El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) elaboró un listado de diez causas de corrupción que permanecen desde hace varios años -décadas, incluso- “sin respuesta” en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

Su objetivo fue denunciar manejo político de los expedientes sensibles y apoyar la implementación del nuevo sistema acusatorio, que apuesta a abreviar los tiempos de las investigaciones. Inecip cuestionó en su presentación al Ministerio Público Fiscal y lo acusó de dilatar la puesta en marcha el nuevo Código Procesal Penal, de tipo acusatorio.

El trabajo se conoce en medio de los contrapuntos públicos que protagonizan el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, que apunta a extender el nuevo código por todo el país, y un sector de Comodoro Py, encabezado por los fiscales, que sostienen que no están dadas las condiciones materiales mínimas para hacerse cargo de las investigaciones.

En lo más alto del ranking elaborado por Inecip figuran los tramos abiertos de dos causas por sobornos a funcionarios iniciadas hace 27 años, durante el menemismo: el caso Siemens y el caso IBM.

Por el lado de la multinacional alemana -que en 2008 admitió haber pagado durante una década cerca de 100 millones de dólares en coimas-, permanece sin definiciones el segmento que apunta a los directivos de la firma, algunos de los cuales cuentan con procesamientos confirmados; en tanto, la parte que apuntó a los funcionarios, incluido el expresidente Carlos Menem y su ministro Carlos Corach, se cerró en 2023 por orden de la Corte Suprema, luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el procurador Eduardo Casal fueran en queja hasta el máximo tribunal por el archivo de las actuaciones que dispuso el juez Ariel Lijo.

El caso por IBM tuvo múltiples derivas judiciales. La empresa quedó rodeada de sospechas durante el proceso de informatización del Estado argentino en los años 90. El tramo señalado por Inecip se refiere a los presuntos sobreprecios al interior del proceso en la Dirección General Impositiva (DGI).

El caso fue y vino por los juzgados, con recusaciones, sobreseimientos revocados y juicios anulados. Actualmente se encuentra entre la Casación y la Corte Suprema, según confiaron fuentes judiciales. En 2028, la causa cumplirá 30 años.

Más abajo en la lista aparece el caso Skanska, la empresa sueca de construcción que habría pagado coimas para adjudicarse la obra pública en el país, según admitió un directivo de la firma en una grabación. Fue el primer gran caso de corrupción que golpeó al kirchnerismo.

Se inició hace 19 años y hoy se encuentra en la recta final de la etapa oral. Serán juzgados el exministro Julio de Vido, el exsecretario de Obra Pública José López y Néstor Alberto Ulloa, exgerente del Banco Nación, entre otros.

En cuarto lugar figura la causa que desde 2006 investiga en el juzgado de Ariel Lijo el modo en que el Grupo Petersen, perteneciente a la familia Ezkenazi, compró el 25% de las acciones de YPF.

La metodología incluyó un apalancamiento crediticio que el grupo fue pagando conforme recibía los dividendos que la empresa petrolera giraba a sus accionistas, hasta su estatización en 2012 durante el kirchnerismo, un proceso que derivó en el actual pleito internacional que enfrenta el país con el fondo Burford, que compró el derecho a litigar.

El listado de Inecip sigue con la causa Hotesur-Los Sauces, ya en la etapa oral, pero aún sin fecha de inicio para el juicio. Allí se juzgará a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo Máximo por presunto lavado de dinero a través de las dos empresas hoteleras de la familia. El caso se inició hace 11 años.

También figura en la lista de viejas causas el caso de Oderbrecht, la empresa brasileña que admitió el pago de sobornos a funcionarios públicos, en lo que fue la versión local del Lavajato. La investigación comenzó también hace 11 años y hoy transita los primeros metros del juicio oral, que se inició en mayo de este año y tiene sentado en el banquillo de los acusados a De Vido y López, entre otros.

Para la implementación del código nuevo, que le otorga al Ministerio Público un margen más amplio de maniobra, pero impone plazos más estrictos en las investigaciones, los fiscales, encabezados por su jefe, Eduardo Casal, pidieron más recursos.

Su demanda abarca desde nuevo personal, hasta ampliaciones edilicias y nuevas herramientas periciales. Los fiscales manifestaron que en las actuales circunstancias la eficacia del nuevo sistema corre serio riesgo.

En su informe, el organismo desestima esos argumentos y sugiere que, en rigor, los fiscales se oponen a los nuevos plazos. Las causas enumeradas grafican -dice el Inecip- la “lógica del pantano judicial” que los fiscales buscan “sostener”, aunque en muchos casos son los propios investigadores quienes denuncian demoras en las causas y buscan apurar los juicios orales.

La lista sigue con la causa conocida como “Correo Argentino”, que se instruye sin grandes novedades en el juzgado de Lijo desde 2017. Se investigan posibles irregularidades en el acuerdo firmado en 2016 entre el Estado Nacional y Correo Argentino SA, empresa controlada por la familia Macri a través del Grupo SOCMA.

También integra el ranking la causa Cuadernos, iniciada en 2018 a partir de una investigación de . El caso ya está en etapa oral y en noviembre comenzarán a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal 7 más de 70 imputados, entre empresarios, presuntos testaferros y exfuncionarios.

El listado se cierra con dos causas que están en instrucción (todavía no pasaron a la etapa del juicio oral) y que investigan irregularidades durante el gobierno de Cambiemos. Por un lado, la causa por la compraventa de parques eólicos, que tramita desde 2018 en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi e investiga la existencia de presuntos negocios incompatibles entre el Gobierno y las empresas de la familia Macri, que oficiaron de intermediarias.

Y por el otro, la que investiga el acuerdo alcanzado con el FMI en junio de 2018, que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

“Todas estas causas (algunas con archivos parciales, pero con tramos aún abiertos) tramitan bajo las reglas del viejo sistema, y ninguna podrá pasar al nuevo, ya que el Código sólo se aplicará a causas iniciadas a partir de su implementación. Otras causas más recientes, como $LIBRA, también comienzan a evidenciar demoras innecesarias en su investigación”, advierte el Instituto.

“Lo que está en juego es si Comodoro Py dejará de funcionar bajo un sistema procesal que, por su opacidad y la ausencia de plazos, permite que jueces y fiscales dilaten en el tiempo grandes causas de corrupción y criminalidad económica sin ningún tipo de control público ni consecuencias”, se agrega.

En su más reciente advertencia, los fiscales reiteraron que, a pesar de su postergación -estaba previsto que el acusatorio empezara a regir en agosto y la fecha cambió a noviembre-, la implementación del nuevo Código corre peligro si no se dotan a sus fiscalías con nuevos recursos.

“El tiempo que resta hasta el 10 de noviembre no parece suficiente para realizar las adecuaciones necesarias”, dijeron los fiscales. “De persistir en la puesta en marcha del sistema en estas condiciones, se compromete la actuación de este organismo y afecta la tramitación de causas complejas por hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas de impacto social”, sostuvieron.