Agentes de la Policía Federal detuvieron a 12 activistas en el Congreso que protestaban contra el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares. Los manifestantes, de Greenpeace, saltaron la reja del Palacio Legislativo y se pronunciaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción, hoy en el Senado. Además arrestaron a un camarógrafo.

La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

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TN accedió a las últimos cambios que hizo el oficialismo en el dictamen original del proyecto que estaba desde diciembre.

No hay grandes modificaciones, y la más significativa son dos agregados en los artículos 6 y 7, que incluyen la prohibición de actividades que impliquen daños al ambiente en términos de la Ley General del Ambiente 25.675, y la determinación de que las evaluaciones ambientales cumplan con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688. Este último punto implica un monitoreo de la calidad y cantidad del caudal de agua que se vea afectado.

El Gobierno apuesta a priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, atraer y darles luz verde a proyectos mineros internacionales.

Para eso abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Algo que, según la ley vigente, está prohibido.

Si el proyecto se convierte en ley la relevancia hídrica pasarán a determinarla las provincias, a la que se les otorgaría mayor poder de decisión para analizar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.

Fuertes críticas y advertencias de Greenpeace en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares

La organización ecologista Greenpeace ya se había manifestado a principios de mes contra la iniciativa, con un cartel de 50 metros de largo con el mensaje: “El agua es un derecho, no se negocia”.

La especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra, explicó: “La protección de los glaciares no es un simple tecnicismo legal, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos y argentinas. Reducir los estándares de protección actuales, lejos de ser un avance, representaría un retroceso peligroso que compromete el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras”.

Congreso

La Justicia halló en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) documentos que acreditan pagos por al menos $300 millones a Real Central SRL, la empresa propietaria de la mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares.

La documentación, secuestrada por orden del juez Luis Armella, detalla transferencias realizadas en junio de 2025 bajo el concepto de “servicio de logística”. Entre los comprobantes figura una orden de pago por $231.110.000 con la referencia “VAR”, lo que sugeriría que la firma, cuyos titulares son una jubilada y un monotributista, habría provisto el servicio de videoarbitraje a la entidad.

El gobierno de Axel Kicillof intervino en una de las causas de la AFA y benefició a Claudio “Chiqui” Tapia

La investigación señala a los dueños formales de Real Central SRL, Ana Lucía Conte y su hijo Luciano Pantano, como presuntos “testaferros” de Claudio “Chiqui” Tapia o Pablo Toviggino.

En los papeles secuestrados aparece la firma de Pantano en órdenes de pago y también como receptor de un desembolso de $600.000.000 efectuado por el club Argentinos Juniors a la AFA. Actualmente, tanto Conte como Pantano tienen prohibida la salida del país, poseen sus cuentas congeladas y bienes inhibidos, mientras la firma figura además como titular de 59 autos de lujo.

El Ministerio de Justicia aceptó el pedido de la IGJ para designar veedores en la AFA

El hallazgo se produjo de manera accidental durante un allanamiento dirigido a recolectar información sobre TourProdEnter, la firma que administró fondos de la AFA en el exterior. Esta otra línea de investigación analiza el manejo de unos 260 millones de dólares, de los cuales se habrían “desviado al menos 42 millones” hacia un entramado de empresas presuntamente falsas.

Pese a que el operativo en la calle Viamonte no buscaba específicamente datos sobre Real Central SRL, el material encontrado fue incorporado como un dato relevante en las causas que investigan la gestión dirigencial.

Respecto a la mansión del country Ayres Plaza, la Justicia detectó una irregularidad entre el valor declarado de compra por la firma (1.800.000 dólares) y la tasación oficial de 17 millones de dólares. 

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La Libertad Avanza pretende cerrar las sesiones extraordinarias aprobando los diferentes proyectos que habilitó el Presidente Javier Milei en extraordinarias, entre las sesiones ya convocadas de este jueves y del viernes.

Este jueves en el temario se compone de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el pliego para embajador en Bélgica de Fernando Iglesias y la modificación de la Ley de Glaciares.

