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Descontrol en la PSA: Autoritarismo, uso indebido de bienes del estado y encubrimiento

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La Unidad de Operaciones Especiales del Norte, ubicada en Salta y dependiente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se encuentra en el ojo de la tormenta tras una denuncia formal ingresada bajo el número 23587/2025, que alerta sobre una serie de irregularidades y abusos de autoridad por parte de su actual conducción.

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La presentación, ya asentada ante el ministerio de Seguridad nacional bajo el número 23587/2025, que encabeza Patricia Bullrich, apunta directamente contra el comisionado mayor Diego Martín Schwalb, jefe de la Unidad, y su superior, el comisionado General Cristian Castrichini, jefe Regional del Norte, por una trama de arbitrariedades, maltrato laboral, uso discrecional de recursos públicos y encubrimiento sistemático dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Entre los hechos más preocupantes, se detalla que Schwalb construyó un quincho y un gimnasio dentro del predio oficial, con materiales presuntamente conseguidos a través de donaciones informales, con la intención -según testimonios- de recibir a su familia. Pero eso no es todo: actualmente reside en la misma unidad, sin pagar alquiler y utilizando todas las instalaciones del lugar como si se tratara de una propiedad privada. Según los denunciantes, cuando fue consultado por esta situación, afirmó con total impunidad: “Puedo hacer lo que quiera porque tengo el aval del jefe Regional Castrichini”.

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La denuncia también revela un manejo discrecional de los francos y licencias: mientras un grupo reducido de agentes cercanos al jefe goza de permisos extendidos sin dejar constancia en los registros oficiales -lo que configura una presunta falsificación administrativa-, al resto del personal se le niegan licencias incluso cuando se justifican por razones médicas o familiares.

Otro punto crítico es el uso personal y exclusivo de un vehículo oficial, una Citroën Berlingo blanca sin identificación institucional visible, que Schwalb utiliza para sus traslados privados y viajes recreativos. El vehículo ni siquiera figura en los libros de novedades como exige el reglamento interno, y actualmente se encuentra deteriorado tras años de mal uso. Parte de las reparaciones, según la denuncia, fueron hechas por un subordinado bajo instrucciones informales, sin intervención oficial.

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Todo este entramado de irregularidades, abusos y arbitrariedades es conocido y avalado por el comisionado General Castrichini, quien no solo no ha intervenido, sino que autoriza a Schwalb a realizar frecuentes viajes a Buenos Aires en fines de semana largos, otorgándole beneficios negados al resto de los agentes.

El silencio institucional refuerza la impunidad: no es la primera vez que ambos funcionarios son señalados por este tipo de conductas. Existen antecedentes de sanciones dentro de la misma unidad, pero las prácticas continúan, alimentadas por la inacción y el encubrimiento jerárquico.

La denuncia solicita la intervención urgente del ministerio de Seguridad, una auditoría de los registros internos de la unidad, la apertura de sumarios disciplinarios y la remoción preventiva de ambos jefes hasta tanto se esclarezcan los hechos.

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POLITICA

Entre la promesa y la realidad: los desequilibrios que desafían al Gobierno

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Vamos a imaginar que el votante que acompañó a Milei para presidente le pidió restablecer equilibrios. Básicamente yo te diría tres.

  • El equilibrio fiscal: mejorá la economía, no se aguantaba más, casi en el borde de la hiper, equilibrá la economía.
  • Hay otro equilibrio pedido que es el equilibrio moral: basta de afanar, no podemos más, un nuevo orden.
  • Y hay un tercer equilibrio que tiene que ver con restablecer el orden en el espacio público: que se pueda transitar, basta de la arbitrariedad y la prepotencia de los piquetes, y además, en el mismo combo, ponete del lado de las víctimas, no de los delincuentes.

Dejemos este último, donde creo que el Gobierno viene haciendo las cosas según sus votantes: restablecer el orden público y restablecer el lugar en donde te tenés que parar. Ponete del lado de las víctimas. Ahí yo creo que el Gobierno es indiscutible.

