POLITICA
Designaron a las nuevas autoridades de los institutos Sanmartiniano y de Eva Perón
El Gobierno nacional designó a las autoridades de los institutos Sanmartiniano y de Investigaciones Históricas Eva Perón.
Con respecto a este último, el Ejecutivo nombró como titular a un arquitecto que en agosto de 2025 había ejercido el cargo de manera transitoria. A partir de una designación que se publicó esta madrugada en Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó a Juan Martín Repetto frente al organismo que se encarga de la difusión de la figura de Eva Perón en la historia argentina. Se trata de un espacio desconcentrado de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, también conocido como Museo Evita.
Mediante el decreto 232/2026 se estableció que Repetto estará en el cargo por un período de 2 años -tal como lo indica la normativa que le dio orígen al organismo-, realizando tareas “ad honórem”. La elección responde a la propuesta elevada por la Secretaría de Cultura tras la elección de una terna por la Asamblea de los Miembros de Número del Instituto, conforme lo establece el artículo 12 del decreto original, el 1113/98.
Repetto estuvo frente a la Presidencia de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, pero en 2018 presentó su renuncia manifestando “razones estrictamente personales”, también fue director nacional de Patrimonio y Museos de 2002 a 2003; y en agosto del año pasado la resolución 285/2025 lo designó con carácter transitorio y “ad honórem” por el término de180 frente al Instituto Eva Perón.
Unos meses antes, el Gobierno habia anunciado el cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. El vocero presidencial en aquel entonces, hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo hizo público en la habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada argumentando que se trataba de “una carga presupuestaria injustificada”.
El espación ubicado en calle Lafinur 2988 de la Ciudad de Buenos Aires, “será dirigido, administrado y representado por una Comisión Directiva compuesta por un Presidente, entre otras autoridades”, argumentó el texto.
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Cultura consideró que Repetto reúne los antecedentes y condiciones necesarias para ocupar el cargo, en tanto la designación se realizó a partir de las facultades conferidas por la Constitución Nacional, y de acuerdo a la normativa vigente. Se trata del primer y único instituto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina dedicado exclusivamente a profundizar el conocimiento histórico sobre la vida y el legado de una mujer que fue líder política en el país.
En paralelo, a través del decreto 231/2026, el Instituto Nacional Sanmartiniano, también dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, contará con un nuevo presidente.
La designación del doctor Hernán Federico Cornut, también “ad honórem”, será por un período de tres años y se formalizó a partir de la propuesta del Consejo Superior del instituto, la intervención de la Secretaría de Cultura y el asesoramiento jurídico correspondiente.
Tal como detalla el sitio web de la cartera de Cultura, este espacio “tiene como finalidad investigar y difundir la vida, obra y pensamiento del Libertador General José de San Martín». Fue creado por la Ley Nº 15.538, el 5 de abril de 1933 por el doctor José Pacífico Otero. El nombramiento de Cornut responde a la necesidad de cubrir la vacante en la presidencia del instituto, tras el procedimiento habitual de selección de candidatos y evaluación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Se trata de un Coronel Mayor, egresado del Colegio Militar de la Nación en 1982 como subteniente del arma de infantería, quien en junio de 2024 fue condecorado con las Palmas Sanmartinianas, una máxima distinción otorgada por el organismo, “en reconocimiento a su destacada acción sanmartiniana”. Además recibió la Medalla de las Naciones Unidas – misión UNPROFOR – Croacia 1994; la Medalla del Pacificador del ejército brasilero y la Pluma académica de la Escuela Superior de Guerra, en el año 2006.
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En medio de los distintos frentes políticos que atraviesa el gobierno nacional, una discusión interna de La Libertad Avanza viene cobrando fuerza en la provincia de Buenos Aires y puntualmente en la Legislatura bonaerense. El sector que responde al diputado nacional y presidente del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja, posó las miradas en el jefe de la bancada de diputados, Agustín Romo, por la presentación de un proyecto de ley que consideran central. Se trata de la iniciativa de convertir al poder legislativo bonaerense en unicameral, como ya sucede en otras provincias. La disputa no es por la iniciativa en sí, sino por el momento en que se presentó, toda vez que LLA buscaba plantar agenda con ese tema.
Las internas que aún sobrevuelan en el gobierno nacional entre las llamadas Fuerzas del Cielo y el karinismo tiene su correlato en territorio bonaerense. Pareja, es un dirigente directo de la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei. Fue la hermana del presidente quien lo ungió como presidente del partido de LLA en la provincia de mayor peso electoral; pero Romo -que se mueve junto al asesor presidencial, Santiago Caputo– resistió como jefe de bloque por decisión del propio Milei. “No puede darle vía libre a ese proyecto cuando sabe que es un tema que nosotros vamos a trabajar en conjunto y que va a ser parte de nuestra plataforma electoral”, se quejó un diputado que responde a Pareja.
