POLITICA
Desvío de fondos: Nueva denuncia por corrupción sacude al PAMI de Esteban Leguizamo
Una denuncia presentada ante la fiscalía de Olavarría revela un presunto entramado de corrupción en el PAMI de dicha localidad, liderado por el agente Guillermo Lascano, con operaciones médicas inexistentes, contratos irregulares y vínculos con el armado político de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.
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Una nueva denuncia anónima registrada bajo el identificador M4JV8YHS y radicada en la UFI Nro. 10 descentralizada de Olavarría, perteneciente al departamento judicial Azul, pone en evidencia un nuevo caso de presunta corrupción dentro del PAMI. El acusado es Guillermo Lascano, titular de la sede local del organismo que conduce Esteban Leguizamo, con legajo 68526, quien habría montado un esquema sistemático de desvío de fondos públicos a través de acuerdos irregulares con prestadores médicos y empresas de traslados sanitarios.
Según consta en la denuncia, Lascano habría suscripto un convenio con el hospital de Olavarría, dirigido por Fernando Alí -quien fue desplazado del PAMI Mar del Plata tras una auditoría por malversación de fondos- para realizar doscientas cirugías en clínicas privadas que nunca se concretaron. No obstante, las mismas fueron facturadas y abonadas en su totalidad por PAMI, sin que exista constancia de autorización por parte de la sede central del organismo.
Pero el escándalo no termina ahí. El mismo funcionario habría cerrado un acuerdo con la empresa de ambulancias AMBA Emergencias, radicada en Mar del Plata, mediante el cual se pagarían mensualmente sumas de hasta 5 millones de pesos por traslados que jamás se efectuaron. Toda la documentación pertinente -contratos, registros contables y evidencias del circuito fraudulento- se encontraría archivada en la oficina de PAMI Olavarría, ubicada en calle Dorrego 2635.
Esta nueva denuncia vuelve a poner en el centro de la escena al cuestionado subdirector Ejecutivo de PAMI, Carlos Zamparolo, pero también a Sebastián Pareja, principal operador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y quien, según diversos testimonios, controla el entramado de designaciones y negocios en el PAMI bonaerense. La red que lidera Pareja ya había sido mencionada en abril pasado en una investigación de este medio por el robo de documentación oficial en PAMI La Plata, maniobra ejecutada por figuras cercanas como Juan Esteban Osaba y un amplio elenco de familiares, contratistas y operadores políticos.
El audio que expuso al entorno de Pareja
El caso de Olavarría, entonces, no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un patrón que involucra a operadores libertarios en distintas sedes del PAMI. En todos los casos se repiten los mismos ingredientes: acuerdos sin autorización, facturación falsa, empresas amigas y retornos millonarios.
Mientras desde el gobierno de Javier Milei se insiste en un discurso anticasta, el PAMI bonaerense parece haberse transformado en un botín político para el armado libertario. Cargos para familiares, contratos para empresas vinculadas y fondos públicos desviados en nombre de una renovación que, lejos de acabar con los privilegios, los ha profundizado.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
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POLITICA
El Gobierno cambia su propuesta de reforma: endurece penas para delitos comunes, pero no para los casos de corrupción
Con la llegada del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el gobierno reconfiguró su agenda reformista: dejó atrás la idea de presentar un nuevo Código Penal, con cambios de alto impacto político y social, para avanzar con ajustes parciales.
En esa reformulación aparecieron cambios significativos. Por ejemplo, se reducirían las penas para funcionarios condenados por delitos de corrupción.
También se elevaría el piso para los delitos de lavado de dinero a 5000 millones de pesos (unos 4 millones de dólares).
Se eliminaría, además, el capítulo que aparecía en la reforma sobre genocidio y delitos de lesa humanidad que estaba y desparecería o se debilitaría el castigo para los delitos contra el medio ambiente, según dijeron a fuentes con acceso al nuevo borrador.
