional de París, Bénédicte de Perthuis, al anunciar esta pena de ejecución inmediata para Le Pen y el resto de acusados. Tras conversar brevemente con su abogado, la líder de la ultraderecha francesa abandonó el tribunal sin esperar las penas precisas que la justicia le impondrá. No realizó declaraciones a los numerosos medios presentes.

Durante el proceso oral, la fiscalía pidió cinco años de cárcel (dos de obligado cumplimiento), 300.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación contra ella. Si el tribunal sigue el pedido del ministerio público, la dirigente no podría presentarse a la elección presidencial de 2027, a la que ya no puede concurrir el actual presidente Emmanuel Macron. Los sondeos la colocan en cabeza de la primera vuelta. Ella había descrito previamente ese escenario como una “muerte política”.

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La denuncia por malversación de fondos

La justicia procesó entre septiembre y noviembre a Le Pen, a su partido y a otras 24 personas por presuntamente pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su formación entre 2004 y 2016. Según la investigación, se puso en marcha de “forma concertada y deliberada” un “sistema de malversación” de los 21.000 euros (22.700 dólares) al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios.

El tribunal consideró que “en realidad” trabajaron para el partido Frente Nacional (FN), rebautizado RN en 2018, que se habría ahorrado importantes sumas de dinero con esta práctica prohibida por la legislación europea. Las audiencias dejaron al descubierto, por ejemplo, que parte del dinero de la Unión Europea (UE) se utilizó para pagar al guardaespaldas de Le Pen, quien una vez fue quien resguardó a su padre, así como a su asistente personal.

Declararon culpable a Marine Le Pen por un caso de desvío de fondos y la inhabilitaron para presentarse a cargos públicos

Posicionamiento

Le Pen quedó en segundo lugar por detrás del presidente Macron en las elecciones de 2017 y 2022, y el apoyo electoral de su partido creció en los últimos años. A lo largo de juicio de nueve semanas que se extendió desde finales de 2024, la derechista argumentó que la inhabilitación “tendría el efecto de privarme de ser candidata presidencial” y privaría de derechos a sus seguidores. “Hay 11 millones de personas que votaron por el movimiento que represento. Así que mañana, potencialmente, millones y millones de franceses se verían privados de su candidato en la elección”, dijo al panel de tres jueces.

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Si Le Pen no puede postularse en 2027, su aparente sucesor natural sería Jordan Bardella, su protegido de 29 años que la sucedió al frente del partido en 2021.

Con información de las agencias AP y AFP

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La Cámara Nacional Electoral bajó la lista de Zamora en el PJ de Tigre y la conducción queda para el massismo

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Con el voto de los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó este martes el rechazo de la lista encabezada por Mario Zamora y dejó firme la proclamación de Luis Samyn Ducó al frente del Partido Justicialista de Tigre, de cara a la elección interna del 15 de marzo.

Según informaron fuentes judiciales, el fallo revocó la decisión del juez de primera instancia Ernesto Kreplak, validó lo resuelto por la Junta Electoral del PJ bonaerense y confirmó la proclamación de lista única en Tigre, lo cual deja afuera de la competencia interna al intendente de Tigre, Julio Zamora, hermano y jefe político de Mario Zamora.

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La Justicia Electoral dejó firme la resolución partidaria que rechazó la oficialización de la lista de Zamora y confirmó la proclamación de Samyn Ducó, lo que deja al PJ de Tigre bajo la conducción de la lista Unidad. Se trata de un espacio referenciado en la conducción política de Sergio Massa y Malena Galmarini.

Sergio Massa y Malena GalmariniJUAN MABROMATA – AFP

En su fallo, la CNE ratificó el criterio adoptado por la autoridad partidaria del PJ bonaerense y sostuvo que “toda vez que el criterio seguido por el organismo electoral partidario (…) no se apartó de las disposiciones mencionadas (…) corresponde revocar la resolución apelada, lo que así se resuelve”.

“La junta electoral partidaria (…) consideró que la lista presentada había omitido al momento de la presentación la integración de 3 candidatos a congresales provinciales titulares, acompañando documentación que completaba la nómina con posterioridad al vencimiento del plazo para la presentación de listas”, especificó la CNE.

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Los jueces de la Cámara Nacional Electoral: Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas

Los jueces electorales abundaron: “En virtud del principio de preclusión, no es posible la reapertura de etapas y momentos procesales ya extinguidos, considerándose válidos los actos que no fueron impugnados en tiempo oportuno.”

