Una auditoría interna de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) encendió una alarma sobre el funcionamiento del sistema de cámaras de la Aduana. El informe, que no está disponible de forma pública, evaluó el desempeño de la División Control Operacional del Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA) y concluyó que la vigilancia tiene fuertes debilidades.

En el informe, al que accedió , se destacaron 291 cuestiones problemáticas y se encontraron más de 190 cámaras sin funcionar, que apuntan para cualquier lado, tapadas o con el circuito cortado, entre otras situaciones.

El relevamiento despertó preocupación dentro del Poder Ejecutivo por el lugar en el que deja a la Argentina y la porosidad de sus fronteras.

También evidencia el terreno fértil para discrecionalidades por parte del personal aduanero, despachantes y funcionarios, entre otros. En ese contexto, la Sigen le pidió a ARCA, el organismo recaudador del que depende la Aduana, que intensifique la adopción de medidas “relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera, a fin de detectar potenciales situaciones de riesgo e ilícitos”.

El trabajo, que revisó los años 2023 y 2024, pero se hizo con inspecciones entre noviembre y diciembre pasados, enumeró una serie de fallas de “impacto alto”. Fuentes al tanto del informe comentaron que se trata de problemas sin relevar hace tiempo.

Entre las fallas, se señaló que existen “deficiencias en el control efectuado por la Aduana a través del circuito cerrado de televisión (CCTV)”, una “inadecuada distribución de cámaras de monitoreo entre las Aduanas” y la “existencia de puntos operativos con incorrecta e imprecisa visualización en cámaras de las Aduanas”.

También se advirtió la falta de un proveedor de mantenimiento para las cámaras y problemas en el tiempo en el que se guardan las imágenes que captan.

Este informe es uno de los primeros realizados por la Sigen sobre la gestión libertaria. El estudio comprende todo el año pasado. De acuerdo con información de múltiples fuentes, 10 días después de comunicadas las falencias encontradas, ARCA solicitó la designación de una nueva persona al frente de la Unidad de Auditoría Interna.

Específicamente, se detectaron:

“De la evaluación realizada, se puede concluir que las tareas llevadas a cabo en la División Control Operacional del Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero (C.U.M.A) dependiente de la Dirección General de Aduanas, referidas al objeto de auditoría, se llevan a cabo en un marco que presenta debilidades”, destacaron.

La auditoría fue formalmente comunicada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 14 de febrero de 2025 mediante la nota. El organismo pidió una prórroga el 26 de ese mes para dar respuesta a las deficiencias detectadas, la que le fue concedida, y recién el 14 de marzo su director ejecutivo respondió con observaciones y descargos.

Para la Sigen, las debilidades detectadas requerían que las autoridades “intensifiquen la adopción de medidas necesarias a efectos de optimizar las tareas relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera, a fin de detectar potenciales situaciones de riesgo e ilícitos”.

El titular de la Aduana es José Andrés Velis. Trabajó durante 44 años en el organismo y conoce como pocos los engranajes internos. Su ascenso implicó el desplazamiento de Eduardo Mallea, quien había asumido tras la salida de Rosana Lodovico, apartada cuando se reveló que había tomado un préstamo de una empresa vinculada al contrabando. Velis, como Andrés Vázquez en lo que solía ser la Dirección General Impositiva, forman parte del armado que quedó bajo control de Santiago Caputo, con influencia y nombres arrimados por Leonardo Scatturice.

Continúa bajo investigación en la Justicia la llegada al país a fines de febrero en un avión privado procedente de Miami que transportaba a Laura Arrieta, empleada de Scatturice. Luego de que trascendiera que las diez valijas que transportaba no fueron revisadas, se vieron cámaras que constataron que hubo un llamado a alguien de la Aduana que aparentemente autorizó el paso, sin el control correspondiente.

