POLITICA
Del Garrahan a las universidades: se abren frentes de conflicto social y el Gobierno endurece la postura
La progresión del conflicto con los médicos residentes en el hospital Garrahan por los escuálidos salarios que les paga el Ministerio de Salud tomó mayor fuerza en los últimos días y se sumó a otros frentes de problemáticas sociales nacionales en las que tiene directamente responsabilidad el Gobierno, que en todos los casos ofrece como respuesta la denuncia por irregularidades en las áreas, el endurecimiento de la postura -a veces con agresiones- y, en ciertos casos, ofertas de resoluciones sobre el límite o a cuentagotas.
El viernes por la noche, en Gobierno estuvieron a punto de recular frente a la insistente protesta de los médicos en formación del hospital pediátrico. Milei había admitido que el problema era “delicado”, para luego vincularlo, exclusivamente, con una cuestión de exceso de empleo público -por “los ñoquis” del hospital- y con la herencia del kirchnerismo. Y en Salud habían dejado trascender que descontarían las horas de paro, los echarían o pondrían en riesgo la aprobación de las residencias, en una suerte de amenaza si no frenaban las medidas de fuerza.
El maltrato pareció terminar hacia la noche, cuando dejaron trascender que la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, había grabado un mensaje para anunciar que les aumentaría el sueldo a los residentes hasta equipararlo con el de sus pares que dependen de la ciudad de Buenos Aires -de $700.000 a $1.300.000-. Efectivamente, en su entorno dejaron saber que lo publicaría esa misma noche, pero al final, el giro no se concretó.
En la cartera no dieron explicaciones sobre el cambio de rumbo, pero aseguraron que el anuncio “va a salir”, sin dar fechas específicas. Según pudo reconstruir Infobae, el replanteamiento oficial fue político. El plan inicial era anunciar el aumento a través de las redes del ministerio, en la voz de Loccisano, vocera política del silencioso ministro Mario Lugones. Pero al final, una orden obligó a recalcular: decidieron que los fondos para compensar el sueldo sean asignados por el propio hospital (hoy, el encargado de hacer esos pagos es el ministerio, no el centro de salud, como ocurre con el resto de los trabajadores sanitarios). El oficialismo quiso evitar que el anuncio saliera por los canales oficiales de la cartera para que no pareciera que el ministerio estaba asignando un presupuesto mayor al que estipula la política paritaria.
Si bien fuentes oficiales confirmaron que la recomposición de ingresos se hará con fondos del Garrahan, aún no está claro el mecanismo jurídico que usarán para implementar el cambio, y si se tratará de una erogación parcial o total.
Los problemas con el servicio de atención de salud de los niños y niñas se suma a a otros frentes sensibles que dependen de la Nación, como la insistente protesta de jubilados frente al Congreso cada miércoles; el conflicto por las pensiones para personas con discapacidad y los fondos para las universidades públicas.
En cada caso, el modus operandi del Gobierno para desactivar los conflictos es enfocarse en las irregularidades de las áreas que reclaman para sepultar ante la opinión pública la legitimidad de las protestas. Aunque esas irregularidades no representen la totalidad de cada situación ni significan que haya un reclamo legítimo paralelo a manejos espúreos, en casi todos los casos la táctica fue efectiva.
En el Garrahan enfatizaron en la cantidad de empleados públicos por cada médico. En el sector universitario denunciaron el mal uso de los fondos asignados y lograron bajarle el nivel de indignación en la sociedad al reclamo, aunque no pudieron evitar dos masivas marchas. Y lograron desactivar la atención sobre el tema de los ingresos de los adultos mayores, e incluso desestimar el reclamo, con acusaciones sobre los infiltrados en las marchas.
Mientras, se multiplican las quejas por el manejo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y esta semana hubo una manifestación para denunciar un empeoramiento de la crisis que viene desde hace años por mala gestión de los distintos gobiernos, que se agravó con recientes ajustes económicos. Pero la respuesta del Gobierno es nula. Y en cada ocasión en que se discute el presupuesto del Andis, alude a las irregularidades que arrastra el organismo.