Adorni jugando de arquero

Hablemos de las otras dos cuestiones. La primera es el equilibrio moral. Basta de robar, basta de conductas opinables. Veamos lo que está pasando con Adorni.

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Fíjense en la foto de la reunión de Gabinete: tienen a Milei en el centro, de un lado la bandera Argentina y del otro lado otro emblema patrio. Del tamaño de la bandera argentina, la bandera de la Libertad Avanza: Adorni. Es identitario, es parte de… Como la bandera argentina es de la Nación, Adorni es de la Nación de la Libertad Avanza, nacido y criado. El mensaje de esa foto es: resistirá, lo haremos resistir, no lo vamos a soltar.

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Ahí hay un problema muy fuerte, porque Adorni ya tuvo que contratar a un abogado penalista y todos los días van descubriendo algo que está fuera de regla, algo que no se puede justificar o algo que él tiene que explicar. Todos los días una pregunta nueva, una sospecha nueva.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada. (Foto: NA)

Corrámonos un poco de la opinión moral acerca de si Adorni hizo o no hizo. Pensémoslo estratégicamente. Esto es un equipo de fútbol. La Libertad Avanza, Milei es el técnico, y pone a Adorni en el rol, en la posición en la cancha en la que siempre rindió: de 9, a meter goles, una posición ofensiva. Históricamente hizo su carrera Adorni jugando de 9 en el equipo de Milei. Tenía que meterles goles a los periodistas en las ruedas de prensa y meterle goles a la historia del peronismo. Con las frases de siempre, metía sus goles: “No somos lo mismo”, “aquella Argentina quedó atrás”. Por eso se lo sostuvo en el equipo, porque funcionaba muy bien en una posición ofensiva.

Ahora tenemos a Adorni jugando de arquero. Tiene que atajar. ¿Qué tiene que atajar? Las causas, las acusaciones, tiene que dar explicaciones y encima no puede darlas. Un jugador que fue contratado para meter goles hoy está puesto de arquero y ni siquiera puede atajar. Entonces la pregunta es: ¿cuánto tiempo más Milei, desde el punto de vista pragmático de la estrategia, puede sostener a un tipo que juega adelante pero está de arquero? Esa es la primera cuestión.

Los créditos del Banco Nación

La segunda tiene que ver con lo que pasa con los créditos del Banco Nación. Acá hay una objeción que yo no sé si es penal -porque lo investigan por enriquecimiento ilícito- y todavía no hay una figura definida, si bien ya hay dos denuncias penales por los créditos. Pero aunque no sea penal, es moral. ¿Te acordás que hay una demanda de restablecimiento y de equilibrio moral?

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Si vos vas a pedir un crédito por esos montos, ¿te lo dan en la banca privada? Con esos sueldos, ¿te dan esos montos? No hablemos de la tasa. Son montos que te dan el doble o el triple de lo que te darían en el banco privado. Y te los dan porque sos funcionario. Y si te los dan porque sos funcionario, ¿qué es eso? Acompáñenme: un privilegio.

Luis Caputo habló de los funcionarios que recibieron créditos hipotecarios del Banco Nación: “No hay nada ilegal”. (Foto: Ministerio de Economía)
Luis Caputo habló de los funcionarios que recibieron créditos hipotecarios del Banco Nación: “No hay nada ilegal”. (Foto: Ministerio de Economía)

Hay funcionarios que son o han sido privilegiados porque trabajan en el Estado, porque trabajan como funcionarios y porque accedieron a condiciones de montos de dinero -200, 300, 400 mil dólares- que ni en el día de la escarapela te da un banco privado argentino. Estamos frente a privilegios. De mínima: funcionarios accediendo a un banco del Estado, porque vos venías a predicar mundo privado, pero pedís tasa y monto en el Estado. Ahí hay un agujero así de grande en tu narrativa.

La objeción entre Adorni y estos créditos -penal o moral- pone en cuestión el equilibrio moral que fue demandado de entrada.

Las dos Argentinas

De fondo, está la otra cuestión que tiene que ver con la economía. Siempre si hay un malestar económico, la cuestión moral y de la corrupción está epidérmica, está a flor de piel.

