Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde el proyecto que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa en cuestión ya fue aprobada por Diputados la semana pasada y el oficialismo pretende sancionar la ley el jueves de la semana próxima, en una sesión extraordinaria aún no convocada de manera oficial en la Cámara alta.

Al comienzo del plenario, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) dejó la presidencia de Justicia por haber tomado el control de la de Acuerdos. Como el reglamento no permite comandar dos al mismo tiempo, se votó a su colega Gonzalo Guzmán Coraita (Salta). La de Presupuesto continúa, por ahora, en manos del jujeño Ezequiel Atauche.

El nuevo Régimen Penal Juvenil también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.

Por otra parte, se pondrá énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Ya como titular de la comisión de Justicia, Guzmán Coraita destacó que la vigencia de este tema data de 1980 -última dictadura militar-, con “diversos intentos legislativos” para conseguir “una ley que una ley que respete estándares constitucionales”. Fue un mensaje escueto y leído, algo siempre criticado en el Senado que ya es habitual con el correr de los últimos años.

Por su parte, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) criticó a la jefa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Capital Federal), por haberle dicho ayer que no iban a haber invitados al plenario. Por supuesto que no objetó que familiares de víctimas lo hicieran durante la jornada de hoy. En tanto, Guzmán quiso amortiguar la penosa situación bajo el argumento de que se decidió “a último momento”.

Los testimonios oídos en el plenario fueron espeluznantes. El primero fue el de Laura Fernández, madre de Lara -17 años-, asesinada el 1 de enero de 2022 en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. “No me dieron la posibilidad de despedirme, de donar sus órganos”, manifestó.

Seguido a ello, detalló que el criminal, de 15 años, “se escapó del instituto de menores dos veces, y con 16 años tuvo un juicio abreviado, le dieron cinco años y, en 2029, esta persona va a estar en libertad”. Y añadió: “Se podría haber evitado todo esto. Sabemos que no es retroactiva -en referencia a la ley- para nosotros, pero queremos evitar que otros pasen por lo que estamos pasando. No tenemos cumpleaños, Navidades, Año Nuevo. Nos arruinaron la vida”.

En tanto, Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo -acribillado a sangre fría en noviembre de 2021-, aseveró que “un niño que agarra un arma deja de ser un niño”. Coincidió luego Karina Albarenga, progenitora de Lautaro Padín, quien murió tras un ataque en manada a la salida de una fiesta. Minutos antes de las 16, oficialismo y dialoguistas juntaron las firmas necesarias en ambas comisiones y se consiguió un dictamen de mayoría.

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El Gobierno salió este miércoles al cruce de la CGT por el paro general convocado en rechazo a la reforma laboral y acusó a la dirigencia sindical de perjudicar a los propios trabajadores.

“Lo único que hacen los sindicalistas es complicarles la vida a los trabajadores”, lanzó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien calificó la medida de fuerza como “bastante perversa”.

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Adorni sostuvo que la modalidad elegida para la protesta afecta directamente a quienes quieren cumplir con sus tareas.

“El paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar, no podés hacerlo”, afirmó.

El funcionario insistió en que la interrupción del transporte público constituye un mecanismo coercitivo.

“No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas”, expresó en declaraciones a La Casa Streaming.

Y fue más allá, al señalar que la dirigencia gremial acumula un “80% de imagen negativa” en la opinión pública “porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”.

Según manifestó, esa valoración social responde al impacto concreto de las medidas de fuerza. Para Adorni, el problema central radica en la imposibilidad de explicar “por qué se le impide el acceso a su lugar de trabajo” a quien desea concurrir.

En ese sentido, remarcó que el nivel de adhesión al paro resulta “bastante perverso” cuando está condicionado por la falta de transporte.

El jefe de Gabinete también cuestionó la oportunidad política de la huelga y la comparó con la actitud de las centrales obreras durante la gestión anterior.

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Recordó que en el gobierno de Alberto Fernández se registraron “200% de inflación” y un “60% de pobres”, y describió ese escenario como un “país devastado”. Sin embargo, señaló con ironía que en aquel período “no había paros” convocados por la CGT.

Para Adorni, resulta “extraño o inentendible” que los sindicalistas “se despierten” ahora, en el marco del debate por la reforma laboral que el oficialismo intentará aprobar en la Cámara de Diputados.

Las críticas oficiales fueron reforzadas por el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari. A través de su cuenta en la red social X, escribió: “No hay nada más extorsivo que parar el transporte para que los trabajadores no puedan llegar a su lugar de trabajo”.

En el mismo mensaje agregó: “Es la evidencia empírica del fracaso del paro forzoso. Pasan los años. Siguen las mismas prácticas mafiosas…”.

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La CGT, por su parte, afirmó que el paro general de 24 horas registra un alto nivel de acatamiento. La medida fue convocada contra la reforma laboral que el oficialismo busca avanzar en Diputados y tiene fuerte presencia en las calles.

Aunque la central obrera no organizó una movilización propia, distintos espacios gremiales, movimientos sociales y partidos de izquierda realizan cortes, piquetes y concentraciones que se extenderán durante toda la jornada.

Frente al Congreso se concentran organizaciones como la UOM, la Unión Ferroviaria, el MAS, Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el MTR, entre otras.

En el plano del transporte, no funcionan los trenes ni los subtes. En cambio, circulan taxis, aplicaciones de viajes y algunas líneas de colectivos.

Manuel Adorni, Javier Milei, CGT, paro general