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Defensor del Niño: la Justicia no habilitó la feria para frenar un examen clave que se realizará mañana

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El acelerado proceso para saldar la delirante situación de la Defensoría del Niño tuvo, a horas de realizarse un examen clave del concurso para la sucesión, un nuevo episodio: una de las candidatas pidió sin éxito la habilitación de la feria judicial para dar lugar a una cautelar no sólo para frenar el examen que se consumará dentro de unas horas en el Congreso, sino también para intervenir al organismo.

La desordenada actualidad abarca un sendero minado durante largos meses en los que, con el correr del tiempo, pareció empeorar. El año pasado, la bicameral que fiscaliza la Defensoría del Niño no se pudo constituir -faltaron confirmar a los integrantes del Senado, por orden directa de Victoria Villarruel-, en una jugada orquestada por la Casa Rosada hasta que finalizara la gestión de Marisa Graham. Las sospechas de quienes nunca comulgaron con la ex funcionaria apuntan al uso de una jugosa estructura y fondos nada despreciables para hacer política.

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Todo terminó de la peor manera en plena temporada estival, con el mandato autoprorrogado de Graham y un tardío fin que le aplicó el Congreso desde la comisión. Es decir, un mega papelón institucional en el que casi todos fueron parte. En el medio, las personas y entidades que desde hace décadas se dedican a esta temática. Suelen ser, en el fondo, los más perjudicados.

La ex Defensora del Niño Marisa Graham, cuando juró en 2020 en la Cámara alta. Se autoprorrogó el mandato en enero pasado -lo contó Infobae- y generó un escándalo institucional

Con mayorías que fueron y vinieron en diversas ocasiones, un sector mayoritario de la oposición -kirchnerismo y “dialoguistas”- puso en la presidencia de la bicameral a la diputada radical Natalia Sarapura (Jujuy), quien por momentos tuvo dificultades para comandar la nave. Los legisladores de la Cámara baja y los senadores que integran la bicameral tampoco ayudaron.

La activación del concurso y la organización el examen -instancia clave- avanzó en las últimas semanas. Primero, con una mayoría de kirchneristas y radicales. No obstante, en algunos momentos también se sumaron el macrismo y La Libertad Avanza. Es decir, no hubo grandes objeciones.

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Durante la corriente semana, una postulante solicitó habilitar la feria judicial e intervenir la Defensoría -la bicameral votó semanas atrás una vía paralela para que el organismo pueda funcionar- por “nulidad e inconstitucionalidad de un concurso público viciado por “desviación de poder, violación reglamentaria, falta de imparcialidad o transparencia”.

La bicameral no logró conformarse durante meses por orden de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel

Por caso, la denunciante enumeró, a través de sus abogados patrocinantes, que la bicameral “omitió brindar información esencial en tiempo y forma respecto de aspectos cruciales del Concurso, particularmente: (a) la identidad del Escribano Público encargado de garantizar la confidencialidad y resguardo de las pruebas de oposición; (b) el lugar y modalidad en que se custodian los exámenes escritos antes de su realización; y (c) la comunicación oportuna de tales extremos a los postulantes”.

“Recién una semana antes del examen -cuando el proceso ya se halla avanzado y a escasos días de la prueba escrita- la Comisión informó parcialmente que contaría con un escribano del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para intervenir en el Concurso, sin mencionar su nombre ni detallar dónde estuvieron depositados los cuestionarios o materiales de examen durante las semanas previas. Tal información tardía y fragmentaria resulta claramente insuficiente y contraria a las exigencias de publicidad efectiva”, se señaló en el documento.

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La denunciante fue más allá y lanzó un punto sensible: “Se ha advertido que un porcentaje relevante de las organizaciones convocadas al proceso, ya sea como miembros del Consejo Asesor o como observadores, recibe financiamiento de fundaciones extranjeras. Dicho financiamiento vulnera el principio de autonomía institucional del Estado argentino. Como ciudadana argentina y postulante a un cargo creado por ley nacional, tengo derecho a un proceso institucional libre de interferencias de entidades externas”. En otro tramo, agregó: “La ciudadanía, los postulantes y las organizaciones interesadas en la protección de la niñez tienen derecho a saber bajo qué condiciones se protegen algo tan sensible como sus exámenes escritos”.