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Por más que Argentina y este gobierno bajaron 10 puntos la pobreza -y se reconoce- y el combate feroz y decidido contra la inflación, lo cierto es que hay áreas que están muy dinámicas: el campo va a tener una cosecha récord, la energía con la guerra de Irán se puede duplicar en las exportaciones, la minería. Todo esto es real y los datos son positivos. Pero hay otra parte de la economía que está estancada. Una parte vuela de la Argentina y la otra ni carretea.

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Conglomerados urbanos, el conurbano bonaerense, el de Santa Fe, el de Córdoba, tienen una temperatura fría en los mostradores. ¿Recuerdan el teorema de Moldavsky? Hay dos estados de ánimo: se vende, no se vende. Y eso es una síntesis de lo que pasa en pymes, en industrias, en comercio.

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Estas dos Argentinas se juntan en una planilla que hace un promedio y el gobierno te la muestra y te dice: “Mirá, estamos creciendo 3,5, 4, 4,5”. Esa ponderación tiene que ver con todos los sectores que están dinámicos y que traccionan hacia arriba a los que están abajo. Pero estos dos mundos todavía solo se cruzan en una planilla teórica y dan un promedio. Todavía no en una economía real. Todavía no hay derrame.

¿Qué plan hay para los que no llegan?

Acá viene una pregunta que tiene que ver con qué medidas puede tomar el Gobierno para aliviar a estos sectores y a estos conglomerados que todavía están esperando. Como en la India: esta no te toca, pero esperá que en la próxima reencarnación vas a hacer otra actividad que no sos ahora porque la tuya no va a funcionar.

Ahí hay un problema no solamente de tejido social, sino electoral. Estos conglomerados son los concentradores máximos de votos y muchos son básicamente peronistas.

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Me podés decir: fue el peronismo el que creó y consolidó esos núcleos de pobreza. Ok, pero esto es sin beneficio de inventario. Ya te tocó, ya sabés que es así y que probablemente gran parte de estos conglomerados podrían volver al peronismo. Entonces, si bien los vas a perder, uno puede decirle al Gobierno: tenés que reducir la pérdida. ¿Qué plan tenés para todos estos conglomerados para reducir la pérdida del año que viene?

Planes sociales, Pettovello, Capital Humano, duplicaron la AUH, buenísimo, eso está atajado. Terminaron con la intermediación de la pobreza, buenísimo. Hay un sector de máxima pobreza que tiene un amortiguador -no alcanza con uno, pero lo tiene- y el Gobierno hizo cosas. ¿Qué pasa con los estratos que están un poquito por arriba y hoy tienen privaciones reales? ¿Qué plan tiene el Gobierno para ellos? ¿Hay alguna política de transición? ¿Hay algún acompañamiento del Estado hasta que esto se recupere de alguna manera? ¿Hasta que haya un derrame de los sectores dinámicos hasta estos sectores? ¿O se tienen que reconvertir en algo? ¿Alguien les va a dar la mano para reconvertirse?

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Si el Estado eventualmente a través de YPF puede sostener o contener el precio de la nafta, esa es una intervención estatal. Que haya alguna línea de créditos del Banco Nación para electrodomésticos, para dinamizar, también es pragmatismo sobre dogmatismo. ¿Ves que el Gobierno, si quiere, puede ser pragmático y bilardista y dejar de ser dogmático? ¿Puede ser también pragmático para acompañar o hacer algo por estos sectores que vienen retrasados y pasándola mal?

El tren va a 140

En la línea de tiempo tenemos AM, PM: antes del Mundial y pasando el Mundial. Ahora estamos esperando el Mundial, que es una línea divisoria de tiempo. Pasando el Mundial estamos ya, desde el punto de vista de la lógica política, en el año que viene. Empieza una carrera por las presentaciones de listas, de las elecciones, las estrategias.

