POLITICA
Desplazan a una directora clave de la ANMAT en medio de la investigación por el fentanilo contaminado

El Ministerio de Salud oficializó este lunes la desvinculación de Mariela Andrea García, quien hasta ahora se desempeñaba como directora de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Productos Médicos, una de las áreas más sensibles dentro de la ANMAT. La medida se formalizó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, firmada por el ministro Mario Lugones.
Aunque en la resolución no se explicitan los motivos, la decisión se produce en un contexto delicado: la investigación judicial en curso por la distribución de fentanilo contaminado, que ya provocó al menos 87 muertes confirmadas y mantiene en alerta al sistema sanitario. El Gobierno, sin embargo, no vinculó oficialmente el desplazamiento con el caso.
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García había sido designada en el cargo en octubre de 2019, inicialmente por un período transitorio de 180 días hábiles, que fue prorrogado sucesivamente. Su rol consistía en supervisar la etapa posterior a la comercialización de productos médicos, un área clave para la detección temprana de riesgos sanitarios asociados a medicamentos y dispositivos en circulación.
Según la disposición resuelta este 14 de agosto y publicada hoy, la salida de García fue solicitada por la propia Administradora Nacional de la ANMAT a través del expediente IF-2025-89047132, y se hizo efectiva de manera inmediata. El texto indica que se trató de una “limitación de la designación transitoria”, sin mencionar reemplazos ni reubicación en otro puesto dentro del organismo.
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La desvinculación se produce en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado frente al caso del fentanilo contaminado. En las últimas horas, el ministro Lugones reconoció públicamente demoras en la detección de las irregularidades y afirmó que ya se inició un sumario interno para establecer responsabilidades dentro del organismo. “Si hay irregularidades, se tendrán que ir”, aseguró el funcionario en una entrevista con TN.
La investigación judicial apunta contra un laboratorio acusado de producir partidas defectuosas del opioide, con presencia de bacterias en ampollas destinadas a pacientes críticos. El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el retiro inmediato del producto del mercado y avanza en la imputación de los responsables.
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En ese marco, Lugones respaldó a la directora general de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y negó que la cúpula del organismo haya intentado encubrir el caso. Sin embargo, admitió que hubo demoras en la cadena de alertas internas: “Cuando el informe llegó a la directora, actuó en dos horas y lo cerró. Pero hubo una demora inexplicable entre la inspección y ese informe. Por eso ordené el sumario”, explicó.
Según adelantó Lugones, el Gobierno buscará acelerar la implementación de “buenas prácticas de manufactura” en los procesos de licitación y endurecer los mecanismos de fiscalización.
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POLITICA
La Justicia confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Chiqui Tapia y Toviggino

La Cámara en lo Penal Económico confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La resolución se da en el marco de la causa que revisa deudas millonarias de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en la que ambos dirigentes fueron procesados por apropiación indebida de tributos agravada, por un lado, y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, por el otro.
Uno de los argumentos esgrimidos por los camaristas que firmaron la resolución, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, es que la prohibición no es “absoluta”, puesto que los dirigentes pueden pedir permiso a la Justicia para salir del país. Fue lo que hicieron, de hecho, en ocasiones previas, aunque con resultados dispares.
Los camaristas indicaron que la medida, ordenada por el juez que instruye el caso, Diego Amarante, está “justificada” y “tiende a garantizar la comparecencia del imputado a los llamados del juez de la causa cuando su presencia sea requerida”.
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La Justicia suspendió la aplicación de la reforma laboral en el sector docente: qué implica la medida

La justicia del trabajo suspendió la aplicación del artículo 100 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.
El planteo judicial contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó a Infobae: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.
“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, dijo el sindicalista, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.
En un comunicado de prensa, el gremio informó que “la Justicia Nacional del Trabajo resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se había dictado una medida cautelar de alcance general».
“La resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.
De este modo -agregó-, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva».
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El Gobierno le dio un bono de $40.000 y otro de hasta $300.000 a las fuerzas de seguridad

En el marco del deterioro de los ingresos de las fuerzas de seguridad y el malestar por las prestaciones de su obra social, el Gobierno decidió otorgarle al personal de seguridad en actividad un bono de 40.000 pesos y sumas extras que, de acuerdo a las categorías, llegarán hasta 300.000 pesos.
La decisión alcanza tanto al personal de la Policía Federal, como de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del ministerio de Seguridad.
Por ahora no hay anuncios para las Fuerzas Armadas, donde también hay quejas por los bajos salarios. En el Ministerio de Defensa deslizan que “algo puede haber”, pero no dan precisiones por el momento. Por lo pronto, el bono amplía la brecha salarial entre las fuerzas de seguridad y los militares, que vienen reclamando desde hace tiempo una equiparación salarial.
La información sobre las erogaciones para las fuerzas federales se dio a conocer este miércoles, a través de una publicación en el Boletín Oficial (B.O), en el que se incluyó el decreto 216/2026 que contiene la decisión. Y se dio en la antesala de una protesta convocada por redes sociales para este jueves, bajo la consigna de la necesidad de reclamo “un salario digno”, y también junto a otros pedidos por la situación de la obra social.
En el decreto dado a conocer este miércoles se sostuvo que las erogaciones por parte del Poder Ejecutivo tienen “el propósito de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.
“El gobierno nacional considera necesaria la implementación de medidas concretas que impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal”, agrega.
A través de información en anexos se detalla que el bono de $40.000 es fijo, no remunerativo y no bonificable, y se pagará con los haberes del mes de abril. La suma contempla también a los alumnos en formación de la Gendarmería y la Prefectura Naval.
En tanto que el segundo bono será de entre $100.000 y $300.000 según los rangos del personal en actividad. Las sumas más altas serán para las jerarquías iniciales del escalafón: agentes, cabos y sargentos, en el caso de la Policía Federal, y rangos similares de las otras fuerzas. Comisarios y comandantes generales y mayores, las categorías más altas, no recibirán el bono.
En el decreto también se consignó que “el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto” no implicará una partida adicional, sino que se atenderá con recursos ya otorgados en el presupuesto y que los fondos saldrán de los créditos asignados al propio Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.
En el primero de los casos se habla de “una suma fija no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de $40.000, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2026″.
En el segundo, se consigna la entrega de “una suma fija, no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, y de percepción única por persona, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2026″ y que esto es “conforme los importes que para los distintos grados se detallan en el Anexo I”, donde están las tablas con los montos para cada categoría.
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