La opinión pública está harta de “los curros”. En el Gobierno lo saben, y no los preocupa la incidencia de las protestas por temas complejos en la percepción sobre la gestión. “No estábamos preocupados entonces, no lo estamos ahora”, aseguraron.
Mientas siguen las marchas de jubilados y la oposición prepara el lanzamiento de un nuevo proyecto para financiar a las universidades -que tiene sin cuidado a los libertarios, según dijeron a Infobae-, en el Gobierno se resguardan en todos los casos en acusaciones sobre la politización de cada señalamiento y en las faltas en esas organizaciones. En el Garrahan no fue la excepción, aunque parecería que esta vez darán el brazo a torcer con los apenas 241 médicos en formación que cobran por debajo de la línea de pobreza y reclaman desde el inicio de la gestión aunque sea tener un salario acorde al de sus pares de la Ciudad.
El Gobierno de Javier Milei prende una vez más la motosierra. En esta ocasión, irá sobre la eliminación de unos 900 mil planes sociales que otorgaban 78 mil pesos mensuales en el marco del programa Potenciar Trabajo.
Con dicha maniobra, que encabeza el Ministerio de Capital Humano, el Ejecutivo reemplazará esta asignación por la entrega de vouchers de capacitación. El objetivo es despojar a las organizaciones sociales piqueteras como intermediarias a través de la eliminación del Potenciar Trabajo.
El Potenciar Trabajo venía sobreviviendo bajo el actual Gobierno con el nombre de Volver al Trabajo. Con la medida en cuestión, dejará de existir y se reemplazará por la entrega de vouchers a los beneficiarios de estos programas.
Causa Potenciar Trabajo: un acusado intentó pagar 88 millones de pesos para eludir la investigación
Con los vouchers, estos beneficiarios podrán formarse y capacitarse de cara a la inserción en el mercado laboral. Se trata del establecimiento de un vinculo directo entre el Gobierno este sector de la población, que antes estaba mediado por los movimientos piqueteros que regenteaban los planes sociales.
Los cursos de capacitación, aún por definirse, se organizarán en una red de ofertas formativas en el marco de una articulación público-privada, lo que reemplaza a las organizaciones piqueteras como centros de formación y organización de cooperativas de trabajo que solían articularse a su vez con gobiernos provinciales y municipales.
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POLITICA
Dictan una medida cautelar que frena el acuerdo para el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires
El juez Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°30, habilitó hoy un reclamo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación que objeta el acuerdo entre el Estado nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para traspasar el fuero laboral a la órbita porteña.
“La suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, integrante como Anexo I de la ley 27.802, hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito”, resolvió Mendel en la resolución a la que accedió . con esta medida, el juez de primera instancia frena por el momento las gestiones para el traspaso del fuero.
La demanda fue interpuesta por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación contra el Estado Nacional. El gremio, que lidera Julio Piumato, solicita la nulidad e inconstitucionalidad de varias leyes, decretos y acuerdos, incluyendo la Ley 27.802 y el Acuerdo de Transferencia del 9 de febrero de 2026, tras sancionarse la reforma laboral. Argumenta en su planteo que las leyes y acuerdos violan artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, y tratados internacionales. Se cuestiona, además, la competencia del Congreso en la sanción de dichas leyes, alegando que fueron sancionadas en sesiones extraordinarias sin la debida convocatoria.
El gremio de empleados judiciales reclama también la estabilidad laboral de unas 1600 personas que forman parte de la Justicia Nacional del Trabajo. Es que el artículo 91 de la Ley de Modernización Laboral disolvería 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días. Dicho artículo, dice: “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigenciahasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.
