POLITICA
Denunciaron a Alberto Fernández luego de que una ex Gran Hermano revelara que le adjudicaron obras públicas durante su gobierno

Tras el escándalo que desataron las declaracioines de la exGran Hermano Lorena González, los abogados Roberto Herrero y Mariano Di Giuseppe presentaron una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas del programa PROCREAR durante el gobierno de Alberto Fernández.
El escrito, presentado ante el Juzgado en lo Criminal Federal, apuntan directamente contra el expresidente, el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la empresaria Lorena González del Valle, conocida por su paso por “Gran Hermano” y vinculada a la firma Niro Construye S.A.
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Los denunciantes también pidieron que se investigue a cualquier otro funcionario o particular que pudiera estar vinculado a la causa.
El pedido de investigación surgió a partir de las declaraciones en las que González del Valle reconoció que mantuvo una relación personal con Alberto Fernández.
De acuerdo con la denuncia, la empresaria habría contactado al entonces mandatario y, tras ese vínculo, fue derivada al ministro Jorge Ferraresi. Poco después, su empresa constructora comenzó a participar en licitaciones del programa PROCREAR, resultando adjudicataria de varias obras públicas financiadas con fondos nacionales.
Los abogados detallaron que, según la información difundida, la empresa participó en nueve procesos licitatorios y ganó al menos cuatro de ellos, en desarrollos habitacionales de municipios bonaerenses como Esteban Echeverría, Avellaneda (Wilde y Piñeyro), Luján y Martín Coronado.
Según detalla la página web de Niro Construye S.A., la empresa construyó 240 viviendas en Esteban Echeverría, obra que fue inaugurada por el propio Alberto Fernández, y otras 512 viviendas en el barrio de Wilde, municipio de Avellaneda, distrito que Ferraresi gobernó antes y después de su paso por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Además, sumaron dos contratos adicionales en esa misma localidad: “Piñeyro Rivadavia” con 321 unidades habitacionales y “Piñeyro Entre Ríos” con 128 unidades. La empresa también obtuvo contratos para el desarrollo de viviendas Procrear en los municipios de Luján y Martín Coronado.
Para los denunciantes, si se comprueba la existencia de influencias personales para obtener contratos estatales, se trataría de una situación de “particular gravedad institucional”, ya que podría implicar el uso de vínculos personales con autoridades del Poder Ejecutivo para direccionar fondos públicos.
Sospechas de direccionamiento y fraude en las licitaciones
En la denuncia advirtieron que la contratación pública es una de las áreas más sensibles del Estado, ya que involucra grandes sumas de dinero y exige transparencia, igualdad de condiciones y selección objetiva de las mejores ofertas.
Los abogados sostuvieron que la secuencia de hechos constituye un “indicio razonable” que amerita una investigación judicial exhaustiva.

En ese sentido, solicitaron que se analice si las licitaciones en las que participó Niro Construye S.A. se desarrollaron en condiciones de competencia real, si los criterios de evaluación fueron objetivos y si existieron influencias externas para favorecer a la empresa.
De comprobarse estas maniobras, podría configurarse el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, ya que se habrían desviado recursos públicos mediante procedimientos irregulares.
Los denunciantes consideraron que corresponde la intervención de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, ya que están involucrados fondos públicos nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo.
Alberto Fernadez, Jorge Ferraresi, PROCREAR, licitacion
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Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: tras el respaldo a Adorni por sus polémicos viajes, el Presidente llega hoy a España para hablar en el Madrid Economic Forum

POLITICA
Tras las indagatorias, la causa contra «Chiqui» Tapia por evasión entra en etapa de definiciones y su situación podría complicarse

