El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lanzó una advertencia contundente sobre el avance del proyecto de una refinería de combustibles sintéticos en la ciudad uruguaya de Paysandú, frente a la costa entrerriana, y reclamó que la planta “tiene que relocalizarse”.

Frigerio comparó la situación con el conflicto ambiental que generó la instalación de la recordada pastera en Fray Bentos y aseguró que la provincia no permitirá “otra Botnia” en la región. El mandatario provincial remarcó que, a diferencia de lo que sucedió en el pasado, su administración inició gestiones diplomáticas y técnicas desde el primer momento para evitar que la iniciativa prospere en su actual localización.

Durante un discurso pronunciado este lunes en Colón, Frigerio repasó los antecedentes del caso Botnia y subrayó la necesidad de aprender de los errores cometidos hace dos décadas.

“No podemos permitir una nueva Botnia. No, no podemos, después de ese tremendo mal paso que dio la Argentina, repetirlo. Y yo creo que es importante analizar lo que pasó. En el 2002 se confirma la inversión de Botnia, en 2005 arranca la obra y en 2007 se termina. ¿Saben cuándo fue la primera reunión bilateral del gobierno argentino en aquel momento? Del presidente, 11 de marzo del 2005; del gobernador, 29 de marzo del 2005; y del canciller de aquel entonces, 5 de mayo del 2005. Yo ya mantuve tres reuniones. El canciller me acompañó en dos de esas reuniones. No fueron cuando la obra estaba en marcha. O sea, estamos haciéndolas justamente para evitar que esto prospere”, afirmó el gobernador.

Frigerio insistió en que la provincia está a tiempo de actuar y que el trabajo conjunto, tanto a nivel institucional como político, será clave para evitar un nuevo conflicto de larga duración con Uruguay. “Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo. Insisto con eso. Son datos constatables. Nosotros estamos analizando el estudio de impacto ambiental para ir con todas las de la ley para evitar que esto prospere. Ese es el compromiso que yo di. Trabajemos en conjunto, depongamos los intereses berretas de la política y trabajemos codo a codo para lograr el objetivo de preservar la identidad, la cultura y los puestos de trabajo de la región, que es lo único que nos debe interesar a todos los que estamos acá”, planteó.

El mandatario provincial explicó que, a diferencia de la experiencia anterior, la administración entrerriana mantuvo varias reuniones “desde el minuto cero” con autoridades del gobierno uruguayo para dejar clara la posición de Entre Ríos con respecto a la refinería.

En su cuenta de X, Frigerio afirmó: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse. Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos”.

El gobernador recalcó que la provincia no dudará en recurrir a instancias internacionales si fuera necesario. “Y si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya. Si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”, advirtió, en referencia a los organismos multilaterales donde, en el pasado, se dirimieron controversias ambientales binacionales.

El proyecto de refinería en Paysandú prevé la instalación de una planta de combustibles sintéticos sobre la margen oriental del río Uruguay, frente a la costa entrerriana. La iniciativa generó preocupación en el gobierno provincial y en organizaciones ambientales, que advierten sobre el impacto potencial en la calidad de las aguas y los ecosistemas compartidos. La experiencia de la pastera Botnia, convertida en símbolo de la resistencia ambiental en la región, marcó un antecedente de movilización social y controversia diplomática que Frigerio busca evitar.

En febrero de este año, la fiscal federal Josefina Minatta presentó una denuncia por presunto daño ambiental contra el proyecto de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF impulsa en Paysandú, Uruguay. En el escrito, advirtió que el emprendimiento podría generar contaminación con impacto en territorio argentino y sostuvo que el Gobierno uruguayo incumplió el Estatuto del Río Uruguay, según consta en una presentación ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

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El bloque de HECHOS presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para prohibir los celulares en todas las cárceles que estén ubicadas en territorio bonaerense. La iniciativa entró en ambas cámaras y buscarán tratarla en las próximas semanas.