Como contó Infobae, en LLA buscan avanzar con distintas leyes para modificar el funcionamiento político-electoral en la provincia de Buenos Aires. Quieren una reforma constitucional para bajar el gasto y resideñar el Estado. Una de estas reformas es un sistema de unicameralidad que fusiona la Cámara de Diputados con el Senado. Otro, ir por la Boleta Única de Papel y que ese sea el modo de votación en las próximas elecciones.
El bloque de diputados bonaerenses de LLA tiene 20 integrantes. La mayoría forma parte del esquema de Pareja. También tiene una pata allí, la senadora nacional Patricia Bullrich, con referentes bonaerenses. Mientras que Las Fuerzas del Cielo están representadas por Romo y el ex secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo.
En el mes de marzo, el diputado del bloque libertario, Héctor Gay, presentó un proyecto de ley que propone convocar a una Convención Reformadora para sustituir el actual sistema bicameral del Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses por un sistema unicameral, en línea con la tendencia que ya siguieron 15 provincias argentinas. La propuesta apunta a simplificar la estructura parlamentaria, reducir costos y agilizar la producción de leyes.
El proyecto contempla la modificación de artículos específicos de la Constitución Provincial relacionados con el funcionamiento del sistema parlamentario, la estructura interna del poder legislativo y la representación territorial. Además, la iniciativa estipula que la Convención Reformadora contará con un plazo de 120 días para sesionar y dictar las reformas, que deberán ser aprobadas por una mayoría de dos tercios del total de sus integrantes. Luego, el Poder Ejecutivo deberá convocar a la elección de los diputados convencionales dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la ley, asignando a cada sección electoral la cantidad de convencionales equivalente a la suma de diputados y senadores actuales, bajo el mismo método de elección vigente.
Entre los fundamentos, Gay advierte que la Provincia de Buenos Aires se mantiene como excepción institucional frente a la mayoría de las jurisdicciones argentinas, que ya adoptaron el sistema unicameral. Las provincias de Córdoba, San Luis y Tucumán son citadas como referencia, ya que “la discusión se ha vuelto más pública y directa” tras el cambio, según documentación oficial de la Legislatura provincial. El avance del proyecto mantiene abierta la expectativa sobre el futuro del modelo legislativo bonaerense, sujeto ahora a la instancia de la Convención Reformadora y a la participación ciudadana en la definición de la nueva estructura. El autor de la iniciativa no responde de manera directa ni a Pareja ni a Romo.
“Lo que debería hacer Romo es pedirle a Gay que retire el proyecto y que presentemos uno con la firma de todos los integrantes del bloque”, planteó una legisladora libertaria, que sospecha que el legislador de las Fuerzas del Cielo “deja hacer” para entorpecer la agenda de Pareja. Este medio intentó contactarse con Romo, pero no hubo respuesta.
“Hay que ver si es su deseo —ser presidente de bloque—; para mí es un trabajo de orfebrería”, dijo en las últimas horas el diputado libertario Ramón “Nene” Vera sobre el trabajo dentro del bloque que preside Romo. En declaraciones a 221 Radio, el legislador enfatizó que “hay que ver si Agustín está en ese lugar porque es el proyecto en sí y supera su deseo personal; por ahí no lo es y debido a la situación él es”.
En esa misma entrevista, Vera también dijo que con Romo se lleva bien, pero que si el hombre de Santiago Caputo no quiere ser más presidente de bloque porque “tiene las energías en otro objetivo, ¿cuál sería el inconveniente?”. Igualmente planteó que “hay que sacarle dramatismo a algunas cuestiones”.
POLITICA
Caso “Chocolate”: uno de los supuestos “ñoquis” de la Legislatura bonaerense aceptó una condena de tres años
Uno de los supuestos “ñoquis” de la Legislatura bonaerense, que entregaba casi totalmente su sueldo para financiar la política, admitió firmar un acuerdo de juicio abreviado para recibir una pena de tres años de prisión en suspenso en el caso “Chocolate” Rigau, mientras que los cabecillas de la maniobra se exponen a penas que llegan a los 6 años de prisión.
Se trata del caso por el que estaba preso el puntero del PJ Julio Rigau, que fue detenido sacando dinero de cajeros automáticos platenses cobrando el sueldo de unas 50 personas que figuraban como empleados de la Legislatura bonaerense.
Parte de esos sueldos eran entregados al exconcejal massista Facundo Albini y a su padre, Claudio Albini, exfuncionario de la Legislatura bonaerense.
La causa ya está elevada a juicio oral y público ante el tribunal oral criminal 5 de La Plata integrado por los jueces Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi.
