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Desvío de fondos: Nueva denuncia por corrupción sacude al PAMI de Esteban Leguizamo

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Una denuncia presentada ante la fiscalía de Olavarría revela un presunto entramado de corrupción en el PAMI de dicha localidad, liderado por el agente Guillermo Lascano, con operaciones médicas inexistentes, contratos irregulares y vínculos con el armado político de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.

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Una nueva denuncia anónima registrada bajo el identificador M4JV8YHS y radicada en la UFI Nro. 10 descentralizada de Olavarría, perteneciente al departamento judicial Azul, pone en evidencia un nuevo caso de presunta corrupción dentro del PAMI. El acusado es Guillermo Lascano, titular de la sede local del organismo que conduce Esteban Leguizamo, con legajo 68526, quien habría montado un esquema sistemático de desvío de fondos públicos a través de acuerdos irregulares con prestadores médicos y empresas de traslados sanitarios.

Según consta en la denuncia, Lascano habría suscripto un convenio con el hospital de Olavarría, dirigido por Fernando Alí -quien fue desplazado del PAMI Mar del Plata tras una auditoría por malversación de fondos- para realizar doscientas cirugías en clínicas privadas que nunca se concretaron. No obstante, las mismas fueron facturadas y abonadas en su totalidad por PAMI, sin que exista constancia de autorización por parte de la sede central del organismo.

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Pero el escándalo no termina ahí. El mismo funcionario habría cerrado un acuerdo con la empresa de ambulancias AMBA Emergencias, radicada en Mar del Plata, mediante el cual se pagarían mensualmente sumas de hasta 5 millones de pesos por traslados que jamás se efectuaron. Toda la documentación pertinente -contratos, registros contables y evidencias del circuito fraudulento- se encontraría archivada en la oficina de PAMI Olavarría, ubicada en calle Dorrego 2635.

Esta nueva denuncia vuelve a poner en el centro de la escena al cuestionado subdirector Ejecutivo de PAMI, Carlos Zamparolo, pero también a Sebastián Pareja, principal operador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y quien, según diversos testimonios, controla el entramado de designaciones y negocios en el PAMI bonaerense. La red que lidera Pareja ya había sido mencionada en abril pasado en una investigación de este medio por el robo de documentación oficial en PAMI La Plata, maniobra ejecutada por figuras cercanas como Juan Esteban Osaba y un amplio elenco de familiares, contratistas y operadores políticos.

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El audio que expuso al entorno de Pareja

El caso de Olavarría, entonces, no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un patrón que involucra a operadores libertarios en distintas sedes del PAMI. En todos los casos se repiten los mismos ingredientes: acuerdos sin autorización, facturación falsa, empresas amigas y retornos millonarios.

Mientras desde el gobierno de Javier Milei se insiste en un discurso anticasta, el PAMI bonaerense parece haberse transformado en un botín político para el armado libertario. Cargos para familiares, contratos para empresas vinculadas y fondos públicos desviados en nombre de una renovación que, lejos de acabar con los privilegios, los ha profundizado.

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ETIQUETAS DE ESTA NOTA

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Olavarría, Santiago Sautel, PAMI, Mar del Plata, Viviana Aguirre, Esteban Leguizamo, Javier Milei, Juan Esteban Osaba, Natalia Bianchi, Guillermo Lascano, Fernando Alí, Carlos Zamparolo

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Reunión clave en Casa Rosada: la mesa política define los puntos más controvertidos de la reforma laboral

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La Mesa Política del Gobierno está reunida desde las 10 de la mañana en Casa Rosada para definir los últimos consensos antes de avanzar con la confección final del proyecto de Reforma Laboral que será tramitado mañana en el Senado. La coordinación de la estrategia política del oficialismo nacional para proyectos o políticas clave. También se esperan determinaciones clave sobre el avance de otros proyectos que, con menor grado de avance, también tienen intenciones de prosperar en las próximas semanas en comisiones.