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Si el Gobierno quiere aplicar alguna política para rescatar votos de estos sectores que están desfavorecidos y que todavía no se pueden subir a la Argentina que efectivamente crece y está dinámica, tiene que empezar como máximo PM, pasando el Mundial. Esto es como un tren que va a 140 kilómetros por hora con 20 vagones. No lo frenás. La recesión en esos sectores no frena rápido. Es un frenado lento. Si vos querés reactivarlo, vas a tener que meterte rápido en esa cuestión.

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Y cierro con esto. Siempre decimos que el activo máximo del Gobierno es el dilema binario de pollo o pasta: “¿Te molesta Adorni? Pero qué querés, ¿del lado de Irán?” Esa lógica puede ser necesaria, pero no suficiente. Y funciona cuando el peronismo y el kirchnerismo, o cualquier otro rival político, no tiene cara, no tiene voz, no tiene adversario.

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Hoy Milei juega solo, pero hay una música que flota en conurbanos, en algunos sectores de la Argentina. A veces pasa que viene uno y le pone letra y música. ¿Adiviná quién fue el más talentoso para ponerle letra y música a una sensación que flotaba en la Argentina a finales de Alberto y Massa? Javier Milei.

Siempre puede aparecer uno.

Javier Milei

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Exigieron ante la CIDH la liberación del argentino Germán Giuliani y denunciaron torturas en su detención en Venezuela

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El caso del abogado argentino Germán Darío Giuliani fue llevado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con un pedido de medidas cautelares urgentes contra el Estado venezolano, en una presentación que denuncia desaparición forzada, torturas y graves violaciones a los derechos humanos.

La solicitud fue realizada por su esposa, María Virginia Rivero, a través del abogado Diego Armesto, y sostiene que Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025 en condiciones de incomunicación, sin acceso a defensa privada ni asistencia consular, y con un deterioro físico y psicológico progresivo.

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A ese proceso se sumó la intervención de la diputada nacional Karina Banfi, quien acompañó a la familia a través de la ONG Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, un espacio que integra junto a Elisa Trotta, Waldo Wolff y Graciela Fernández Meijide. Según explicó, el caso presentaba un cuadro de desprotección institucional, especialmente por la ausencia de una medida cautelar ante la CIDH, el mecanismo central para activar la intervención del organismo en situaciones de violaciones de derechos humanos.

La esposa de Germán Giuliani hizo la presentación ante la CIDH

La presentación formal fue realizada hoy, tras una semana de gestiones en Washington. Allí, Banfi mantuvo reuniones con autoridades de la Comisión Interamericana y avanzó en la preparación del expediente. A su regreso al país, articuló con el abogado Diego Armesto y con la ONG para estructurar la medida cautelar que finalmente fue presentada, con el objetivo de individualizar el caso dentro del sistema interamericano y habilitar mecanismos de protección específicos.

A Germán Giuliani lo detuvo el régimen de Venezuela por ser argentino. Lo están usando de moneda de cambio siendo el único argentino detenido en carácter de preso político. Esta medida cautelar es un seguro de vida, no sabemos qué le puede pasar, mientras siga detenido en manos de la dictadura”, sostuvo Banfi, en diálogo con Infobae.

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La presentación ante la CIDH no forma parte de la estrategia de la Cancillería, sino que corresponde a acciones que impulsan familiares y organizaciones de derechos humanos. El Gobierno argentino colabora con la familia y existe conformidad con esas gestiones, aunque su margen de acción es limitado por la falta de relación directa con el régimen venezolano, lo que obliga a canalizar contactos a través de terceros países, principalmente Estados Unidos.

La medida cautelar fue impulsada mediante un esquema mixto entre la familia y una organización no gubernamental, con el objetivo de reforzar la legitimidad del caso y consolidar su caracterización como detención política sin sustento penal. Esa articulación permitió formalizar el expediente en un contexto en el que organizaciones como Foro Penal ya identificaban a Giuliani como un preso político dentro del universo de detenidos en Venezuela.