La diputada radical Natalia Sarapura (Jujuy) tuvo dificultades para ordenar la bicameral

“Solicito expresamente que se intime al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, a que proceda a designar en forma transitoria y excepcional a un/a ciudadano/a con formación acreditada en derechos de infancia, independencia funcional y solvencia ética para ejercer la intervención de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta tanto se lleve a cabo un nuevo concurso de antecedentes y oposición con pleno cumplimiento de las garantías legales y constitucionales”, enfatiza la presentación.

En resumidas cuentas, esto significaría una victoria para quienes rechazaron la gestión de Graham, siempre en conflicto desde los bandos “verde” y “azul” que surgieron, años atrás, con las discusiones de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De concretarse, se repetiría el escándalo iniciado con el mandato auto prorrogado de Graham. El problema es que la bicameral, en vez de la sensatez, se subió a un ring político por esa estructura y la caja. Y aquí las consecuencias.

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Cerca del mediodía, la justicia -la cuestión de fondo aún no fue saldada- indicó que “no se advierten en la presentación inicial que se encuentren demostradas, concreta y acabadamente, las razones de inexcusable perentoriedad para que intervenga el Juzgado de Feria, ni que se torne infructuosa la tutela de derechos cuya protección se pretende a través de la producción de un perjuicio concreto e inminente, con entidad bastante, resultando insuficiente la mera invocación de la urgencia en base a las afirmaciones efectuadas”.

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«Día del Niño por Nacer»: el Gobierno celebró la fecha y ratificó su postura contra el aborto legal

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El Gobierno nacional publicó hoy un mensaje en redes sociales con motivo del «Día del Niño por Nacer«, en el que reafirmó su postura en “defensa de la vida desde la concepción”, que es contraria a la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en 2020.

Este 25 de marzo celebramos el Día del Niño por Nacer, haciendo un llamado a proteger a quienes aún no tienen voz, reconociendo la dignidad inviolable de todo ser humano desde su concepción y ratificando la defensa de la vida como el primer derecho fundamental, del cual emanan todos los demás”, señala el posteo desde la cuenta de Casa Rosada.

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La jornada fue instaurada por decreto en 1998, bajo el mandato del entonces presidente Carlos Menem, como parte de una agenda que impulsaba el Papa Juan Pablo II. Argentina fue uno de los primeros países en declarar la fecha de manera oficial. A casi 20 años de su sanción, nunca se modificó desde entonces, aún cuando pasaron distintos gobiernos con la más amplia diversidad ideológica.

El posteo del Poder Ejecutivo recuperó esa efeméride: “Reafirmamos la vocación histórica de Argentina de promover la cultura de la vida con la certeza de que ella siempre triunfa sobre la muerte”.

La Casa Rosada publicó en X una ecografía fetal para conmemorar el Día del Niño por Nacer, reafirmando la defensa de la vida desde la concepción el 25 de marzo.

La consigna “pro vida” es compartida por los distintos sectores del oficialismo, incluso entre los bandos que están enemistados en la interna libertaria. Es el caso de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que avaló para este miércoles en el Senado una agenda de actividades alusivas a la jornada.

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A las 11.00, se programó el ciclo “Hablan los expertos: La defensa del niño por nacer. La vida nuevamente en la agenda argentina”, organizado por la senadora nacional por Córdoba de La Libertad Avanza (LLA), Carmen Álvarez Rivero y el Centro de Estudios Civilitas.

Entre los oradores están incluidos Samuel Jofré, obispo de Villa María, Rubén Revello y Zelmira Bottini de Rey, del Instituto de Bioética de la UCA; Macarena Fehleisen, de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA); Luis María Caballero, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune Argentina; y Sebastián García Díaz, director del Centro de Estudios Civilitas.

Por la tarde, a las 16, se inaugurará la muestra “Tu camino antes de nacer” en el hall de ingreso del Edificio Anexo del Senado. La actividad fue organizada por autoridades del Senado de las áreas de Cultura y Relaciones Internacionales, junto a CO.DE.IN. Finalmente, el cronograma finalizará a las 19, cuando se iluminarán los balcones del Palacio Legislativo con el color celeste azul para conmemorar la fecha.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel, en una actividad durante 2025 por el Día del Niño por Nacer (Celeste Salguero/ COMUNICACION SENADO)

Más allá de La Libertad Avanza, este mediodía hubo pocas voces que se pronunciaron sobre el día. Desde el PRO, la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, desde hace tiempo se abraza a la agenda simbólica “provida”, y publicó un mensaje alusivo para que “cada persona recuerde que esos niños que aún no nacieron tienen derechos tan reales como los suyos”. “En especial, recordar que tienen derecho a estar vivos y a nacer”, señaló en un texto.