La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social entró en una etapa decisiva. Concluidas las rondas de indagatorias y presentados los escritos de defensa, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal del máximo dirigente del fútbol argentino.
A partir de ahora, el magistrado tiene un plazo de diez días hábiles para definir si dicta el procesamiento de Tapia, lo sobresee o establece la falta de mérito. Son las tres alternativas previstas en esta instancia del expediente. Según pudo saber TN, las pruebas complican la situación del mandamás de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino y el magistrado se inclinaría por procesarlos. La duda que persiste es si mantendrá la prohibición de que viajen al exterior.
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Tapia fue indagado en una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por un monto de 19.300 millones de pesos. La acusación sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino no pagó en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales durante un período que va desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
Según lo establecido en la normativa vigente, el delito se configura cuando se vence el plazo para ingresar el impuesto y el pago no se realiza. En este caso, ese plazo es de 30 días desde que debieron efectuarse los aportes.
La investigación también determinó que durante ese período la AFA constituyó plazos fijos tanto en pesos como en dólares.
El planteo de la defensa de Tapia
Durante las indagatorias, los imputados presentaron escritos en los que argumentaron que no hubo incumplimiento. Según sostuvieron, existía una disposición de ARCA que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles.
Desde esa perspectiva, afirmaron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento.
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Además, la AFA sostuvo que la deuda ya fue regularizada. También señaló que hasta mitad de este año se mantienen vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales, por lo que —según su postura— la deuda no podía exigirse.
En ese contexto, desde la entidad argumentaron que existe una persecución. Señalaron que la denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei se presentó en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.
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El escrito presentado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, insistió en esa línea defensiva. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó. En el mismo documento agregó que “está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
Tanto Tapia como Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese pedido. La decisión ahora se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Los argumentos de ARCA
Del otro lado, el organismo recaudador ARCA sostiene que existió una apropiación indebida de tributos. Según su planteo, la AFA actuó como agente de retención: descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco en tiempo oportuno.
La acusación sostiene que la conducta se repitió durante 19 meses consecutivos, desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. En total, ese período implicaría 69 hechos delictivos que concurren entre sí.
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Para ARCA, el delito se perfecciona cuando no se deposita el dinero retenido dentro del plazo de 30 días corridos. Además, remarcan que esos fondos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero que correspondía a los contribuyentes a los que se les había practicado la retención.
En su presentación también señalaron que la entidad tenía capacidad para realizar esos pagos. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA alrededor de 500 mil millones de pesos.
Chiqui Tapia, Claudio Tapia, ARCA, AFA
POLITICA
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares: más de 27.000 inscriptos para las audiencias públicas

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina registra un récord sin precedentes de participación, con más de 27.000 inscriptos en las audiencias públicas, lo que plantea desafíos logísticos y posterga los plazos legislativos habituales.
La demora en el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares responde a la magnitud inédita de la inscripción ciudadana para intervenir en el proceso parlamentario. La dimensión de la convocatoria obliga a las autoridades a replantear los mecanismos organizativos y a los actores políticos a ajustar sus estrategias mientras se redefinen tiempos y formas de negociación.
Organización de las audiencias públicas y desafíos logísticos
El Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, planificó dos jornadas de audiencias públicas, previstas para el miércoles 25 en modalidad presencial y el jueves 26 de manera virtual, según precisó en Infobae en Vivo Nacho Girón. La cifra de más de 27.000 personas anotadas para dar su opinión supera cualquier experiencia previa en procesos legislativos ambientales en Argentina.
Frente a esta magnitud, la organización enfrenta un reto concreto: administrar la intervención de tantos inscriptos en tan corto plazo. Como resultado, el oficialismo considera extender el cronograma y adaptar la estructura original de las audiencias, en un intento de permitir la participación efectiva y mantener la representatividad en el debate.
Este escenario forzará dilaciones que podrían retrasar la sanción de la ley y demanda la implementación de nuevos métodos para garantizar un desarrollo ordenado y equitativo del proceso.
Estrategias de los actores políticos y sociales frente a la reforma
El Gobierno nacional abrió las audiencias públicas para negociar con la oposición y sumar respaldo social a la iniciativa. Esta decisión alentó la inscripción de especialistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanos de múltiples provincias.

Diversos sectores ambientalistas apelaron a una inscripción masiva para asegurar su voz en la discusión parlamentaria y defender la protección de los glaciares. De igual modo, gobernadores y fuerzas opositoras buscan incidir en los alcances de la reforma y proteger intereses regionales.
En este contexto, la administración de Javier Milei debe gestionar tanto la presión de la participación ciudadana como las demandas políticas del Congreso. La extensión de los plazos multiplica las oportunidades de renegociación sobre puntos clave de la ley.
Contexto y repercusiones de la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina, restringiendo actividades humanas y reservando estos espacios como fuentes estratégicas de agua. El proyecto de reforma busca modificar los límites legales y permitir, bajo ciertas condiciones, la instalación de industrias —especialmente mineras— cerca de áreas protegidas.

Mientras los promotores del desarrollo económico sostienen que estas modificaciones facilitarán nuevos emprendimientos productivos en la región andina, sectores ambientalistas alertan sobre el posible impacto sobre el recurso hídrico y los sistemas ecológicos.
La inédita participación social en el debate refuerza el carácter prioritario del tema en la agenda nacional y convierte al proceso en un caso excepcional en la historia legislativa argentina.
La masiva implicancia ciudadana en el tratamiento de la Ley de Glaciares redefine los estándares de participación y obliga a los cuerpos legislativos a innovar en la gestión de debates complejos. El sistema político, frente a este hito, deberá adecuar sus procedimientos para responder a una demanda social de mayor involucramiento en decisiones ambientales clave.
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