Sin atenuantes. Debieron pasar 352 días para que, al fin, el pleno del Senado tratara los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla enviados por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema. Y después de más de una decena de horas de debate y duras críticas, el gobierno de Javier Milei sufrió una de las derrotas legislativas más resonantes (y probables) desde que asumió hace 16 meses.

El fracaso se magnifica ante los esfuerzos, coacciones y otras acciones menos nobles del oficialismo para tratar de sumar (o torcer) la voluntad de dos tercios de los senadores. Fueron maniobras que rodearon de incertidumbre hasta último momento la realización misma de la sesión y, por supuesto, su resultado.

Las reuniones previas en dependencias oficiales con senadores de varios espacios para evitar lo que al final ocurrió le impide ahora a los libertarios sostener la simulación de indiferencia que se intentó para minimizar el resultado, así como las acusaciones a quienes por abrumadora mayoría no le dieron acuerdo a los candidatos oficialistas.

También resalta la oposición transversal que el Presidente y su gestor principal en el tema, Santiago Caputo, consiguieron fraguar al unir en el voto a libertarios críticos, macristas, peronistas kirchneristas y no kirchneristas y radicales que en pocas cosas pueden y se animan a coincidir. Solo pueden arrogarse las sugestivas, pero insuficientes, fugas registradas en varias bancadas.

La demora en el tratamiento y el destino final de estos pliegos reflejan mucho más que las dificultades o la tozudez y la incapacidad del oficialismo para obtener el apoyo del número mínimo de los senadores para integrar el máximo tribunal.

Primero, se destaca que a lo largo de estos casi 12 meses estuvo bastante más cerca de lo lejos que quedó ayer de lograr la aprobación de, al menos, uno de los dos candidatos.

Durante ese período, el Gobierno no solo empeoró su posición inicial sino que, además, nunca articuló en público una argumentación sólida y una narrativa consistente en defensa de su intención y sus candidatos. En especial de Lijo, cuyos pergaminos estaban muy ajados y ahora lo están mucho más. Eso dice demasiado. No obstante, seguirá siendo juez federal, a pesar de todas las manchas que este proceso dejó expuestas sin posibilidad de blanqueo.

Sólo le puso cara, cuerpo y energía a las negociaciones y presiones en las sombras emprendidas por Caputo (el consejero), por los agentes de este, como el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, por el propio juez federal, por su principal mentor y esponsor, el juez y expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, algunos espías de nota y ciertos empresarios. Eso ya dice mucho. Tanto del Presidente y su asesor como del frustrado aspirante.

Exhibió el Gobierno, por sobre todas las cosas, haber aprendido poco de los golpes acumulados en este año y cuatro meses que lleva de mandato a la hora de enviar al Congreso sus proyectos y pretender imponerlos. A cualquier costo.

Al final, la administración de Javier Milei consiguió, en contra de su propósito, que muchos senadores hicieran lo que eran reticentes a hacer por convicción o por falta de coraje. Es decir, rechazar al más cuestionado por la sociedad de los dos postulados, el juez federal Ariel Lijo, a quien le temían y le temen.

Lo han reconocido obscenamente varios legisladores ante numerosos periodistas y dirigentes sectoriales para justificar la dificultad que encontraban para votar en su contra y ser consecuentes con las convicciones que decían profesar y que entraban en contradicción evidente con la trayectoria, el currículum y el estilo de vida del magistrado.

La designación por decreto presidencial de Lijo y de García-Mansilla al borde de la finalización del receso parlamentario, o sea más que al límite de una interpretación ya de por sí forzada de la Constitución Nacional, fue el precipitador o la gran justificación para que se rechazaran los pliegos, aún cuando la trayectoria de los dos postulados ofrecían notables diferencias. Lo destacó el libertario disidente Francisco Paoltroni.

La derrota del Gobierno y, en particular, del Presidente y de su súper asesor es solo el final de un proceso que nunca consiguió explicar por qué se empecinó en iniciar y continuar cuando todo le decía que tenía demasiada probabilidad de terminar mal. Y no es la primera ocasión en la que adopta ese temperamento tan poco exitoso.

Un año y medio atrás, o, mejor dicho, antes de la elección presidencial habría sido inimaginable (o suicida) que alguno de los principales candidatos anunciara durante la campaña que si llegaba a la Presidencia propondría para integrar la Corte a Lijo. De hecho, nadie lo hizo. Ni siquiera Milei. Y eso que no se privó de hacer promesas que entonces (aún más que ahora) se consideraban políticamente incorrectos.

Ahora, antes que cerrarse se abren nuevas y mayores preguntas que las que ya había cuando Milei y Caputo se obstinaron por sostener la continuidad de una postulación inviable y llevarla al borde de la ilegalidad. Y mucho más allá de la legitimidad.

En primer lugar, lo que queda en cuestión es qué pasará con García-Mansilla y con las decisiones de la Corte Suprema si una vez más el jurista no hace honor a su palabra y decide seguir allí hasta que termine el actual período legislativo o empiece uno nuevo (otra circunstancia de tiempo que está también en discusión). Esta tal vez sea la incógnita más relevante por la inseguridad jurídica que genera. Los fallos del máximo tribunal con su voto, que ya ha emitido en numerosas causas, quedarán observados.

Desde el entorno de García-Mansilla dejaron trascender que en lo inmediato no renunciará y que “como asumió una responsabilidad institucional hará una presentación formal para consultar con sus colegas de la Corte en qué estatus queda su investidura como juez”.