La reunión entre los principales dirigentes del oficialismo fue convocada días atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien dispone su despacho de la planta baja de Casa Rosada para encontrarse con el resto de funcionarios.

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Sin la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; quienes entraron por la explanada de Balcarce 50 fueron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Eduardo Lule Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli entran a la Casa Rosada en Buenos Aires, cruzando el umbral de la histórica sede gubernamental (Julián Alvez)

Todos ellos, parte del elenco estable de estos encuentros, que tienen como finalidad la puesta en común y la coordinación de la estrategia política del oficialismo nacional para proyectos o políticas clave.

Como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, también se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse.

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Y es que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.

En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.

Eduardo Vischi, Patricia Bullrich y Martín Goerling Lara en la salida de un encuentro del Senado

El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Ayer, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto. Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.

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El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos. Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.

El Poder Ejecutivo ya les comunicó que se inclinarán por esta segunda vía, aunque todavía no está confirmado por los mismos emisarios del oficialismo. Incluso, fuentes del oficialismo indicaron a Infobae que la prolongación en los plazos para la baja sigue siendo probable. Una alternativa es la baja del 50% en 2027 y la otra mitad en 2028.

El artículo contempla disminuciones del 35% al 31,5% y del 31% al 27% para la segunda y tercera categoría del tributo de Ganancias. Aunque esto recién tendrá impacto a partir del 2027, diferentes estimaciones fiscalistas marcan que la pérdida sería de 0,22%, de los cuales 0,13 puntos deberían ser cubiertos por las provincias y 0,9 puntos por la Nación.

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Para no embarrar esta discusión, en el Gobierno ya evalúan la posibilidad de impulsar esta reforma tributaria en un futuro proyecto de ley. A última hora de este martes está prevista una reunión final entre Bullrich y sus aliados de la Cámara Alta para revisar el texto y evitar errores de redacción antes de presentar el documento definitivo en la sesión.

El oficialismo está en condiciones de descartar el artículo 212 que faculta a Luis Caputo a poder determinar los cambios tributarios de la Ley cuando lo disponga. También se eliminarían los apartados del proyecto que derogan ciertos estatutos como el del Periodista. La Casa Rosada también aceptó a que no se trate el artículo que habilita al pago de salarios en billeteras virtuales, medida que perjudicaba a los bancos tradicionales.

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La Libertad Avanza retiró su proyecto de baja de la edad de imputabilidad y acordó con aliados llevarla a 14 años

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El oficialismo retiró el proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 13 años que había enviado al Congreso y presentará uno nuevo, que lleva el piso a 14, como lo impulsa la oposición, pudo saber TN de fuentes parlamentarias. El Gobierno quiere debatir la iniciativa el próximo jueves en sesión en la Cámara Baja.

Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen inicial la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado. Actualmente la base de imputabilidad se ubica en 16 años.

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Leé también: En el segundo año de gestión de Milei, la Argentina empeoró su calificación en el ranking mundial que mide la corrupción

El proyecto es similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025. Con la salvedad que en esta oportunidad el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que prevean el financiamiento para la efectiva implementación de la ley, en caso de que se sancione.

Desde bloques aliados adelantaron que la nueva iniciativa entraría después de la integración de la comisión de Justicia de la Cámara Baja. De todos modos aclararon que, pese a la iniciativa original que planteaba el piso de imputabilidad en 13 años, que estaba acordado con el oficialismo de antemano que el consenso era que partiera desde los 14. Cambio clave que el Gobierno decidió aceptar para agilizar el avance de la iniciativa en el Congreso.

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Desde el oficialismo plantearon que la iniciativa se habría retirado por objeción administrativa y que sigue vigente el dictamen de 2024, al que le sumarían partidas presupuestarias contempladas en el nuevo proyecto.