El pedido ante la CIDH se sustenta en los requisitos del artículo 25 de su reglamento. La presentación plantea la gravedad del caso, al tratarse de la detención y desaparición de un ciudadano argentino sin comunicación con su familia ni acceso a asistencia consular, en una situación que pone en riesgo su vida e integridad física. También señala la urgencia de la intervención, dado el tiempo transcurrido sin información sobre su paradero y estado de salud. Y advierte sobre el daño irreparable que implica la privación ilegítima de la libertad, el aislamiento forzado y la incomunicación sostenida, que afectan de manera irreversible sus derechos fundamentales.

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Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en aguas del estado de Anzoátegui, mientras navegaba en una embarcación junto a ciudadanos venezolanos. Había viajado al país por un contrato comercial temporal.

Durante los doce días posteriores no hubo información oficial sobre su paradero. Ese período es caracterizado en la denuncia como desaparición forzada, una figura que implica la detención por parte de agentes estatales seguida de la negativa a reconocerla o informar sobre la situación de la víctima.

La cara del régimen. Jorge Rodriguez, Delcy Rodriguez, Diosdado Cabello

Recién luego de ese lapso se confirmó que estaba recluido en el Comando Militar de Las Acacias, un centro asociado a la detención de presos políticos, y posteriormente fue trasladado al penal de Yare II.

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El documento señala que desde el inicio del proceso no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Giuliani no fue presentado ante un juez en tiempo razonable, no tuvo acceso a defensa técnica independiente y nunca recibió asistencia consular, pese a los intentos reiterados de su entorno.

Las imputaciones en su contra —terrorismo y narcotráfico— fueron difundidas públicamente por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. Sin embargo, la familia sostiene que no existen cargos formales ni pruebas que respalden esas acusaciones.

Uno de los ejes centrales de la denuncia refiere a las condiciones de detención. Los familiares reportan que el contacto es extremadamente limitado, con llamadas breves, esporádicas y bajo supervisión, sin posibilidad de verificar su estado de salud real.

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A esto se suman denuncias de torturas físicas durante los interrogatorios, incluyendo golpes, coerción para firmar declaraciones y prácticas de aislamiento prolongado.

Vanesa Giuliani, hermana del abogado argentino German Giuliani, quien ha estado detenido en una prisión de Venezuela desde mayo de 2025

El testimonio del periodista venezolano Ramón Centeno, incorporado en la presentación, describe un patrón sistemático de violencia: interrogatorios reiterados, presiones para incriminar a dirigentes opositores y amenazas directas de desaparición. También detalla su paso por un centro de tortura conocido como “El Tigrito” y su posterior traslado.

El aislamiento se mantuvo en el tiempo. La familia sostiene que durante meses no hubo comunicación y que las condiciones de detención incluyen incomunicación, restricciones alimentarias y deterioro físico y psicológico.

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El caso también incorpora un componente político. Tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo —que estuvo detenido 448 días— Giuliani quedó como el único argentino privado de su libertad en Venezuela, lo que incrementó la presión diplomática.

En ese contexto, su detención es interpretada por su entorno y por organizaciones de derechos humanos como parte de una lógica de utilización de extranjeros como fichas de negociación en conflictos diplomáticos.

A nivel internacional, el caso ya fue expuesto por el gobierno argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se exigió su liberación inmediata y el respeto de sus derechos fundamentales.

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La diputada Karina Banfi estuvo en Washington para acompañar a la familia de Giuliani

La presentación ante la CIDH introduce ahora un cambio en el expediente. La medida cautelar permite individualizar el caso dentro del sistema interamericano, habilita un seguimiento específico y abre la posibilidad de intervenciones más incisivas, como una eventual visita in loco (presencial) para verificar la situación de los detenidos.

El movimiento también implica una escalada política. El caso deja de ser exclusivamente bilateral y pasa a formar parte de la agenda de la Organización de los Estados Americanos, donde se articula con el seguimiento regional de presos políticos en Venezuela.

Hoy, Giuliani es el único ciudadano argentino que permanece detenido en ese país. La resolución de la CIDH será determinante para establecer si el caso avanza hacia una instancia de mayor presión internacional en uno de los episodios más sensibles de la relación entre Argentina y Venezuela.

