Las señales llegaron dispersas al corazón del poder, pero no pasaron inadvertidas. Se fueron acumulando a lo largo de las últimas semanas y llevaron a los estrategas libertarios a una conclusión: hay indicios de descomposición del laxo esquema de alianzas políticas que había generado el Gobierno, y ese proceso pone en riesgo la estabilidad en los meses de transición hasta la elección de octubre.

El oficialismo tiene muchos argumentos para proyectar un triunfo claro en las legislativas, pero para lograr ese objetivo necesita transitar los cuatro meses que le quedan sin grandes sobresaltos. Bueno, ahora intuye que le espera un camino más escarpado que el que tenía previsto.

La primera señal se activó en la sesión de Diputados del 4 de junio, cuando se aprobó una suba del 7,2% de las jubilaciones, un bono de $110.000 y una moratoria previsional. Lo que más preocupó a la Casa Rosada no fue la afectación fiscal que suponía el proyecto. A fin de cuentas, el año pasado ya se había sancionado una iniciativa similar, y otra para las universidades, y ambas fueron vetadas por Javier Milei.

La alerta provino de la composición política que permitió la aprobación del proyecto principal: hubo 142 votos a favor, 67 rechazos, 19 abstenciones y 28 ausentes. A favor se expidieron los tres diputados de Tucumán que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, quien sin aviso previo pasó de jactarse de haber “ayudado a nuestro presidente a conseguir los logros macroeconómicos que hoy tiene la Argentina”, a advertir que Milei “no puede gobernar solo” y que, si la gestión libertaria no reacciona, habrá “un costo social muy importante” en el país.

Se sumaron dos diputadas salteñas del ubicuo Gustavo Sáenz y tres catamarqueños, incluida la esposa del gobernador Raúl Jalil. Además, cuatro integrantes de la UCR facilitaron el quórum y el resto del bloque de Rodrigo de Loredo se abstuvo, al igual que nueve legisladores de Pro, que siguieron la indicación de Mauricio Macri. Los misioneros de Carlos Rovira, todos ausentes, al igual que el radical con peluca Martín Arjol.

Un Waterloo para la saga de los “87 héroes” que el año pasado habían salvado al Gobierno de la ignominia del déficit fiscal. Ahora si se suman las abstenciones y los ausentes, la postura opositora está en condiciones de insistir frente al veto que ya prometió el Presidente cuando el Senado le termine de dar sanción definitiva al proyecto.

¿Qué pasó para que todos estos aliados se decidieran a emitir semejante carta documento al Gobierno?

El segundo aviso se configuró esta semana con la inédita reunión en el CFI de los “23 gobernadores y un jefe de gobierno”, como se llama el chat que comparten los mandatarios provinciales. Fue la primera vez que se sentaron juntos insospechados cofrades, como Sáenz y Rogelio Frigerio, y férreos adversarios, como Axel Kicillof y Sergio Ziliotto. Todos en la misma mesa con un ramillete de reclamos que debieron soportar, como si se tratara de un pelotón de fusilamiento, el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Los más dinámicos para impulsar el fogón federal fueron originalmente Ignacio Torres y Maximiliano Pullaro. Después en la reunión, las voces que guiaron el encuentro fueron las de los más experimentados: Ziliotto, Frigerio, Gerardo Zamora y Alfredo Cornejo.

Se resolvió evitar pronunciamientos políticos y focalizar las demandas en tres ejes: una mayor distribución entre las provincias de los ATN, coparticipar el impuesto a los combustibles como está establecido por ley, y la eliminación de los fondos fiduciarios para que esas partidas sean administradas por cada gobernador. Los mandatarios tomaron los recaudos para no violar con sus planteos el principio del equilibrio fiscal, y están dispuestos a impulsar un proyecto de ley si no reciben una respuesta satisfactoria de la Casa Rosada. De hecho el viernes a última hora varios de ellos compartieron un zoom con senadores propios para avanzar con la iniciativa.

¿Qué ocurrió para que en pocas semanas los mansos se cansaran y decidieran unirse a los díscolos en sus planteos?

En ambos episodios parecieron confluir factores políticos y económicos. Los primeros están vinculados con las elecciones y la estrategia volátil del oficialismo. Muchos de los aliados vieron cómo eran desafiados en sus territorios por las huestes libertarias, sin una mínima coordinación.

A eso se sumó que esos armados dejaron poco lugar para los que no eran puramente violetas, lo cual derivó en una pérdida de expectativas de poder ser parte del entramado oficialista. No hay lugar para todos, y tampoco una contención eficiente para evitar descontentos. Se expandió una mala fama de que el oficialismo es mal pagador de favores, un drama para una fuerza en minoría. Este cocktail impactó con potencia en la votación jubilatoria del Congreso.

Los económicos están vinculados con la merma en la distribución de partidas presupuestarias con las provincias, a partir de un fuerte descenso detectado en mayo en el nivel de recaudación. El frente de los gobernadores se terminó de conformar cuando recibieron un informe del CFI en el que se analizaba que “las transferencias automáticas caerían un 4,2% durante 2025, lo que representa una pérdida de casi $2.5 billones en moneda homogénea, equivalente al 0,3% del PIB”.