Antes, el fiscal Ramiro González sostuvo que “no aparecen en las constancias obrantes en autos elementos que permitan apartarse de la decisión adoptada por la Junta Electoral”, y recordó que la lista presentada por el espacio de Zamora “no cumplía con los requisitos para poder ser oficializada al momento del cierre del plazo”.

El domingo próximo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires tendrá 17 elecciones internas en municipios en los que se definirá la conducción partidaria. La de Tigre era, hasta este martes, la interna número 18, pero quedó desactivada.

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Más de 18 mil personas se anotaron para participar del debate público de la Ley de Glaciares y se ralentiza el avance legislativo

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Las provincias mineras argentinas enfrentan un desafío político y reglamentario mientras buscan atraer inversiones internacionales. Esta semana, gobernadores de provincias mineras viajaron a Nueva York con el objetivo de “vender” las oportunidades de desarrollo de este sector en sus territorios ante grandes compañías, utilizando como argumentos tanto las aptitudes geológicas como la reciente media sanción del Congreso sobre la modificación de la Ley de Glaciares.

Este intento de seducción al capital extranjero coincide, sin embargo, con la emergencia de obstáculos internos: el avance de la reforma se ve comprometido por la masiva participación ciudadana registrada en las audiencias públicas, lo que amenaza con extender el debate durante varios meses.

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De acuerdo con datos del oficialismo y la oposición, ya se inscribieron 18.000 personas y asociaciones para participar de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados. Bajo el esquema actual de exposiciones —cinco minutos por participante— se requerirían aproximadamente seis meses para completar el proceso. Este volumen podría incluso aumentar, ya que sectores opositores han solicitado conocer el listado completo de inscriptos, información todavía no publicada por el oficialismo.

Durante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza, se definió la convocatoria a dos jornadas de audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo, de 10 a 19 horas. El formato prevé el primer día de exposiciones presenciales en la Sala A del Anexo “C” de la Cámara baja y el segundo día, intervenciones remotas para cumplir con el carácter federal del debate.

Aunque falta información de la cantidad de personas inscriptas, aseguran que sigue aumentando y desde los bloques de la oposición presentaron un pedido de ampliación de las jornadas.

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Mediante una carta que lleva la firma de Maximiliano Ferraro (CC), Sabrina Selva (UP) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), se pidió a las autoridades de las comisiones ampliar los días de audiencias. “Solicitamos que se adopten las medidas necesarias para ampliar la convocatoria y la duración de la audiencia pública, de modo tal que las personas inscriptas puedan participar efectivamente del proceso deliberativo. Solo de esta manera podrá asegurarse de que el procedimiento cumpla con los estándares de participación ambiental asumidos por la República Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú“, dice la carta que ingresó hoy.

La disposición de sesiones presenciales y virtuales promueve la inclusión federal, permitiendo que más actores sociales y comunidades tengan espacio en el proceso legislativo

El proyecto de ley propone modificar el objeto protegido por la norma vigente, limitando la protección solo a los glaciares y geoformas periglaciales que funcionen como reservas estratégicas de recursos hídricos o sean fuentes de recarga de cuencas. De este modo, la nueva redacción reduce el alcance respecto de la ley original, que protegía de manera general todos los glaciares y ambientes periglaciales.

De ser aprobada la reforma, las provincias obtendrían mayor autonomía para identificar qué áreas cumplen funciones hídricas relevantes sobre la base de estudios técnico-científicos propios, lo que les permitiría definir qué territorios resultan efectivamente protegidos por la ley.

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Aunque se mantiene la prohibición de actividades que alteren el estado natural de glaciares y ambientes periglaciales —incluidos proyectos mineros, hidrocarburíferos, industrias y liberación de contaminantes—, la reforma establece un cambio en el criterio. Se reemplaza el sistema de prohibiciones absolutas por un enfoque fundado en impactos ambientales comprobables y evidencia técnica sobre el valor hídrico de cada área. Como consecuencia, las actividades productivas no se encontrarían automáticamente vedadas, sino sujetas a un análisis caso por caso.

La Libertad Avanza aceptó el pedido de convocar a audiencias públicas para que la sociedad civil participe del debate

Mientras el oficialismo —encabezado por La Libertad Avanza— busca acelerar la aprobación de la norma, miembros de las propias comisiones reconocen la dificultad de cumplir los plazos ante el volumen de inscriptos. Fuentes parlamentarias señalan que probablemente se solicitará que parte de las posiciones sean presentadas por escrito, aunque admiten que de todos modos deberán ampliarse las jornadas de debate.