La intención es volver atrás con una normativa que se impuso durante la pandemia por Covid-19 en la que se permitió que los presos pudieran tener dispositivos para mantener la comunicación con sus familias, producto de la imposibilidad de recibir visitas por las medidas restrictivas.

El proyecto impulsado propone prohibir el ingreso, tenencia y uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según los legisladores, la medida busca restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad pública, considerando que la excepción implementada durante la emergencia sanitaria se prolongó más allá de su justificación inicial y sin un análisis de sus consecuencias.

En la actualidad, el uso de celulares entre las personas privadas de libertad dejó de ser una situación excepcional para transformarse en una práctica común que, de acuerdo a los fundamentos del proyecto, facilita la comisión de delitos desde el interior de los penales. Se advirtió que, con el acceso a la tecnología, se incrementaron las estafas telefónicas, extorsiones y amenazas, perjudicando especialmente a sectores vulnerables de la sociedad bonaerense.

El texto presentado en la Legislatura establece que el derecho a la comunicación de los detenidos seguirá garantizado, pero únicamente por medios oficiales, supervisados y registrados por las autoridades penitenciarias. Estos canales incluyen líneas institucionales y sistemas de comunicación controlados, con el objetivo de mantener el contacto con familiares y abogados bajo condiciones de seguridad.

Entre las medidas propuestas, el proyecto prevé la derogación de toda normativa o disposición administrativa que haya autorizado el uso de dispositivos móviles en las cárceles. Además, impulsa la implementación de sistemas tecnológicos de inhibición, bloqueo o detección de señales en las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense. El incumplimiento de la prohibición será considerado falta grave y podría derivar en responsabilidades penales, según lo planteado por los autores de la iniciativa.

Desde el bloque de HECHOS se remarcó que el Estado no puede permitir que quienes están privados de libertad continúen delinquiendo mediante herramientas tecnológicas no controladas. Insistieron en que el sistema penitenciario debe funcionar bajo reglas claras, con un control efectivo y en resguardo de la seguridad de los bonaerenses. Los impulsores sostienen que la medida es necesaria para cortar la cadena de delitos organizados desde el interior de las cárceles y proteger a la población de nuevas modalidades de fraude.

El debate sobre la restricción de celulares en las cárceles de Buenos Aires se reabrió a partir del aumento de casos de estafas y amenazas telefónicas originadas en las unidades penitenciarias.

Uno de los casos más resonantes de los últimos meses fue la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, que se quitó la vida en la Quinta de Olivos, después de ser víctima de una estafa que se engendró en los penales de Magdalena y Olmos.

Uno de los principales sospechosos de este caso es Tomás Francavilla. Un ladrón oriundo de La Matanza que fue condenado en 2024 por el Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza a tres años y diez meses por robo a mano armada, con un antecedente por el mismo delito que data de 2022.

Gómez, según determinó la causa, fue el blanco de un clásico engaño del mundo del delito que comenzó en la pandemia del coronavirus y se repitió a lo largo de los últimos años. Un hampón -amparado por una red de cómplices- lo contactó en la app de citas Evermatch con un falso perfil de mujer. Luego, el contacto siguió. Esta vez, lo llamó un falso policía, quien lo acusaba de entablar una relación con una menor de edad.

La banda liderada por Francavilla, de acuerdo a información de la causa, usurpó la identidad de un policía porteño. El capo preso mismo le envió a Gómez un audio simulando ser la madre de la menor que no existía. La voz de la mujer, incluso, decía que se preparaba para radicar una denuncia en su contra. En el medio, comenzaba la extorsión.

Así, en el día previo a su muerte, la banda le quitó $1,4 millones al soldado, que transfirió a diversas billeteras virtuales en cuatro depósitos. Una de esas billeteras habría sido operada por la pareja de Francavilla, una joven de Lomas del Mirador llamada Iara Cosentino, que fue detenida como supuesta cobradora.

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