Los cambios resultan sustanciales y alteran el espíritu original de las reformas que fueron trabajadas por una comisión de juristas y luego revisadas por el exministro Mariano Cúneo Libarona y la hoy senadora Patricia Bullrich.
El texto que había elaborado aquella comisión de expertos, coordinada por el juez Mariano Borinsky, sufrió luego nuevas modificaciones cuando pasó por las manos de Cúneo Libarona y Bullrich, pero ahora tendrá la impronta del nuevo ministro Mahiques.
Estos cambios están alineados con los deseos de Javier Milei que la semana pasada traabajó en la Quinta de Olivos los ajustes con el ministro Mahiques y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
El texto que se analiza ahora plantea una nueva condición objetiva de punibilidad del lavado de dinero, es decir, un criterio que debe cumplir para ser considerado delito.
La ley de 2024 fijó el piso para perseguir el lavado en 150 salarios mínimos, unos 52 millones de pesos. Por debajo de esa cifra quedan exentos de investigación.
Ahora se analiza elevar ese número a 5.000 millones de pesos, lo que impediría perseguir importantes casos en trámite.
Según pudo saber , Mahiques se abocó en las últimas semanas a la tarea de una revisión pormenorizada de los cambios a presentar en el Congreso. El eje ordenador de los ajustes ya no sería librar la “batalla cultural” sino avanzar sobre lo seguro: agravamiento de penas y nuevos tipos penales.
En cambio, el oficialismo abandonó por ahora la idea de volver a penalizar el aborto, eliminar la figura de femicidio -que establece la pena máxima para el hombre que asesine a una mujer por cuestiones de género- y declarar como imprescriptibles a los delitos de corrupción.
“Iba a ser una guerra absoluta”, evaluó un referente libertario sobre la idea original, que finalmente quedó en pausa.
El nuevo criterio, que se inauguró con el desembarco de Mahiques y su viceministro de Justicia, Santiago Viola -en reemplazo de Sebastián Amerio, aliado de Santiago Caputo-, se afinca en la idea de avanzar con pasos firmes. “Cambiar las cosas, no polemizar en X”, sintetizan.
“No se va a enviar nada que no se haya revisado”, aseguró a una encumbrada fuente ministerial. La semana pasada, el ministro de Justicia se reunió con los tres magistrados de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Tras ese encuentro se confirmó que el ministro hará consultas con el máximo tribunal sobre los ajustes del Código Penal y elevará un informe al presidente Javier Milei antes de su presentación formal.
El mismo principio rige para los pliegos judiciales que se enviarán al Senado. Se avanzará con aquellos que hayan sido revisados y presenten mayor urgencia: vacantes en fueros con alto impacto en el funcionamiento del sistema, pero menor exposición política. Los cargos en Comodoro Py, donde se investiga al poder, quedan fuera de la agenda inmediata.
El paquete de reformas penales en elaboración combina una ampliación de derechos para las víctimas con un endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas que reflejan modalidades criminales en expansión.
Uno de los cambios más relevantes apunta a reforzar el lugar de las víctimas dentro del proceso penal. El proyecto introduce un “criterio de interpretación pro-víctima”, que obligará a jueces y fiscales a ponderar sus derechos con mayor amplitud, y les otorga un rol más activo en decisiones clave.
En paralelo, se busca tipificar conductas que hasta ahora no estaban contempladas de manera específica en el Código Penal, pero que forman parte del delito cotidiano. Entre ellas, las estafas piramidales, que pasarán a tener penas de entre tres y doce años de prisión, con agravantes cuando se acredite que la víctima no podrá recuperar el dinero invertido.
La misma lógica se aplicará a modalidades de robo que ganaron visibilidad en los últimos años. El proyecto incorpora figuras como las “viudas negras”, las salideras y entraderas, y los denominados motochorros.
En estos casos, además de fijar escalas penales específicas -que en algunos supuestos van de los dos a los 12 años- se introducen agravantes vinculados al uso de sustancias o cuando ocurren al ingreso o salida de bancos o escribanías.