Noticia que está siendo actualizada.-

imputabilidad, Diputados

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Reforma laboral: “Estoy convencido de que tenemos el número para aprobarla”, aseguró Diego Santilli

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A horas del debate decisivo, Diego Santilli, ministro del Interior, aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para lograr la media sanción de la reforma laboral en el Senado. En conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Santilli defendió con énfasis la iniciativa del Gobierno nacional, remarcó los cambios clave y apuntó contra la oposición por sostener un sistema que, según él, frena la generación de empleo formal.

Cambios concretos: vacaciones flexibles, indemnizaciones y fin a la industria del juicio

El funcionario adelantó que la nueva ley laboral permitirá acordar vacaciones de manera flexible, dejando atrás la rigidez del régimen anterior. “Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes”, explicó Santilli, quien subrayó que la normativa vigente se había vuelto obsoleta y estaba llena de parches.

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Uno de los puntos centrales será la creación del Fondo de Asistencia Laboral, destinado a garantizar indemnizaciones en tiempo y forma para empleados de pequeñas y medianas empresas. “Un juicio laboral podía destruir a una PYME. Ahora, con este fondo, el trabajador cobra como corresponde”, destacó.

Además, Santilli insistió en que la reforma apunta a terminar con la industria del juicio y la multiplicación de multas que, hasta ahora, encarecían los despidos y paralizaban la contratación. “Estamos matando también ese lugar”, afirmó.

Respuesta a la oposición y apuesta por la formalización

Frente a las críticas que tildan la norma de “ley esclavista”, Santilli devolvió la acusación: “Son los que no quieren cambiar y te quieren dejar en la misma situación de pobreza”. Apuntó contra el kirchnerismo por, según su visión, haber perpetuado la informalidad y el clientelismo.

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El ministro insistió en que la reforma busca ampliar derechos y que los trabajadores informales accedan a cobertura de salud, vacaciones y una jubilación futura. “El desafío es ayudar a los que están en la informalidad a ser formales”, sostuvo.

Impuestos, fondos discrecionales y la disputa por los ATN

Santilli negó cualquier maniobra de presión sobre los gobernadores para conseguir votos, desestimando la existencia de una “nueva Banelco” o entrega de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) discrecionales. “Los dos años con menor entrega de ATN son los del presidente Milei. Incluye al que te habla como ministro”, remarcó.

El funcionario reiteró que toda la política fiscal del Gobierno apunta a bajar impuestos y devolver excedentes a la sociedad. “Cada peso excedente va a bajar impuestos y devolvérselo a la sociedad”, afirmó.

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PYMES: alivio ante el riesgo judicial y mirada federal

El titular de Interior reconoció que muchos empresarios sentían que contratar era “una bomba de tiempo” por el riesgo de juicios laborales. Explicó que la reforma busca reducir ese miedo, adaptando las normas a las realidades productivas de cada región. “No es lo mismo un comercio en Santiago del Estero que en La Pampa o una actividad minera en el norte que una petrolera en Neuquén”, graficó.

Actualización de juicios laborales y el debate pendiente

Sobre la actualización de los juicios laborales, Santilli sostuvo que la eliminación de multas es un paso clave y que hay proyectos en marcha para fijar una tasa única de actualización, evitando la actual dispersión de criterios. “Lo que estamos buscando es una tasa en un proyecto individual que está listo para tratamiento”, precisó.

El poroteo final: confianza en la media sanción

Con la votación a horas de producirse, Santilli se mostró convencido de que el oficialismo logrará la media sanción en la Cámara alta. “Estoy convencido que tenemos número para quórum y número para sancionar la ley”, aseguró. El ministro resaltó que la meta es formalizar trabajadores y recuperar ingresos para las provincias y la Nación: “Cada cuatrocientos mil trabajadores formalizados, que es una meta alcanzable, recuperás el cien por ciento del impacto de ganancias”.

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Por lo pronto, este mediodía habrá una nueva reunión de la mesa política del Gobierno para analizar cómo se encuentran las negociaciones y terminar de definir hasta qué punto está dispuesto a ceder el Poder Ejecutivo con cambios en el proyecto, cuyo texto final se conocería recién mañana en el inicio de la sesión.

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