Antes del juicio, la fiscal Viviana Arturi convocó a los acusados a una audiencia realizada por Zoom en la que ofreció la posibilidad de que se sometan a juicio abreviado. Participó de esa audiencia la querella a cargo de Poder Ciudadano.
La idea es reducir la cantidad de imputados que sean juzgados, ya que entre los funcionarios y los “ñoquis” ya son más de cincuenta.
En el caso de Claudio Albini, exsubdirector de personal de la Legislatura, la fiscalía adelantó que iba a pedir una pena de seis años y cuatro meses en las actuales condiciones de detención. En el caso de su hijo Facundo, exconcejal, la pena era de 4 años y 3 meses, con las mismas condiciones, dijeron a fuentes que asistieron al encuentro.
A Julio “Chocolate” Rigau, el “tarjetero”, le caben 5 años y 6 meses y a los dueños de las tarjetas de débito del Banco Provincia -exempleados “fantasma” o “ñoquis”-, tres años en suspenso.
Hay casi 50 exempleados “fantasma” o “ñoquis” acusados. Uno de ellos, Antonio Rodríguez, admitió -mediante su letrado, ya que el acusado no estaba presente- el juicio abreviado. Por lo tanto, aceptó un acuerdo para declararse culpable a cambio de una sentencia acordada con la fiscalía, de tres años en suspenso.
El resto de los acusados exploró la posibilidad de que les sea aceptada una “probation”. Se trata de otro instituto o solución alternativa a la pena de prisión que prevé la suspensión del juicio a prueba a cambio de realizar tareas comunitarias. La fiscalía lo rechazó.
En cambio, otros acusados pidieron que se estime el monto del daño supuestamente causado, para juntar dinero y pagarlo a manera de reparación integral y con eso dar por cerrada la causa penal.
Tras esta audiencia, el tribunal fijó otra para el 30 de abril con su presencia donde se escucharán las propuestas y las soluciones a las que lleguen los acusados con la fiscalía y se debatirán las cuestiones preliminares al juicio.
El objetivo de la audiencia de hoy fue que la fiscalía manifestara la pretensión.
Rigau, los Albini y su entramado de tarjetas de débito de “ñoquis” y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante dos años de por lo menos $395,4 millones, sujetos a actualización por inflación, según surge de un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal, y cuya copia obtuvo .
El informe alerta, sin embargo, que el perjuicio para las arcas públicas sería muchísimo más elevado, según los expertos de la Policía Federal. Indicaron que a esa cifra preliminar sobre los años 2022 y 2023, que debe ajustarse por inflación, también hay que sumar el desvío de fondos que pudo ocurrir en años anteriores. Algunos de los presuntos empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde 2012.
Cuando la Justicia confirmó la prisión preventiva de los Albini, ellos pretendieron deshacerse de una mansión de 481 metros cuadrados en un barrio cerrado sobre la ruta 2, mediante una venta simulada.
El caserón se ubica en el lote 13 “D” del club de campo Miralagos I, a la altura del kilómetro 64 de la autopista que conecta las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. Albini compró el terreno de 1282 metros cuadrados en mayo de 2011.
El informe oficial también aportó un indicio más que complica a la presunta asociación ilícita que integrarían los “ñoquis”, Rigau y, por encima de ellos, Facundo Albini –en ese entonces apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa–, y su padre, Claudio Albini.
Los ñoquis, Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan en las sombras, desde donde buscan controlar los daños.
Los chats de Rigau con sus jefes revelan cómo funcionaba el mecanismo, donde “Chocolate” debía rendirles el dinero en efectivo y reponer lo que faltaba si los titulares de las tarjetas usaban la plata para sus gastos.
Los chats exponen que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que en los papeles debían desempeñar y que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini. En un caso, uno de los titulares de las tarjetas reclamaba que le den de baja en la Cámara de Diputados porque al figurar en ese trabajo le impedía cobrar las asignaciones sociales.
De esas conversaciones, a las que accedió , surge que Rigau cobraba 200.000 pesos por mes para ocuparse de la recaudación de casi medio centenar de empleados ñoquis, dejarles parte del dinero a ellos y el resto “rendirlo” a Claudio Albini.
La Legislatura bonaerense mostró nulo interés por investigar la trama de corrupción y menos aún por cooperar con los pedidos de la Justicia. El caso explotó durante la presidencia en la Cámara de Diputados del insaurraldista Federico Otermín, hoy intendente de Lomas de Zamora, y continuó con el kirchnerista Alejandro Dichiara y el massista Alexis Guerrera, actual titular de la Cámara baja.