“En la Ciudad, en este momento hay alrededor de 28.000 niños por nacer; en toda la Argentina, unos 380 mil; y en el mundo, 140 millones. Todos estos niños están dentro del vientre de mujeres en distintas etapas de desarrollo: desde a término para su nacimiento (aproximadamente 40 semanas), hasta recién concebidos”, indicó la funcionaria del alcalde Jorge Macri.

“Desde el instante de la concepción hasta que un bebé nace pasan apenas 280 días, menos de 7000 horas -continuó- En ese período sucede la transformación más colosal que existe, que convierte la información genética de solo dos células de distinto sexo en un ser humano completo. En ese período, no hay nada más solo, frágil e indefenso que ese niño por nacer”.

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Clara Muzzio compartió un mensaje en redes sociales conmemorando el Día del Niño por Nacer, enfatizando la importancia de proteger la vida desde la concepción.

A fines de 2024, el gobierno porteño profundizó en este programa. Anunció una iniciativa mediante la cual los padres que perdieron a sus hijos antes de nacer podrán registrarlos con nombre completo. Hasta entonces, en todo el país, la muerte de un feto se anotaba como NN, con el apellido de la madre y/o el padre. No existe una legislación para estas situaciones.

Los mensajes y actividades oficiales están en sintonía con la “batalla cultural” conservadora que impulsan los libertarios, que repudian lo que denominan como “ideología de género” que apuntan a los reclamos de igualdad que abroga el feminismo y la agenda de derechos impulsada por el movimiento de mujeres.

Como reflejó el debate de la legislación del aborto, la discusión sobre el inicio de la vida humana es controversial en la comunidad científica y médica. También genera posturas enfrentadas sobre lo que se debe priorizar desde un punto de vista bioético: si el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, o las concepciones filosóficas y religiosas que consideran al cigoto como un ser humano con plenos derechos. En 2020, se zanjó legalmente esa disputa en favor de la autonomía de las mujeres sobre sus vientres.

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Fotografía de archivo que muestra a una mujer embarazada. EFE/ Francisco Guasco

Los mensajes y las actividades oficiales están en sintonía con la “batalla cultural” que impulsan los libertarios. Este sector repudia lo que denomina ‘ideología de género’ y rechaza tanto los reclamos de igualdad por los que aboga el feminismo, como la agenda de derechos promovida por el movimiento de mujeres.

Si bien el Gobierno abraza a los pañuelos celestes, lo cierto es que en el movimiento libertario global tampoco hay consenso sobre el punto. Una de las fuentes de inspiración de Milei, Murray Rothbard, proclama que la madre debe tener un derecho absoluto sobre su cuerpo.

Ya el año pasado, la administración de Javier Milei había impulsado una efeméride similar. Desde su llegada al poder, La Libertad Avanza cuestiona abiertamente la legalización del aborto y coquetea con la idea de promover su derogación.

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Pese a la vigencia de la Ley N° 27.610, las organizaciones civiles y sociales de derechos humanos advierten por su incumplimiento y falta de acceso a recursos de salud reproductiva. Según Amnistía Internacional, se desmantelaron programas y canales de contención y asesoramiento sobre el derecho al IVE y la provisión de métodos anticonceptivos. La ONG recibió en el último año un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto, en comparación con 2023.

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Karina Milei corrió a Santiago Caputo de la negociación y busca un lugar en el Corte bonaerense

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“Loco, tenés que completar la Corte ya”. La premura de Sergio Massa en una charla en confianza con Axel Kicillof sucumbió a la procrastinación. Había un principio de acuerdo para avanzar con los pliegos a fin de año, pero la pelea por las autoridades de la Legislatura lo frustró. “Después de la extorsión van a tener que esperar”, se enfureció el Gobernador.

Ahora empieza a correr el nuevo deadline: “Una nueva Corte antes del Mundial”. El ministro de Justicia bonaerense, el cristinista Juan Martín Mena, dijo hace unos días: “Estamos trabajando para que antes de fin de año podamos tenerla completa”.

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La ministra de la Suprema Corte de Justicia bonaernse. (Foto: Cámara de Diputados bonaerense)

La Suprema Corte bonaerense está integrada por apenas tres miembros –Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres-, después de la muerte de Héctor Negri y las renuncias de Eduardo De Lázzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud. Hay cuatro vacantes, pero si Kogan decidiese jubilarse, serían cinco.

“La veo muy activa. Es como ‘la Chiqui’ Legrand de la justicia. Nos va a jubilar a todos”, dicen en los pasillos del máximo tribunal de calle 13.