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La sesión está prevista para las 11. El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quorum reglamentario. Cuenta entre los 21 propios, liderados por Patricia Bullrich, y los aliados entre 45 y 47 legisladores. Incluidos los tres integrantes del nuevo bloque Convicción Federal de la senadora Carolina Moisés, flamante vicepresidenta del Cuerpo. Moisés ya adelantó que rechazarán nuevamente el proyecto de Reforma Laboral, que se tratará el viernes. Acompañarían el resto de las iniciativas.

El Acuerdo UE-Mercosur

Javier Milei quiere que la Argentina sea el primer país en avalar el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Por eso se adelantó su tratamiento que estaba previsto para el próximo viernes. El entendimiento ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados, incluso con el acompañamiento de más de 40 legisladores de Unión por la Patria (UxP).

El oficialismo descuenta el acompañamiento de gran parte de las fuerzas políticas del Senado y la consecuente aprobación. Hay algunas diferencias con sectores del kirchnerismo vinculados a La Campora que lo rechazarían, tal como fue la postura del sector liderado por el diputado Máximo Kirchner en Diputados.

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El libertario Francisco Paoltroni, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, dijo al respecto: “Esto es el camino al paraíso, un acuerdo de esta categoría es lo mejor que nos puede pasar, es el mayor hito en materia económica para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para la Argentina profunda».

El Senado también avalará la postulación para que Fernando Iglesias sea, formalmente, embajador ante el reino de Bélgica y la Unión Europea.

Cambios a la Ley de Glaciares

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tiene el objetivo de modificar la protección total que hoy tienen los glaciares y ambiente periglacial. El Gobierno quiere darle lugar a las provincias para determinar cuáles geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron del debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Medio Ambiente del Senado. Jalil sostuvo: “Los cambios permitirán devolverles derechos a las provincias para gestionar sus recursos naturales sin comprometer la protección ambiental”.

Mientras que la senadora salteña Flavia Royón (Primero los salteños), señaló: “El principal objetivo de la reforma es la protección de los glaciares, pero con un enfoque que permita una participación más activa de las provincias en la gestión de sus recursos. Además, se propone un enfoque más técnico y federal, permitiendo la realización de estudios científicos y técnicos para evaluar el impacto ambiental, lo que ofrecería la posibilidad de realizar minería de manera responsable y compatible con la conservación del ambiente”.

Los 21 senadores del oficialismo acompañan el proyecto, pero en el resto de los sectores aliados como el Pro, de Martín Goerling, y la UCR, de Eduardo Vischi, no hay una postura unificada. Esa división es la que hace, hasta el momento, no asegurar los votos suficientes para alcanzar su aprobación.

La bancada Justicialista de José Mayans también tiene divisiones internas, a tal punto que este miércoles hubo una extensa reunión del interbloque, junto a los dos representantes de Justicia Social Federal de Fernando Salino y el Frente Cívico de Santiago de Gerardo Zamora. La decisión de la bancada peronista fue dar libertad de acción a sus integrantes, ya que algunos senadores de UxP votarían a favor, en principio los exgobernadores Sergio Uñac de San Juan y Lucía Corpacci de Catamarca.

Otro voto incierto es el de la senadora Julieta Corroza de la Neuquinidad, quien está definiendo su postura en contacto con el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa.

Anticipo de Diputados

Desde Diputados, Cámara que se convertirá en revisora de la iniciativa si es sancionada por el Senado esta semana, ya trabajan en diferentes propuestas como las de la diputada Marcela Pagano (Coherencia) que propone reemplazar el esquema actual de protección de glaciares por un régimen al que denomina de “gestión inteligente”, basado en monitoreo satelital en tiempo real, sistemas de alerta temprana, auditorías externas y trazabilidad ambiental mediante cadena de bloques. La iniciativa define que los glaciares seguirán siendo áreas de protección absoluta, pero establece un modelo de evaluación técnica caso por caso para las zonas de ambiente periglacial.

El diputado Eduardo Valdés (UxP) establece un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, para fortalecer, ampliar y garantizar la plena vigencia de la ley y la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua declarando de interés público nacional la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y “considerando el agua proveniente de estas formaciones como un recurso natural estratégico que debe gestionarse por encima de cualquier interés económico particular”.

Mientras que el socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) exigirá en Diputados “una audiencia pública obligatoria para garantizar la más amplia participación ciudadana en la defensa de nuestros glaciares”.

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