Con la medida de Mendel, el acuerdo que habían sellado el gobierno de Javier Milei con el de Jorge Macri por el traspaso del fuero laboral queda por ahora congelado hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El convenio que es parte de la ley de reforma laboral que aprobó el Congreso establece un tiempo de transición hasta que el fuero esté creado. El principio general es el siguiente: las causas nuevas serán atendidas por el fuero local, mientras que los tribunales nacionales finalizarán los procesos ya iniciados.
Además de definir claramente las responsabilidades administrativas y presupuestarias de ambas jurisdicciones para garantizar la continuidad del servicio de justicia y el respeto a la autonomía porteña, el convenio especifica qué asuntos quedan excluidos de este traspaso, como los conflictos colectivos de trabajo que seguirán bajo la órbita federal. Finalmente, el acuerdo estipula el cierre progresivo de juzgados nacionales y la designación de nuevos magistrados locales para consolidar la estructura judicial de la Ciudad.
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POLITICA
El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales de $78 mil y los reemplazará por vouchers de capacitación
El Gobierno avanzará desde abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales y los reemplazará por un sistema de vouchers de capacitación laboral, en lo que representa el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo.
Según pudo saber Infobae, la decisión ya está tomada y forma parte de la hoja de ruta definida por el Ministerio de Capital Humano desde el inicio de la gestión a cargo de Sandra Pettovello. El programa Volver al Trabajo —la reformulación del antiguo plan— dejará de pagarse y será sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral.
Los beneficiarios comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les comunica que el plan finaliza y que podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de capacitación. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el universo alcanzado ronda las 900 mil personas, correspondientes al segmento del programa que funcionaba como una transición hacia el empleo.
El Gobierno eliminará cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales y los sustituirá por vouchers de capacitación laboral. Así, pone fin al esquema heredado del Potenciar Trabajo. Los beneficiarios serán notificados del cierre y podrán inscribirse en el nuevo sistema, que prioriza la formación y la inserción laboral, según informaron fuentes oficiales a este medio.
El cierre del Potenciar Trabajo y la transición a la capacitación
La medida marca el punto final de un proceso que comenzó al inicio del gobierno de Javier Milei, cuando el oficialismo decidió congelar el Potenciar Trabajo, eliminar la intermediación de las organizaciones sociales y rediseñar la política de asistencia.
Ese programa había llegado a tener más de 1,3 millones de beneficiarios en los últimos años, al tiempo que se agravaba la crisis económica y crecían los movimientos sociales implicados en su administración. Según pudo saber Infobae, el Gobierno había definido desde el inicio un plazo de 24 meses para sostener ese esquema. Ese período se cumple en abril y la decisión es no prorrogarlo. En su lugar, se implementará el sistema de vouchers de capacitación como nuevo eje de la política social para ese universo.
Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa Volver al Trabajo y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no serán alcanzados por la baja, según pudo saber Infobae.
El cambio es tanto conceptual como operativo. El Gobierno dejará de otorgar transferencias mensuales generalizadas para pasar a un esquema condicionado a la formación. Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, quienes deberán inscribirse y manifestar su voluntad de participar en el programa. A partir de ahí, podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación aún en conformación en todo el país.
El Ministerio de Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia. Fuentes oficiales señalaron a Infobae que el modelo se apoya en una experiencia piloto previa que tuvo resultados positivos. En ese esquema, el Estado aporta la infraestructura y las empresas se encargan de los contenidos, capacitadores y materiales. A diferencia del sistema anterior, el dinero no será transferido a organizaciones ni a centros de formación, sino directamente a las personas. “El recurso va al beneficiario, que decide dónde capacitarse”, explicaron en el Gobierno.
El nuevo sistema incorpora condiciones más exigentes. Los beneficiarios deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder. La intención oficial es que el gasto público esté asociado a resultados concretos en términos de formación. El monto de los vouchers aún no está definido; según fuentes oficiales dependerá del número de inscriptos y del costo de las capacitaciones disponibles. La modificación implica dejar atrás un esquema de ingresos garantizados para pasar a uno basado en incentivos.
