Con la participación de expresidentes latinoamericanos, juristas, académicos y líderes de la sociedad civil, se presentó en Buenos Aires el informe “Argentina Feudal: cómo los caudillos provinciales socavan la democracia y el Estado de derecho”. Se trata de un estudio elaborado por el periodista Douglas Farah, especialista y consultor internacional en materia de seguridad y defensa, que describe el modelo de poder en Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca como una amenaza sistémica para la democracia.

El evento, celebrado en la sede de la Universidad Austral, fue organizado por el Interamerican Institute for Democracy, en colaboración con Infobae y el Latin American and Caribbean Center de Florida International University.

“Muchos académicos argentinos han trabajado el concepto de provincias feudales. Lo que intentamos fue poner esa realidad en un contexto regional e internacional más amplio, cruzado por el avance del crimen organizado transnacional”, inició Farah su exposición. A su vez, explicó que América Latina atraviesa un momento decisivo: “Ya no se trata de izquierda o derecha. Se trata de democracia participativa o autoritarismo agnóstico, que toma la forma que sea necesaria para quedarse en el poder. Maduro no es socialista, es madurismo; Ortega no es sandinista, es orteguismo. Y lo mismo vemos en los caudillos argentinos: su única ideología es la permanencia en el poder a toda costa”.

El autor del informe enmarcó su investigación en lo que definió como la “cuarta ola del crimen transnacional”, una etapa en la que el crimen se diversificó en múltiples productos (cocaína, drogas sintéticas, tráfico de personas, armas, criptomonedas); los actores criminales se volvieron globales y “poliamorosos”, porque colaboran según conveniencia con disidencias de las FARC, carteles mexicanos o mafias balcánicas. En esta línea, destacó que Formosa, Catamarca, Chaco y Santiago del Estero “ofrecen condiciones ideales” para este tipo de actividad: “control territorial, pobreza extrema, ausencia de institucionalidad y fronteras liberadas”.

“Estas provincias han recibido más fondos del gobierno nacional que muchas otras, pero siguen entre las más pobres del país. Eso indica que hay condiciones sociales y económicas ideales para la cooptación del territorio por parte del crimen”, alertó Farah.

El informe hace un extenso repaso sobre la realidad en las cuatro provincias del norte argentino. Sobre Formosa, donde el pasado fin de semana se realizó una votación que ratificó el poder del gobernador Gildo Insfrán, el texto destaca que el mandatario provincial ostenta el poder desde 1995 y que “es el ejemplo más completo de un modelo de gobierno feudal moderno, donde el gobernador ejerce un poder absoluto sobre todos los aspectos del Estado, incluyendo el poder judicial, la policía, la economía y los medios de comunicación”.

Además, plantea que “en Formosa, más del 90% del presupuesto proviene del gobierno nacional, y el 68% de la población empleada trabaja para el Estado. Esta dependencia económica permite a Insfrán controlar el acceso a empleos, servicios y derechos fundamentales”.

A su vez, menciona que “la provincia está atravesada por rutas del narcotráfico, trata de personas, contrabando y tráfico de armas. La frontera con Paraguay, altamente porosa, facilita estas actividades ilícitas con poca o ninguna intervención estatal”.

Sobre Chaco, Farah indica que “ha sido gobernada intermitentemente durante dos décadas por Jorge Capitanich”, y que “su gobierno se caracterizó por una estructura clientelar apoyada en organizaciones sociales que recibían fondos públicos y operaban con total impunidad”. “El asesinato de Cecilia Strzyzowski en 2023, perpetrado por personas vinculadas al círculo íntimo de Capitanich, reveló la profundidad de los vínculos entre el poder político, judicial, y estructuras criminales en la provincia”, agrega el informe.

Además, sostiene que “la provincia es un nodo clave del narcotráfico en Argentina, con pistas clandestinas activas, puertos fluviales de uso privado y denuncias de complicidad policial en actividades criminales. El aparato judicial rara vez investiga estos vínculos”.

En cuanto a Santiago del Estero, señala que está gobernada desde 2005 por Gerardo Zamora y su esposa, Claudia Ledesma Abdala, alternando entre el Ejecutivo y el Senado. “El poder está concentrado en una estructura familiar cerrada, con fuerte apoyo nacional”, señala el periodista, y agrega: “El poder judicial ha sido instrumentalizado como herramienta de persecución y despojo. La provincia ha registrado más de 300 casos documentados de apropiación violenta de tierras rurales con complicidad judicial y policial”.

A su vez, sostiene que “a pesar de sus altos niveles de pobreza, la provincia exhibe proyectos faraónicos —aeropuertos, estadios internacionales, centros culturales— utilizados como propaganda del poder. El uso discrecional de fondos nacionales es parte del modelo de dominación”, y que “Santiago del Estero es una zona clave en la ruta del narcotráfico, especialmente a través de la Ruta Nacional 34, utilizada para trasladar cocaína desde Bolivia hasta Rosario y los puertos del Atlántico”.

Por último, de Catamarca se sostiene que, “aunque menos consolidada que las otras provincias analizadas, muestra signos alarmantes de captura institucional”. En este punto, menciona que “las estructuras familiares Saadi, Corpacci, Jalil han gobernado la provincia por décadas”, y que “más del 50% del empleo formal depende del Estado provincial, lo que permite controlar políticamente a la población. La oposición carece de poder real y las instituciones están colonizadas por el oficialismo”.

Por otro lado, Farah destaca que “la provincia es clave por su riqueza en litio” y que existen más de 14 proyectos de explotación en marcha, incluyendo el estratégico Salar del Hombre Muerto. ”El acceso a licencias mineras se maneja con total opacidad”, cuestiona. Además, el informe advierte que “la corrupción en torno a las concesiones mineras es estructural, con riesgo de favoritismo y beneficios indebidos para empresas cercanas al poder”. Por último, detalla que “la frontera con Chile es utilizada históricamente para el contrabando, y también existen denuncias de tráfico de personas con fines de explotación sexual y trata laboral”.

A modo de conclusión, Farah subrayó durante su discurso en la Universidad Austral que los marcos teóricos tradicionales ya no alcanzan para entender la amenaza: “No podemos seguir analizando estos fenómenos con los lentes de Pablo Escobar o los carteles de los años ‘90. El modelo actual es mucho más sofisticado, replicable, y económico-racional. Lo que buscan los grupos criminales es impunidad. Y en estas provincias, el riesgo de operar es cero”.

El estudio fue realizado por IBI Consultants, que preside Douglas Farah, e integran Pablo Zeballos, como director por Cono Sur, la coordinadora Kathryn Babineau; la experta Carolina Duque y Ricardo Ferrer Picado, consultor independiente en materia de seguridad.

“Ningún espacio queda sin gobernanza. O lo gobierna el Estado, o lo gobierna el crimen. Y cuando el Estado se retrae, como ha pasado tras la pandemia, el crimen llena ese vacío”, advirtió, y finalizó: “El virus ya está adentro del sistema; si no se actúa pronto, vamos a despertarnos cuando ya sea demasiado tarde. La democracia argentina no puede sobrevivir con territorios donde el Estado de derecho ha desaparecido”.