Así, La Libertad Avanza va a tener que esperar. “Aún no se empezó a conversar. Lo vamos a encarar en breve”, dicen cerca de Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.

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Es que el reparto de las cuatro vacantes ya está. Al menos para las tribus que cobrarán: el peronismo en las tres variantes (La Cámpora, Frente Renovador y el kicillofismo) y el radicalismo.

La Cámpora impulsa al ministro de Justicia Juan Martín Mena; Massa a Ramiro Gutiérrez; el Gobernador a Santiago Pérez Teruel, asesor General de Gobierno. La UCR, a Marina Sánchez Herrero, esposa del senador nacional Maximiliano Abad.

Para el cupo femenino, La Cámpora y el Frente Renovador también tienen candidatos: Marisa Herrera, hermana de Paloma, la reconocida bailarina clásica, es impulsada por el sector de Máximo Kirchner, y la ex diputada Micaela Moran por Malena Galmarini.

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También los intendentes quieren una vacancia. El de La Plata, Julio Alak, promovería a Miguel Berri, un legendario radical de la ciudad de las diagonales. El grupo de los intendentes ya había logrado colar al histórico Julio Pereyra como director en el Banco Provincia.

Karina Milei, Javier Milei y Sebastián Pareja en el Congreso de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. (Foto: X @SPareja_)
Karina Milei, Javier Milei y Sebastián Pareja en el Congreso de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. (Foto: X @SPareja_)

En el inicio de la gestión libertaria hubo un intento por atar esa negociación con la ampliación de la Corte nacional. Las conversaciones eran entre Mena y el vocero de Santiago Caputo, el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio. Pero Karina Milei copó Justicia con la designación de Juan Bautista Mahiques y todo volvió a cero.

Kicillof, que busca suceder a Javier Milei, no quiere dejar la Provincia sin nombrar a los nuevos ministros de la Corte, pero quiere manejar los tiempos para ¿una negociación con La Libertad Avanza? La interna peronista siempre mete la cola. El Gobernador necesita de la Legislatura y si la buena convivencia no llega del lado del peronismo deberá buscarla en otras bancas.

Massa, Máximo Kirchner y los intendentes meten presión. No es la única. “Antes del mundial tiene que salir la nueva Corte y después vamos por la reelección indefinida”, dicen los intendentes.

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Reforma de glaciares: desde el peronismo advirtieron que la ley “va a ser judicializada a las pocas horas”

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Comenzaron las audiencias públicas para discutir la reforma del artículo que define las áreas periglaciares. Más de 100.000 personas intentaron inscribirse para participar de este proceso, que busca modificar el artículo que define la extensión y características de las áreas periglaciares. El Gobierno promueve este cambio con el objetivo de habilitar nuevas explotaciones mineras en regiones actualmente protegidas. La definición de estas áreas resulta central porque permitiría ampliar los sectores donde hoy está prohibida la actividad minera según la ley vigente.

El proceso legislativo contempla la presencia de 360 expositores seleccionados. Habrá 180 disertaciones presenciales y 180 remotas, distribuidas en dos jornadas. Esta limitación provocó reclamos de organizaciones ambientalistas y participantes que habían solicitado intervenir, ya que originalmente se anotaron más de 100.000 personas. Según explicaron autoridades legislativas, el criterio para acotar el cupo responde a la imposibilidad logística de dar lugar a todos los interesados.

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Leonardo Grosso, expresidente de la Comisión de Recursos Naturales y referente peronista, se inscribió como expositor en el debate. “La expectativa es baja en realidad, porque se generó mucha expectativa con la posibilidad de hacer una audiencia pública genuina en los marcos de la Ley General de Ambiente y del Acuerdo de Escazú, que tiene rango constitucional en la Argentina», dijo en Infobae en Vivo A las Nueve.

Y agregó: “En el camino a eso, vimos cómo fue cercenada la posibilidad de participar de 102.000 personas que se inscribieron en un lugar donde decía: ‘Inscribite si querés opinar para la ley de glaciares’. No decía: ‘Inscribite y vemos cuántos’, o ‘tenés que cumplir determinados requisitos’. Así que, en principio, hay una expectativa baja”.

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Cuál es el punto más debatido de la reforma

El debate se centra en el artículo que define las áreas periglaciares. De acuerdo con Grosso, la reforma propuesta no reconoce el agua y los glaciares como recurso estratégico de la nación. “Todos los procedimientos institucionales y normativos que deberían llevarse adelante para modificar actividades permitidas o no en zonas declaradas de interés estratégico de la nación tendrían que ser mucho más apegados a derecho”, afirmó.