Dentro del Gobierno reconocen que no todos los actuales titulares del plan optarán por el nuevo sistema. Se espera que una parte de los beneficiarios decida capacitarse, mientras que otro segmento no lo haga, ya sea por falta de interés o porque actualmente ya está trabajando en la informalidad. En el oficialismo sostienen que el plan de $78 mil no funcionaba como un ingreso suficiente para vivir y que, en la práctica, la mayoría de los beneficiarios ya tiene alguna actividad laboral. Según esta lógica, la medida no retira personas del mercado de trabajo, sino que modifica la forma en que el Estado interviene en ese universo.
Impacto fiscal y giro hacia la capacitación
La eliminación de los planes tiene también un impacto en términos fiscales. La baja de 900 mil beneficios de aproximadamente $78 mil implica un ahorro potencial cercano a los $60 mil millones mensuales, aunque ese valor final dependerá del nivel de adhesión al nuevo sistema de vouchers. Una parte de esos recursos será destinada a financiar las capacitaciones, mientras que otra se redireccionará hacia políticas educativas. En este punto, el debate interno del Gobierno se cruza con la discusión más amplia sobre el impacto social del ajuste.
En el programa Infobae a las 9, de Infobae TV, la periodista Cecilia Boufflet aportó contexto sobre la dimensión de la medida y su impacto potencial. Explicó que el esquema actual funciona en los hechos como “una especie de seguro de desempleo” para unas 900 mil personas, aunque con un monto fuertemente disminuido. Boufflet detalló que el beneficio ronda hoy los $70 mil mensuales y que su eliminación implica, en términos fiscales, un recorte significativo del gasto. Pero advirtió que la discusión no será solo económica, sino también política.
Boufflet planteó que la decisión de dar de baja estos planes sociales ocurre cuando el empleo formal muestra señales de debilidad y la actividad económica atraviesa tensiones, lo que podría amplificar el impacto social de la medida.
En ese mismo análisis, la periodista recordó que el Gobierno ya había rediseñado parte de la política social al inicio de la gestión, cuando decidió fortalecer programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, además de eliminar la intermediación de organizaciones sociales. Ese esquema permitió mejorar la cobertura de la canasta básica alimentaria y contener la situación social en los meses más duros del ajuste. No obstante, Boufflet advirtió que esa cobertura comenzó a deteriorarse en los últimos meses por el repunte de la inflación, lo que genera un nuevo frente de discusión dentro del oficialismo.
De acuerdo con información recabada por Infobae, distintas áreas sociales del Gobierno vienen planteando la necesidad de reforzar esas transferencias directas en paralelo a la eliminación de los planes. Por otra parte, el Ministerio de Economía mantiene como prioridad el equilibrio fiscal en un contexto de caída de la recaudación, lo que limita el margen para reasignaciones.
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano avanza en el redireccionamiento de parte del presupuesto hacia políticas educativas. El foco estará puesto en unas 7.000 escuelas vulnerables que registraron bajos resultados en las pruebas Aprender. El plan incluye refuerzo de horas en Lengua y Matemática y la implementación progresiva de doble turno en aquellas instituciones con infraestructura suficiente. El objetivo es que los alumnos permanezcan más tiempo en la escuela y reciban alimentación allí. Fuentes oficiales resumieron la estrategia con una consigna: “educar y educar para el trabajo”.
El modelo basado en transferencias masivas, con distintos niveles de intermediación, es reemplazado por un esquema que combina asistencia directa, capacitación laboral y foco en la infancia. En el Gobierno consideran que el sistema anterior no logró facilitar la inserción laboral y consolidó estructuras de intermediación. La apuesta ahora es distinta: menos asistencia a adultos en edad de trabajar y más inversión en formación y educación.
Abril será el inicio de esa nueva etapa. El Potenciar Trabajo deja de existir y el Gobierno impulsa un nuevo esquema de política social basado en capacitación y empleo.
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