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Más pruebas en la causa AFA: supuestos chats revelarían nuevos pagos millonarios realizados a un dirigente cercano a Toviggino

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La investigación judicial sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas nuevos elementos: la aparición de supuestos chats que detallan entregas millonarias de dinero en efectivo, con logística acordada y referencias precisas a vehículos, montos y destinos.

Según la documentación aportada a la causa, a la que accedió TN, estas conversaciones reforzarían la hipótesis de una operatoria sistemática que incluyó al menos US$ 18 millones en movimientos por fuera de los circuitos formales y que habrían terminado en las oficinas de Juan Pablo Beacon.

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Las entregas se habrían realizado en autos de alta gama —como BMW, camionetas 4×4 y un Volkswagen Passat negro— en la oficina del abogado Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino, en Lavalle 1718, Ciudad de Buenos Aires, lugar conocido como “la Rosadita de la AFA”.

En esos intercambios, atribuidos a Beacon y al financista Diego Pasztor, se pactaban encuentros para la entrega de dinero en efectivo, con menciones específicas a vehículos y fechas. Pasztor no respondió a los mensajes de este medio.

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La reconstrucción de esos movimientos indica que entre mayo de 2021 y el 2 de marzo de 2022 se habrían concretado 42 pagos por un total de US$ 13.277.000. En ese período, Pasztor figura como el financista principal y aparecen como vehículos de la maniobra las firmas Q22, Stratega y Odeoma, señaladas en la investigación como presuntas empresas “fantasma”.

Entre los ejemplos detallados en la documentación se menciona una entrega del 7 de junio de 2021 en un BMW gris, sin monto especificado. Luego, el 2 de agosto de ese año, otra operación en un BMW gris oscuro por US$ 200.000. El 18 de noviembre de 2021, en tanto, se registra un pago de US$ 700.000 realizado en un Passat negro. Todos estos movimientos habrían tenido como destino oficinas vinculadas a la estructura dirigencial de la AFA.

Todo eso quedó registrado en los supuestos chats que investiga la Justicia y que ahora están en poder del juez Charvay, luego de que el juez Armella se inhibió de seguir investigando.

Pablo Toviggino, junto a su ex mano derecha, Juan Pablo Beacon. (Foto Ascenso del Interior)
Pablo Toviggino, junto a su ex mano derecha, Juan Pablo Beacon. (Foto Ascenso del Interior)

A partir de febrero de 2022, siempre según la documentación analizada, se habría incorporado un segundo financista: Fabián Adolfo Krunfli, alias “Fiño”. En ese tramo, entre febrero y mayo de ese año, se registran 26 pagos en efectivo por un total de US$ 5.280.534.

En este esquema aparece la empresa TourProdEnter, presidida por Javier Faroni, como vehículo para las transferencias bajo sospecha. TourProdEnter habría financiado un yate de lujo utilizado en Mónaco por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

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La Justicia investiga si los fondos administrados en el exterior por esa firma eran transferidos a compañías radicadas en Estados Unidos para luego regresar al país en efectivo mediante financieras locales. Ese circuito, según la hipótesis en análisis, incluía la intervención de “cuevas” y la posterior distribución del dinero en oficinas fuera del sistema bancario.

Varias presuntas conversaciones por WhatsApp entre Toviggino y Beacon muestran además la coordinación de las entregas de dinero. Para los investigadores, estos intercambios forman parte de las pruebas que vincularían a dirigentes con la recepción de dinero en efectivo proveniente de fondos previamente girados al exterior. En el expediente ya se incorporaron chats, audios, planillas manuscritas, facturas y comprobantes de transferencias.

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La causa, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella, busca reconstruir el recorrido de unos US$ 260 millones que la AFA recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y la plataforma AFA Play.

En paralelo, también se investiga el destino final de esos fondos. Según las sospechas, una parte habría sido canalizada hacia cuevas y oficinas como la denominada “Rosadita”, mientras que otra habría sido utilizada para gastos personales.

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AFA, Pablo Toviggino, Chiqui Tapia

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