En los términos que expresan los mandatarios, “cambió la proyección de ingresos y esto nos dejó sin margen. En 2024 nos decían que aguantemos, pero este año la ecuación no mejoró”, señalan cerca de los más dialoguistas.

En el Gobierno leyeron todos estos indicadores de disgregación en su esquema de vínculos políticos. Una fuente cercana al poder central admite que el tema está siendo evaluado con preocupación: “Estamos teniendo un problema de interlocución que pone en riesgo la estabilidad política y el plan económico. Por eso empezamos a trabajar en un pacto de gobernabilidad hasta octubre, que incluye a gobernadores y legisladores. El paso inicial va a ser intentar blindar el veto del aumento a los jubilados”.

Esta estrategia tiene dos inconvenientes. El primero es que genera una fisura entre dos vértices del triángulo de hierro. Y el otro problema es que el tercer vértice no termina de dimensionar el riesgo.

El impulsor de ese pacto de gobernabilidad es Santiago Caputo, quien asume el rol de guardián de la gestión, pero choca con las huestes de Karina Milei, que tienen como meta principal la ampliación partidaria de La Libertad Avanza. El asesor habla con los gobernadores y les promete entendimientos que tengan un beneficio electoral para ellos.

Al mismo tiempo, de la usina de los Menem les plantan listas y candidatos, sin mirar si en el territorio gobierna una rival o un aliado. “No podés tratar igual a los amigos que a los enemigos. Si no tenemos plata para la campaña, debemos hacer política”, resumen cerca de Caputo, quien desde un principio propuso, sin éxito, la doctrina “lo importante para nosotros es la disputa nacional de octubre”, lo que implícitamente supone hacer concesiones a nivel provincial.

Todo el círculo del asesor se cuida mucho de criticar a Karina porque sabe de sus implicancias, y apuntan sus dardos contra Lule y Martín Menem y Sebastián Pareja, sus traductores territoriales. Desde este sector, en cambio, sostienen que están frente a una oportunidad inigualable de consolidar la marca LLA en todo el país, que no tiene sentido compartir votos propios y que la única manera de garantizar gobernabilidad es con el armado violeta.

¿Y Milei qué dice? “Quizás no esté leyendo tan cerca el riesgo que implica que le insistan con el veto al proyecto de las jubilaciones”, señalan en el Gobierno, donde perciben que se puede producir una interpretación negativa en los mercados, y que eso genere una sensación de inestabilidad que impacte en el dólar y en la inflación antes de las elecciones.

En todas las conversaciones entre empresarios y entre los principales actores financieros prima una mezcla de sorpresa e incertidumbre al intentar abordar el principal interrogante de los mercados: ¿por qué no terminan de confiar en el rumbo trazado por Milei, a pesar de que tomó la mayoría de las medidas que le reclamaban, desde el ajuste fiscal hasta la salida del cepo? ¿Por qué sigue a prueba un presidente que ha dado tantas muestras de liberalismo explícito?

Para algunos, la respuesta es técnica, y señalan la falta de acumulación de reservas, un tipo de cambio que consideran insostenible y el déficit de cuenta corriente, que esta semana el Gobierno terminó admitiendo.

La misión del FMI que estuvo esta semana en Buenos Aires se replegó con una mirada indulgente sobre los incumplimientos del acuerdo firmado hace dos meses. Asume que hasta las elecciones Milei y Luis Caputo mantendrán su prioridad en la baja de la inflación y no en la acumulación de dólares. En Wall Street circuló el dato de que hubo llamados al Gobierno con recordatorios explícitos, no sólo de parte del FMI sino también de la Secretaría del Tesoro norteamericano, antes de que Caputo anunciara las últimas medidas. En Economía lo desmienten. Igual el ministro les hizo un gesto esta semana con la compra de US$200 millones, un modo de decirles, me hago el indiferente, pero no los ignoro.

Otros, en cambio, apuntan más a una explicación política, y en este aspecto aparecen como indicadores clave la necesidad de un triunfo electoral claro de LLA y la obligación de sepultar cualquier resurrección de Cristina Kirchner. Es notable la resiliencia del fantasma kirchnerista entre los actores del mercado, aunque la expresidenta esté presa y sólo se concentre en defender la tercera sección electoral.

El jesuita Rodrigo Zarazaga acaba de publicar un interesante libro titulado Poverty shaping politics (La pobreza moldea la política), en el cual, además de hacer una profunda radiografía de las complejidades sociales del conurbano, se dedica a describir la dinámica de los punteros políticos. Y allí focaliza en un fenómeno que se ha venido profundizando en los últimos años: la flexibilidad ideológica de ese entramado tradicionalmente peronista.

“Los intendentes crearon una estructura territorial, que era la única opción para interactuar con esos lugares segregados. Pero ese modo de vinculación va más allá del partido político. Y eso quedó expuesto cuando los punteros peronistas demostraron que estaban dispuestos a trabajar para Cambiemos. Esos tipos se dieron cuenta de que podían cambiar los intendentes, pero lo que nunca les cambiaba era la gente con la que ellos intermediaban”, señala Zarazaga.