El expresidente de la comisión agregó: “Esta audiencia pública es más una farsa para tener una pantalla legal que proteja de posibles procesos judiciales a la modificación de esta ley. Y creo que no lo va a lograr por todas estas desprolijidades cometidas por las autoridades al llevar adelante esta ley”.

Al mismo tiempo sostuvo que “lo podrían haber hecho de otra manera, podrían haber anticipado que iban a tener determinados requisitos las personas que podían hablar, o podrían haber limitado el cupo de inscriptos desde el inicio. También podrían haber realizado más audiencias, como se evaluó en la primera comisión conjunta que estableció estas instancias”.

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La rapidez en la convocatoria generó preocupación en los participantes. “Hay un apuro y una celeridad que no van de la mano de la necesidad de que el pueblo se exprese y escuchar a todos por igual. Son cuestiones que van a complicar judicialmente esta ley. Por eso estamos complicados”, destacó.

Riesgos ambientales y argumentación federal

Grosso sostuvo que no se garantizó el federalismo ni la participación libre, previa e informada. “No hay una audiencia, hay una simulación de audiencia viciada, que no garantiza la participación libre, previa, informada, que no consulta a las comunidades específicas que van a ser afectadas, ni explica el criterio de selección de quiénes hablan aquí”.

En la exposición, el referente peronista remarcó que los glaciares aseguran el caudal de agua de 39 cuencas que afectan a la mayoría de las provincias y a siete millones de personas.

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Hay un problema interjurisdiccional que está claramente presente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Villarino y Carmen de Patagones tienen la cuenca del río Colorado, con hectáreas productivas del sector agrícola que podrían resultar impactadas si se permite la minería a cielo abierto en glaciares y así se contamina ese río. El porcentaje de caudal asegurado por estos ambientes supera el 50% en épocas de sequía, y esa situación se extiende hace más de una década”, afirmó.

Respecto a la judicialización, Grosso advirtió: “Lo que yo marco es que, más allá de la aprobación, a las pocas horas va a estar judicializado”.

El Gobierno argumenta limitaciones logísticas para restringir la participación ciudadana en el debate sobre la reforma de glaciares y áreas protegidas

Debate político y el rol de los gobernadores

Varios gobernadores peronistas manifestaron su adhesión a la reforma. Sin embargo, para Grosso, no se trata de una cuestión partidaria. “No todos los gobernadores peronistas apoyan, sino los que son pro mineros y están condicionados por esa actividad”, sostuvo. Agregó: “El federalismo no es que cada gobernador decida, sino priorizar los intereses del país entero. Cambiar un régimen de decisión científica por uno político implica riesgos para los intereses compartidos entre provincias”.

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Al explicar su postura, afirmó: “No es una discusión del Gobierno de Milei contra la oposición. Muchos peronistas, radicales y de otros partidos apoyan la modificación, y muchos estamos en contra. Planteamos la necesidad de una participación real de los sectores sociales, porque, si no, habrá más inseguridad jurídica con estos proyectos llevándose adelante que la que reclaman las empresas mineras”.

El ex presidente de la comisión reiteró: “Nosotros planteamos: cuidemos el recurso hídrico, que es escaso, en un contexto de calentamiento global, que lo dice la comunidad científica internacional, no lo dice Leo Grosso”.

Perspectiva ambiental y proporcionalidad de la reforma

Grosso subrayó que la superficie donde se prohíbe la minería equivale al 0,4% del territorio nacional y al 1% de la cordillera. “No es una posición en contra de la minería en general, sino sobre el lugar donde puede realizarse. Lo que se plantea es establecer un ordenamiento: aquí no se puede hacer minería, aquí sí. Hay cuestiones que, como país, deberían estar definidas en función de la protección de actividades fundamentales, porque lo que está en juego es la disponibilidad de agua para el resto de las actividades productivas”.

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“La vitivinicultura, el cultivo de olivos, la producción ganadera y agrícola pueden verse afectadas si no se garantiza ese recurso estratégico”, indicó Grosso. Concluyó: “Esto no es que no puedan hacer minería. Pongamos cuestiones sensatas y discutamos qué país queremos”.

El debate continuará en la Cámara de Diputados con la intervención de los distintos expositores registrados, mientras persiste la controversia sobre el alcance federal, los plazos del proceso y el futuro del agua y los glaciares en la Argentina.

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