La Legislatura bonaerense completó una “investigación preliminar” plagada de inconsistencias, en la que descartó que se hayan cometido “irregularidades” –mucho menos delitos–, elogió el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los empleados que la Justicia considera “ñoquis”, y hasta desechó un “perjuicio” económico para el Estado bonaerense, según consta en esas actuaciones cuya copia obtuvo .
el caso “Chocolate” Rigau,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Intendentes de todo el país marcharán al Ministerio de Economía y presentarán reclamos contra el Gobierno
La tensión entre los intendentes y el gobierno de Javier Milei sumará en los próximos días un nuevo capítulo. En medio de una caída de recursos y mayores demandas sociales, un grupo de alcaldes de todo el país prepara una movilización hacia las oficinas del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con el objetivo de exigir respuestas por el impacto del ajuste en las finanzas locales.
La cita será el martes que viene y los intendentes planean llegar con un documento escrito para presentarle a Caputo. La movilización surge de la Federación Argentina de Municipios, que encabeza el peronista Fernando Espinoza, pero que la conforman dirigentes de distintos partidos políticos.
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“Hay un desinterés nacional respecto de los municipios”, remarcó a TN el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Además, aseguró que reclamarán mayores ingresos por coparticipación.
“El abandono con Santa Cruz es total”, añadió, al tiempo que señaló que “somos la primera mesa de atención de la gente, que la está pasando muy mal”. “El Gobierno no paga un mango de la coparticipación a combustibles y el subsidio a transporte público”, aseguró otro jefe comunal del interior del país a este medio.
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“La situación comienza a ser crítica”, indicó un intendente bonaerense a TN. “La coparticipación hace 8 meses seguidos que baja, entonces ya pone en peligro la funcionalidad de la municipalidad”, añadió.
“Creemos en la gestión y en la respuesta directa al vecino, y si el Ministro no nos escucha en sus oficinas, nos va a escuchar en la calle, porque los municipios son la primera línea de fuego y hoy están ardiendo”, resaltaron fuentes que asistieron a la reunión virtual. Y sentenciaron: “Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos para exigir respuestas”.
El diagnóstico transversal es el deterioro de las cuentas municipales. Según advierten, la baja en la recaudación y la paralización de transferencias nacionales “están generando dificultades crecientes para sostener servicios básicos y obras” en los distritos.
En ese contexto, los alcaldes buscan visibilizar la situación con una acción directa: acercarse hasta el Ministerio de Economía para presentar reclamos formales y plantear la necesidad de asistencia urgente. La iniciativa refleja un malestar que se extiende tanto en el conurbano como en el interior del país.
Por supuesto, en la FAM hay una corriente opositora al gobierno nacional. No la integran intendentes de La Libertad Avanza ni de sus aliados.
Allí cuestionan que las políticas de ajuste impactan de lleno en las arcas municipales, mientras que en Nación se insiste en la necesidad de reducir el gasto público y avanzar con una baja de impuestos y tasas locales.
En paralelo, los jefes comunales advierten que el deterioro de la actividad económica también afecta la recaudación propia, lo que agrava el escenario. A eso se suma la paralización de obras públicas y la falta de definiciones sobre financiamiento para proyectos en marcha, un reclamo que ya viene acumulando tensión desde hace meses.
Con este panorama, la movilización apunta a presionar al Ministerio de Economía para abrir una instancia de diálogo. Sin embargo, el conflicto expone una disputa más profunda entre Nación y los gobiernos locales, en un contexto donde la crisis económica golpea con fuerza en el territorio y obliga a los intendentes a recalibrar sus gestiones.
Un reclamo de larga data
Un mes atrás, los intendentes enrolados en la FAM sacaron un duro comunicado contra el Gobierno de Javier Milei. “Los municipios somos el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y la base del sistema republicano argentino. Sin embargo, esa autonomía resulta inviable sin los recursos necesarios para ejercerla”, señalaron en aquella oportunidad.
En la misma línea, apuntaron: “Desde diciembre de 2023 los municipios de todo el país enfrentan una situación crítica caracterizada por recortes en inversiones nacionales, paralización de obras públicas y programas sociales, y una fuerte caída de la recaudación producto de la recesión económica”.
Ya en aquel entonces hicieron hincapié en que impulsaban una agenda de trabajo y un plan de acción para “defender el federalismo y la autonomía municipal”. Entre otras medidas, promueven iniciativas legislativas que protejan los ingresos de los municipios y adviertieron: “Analizamos las herramientas institucionales necesarias para evitar recortes o descuentos ilegítimos sobre fondos que pertenecen a nuestras comunidades”.
Y finalizaron: “La autonomía municipal no es una consigna política: es un mandato constitucional y una condición indispensable para garantizar derechos, sostener servicios públicos y cuidar la calidad de vida de millones de argentinas y argentinos. Porque sin federalismo real, no hay Nación”.
intendentes, Gobierno, Ministerio de Economía
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