También se avanzará sobre delitos vinculados al sistema migratorio. La iniciativa incorporaría al Código Penal figuras ya existentes en la legislación vigente -como el tráfico ilegal de personas o el fraude migratorio– y sumar nuevas conductas punibles, con penas que pueden alcanzar hasta los 20 años en los casos más graves. Entre ellas, el ingreso ilegal al país o la violación de prohibiciones de reingreso tras una deportación.
El endurecimiento alcanza, además, a otros frentes sensibles. Se prevé elevar las penas por grooming y explotación sexual infantil, con agravantes cuando las víctimas sean menores de 13 años o personas con discapacidad, y se incorpora un esquema más severo para la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
En materia de seguridad urbana, se incrementarán las sanciones por picadas callejeras -con penas de hasta seis años, que pueden escalar en caso de homicidio- y se crea un delito específico para la tenencia de armas dentro de establecimientos penitenciarios, con castigos más altos si hay participación de funcionarios.
El proyecto también incluiría un capítulo sobre incumplimiento de deberes familiares, con penas que pueden llegar a los seis años de prisión en casos de reiteración o evasión fraudulenta de obligaciones alimentarias. También una reformulación integral de los delitos vinculados al maltrato animal, que pasarán a estar incorporados directamente en el Código Penal, con escalas más elevadas.
March 25, 2026,Hernán Cappiello,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Un lugar estratégico. Los libertarios impulsan a Lilia Lemoine para la comisión de Juicio Político,,Reformas. El Gobierno promete una restricción para que los extranjeros compren tierras argentinas pero sin afectar la soberanía,,Eutanasia en Argentina. Los proyectos del Congreso y la opinión de la gente que reflejan las encuestas
POLITICA
Sin proyectos a la vista, los dialoguistas le reclaman una agenda consistente al Gobierno en el Senado
Desde las frenéticas sesiones extraordinarias de diciembre pasado y del reciente febrero, el Senado no encuentra una agenda real gracias al Ejecutivo libertario, que se demora en enviar proyectos anticipados tiempo atrás por Javier Milei, y las bancadas aliadas ya piden precisiones para no regalar espacio a un golpeado kirchnerismo que, por diversas tropelías y disparatadas internas de la Casa Rosada, busca recuperar sin éxito algo de protagonismo. “Traigan leyes”, es la frase que sale desde sectores dialoguistas y resume el estado actual de la Cámara alta.
“En lo inmediato, no veo sesión. La semana que viene es corta -Malvinas y Pascuas- y no sólo no hay iniciativas a la vista, sino que los dictámenes del jueves pasado tampoco podrían tratarse el próximo miércoles, debido a que no tendrán los siete días reglamentarios y es imposible que la oposición peronista habilite con dos tercios”, reconocieron a Infobae desde un bloque dialoguista clave en cuanto a votos.
Desde otro despacho señalaron: “Veo cierta inconsistencia. No se puede vivir de ingreso de pliegos y votaciones para ascensos militares o un embajador. Aún esperamos los judiciales. Es como arrastrar a la fuerza a aliados sin ninguna justificación. Y no estamos para eso ahora, con tantos escándalos que no son nuestros dando vueltas”.
Otro bloque fue más directo y deslizó a este medio que, desde el último encuentro en el recinto, el mensaje a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, fue que, si no se avanzan con despachos sobre iniciativas de ley, no habría anuencia para sesionar. “Nosotros no podemos arriesgar cosas si no tenemos una base de 38-40″, reconocen desde el oficialismo.
“Se equivocaron la última vez. Y dudaron mucho sobre el texto sobre el 24 de marzo. Eso no te puede pasar como oficialismo. Los agarraron con las defensas bajas. La Libertad Avanza quedó como prestamista del recinto a soldados de Cristina Kirchner para lanzar acusaciones de todo tipo. Lo peor de todo es que no se supo reaccionar, lo cual fue más insólito”, lanzó un experimentado senador, que también ratificó que hubo sanos consejos que desoyeron los jerarcas libertarios antes del tropiezo.