“En virtud de lo expuesto, se puede afirmar que las situaciones verificadas requieren intensificar la adopción de las medidas necesarias por parte de las autoridades responsables en orden a superar las debilidades apuntadas a efectos de optimizar las tareas llevadas a cabo por el organismo, relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera”, dice el informe.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó este viernes el pedido para anular la causa iniciada por la filtración de audios donde el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se refería a un supuesto sistema de sobornos relacionado con la compra de medicamentos que beneficiaba a Karina Milei.

El pedido de nulidad de la causa había sido presentado por Martín Magram, abogado de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker.

La defensa había solicitado la anulación de todo lo actuado, alegando una violación al derecho de defensa y la supuesta ilegalidad de los audios que dieron origen a la denuncia.

El fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, ya había adelantado su opinión para rechazar la nulidad.

Casanello dijo que hay razones de forma y de fondo para rechazar este pedido y consideró un “sofisma” el argumento de la defensa.

Casanello argumentó que es inadmisible un planteo efectuado por la defensa a ciegas, cuando la causa estaba en secreto. «“No puede admitirse en favor de la parte su ignorancia de las circunstancias por las que pretende tachar de nulidad algo que, en verdad, desconoce”, dijo Casanello

Dijo que la defensa echó mano a un “argumento circular construido sobre cursos hipotéticos”. La estrategia consistió en atribuir a las grabaciones el carácter de “prueba única”, algo falso, para luego denunciar su ilegalidad con el objetivo de “hacer caer todo lo actuado”.

Además, el fallo recordó que la jurisprudencia exige un perjuicio concreto para declarar una nulidad. La defensa solo invocó un perjuicio genérico derivado del proceso penal mismo, lo cual no es suficiente.

En cuanto al fondo del asunto, el juez validó la forma en que se inició la investigación: una denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, a partir de información periodística.

Respecto de la presunta violación del derecho a la intimidad, el fallo se apoyó en abundante jurisprudencia que sostiene que la grabación realizada por un particular que participa en la conversación es lícita.

Se citó la postura de la Cámara de Apelaciones: “el riesgo de una delación por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro”, dijo la Cámara.

De esta manera, al transmitir pensamientos o comunicaciones a otro, se asume el riesgo de que ese otro “retransmita aquello que escuchó”. Esta jurisprudencia es de 1997 y se empezó a construir a partir del uso de la cámara oculta.

El juez también resaltó que las garantías constitucionales que limitan las injerencias arbitrarias están “dirigidas a los funcionarios públicos”, no a los particulares que documentan un posible ilícito. Es decir un policía no puede obligar a alguien a declarar contra si mismo en un registro oculto, pero un periodista o ciudadano puede registrar una conversación sobre esa circunstancia.

“Cuando un ciudadano trae este tipo de diálogos extrajudiciales, es importante saber de inicio que las reglas de garantía -como la prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo- no son oponibles a los particulares sino que se tratan de límites constitucionales dirigidos a los funcionarios públicos”, escribió el juez.

Dijo Casanello que el valor probatorio de los audios «debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no puede ser tachada de ilegítima toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares a los fines de acreditar el hecho que se investiga“.

El juez destacó que estas grabaciones “pueden convertirse en prueba documental, mas no podrían ser consideradas declaraciones testimoniales o confesiones”. “No son actos representativos en sí mismos sino cosas que sirven para representar algo, como una entrevista publicada”, ejemplificó. y señaló que debe considerarse cómo se obtuvo, cómo se incorpora al procedimiento y cómo se lo valora.

En este sentido analizó los tres extremos y concluyó que no existen reglas jurídicas que prohíban a un particular grabar una conversación sin autorización judicial y dijo que la jurisprudencia local e internacional respaldan a idea de la legalidad de la evidencia entregada por un particular a un magistrado.

Finalmente, el magistrado recordó la “gravedad de las maniobras corruptas objeto de investigación” y la obligación internacional del Estado Argentino de investigar estos fenómenos, descritos como “corrosivo” y que “socava la democracia”.