Y después complementa con una evaluación del presente, al señalar que “cuando como partido no podés ofrecer más que un Estado minimalista, perdiste la dimensión herética del peronismo. En el conurbano yo veo una erosión muy grande de todos los partidos, pero la novedad es que la identidad peronista ahora también está muy diluida”.

Sobre esa geografía se desarrolla en este momento una compulsa sangrienta dentro del peronismo. Las primeras conversaciones tendientes a unificar listas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre entre el kirchnerismo y el sector de Kicillof parecieron empezar a encarrilar algo el rumbo. Sin embargo, esos diálogos contrastan con las desconfianzas que rigen todavía en ambos campamentos.

“El escenario está muy enrarecido internamente. La conversación entre los sectores sólo tiene sentido porque no nos podemos desentender de la situación de Cristina y porque el Gobierno apunta a polarizar. Estamos tratando de llegar a una lista conjunta, pero no estamos hablando de un proceso de unidad”, señala un funcionario cercano del gobernador.

En ese campamento entienden que La Cámpora mantiene su actitud prepotente y que la muestra fue el operativo Máximo Kirchner candidato en la tercera sección electoral. “Si ya la autoproclamación de Cristina nos había hecho ruido, si insisten con lo de Máximo es ir a la ruptura”, argumentan.

En el kirchnerismo puro buscan que el espíritu dominante del armado responda al clamor “Cristina libre”, en el entendimiento de que Kicillof quedó arrinconado tras su detención y la movilización popular de la semana pasada. “Él no puede aspirar a una distribución equitativa de cargos, cuando quedó demostrado que tenemos más volumen, además de que Sergio (Massa) y Juan (Grabois) articulan con nosotros”, expresan en La Cámpora.

Para el martes está prevista una reunión del consejo del PJ y el sábado del congreso partidario. Para ese entonces debería haber alguna definición, ya que estarán a tres días del cierre de alianzas. De todos modos, será una definición formal; por abajo se está preparando un cruce de incierto desenlace entre intendentes kicillofistas y camporistas, que pronostica una elección de alto voltaje.

En la vereda de enfrente también se reactivó la campaña después de las dos semanas de centralidad cristinista. El disparador fue la presencia del propio Milei el jueves en La Plata, donde aprovechó para volcar un cargamento de calificativos agresivos sobre Kicillof. Según los estrategas libertarios, se trató de un desvío de la línea argumental que el propio presidente resolvió improvisar por su encono ideológico con el gobernador. “Nosotros vamos a trabajar con la idea kirchnerismo o libertad, como en la ciudad. En ese concepto de kirchnerismo entra Cristina, Máximo y Kicillof”, explican.

Sin embargo admiten que la detención de la expresidenta forzó un stand by en la campaña y a una reevaluación de las alternativas. Si era Cristina la candidata en la tercera sección crecía la idea de contrastarla con la postulación de un joven tuitero. Si su lugar lo ocupa Máximo, la premisa podría sobrevivir, pero si es otro referente, lo más probable es que vayan con alguien más clásico para pelear el territorio desde la marca LLA.

En el Gobierno dan por perdida la tercera sección, y por ganadas las seis del interior. Por eso su foco principal estará en la primera, porque una muy buena elección ahí le puede terminar dando no solo la mayor cantidad de bancas, sino también la mayoría de los votos. Los nombres que evalúan son los de Diego Valenzuela y Diego Santilli.

Pero los libertarios también tienen sus problemas. En la provincia la disputa entre las Fuerzas del Cielo y Pareja es frontal e indisimulable. Compiten hasta en los centros de estudiantes universitarios, donde unos promueven la agrupación ULLA (Universitarios de La Libertad Avanza) y otros Crear Más Libertad. Las diferencias son cada vez notorias y a esta altura es muy difícil que no queden heridas profundas con el cierre de listas.

En paralelo discurre la negociación entre los libertarios y Pro, que cada vez se acerca más a un proceso de absorción que de integración. Por ahora todo se encamina a una suerte de desgarramiento del partido amarillo, donde queden del lado oficialista Cristian Ritondo, Santilli y Guillermo Montenegro, más nueve intendentes (excluyen a quienes orbitan en el área de Jorge Macri: Soledad Martínez, de Vicente López; Pablo Petrecca, de Junín; Javier Martínez, de Pergamino; y María José Gentile, de 9 de Julio).

El resto del macrismo empieza a evaluar la posibilidad de revivir una especie de Juntos por el Cambio, con los radicales que también están quedando afuera del armado oficialista, y agrupaciones menores. Por afuera, quedaran emprendimientos alternativos, como el que lideran los hermanos Passaglia de San Nicolás, y los peronistas disidentes de Fernando Gray, Julio Zamora y Juan Zabaleta, a quienes se sumó Joaquín de la Torre.

Bienvenidos a la elección más sorprendente e impredecible que puede ofrecer la política argentina.