Lo singular de la situación del jurista García-Mansilla es que comenzó el proceso de su postulación con una consideración sobre su persona y su condición profesional muy superior de la que emergió, más después de la sesión de ayer.

Las principales objeciones a su candidatura estaban concentradas en cuestiones político-ideológicas, no sobre su idoneidad o integridad, sobre las que había una mayoría de opiniones positivas.

Por eso, muchos no entienden por qué aceptó jurar ante la Corte en comisión por decreto presidencial luego de haber respondido a una pregunta hipotética que no vería con agrado asumir en esas condiciones, citando lo ocurrido cuando Mauricio Macri hizo lo propio en 2015 con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Sobre esto se pararon los senadores que justificaron en sus intervenciones la razón por la que votarían en su contra. Lo resumió con mordacidad la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri, al preguntarse: “¿García Mansilla nos mintió o es manipulable por el Poder Ejecutivo y por eso asumió? En cualquier caso, se demuestra la falta de idoneidad.”

Sobre eso abundaron los legisladores que lo objetaron y varios de los que rescataron sus cualidades para llegar a la Corte no encontraron argumentos contundentes para salvarlo de ese cuestionamiento y de la inconsecuencia de su palabra.

La designación en comisión por decreto fue, por otra parte, el atajo brindado por el Gobierno el que le facilitó a varios senadores justificar el rechazo a los dos postulados sin expresarse deliberadamente sobre Lijo, el más objetado de los dos.

Lo dijo expresamente, el radical Martín Lousteau: “No es contra los pliegos, sino contra el mecanismo adoptado. Y para que García-Mansilla se vaya a su casa”.

Fue un favor explícito a su principal soporte partidario, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y hacia quien, a su vez, esponsorea a este, el empresario del juego y operador judicial Daniel Angelici, quienes desde hace demasiado tiempo mantienen relaciones demasiado estrechas con el juez federal y su entorno.

La sesión del Senado no solo dejó golpeado al Gobierno y al Presidente, que vienen sufriendo daños severos en el último bimestre en dos de los atributos principales que llevaron a Milei a la presidencia: la autenticidad y la autoridad.

La autenticidad está vinculada a su diferenciación de “la casta corrupta e incapaz”, resumida en la frase de sus seguidores: “Javier es así. Como se lo ve. No miente ni esconde, como los demás. Es distinto”.

Pero nadie lo alejó más de tal premisa y la acercó más a “la casta” que la postulación y el sostenimiento obcecado de Lijo, así como la forzada interpretación de la Constitución para nombrarlo a él y a García-Mansilla por decreto, contra el espíritu de elementales principios republicanos.

En tanto, la autoridad fue dañada por dos vías. Primero, por la incapacidad para llevar a cabo sus propósitos, con el rechazo y el desafío que le imprimieron senadores que llegaron por su espacio o aliados que se desgañitan por ayudarlo. Ya sea por convencimiento, como el cordobés Luis Juez, de Pro; o por conveniencia explícita, como los radicales Eduardo Vischi, de Corrientes, y Víctor Zimmerman, de Chaco, cuya palabra había sido empeñada en la Casa Rosada sin garantía de rescate. Los aportes y préstamos para pagar sueldos, jubilaciones u obras pueden costar caro y tener efectos efímeros.

En segundo lugar, el daño al atributo de autoridad provino de la falta de consistencia de sus propuestas y de conocimiento de las dinámicas parlamentarias que se suman a los tropiezos en el ámbito preciso del autoproclamado saber de Milei, en materia económico-financiero. El Criptogate abrió la primera grieta en el blindaje del que gozaba en esta temática y en el plano de la ética (o la honorabilidad).

El debate también volvió a desnudar miserias de casi toda la dirigencia política. Los discursos no se agotaron en las referencias a Lijo y García-Mansilla ni en la hipercuestionada designación por decreto.

Abundaron las acusaciones cruzadas por intentos o casos concretos de manipulación de magistrados, por la violación de la independencia de poderes, por la politización de la Justicia y la judicialización de la política y hasta por la utilización de jueces amigos contras adversarios políticos.

Ese cruce a cielo abierto tan poco edificante como esclarecedor, no impidió que una mayoría de senadores defendiera la seguridad jurídica como argumento para justificar el rechazo de los pliegos fundamentalmente por haber sido designados jueces de la Corte en comisión por decreto presidencial.

El impacto que esa inseguridad tendría en la economía fue uno de los argumentos que utilizó la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti. Toda una paradoja dada la saga de casos multimillonarios que se dirimen en tribunales internacionales por decisiones políticas adoptadas durante el kirchnerismo sin reparar en limitaciones contractuales o jurídicas. Todo puede cambiar.

Al final la votación fue contundente: los dos tercios se reunieron para no darle acuerdo a Lijo y García-Mansilla. Exactamente lo opuesto a lo que soñó el Gobierno.

Podría ser una buena noticia para la institucionalidad, dadas las mayoritarias objeciones con las que llegó Lijo o la forma en la que se animó a asumir en el máximo tribunal García-Mansilla, contra la que había dicho que haría ante el Senado.

Sin embargo, quedan demasiados interrogantes abiertos y un gobierno nuevamente dañado cuando la estabilidad escasea. En el país y en el mundo. Una derrota inapelable y con serias consecuencias.