POLITICA
Denuncian a un exfuncionario kirchnerista por ofrecer sobornos para impedir el inicio de clases en Chubut

“Yo lo escuchaba y no podía creer lo que me decía”. En Chubut, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Trelew, José Severiche, presentó una denuncia por el presunto ofrecimiento de sobornos que llevó a una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP) local.
Según el sindicalista, un grupo de empresarios y un exfuncionario vinculado al kirchnerismo le habrían ofrecido dinero para que impidiera el inicio del ciclo lectivo en la provincia.
“Nosotros somos asambleístas: debatimos en representación de los trabajadores. Un empresario no se mete en estas cuestiones”, aseguró Severiche en diálogo con .
En su declaración ante la Justicia, Severiche recordó que recibió un llamado de Ricardo Traversini, un empresario local en su momento investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él. “Como tengo un amigo en común, me llamaron y fui”, dijo el gremialista a este medio.
Carpintero Patterson tiene una larga trayectoria en el Ejecutivo provincial, vinculado al peronismo local. Fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew y viceministro coordinador de Gabinete, entre otros cargos. Destacó por ser secretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves.
La carrera del exfuncionario concluyó con una condena por corrupción, luego que se acreditara un incremento patrimonial superior al 500%, además del cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como “Embrujo” y “Revelación”.
Luego del llamado, el sindicalista fue a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habría solicitado “que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero”.
“Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia”, declaró Severiche y agregó: “Estaba Ricardo (Traversini) presente, pero era un ‘potus’, no hablaba”.
En su presentación, el secretario general de ATE local aseguró que Carpintero le prometió “una retribución económica” y que después se realizarían “paritarias” para compensarlo, en caso de acceder al pedido. “Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos”, aseguró.
En un video de su declaración al que accedió este medio, Severiche cuenta que Carpintero “gritaba, se le ponía la cara roja y el ojo colorado. Decía que lo quería hacer mierda (sic) al gobernador”, Ignacio “Nacho” Torres.
“Si alguien no denuncia a esta gente, que es pesada, iban a llamar a otro. Quieren hacer daño, tomar de rehenes a los pibes y no es así”, justificó el gremialista su accionar legal a . “Yo no vine a hacerle daño al gobernador, yo vine a dialogar. Si hay problemas o se cae el diálogo, es porque no hay acuerdo por las paritarias, no por una coima”.
La UFE-DAP de Chubut inició una investigación, encabezada por la fiscal Julieta Gamarra, quien dispuso como primera medida la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, en un trabajo conjunto con la División de Investigaciones Policiales de Trelew.
Con los elementos reunidos, se solicitaron allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde se habría llevado a cabo la reunión entre Severiche, Carpintero y Traversini. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia patagónica, la causa se encuentra en una etapa inicial y la calificación legal es provisoria, sin perjuicio de que pueda modificarse a medida que avance la investigación.
Fuentes del Gobierno provincial indicaron que el interés de los empresarios y del exfuncionario estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, que rondarían los $1200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el envío de un proyecto de “Ley de Ficha Limpia para la Pesca” que el Ejecutivo analiza presentar.
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POLITICA
Leila Gianni defendió su foto subida de tono y explicó por qué la publicó

Leila Gianni salió al cruce de sus detractores en las redes sociales luego de hacer pública una foto en bikini desde la bañera de su casa. Si bien tiene espuma que cubre parte de su cuerpo, es posible denotar su figura. Esta imagen que resultó picante en Instagram, le valió de críticas por parte de los usuarios y por ese motivo justificó que la temporada de verano se presta para este tipo de posteos.
La concejala de La Libertad Avanza por el partido de La Matanza subió hace seis días a sus redes una foto luciendo un traje de baño de color fucsia. Esa publicación generó repercusiones en los medios de comunicación y. también, le valió de críticas. Por eso, a una semana de ello, desestimó las acusaciones en su contra e incluso intentó separar su rol político de la vida íntima.
Junto a la imagen añadió un texto referencial a uno de los versos de la canción “Noches de enero” de Tan Biónica: “Tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí…”. Ese posteo cosechó más de 55.000 “Me Gusta”.
“No es paños menores, es una malla. Estamos en verano, es una foto en malla que no tiene nada de extraño. No estoy delinquiendo, no estoy robando, no estoy alcoholizada. Es una foto en bikini, o sea, no tiene nada de malo. Eso te hace real, ¿no? Podés sacarte una foto en bikini, podés cantar como hace nuestro presidente», dijo la concejala a Infobae.
En respuesta a las críticas, Gianni aseveró: “Lo que se les puede decir es que vean el trabajo que uno hace, que la misma persona que se saca una foto en malla, que es madre de cinco pibes, que estudió, se recibió, se mete en los territorios más hostiles, acompaña a los vecinos y que tengan en cuenta que después tenías a señoras como la condenada (Cristina Kirchner) con la tobillera, con los rosarios de oro, con las mejores carteras y los tacos aguja…”.
Por último comentó que ese tipo de fotos le favoreció a su imagen, debido a la repercusión que causó entre sus seguidores: “Este contenido es furor, pero también otros posteos en donde nos metemos a territorios hostiles. Pero sí, es verdad, en general hubo un aumento de likes en las fotos con menos ropa”.
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Axel Kicillof y otros gobernadores le solicitaron una reunión al Gobierno para debatir la reforma laboral

Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego solicitaron formalmente este jueves al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo Federal del Trabajo (CFT).
El pedido, dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, busca establecer una sesión presencial y exclusiva para analizar la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. Las autoridades laborales de estos distritos sostienen que el debate no debe agotarse en el Congreso, debido al impacto fiscal y en el esquema de inspección que la normativa tendría en cada jurisdicción.
En el documento presentado, los firmantes recordaron que el Pacto Federal del Trabajo establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, plazo que consideran imperativo ante la magnitud de los cambios propuestos.
Los ministros provinciales enfatizaron que sus territorios son protagonistas en la gestión de la conflictividad laboral diaria y que sus posiciones deben ser incorporadas. Según expresaron en la nota enviada a la Secretaría de Trabajo: “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de los gobernadores Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, cuyos senadores votaron en contra de la reforma.
Sin embargo, el reclamo también incluye a Misiones, provincia que aportó dos votos clave para la aprobación del proyecto en la Cámara Alta a través de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. A pesar de estas diferencias políticas, las seis jurisdicciones coincidieron en que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional y que sus realidades regionales deben ser escuchadas.
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Principales puntos del nuevo régimen penal juvenil: garantías, penas y asignación presupuestaria

El nuevo régimen penal juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados y girado al Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:
-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asistencia legal, eficaz e idónea.
-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.
-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.
-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acondicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.
-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.
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