Desde la oposición, en particular el bloque de Unión por la Patria, se reclama mayor transparencia y la publicación del listado de quienes solicitaron participar. “Hay una pestaña en la web de Diputados para inscribirse y en la misma se tiene que publicar el listado, el oficialismo no lo hace. Se lo pedimos por carta el pasado 6 de marzo pero no tuvimos respuesta”, declaró a Infobae una fuente de dicho espacio.

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Mientras se discute el modo de canalizar la inédita participación ciudadana, la Argentina Week en Nueva York —evento central para tentar inversiones mineras— revela la doble agenda que enfrenta el país. Por un lado, la búsqueda de capital foráneo; por el otro, una discusión social amplia y prolongada sobre el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental.

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Causa $LIBRA. En su rol de abogado querellante, Grabois le pidió al procurador Casal que arme un equipo de fiscales para apuntalar la investigación

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Disconforme con la marcha del expediente $LIBRA que investiga al presidente Javier Milei, el diputado y dirigente social, Juan Grabois, que representa como abogado a un grupo de damnificados en la causa, le envió este lunes una carta al procurador general interino Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, denunciando demoras en la producción de pruebas y solicitándole el armado de un equipo especial de investigadores para apuntalar la pesquisa.

En su escrito, Grabois argumentó que el fiscal Eduardo Taiano -a quien cuestiona en el expediente- se encuentra con demasiado trabajo, por estar a cargo de la fiscalía especializada que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman y subrogar otras fiscalías.

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“El estado de la pesquisa [ por $LIBRA], así como la gran cantidad de notas periodísticas publicadas recientemente, las cuales informan sobre un presunto ocultamiento de pruebas a las partes de la causa, así como también de la dilación en la producción de aquellas, exponen palmariamente la necesidad de armar un equipo de fiscales”, le dice Grabois a Casal, y cita como antecedente la designación de fiscal Ignacio Mahiques como fiscal colaborador en la causa conocida como Hotesur/Los Sauces, que investiga a la expresidenta Cristina Kirchner.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo CasalFiscales.gob.ar

“La demora en la investigación -transcurrido ya más de un año desde el inicio de la causa- y el retraso en la producción de medidas de pruebas urgentes, o la cooperación internacional de un expediente que ya tiene ramificaciones en Estados Unidos y en España expondrán a la República Argentina, y en particular a la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, a un deterioro de la credibilidad”, sigue el texto.

En paralelo, el equipo de abogados que trabaja junto al dirigente en la causa presentó un escrito en fiscalía advirtiendo sobre un presunto ocultamiento de parte de la prueba recabada, a raíz de información que dieron a conocer medios de comunicación, como el diario .

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En particular, citan el caso del informe pericial de la DATIP, que es un análisis sobre el material extraído de teléfonos y dispositivos pertenecientes a dos de los protagonistas de la maniobra investigada, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Denuncian una “asimetría” de acceso a la prueba entre el acusador público -Taiano- y ellos, que representan a tres querellantes, afectados por el colapso repentino del precio de la moneda digital, que previamente, con la promoción del presidente Milei en redes sociales, había experimentado una alza abrupta.

Nueva información

A fines de febrero, contó que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que el presidente Milei había mantenido conversaciones por WhatsApp e Instagram con Novelli y este último con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el creador del activo Hayden Davis.

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También que en uno de los dispositivos de Novelli se detectaron borradores del “acuerdo confidencial” que el presidente Milei y el estadounidense Hayden Mark Davis habrían firmado el 30 de enero de 2025.

De esa y otra información los abogados se habrían enterado por la prensa.

Los letrados Nicolás Rechanik, Camila Palacin Roitbarg y Yamil Castro Bianchi también critican que el fiscal haya consultado en la secretaría que dirige Karina Milei si existe copias del presunto acuerdo confidencial que habría firmado el presidente con Hayden Davis.

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“El pedido de información se encuentra dirigido a un órgano administrativo que depende jerárquicamente de una persona imputada en la causa”, marcan, en referencia a la hermana del presidente, cuyo nombre está en la carátula del expediente.


diario LA NACION,se detectaron borradores del “acuerdo confidencial”,Federico González del Solar,Conforme a,,Caso $LIBRA. Revelan imágenes del borrador del acuerdo que Milei habría firmado con Hayden Davis,,Caso $LIBRA. Peritos oficiales hallaron copias de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis,,$LIBRA. El jubilado que recibió un millón de dólares figura en sociedades del exterior y conduce autos de alta gama

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