Como interlocutora única de LLA con la administración central, Bullrich consiguió un puñado de precisiones. Lo cierto es que fue informada que las leyes relacionadas con usurpaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros -ley anti Máximo Kirchner- y sobre expropiaciones ingresarían por el Senado en los próximos días. Es un combo prometido por Milei -propiedad privada- hace casi un mes, cuando abrió un nuevo período de sesiones ordinarias.
Según confirmaron a Infobae, la reforma del Código Penal aterrizará en Diputados. “Eso va para Martín”, se oyó en un pasillo, en referencia al titular de la Cámara baja, el libertario Martín Menem. De esta forma, quedaría descartada la curiosa idea de crear una bicameral para apurar el trámite de un tema tan sensible para el sistema de poder y la sociedad en su conjunto.
Con ninguna reunión de comisión agendada, en la web oficial del Senado sólo aparecen actos relacionados sobre la “semana de Malvinas”. No obstante, referentes del oficialismo y la oposición dialoguista se juntarían -en principio- el martes próximo, con el fin de hallar un sendero más concreto de proyectos a analizar desde abril.
Otra de las iniciativas que sonó, aunque un poco más de lejos, fue la relacionada con las falsas denuncias, cuyo dictamen cayó con el recambio legislativo del 10 de diciembre último. En 2025 llamó la atención la energía que el entonces presidente de la comisión de Justicia y hoy de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, le metió al asunto. Fueron varios encuentros en medio de un vendaval opositor contra el oficialismo. Sobre todo, porque el proyecto original nació de una radical que buscó cargarse la camiseta titular del asunto. Fue uno de los pocos textos que se pudo firmar. No pasó de ahí.
Senado
POLITICA
Milei celebró el fallo por YPF con críticas al kirchnerismo: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas de Kicillof”
El presidente Javier Milei celebró con euforia el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que favoreció a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, pero también aprovechó la ocasión para lanzar fuertes críticas contra la gestión anterior.
A través de redes sociales y en un discurso público, el mandatario calificó la decisión judicial como un hecho histórico. “Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, aseguró tras conocerse que el país no deberá afrontar, por ahora, el pago de una suma cercana a los 18.000 millones de dólares.
Sin embargo, uno de los momentos más resonantes de su intervención fue cuando apuntó directamente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien responsabilizó por el origen del litigio. “Tuvimos que venir a arreglar las cag… que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, expresó el primer mandatario.
El Presidente vinculó el fallo con lo que considera errores del pasado y lo presentó como un logro de su administración. En ese sentido, sostuvo: “Le hemos ganado a Budford Capital en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”.
En otro mensaje, reforzó esa idea con una frase contundente: “La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA”.
Milei también compartió en sus redes una imagen junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei, además de otros funcionarios, en lo que fue interpretado como una señal de respaldo interno y celebración política.
El fallo marca un punto de inflexión en una causa que llevaba más de una década en la Justicia estadounidense. La Corte de Apelaciones consideró que la jueza Loretta Preska no interpretó correctamente la legislación argentina, por lo que decidió revocar la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar una indemnización millonaria.
A partir de esta resolución, el caso deberá volver a esa instancia para ser revisado, lo que abre un nuevo escenario judicial y reduce significativamente el impacto económico inmediato para el Estado argentino.
Desde la Casa Rosada también difundieron un comunicado en el que calificaron la decisión como “un hito histórico jurídico sin precedentes”, al tiempo que destacaron el trabajo del equipo legal que llevó adelante la estrategia.
Con este fallo, el Gobierno busca capitalizar un triunfo judicial clave, mientras el propio Milei refuerza su narrativa política con un tono confrontativo y directo hacia la oposición.
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